26 de enero de 2017

Acordada Nº 1043 del 11 de febrero de 2016. Reglamento del Consejo de Administración Judicial (CAJ)

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los once días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante; 

D I J E R O N:


Que, por Acordada N° 865/2013 se creó el Consejo de Administración Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, a cargo del ámbito administrativo de la institución y se dispuso delegar la Administración Presupuestaria, Financiera, Contable y Patrimonial de la institución en el Consejo de Administración Judicial, el cual se constituirá en la máxima autoridad, a los efectos establecidos en todas las normativas que regulan el funcionamiento Presupuestario, Financiero, Contable y Patrimonial de las instituciones del Estado, que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

Por Decreto Nº 1974 del 22 de diciembre de 2015 se designó Consejeros del Consejo de Administración Judicial al Lic. Roberto Ignacio Torres Cardozo, en carácter de Consejero de Administración y Finanzas, a la Dra. Luz Ramona Antúnez de Estigarribia, en carácter de Consejera de Auditoría y Control, al Lic. Alberto Martínez Franco, en carácter de Consejero de Planificación y Desarrollo y al Dr. Edward Alexander Xavier Vittone Rojas, en carácter de Consejero de Asesoría Jurídica, con antigüedad del 1 de febrero de 2016.

Por Acordada N° 1037 del 26 de enero de 2016 se designó al Ministro de la Corte Suprema de Justicia Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser como Ministro integrante del Consejo de Administración Judicial.

Por Resolución N° 6248 del 2 de febrero de 2016 se encomendó a los Consejeros del Consejo de Administración Judicial la culminación de los Manuales y Reglamentaciones pertinentes, para su efectiva implementación desde el 15 de febrero de 2016.

En ese sentido, a los efectos de optimizar la operatividad del Consejo de Administración Judicial para alcanzar las metas trazadas con su puesta en funciones, corresponde aprobar el Reglamento del Consejo de Administración Judicial (CAJ).

La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de dictar acordadas que reglamenten el funcionamiento interno del Poder Judicial, en virtud del Art. 3 inc. b) de la Ley 609/95 y del Art. 29 inc. a) del Código de Organización Judicial.

Por tanto, en uso de sus atribuciones;
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:


Art. 1°.- Aprobar el Reglamento del Consejo de Administración Judicial (CAJ), que forma parte de la presente Acordada.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (CAJ)

Art. 1º. El Consejo de Administración Judicial es la máxima autoridad en materia de administración presupuestaria, financiera, contable y patrimonial de la Corte Suprema de Justicia a los efectos establecidos en todas las normativas que regulan el funcionamiento presupuestario, financiero, contable y patrimonial de las instituciones del Estado, que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

Las decisiones del Consejo de Administración Judicial podrán ser revisadas por vía de reconsideración ante el mismo órgano. Contra la decisión que la resuelva, quedará expedita la vía contencioso – administrativa. El trámite pertinente se determinará por la reglamentación respectiva.

En materia de contrataciones públicas regirá lo dispuesto por la Ley N° 2051/03, en lo referente a recursos e impugnaciones.

Art. 2º. El Consejo de Administración estará integrado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, un Consejero de Asesoría Jurídica en materia Administrativa, un Consejero de Planificación y Desarrollo, un Consejero de Administración y Finanzas, y un Consejero de Auditoría y Control de la Gestión Administrativa – Financiera.

El Consejo contará con una secretaría compuesta por un Secretario, un Asistente Administrativo y un Auxiliar Administrativo, cuanto menos.

Art. 3º. Dependen jerárquicamente del Consejo de Administración Judicial: la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), así como la Secretaría del Consejo de Administración, la Dirección de Planificación y Desarrollo, la Dirección General de Auditoría Interna, la Dirección de Gestión Organizacional, la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Dirección General de Administración y Finanzas, la Dirección Administrativa, la Dirección Financiera, la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Contraloría Interna, y sus dependencias y dependientes.

Art. 4º. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia integrará el Consejo de Administración Judicial por el tiempo de su mandato.

Art. 5º. El Ministro de la Corte Suprema de Justicia, designado por sus pares para integrar el Consejo de Administración Judicial, lo hará por un periodo de dos años y no podrá ser reelegido en tal carácter para un periodo consecutivo. En caso de impedimento o cesación el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designará a otro Ministro para integrar el Consejo, de la misma forma establecida para la designación del primero.

Art. 6º. Los Consejeros serán designados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, previo concurso público de mérito y aptitudes. Podrán ser removidos, sin expresión de causa, por una mayoría de dos tercios del Pleno de la Corte. El quórum requerido al efecto es de la totalidad de los Ministros efectivamente en funciones.

Para los Consejeros no Ministros regirán las mismas incompatibilidades previstas en el Art. 254 de la Constitución.

Art. 7º. El Consejero de Asesoría Jurídica en materia Administrativa, que integra el Consejo de Administración Judicial conforme con la Acordada Nº 865/13, para poder ser designado, debe tener título de profesional universitario en Derecho, con estudios de postgrado en Derecho Administrativo y conocimientos comprobados en normas y procedimientos del sistema administrativo – financiero del Estado, deberá tener experiencia en el área Administrativa de Entidades Públicas o en el Sector Privado como profesional del derecho mayor a cinco años, y deberá reunir los demás requisitos, que establezca la Corte Suprema de Justicia.

El Consejero de Planificación y Desarrollo, que integra el Consejo de Administración Judicial conforme con la Acordada Nº 865/13, para poder ser designado, deberá tener título de profesional universitario en el área de Administración, Economía, o Ciencias Jurídicas, con estudios de postgrado en gestión pública, conocimientos comprobados en planificación estratégica y metodologías de gestión por resultados, conocimiento de aplicaciones de las normas legales de presupuesto; deberá tener experiencia en la gerencia de planes institucionales, asesoría técnica en el área de planeamiento y ejecuciones de Programas del sector público con preferencia mayor a cinco años, y deberá cumplir con las demás exigencias establecidas por la Corte Suprema de Justicia.

El Consejero de Administración y Finanzas, que integra el Consejo de Administración Judicial conforme con la Acordada Nº 865/13, para poder ser designado, debe tener título profesional universitario del área de Administración, Economía o Contabilidad, con estudios de postgrado en administración y finanzas, conocimientos comprobados en administración pública y gestión por resultados; deberá conocer y aplicar las normas legales en materia de su competencia, deberá tener experiencia en la gerencia de procesos administrativos financieros del sector público con preferencia mayor a cinco años, y deberá reunir los demás requisitos que establezca la Corte Suprema de Justicia.

El Consejero de Auditoría y Control de la Gestión Administrativa – Financiera, que integra el Consejo de Administración Judicial conforme con la Acordada Nº 953/15, para poder ser designado, debe tener título profesional universitario en el área de Administración, Contabilidad o Economía, con estudios de postgrado en Administración y Finanzas, conocimientos comprobados en materia de auditoría y control de gestión por resultados, deberá conocer y aplicar las normas legales en materia de su competencia, deberá tener experiencia en la gerencia de procesos de auditoría y control de la gestión administrativa – financiera del sector público con preferencia mayor a cinco años, y deberá reunir las demás exigencias que establezca la Corte Suprema de Justicia.

Art. 8º. El Secretario del Consejo de Administración será designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, previa evaluación de méritos y aptitudes. Para poder ser designado, debe tener título de profesional universitario del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, con diplomado en gestión pública, conocer y aplicar las normas comunicacionales de la institución en materia de su competencia, dominio de herramientas informáticas de escritorio e internet, tener experiencia en desempeño en la coordinación de procesos de comunicación formal, ocupando cargos de asistente de la alta gerencia en el ámbito público mayor a tres años o cargos con alto grado de responsabilidad en la Corte Suprema de Justicia, y reunir las demás exigencias que establezca la Corte Suprema de Justicia.

Art. 9º. El Asistente Administrativo del Consejo de Administración será designado por la Corte Suprema de Justicia, previa evaluación de meritos y aptitudes. Para poder ser designado, debe ser estudiante universitario del área de Administración, Cien¬cias y Letras, Análisis de Sistemas o carrera similar, tener conoci¬mien¬tos en sistemas de clasificación de documentos y generales en administración de bases de datos relaciona, tener experiencia en manejo de información institucional, preferentemente en áreas de secretaria en Entidades Públicas, en un plazo mayor a tres años, y reunir los demás requisitos que establezca la Corte Suprema de Justicia.

Art. 10. El Auxiliar Administrativo del Consejo de Administración será designado por la Corte Suprema de Justicia, previa evaluación de meritos y aptitudes. Para poder ser designado, debe ser estudiante universitario de los últimos años de Administración de Empresas, Relaciones Públicas o carrera afín, con conocimientos comprobados en el trámite institucional de documentos y métodos de archivo, tener experiencia en ámbitos de apoyo operativo, preferentemente en áreas de secretaria en Entidades Públicas, en un plazo mayor a tres años, y reunir los demás requisitos que establezca la Corte Suprema de Justicia.
Art. 11. El Consejo de Administración Judicial tiene la obligación de gestionar e implementar todas las instrucciones o lineamientos dictados o establecidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y, en general, la de realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le son delegadas.

Art. 12. Corresponde al Consejo de Administración Judicial, en particular:
a) Ejercer la supervisión del cumplimiento de las disposiciones sobre administración financiera, presupuestaria, contable y patrimonial, así como la supervisión de las dependencias de la Corte Suprema de Justicia que tienen atribuciones en la materia;
b) Planificar, organizar, coordinar, evaluar y controlar todas las actividades administrativas y financieras de la Corte Suprema de Justicia;
c) Implementar políticas relacionadas con la administración de recursos financieros, materiales y tecnológicos de la institución, de conformidad con las directrices generales que emanen del Pleno de la Corte Suprema de Justicia;
d) Elaborar y presentar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia los planes estratégicos, y asegurar su eficaz implementación una vez aprobados;
e) Elaborar y presentar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el Anteproyecto de presupuesto de la Corte;
f) Aprobar el Plan Financiero Anual y sus modificaciones;
g) Proponer al Pleno de la Corte Suprema de Justicia las ampliaciones presupuestarias;
h) Aprobar y reprogramar el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Contrataciones (PAC), y asegurar su correcta y oportuna ejecución;
i) Aprobar el Plan Anual de Obras;
j) Aprobar el Plan Anual de Mantenimientos;
k) Aprobar el Plan Anual de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación;
l) Aprobar el Plan Anual de Auditoría;
m) Disponer la realización de las Auditorías que consideren pertinentes;
n) Autorizar la suscripción de contratos de adquisiciones de bienes, servicios y obras;
o) Autorizar pagos de las obligaciones contraídas;
p) Proponer al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la reglamentación relativa a la organización de la administración financiera, presupuestaria, contable y patrimonial del Poder Judicial, incluyendo la determinación de los órganos y sus atribuciones en dichas materias;
q) Elaborar y aprobar los manuales de organización y funciones en materia de administración financiera, presupuestaria, contable y patrimonial de la Corte Suprema de Justicia, así como elaborar y aprobar las modificaciones que sean pertinentes;
r) Aprobar por resolución las reprogramaciones presupuestarias y comunicarlas al Ministerio de Hacienda para su incorporación al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), incluyendo los provenientes de ampliaciones presupuestarias aprobadas por ley;
s) Aprobar informes de presupuesto anual de ingresos, egresos, gastos y resultados, y de las previsiones anuales de situación financiera y patrimonial;
t) Aprobar los informes de rendición de cuentas;
u) Formular y elevar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia informes de la gestión institucional;
v) Aprobar directrices para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP);
w) Aprobar las políticas de administración de riesgo y de control interno;
x) Disponer e implementar la desconcentración operativa del ejercicio de atribuciones en materia de administración financiera, presupuestaria, contable y patrimonial, así como en materia de contratación pública;
y) Proponer la designación de los Directores de sus oficinas dependientes; y,
z) Las demás atribuciones que sean establecidas por la Corte Suprema de Justicia y las Acordadas, o que surjan de las normas legales pertinentes.

Art. 13. Corresponderá a todos los Consejeros participar con voz y voto en las sesiones del Consejo, expresando su opinión, con especial énfasis en los asuntos de su especialidad. Asimismo, tienen facultad de presentar propuestas de mejora institucional, principalmente en las materias de su especialidad respectiva.

Art. 14. Corresponderá al Consejero de Asesoría Jurídica en materia Administrativa otorgar las bases de confianza legal a las opiniones que emite el Consejo de Administración; a la interpretación de los aspectos jurídicos involucrados en los procesos o actos que son sometidos a la acción de la instancia y a la actuación de los propios Consejeros.

Además, corresponderá al Consejero de Asesoría Jurídica en materia Administrativa, en particular:
a) Acompañar a los Ministros Integrantes del Consejo y a sus pares Consejeros; monitorear y evaluar el cumplimiento de las normas establecidas en materia administrativa – financiera, tanto de las acciones del Consejo de Administración así como de los informes que este emite;
b) Impulsar al interior del Consejo de Administración los mecanismos formales para la adecuada implementación de las políticas de carácter administrativo, financiero y patrimonial;
c) Revisar y expedirse sobre los aspectos jurídicos y normativos en la gestión administrativa del Poder Judicial;
d) Integrar el Consejo de Administración con voz y voto;
e) Integrar las Comisiones de Presupuesto, con la finalidad de evaluar la calidad del proceso institucional, y certificar que los aspectos normativos y requerimientos institucionales se están cumpliendo a cabalidad;
f) En el ámbito de su competencia, proveer asistencia jurídica a los Ministros Integrantes del Consejo y a sus pares Consejeros, y a las direcciones del Poder Judicial que requieran de su opinión en procesos administrativos financieros;
g) Apoyar al Consejo de Administración del Poder Judicial en materias de derecho, según corresponda;
h) Conocer y llevar un registro actualizado de todas las normas que regulan el funcionamiento administrativo financiero del CSCSJ y de las resoluciones que esta adopte, y en particular las que afecten la Gestión del Consejo de Administración y Finanzas;
i) Asistir a los Ministros Integrantes del Consejo y a sus pares Consejeros en la tarea de mantener al sistema administrativo financiero de la Corte Suprema de Justicia funcionando dentro del marco legal y reglamentario que le corresponde;
j) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en la conformación del Plan Anual de Contrataciones (PAC), en la aprobación de pliegos de bases y condiciones, y en la recepción de ofertas y la evaluación de las mismas; y,
k) A petición de las instancias superiores, realizar el seguimiento de los Acuerdos establecidos en los niveles gerenciales, en materia de su competencia.

Art. 15. Corresponderá al Consejero de Planificación y Desarrollo impulsar lo relativo a las actividades destinadas a elevar la calidad del proceso de planificación institucional, así como en el desarrollo de políticas de administración racional de programas, planes y proyectos institucionales e interpretación de los resultados sobre la gestión anual ante los Ministros Integrantes del Consejo y a sus pares Consejeros.

Además, corresponderá al Consejero de Planificación y Desarrollo, en particular:
a) Orientar sobre los procesos de planeamiento estratégico de la institución y aquellos direccionales adoptados por el Consejo de Administración, e impulsar la asignación de los recursos para su implementación;
b) Conforme a la misión institucional, sugerir e implementar los indicadores de gestión a ser adoptados por la institución y presentar a los Ministros Integrantes del Consejo y a sus pares Consejeros los resultados obtenidos;
c) Integrar el Consejo de Administración con voz y voto;
d) Analizar el POA Institucional anual y recomendar su aprobación o corrección, según corresponda;
e) Analizar con sus pares la racionalidad entre costos y resultados del Anteproyecto de Presupuesto Anual, y particularmente que los datos registrados respondan a los objetivos y necesidades de la Institución;
f) Proponer los análisis relativos a la estructura de cargos por ámbitos de responsabilidad, estableciendo parámetros para su valoración conforme a los fines y objetivos institucionales, con la finalidad de establecer mayor equidad en su distribución;
g) Analizar y distribuir al interior del Consejo de Administración los diagnósticos de la gestión técnica – administrativa institucional por programas y proyectos, a fin de permitir a los Ministros Integrantes del Consejo y a sus pares Consejeros, evaluar el rendimiento de los recursos institucionales y los resultados obtenidos;
h) Interpretar y presentar al Consejo de Administración del Poder Judicial la información de los indicadores de gestión de programas y proyectos, a fin de facilitar la labor planificadora en la toma de decisiones de la institución;
i) Coordinar, al interior del Consejo de Administración, las medidas conducentes al desarrollo e implementación del sistema de calidad gerencial y técnico del Poder Judicial;
j) Aconsejar en lo relativo a las actividades destinadas a la implementación de los planes de desarrollo organizacional y cooperación externa, analizando el impacto en la gestión institucional de los Programas y Proyectos, en el ámbito central y circunscripciones, particularmente con la Dirección de Planificación y Desarrollo.
k) Realizar el seguimiento del cumplimiento de las políticas, planes y proyectos establecidos para la calidad de la gestión del Poder Judicial;
l) Solicitar periódicamente a los ámbitos correspondientes, informes cualitativos y cuantitativos de la gestión a su cargo, y evaluar los resultados obtenidos, sugiriendo al Consejo de Administración y por intermedio de este, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, las correcciones a las desviaciones detectadas;
m) Realizar el seguimiento a los Acuerdos establecidos en los niveles gerenciales en materia de su competencia; y,
n) Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los Proyectos de la Institución (con financiamiento externo y/o recursos propios), analizar los costos administrativos que conllevan su ejecución (costos de administración interna y externa, etc.) y recomendar la pertinencia de la continuación o no de los mismos.

Art. 16. Corresponderá al Consejero de Administración y Finanzas velar por la adecuada administración de los recursos financieros, aprobados en el Presupuesto General de la Institución, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentaciones vigentes.

Además, corresponderá al Consejero de Administración y Finanzas, en particular:
a) Impulsar las actividades destinadas a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial; verificar y analizar los costos de las actividades presupuestadas, y analizar con los Ministros Integrantes del Consejo y a sus pares Consejeros, la consistencia de los datos registrados y su concordancia con los objetivos y metas institucionales, conforme a los indicadores económicos financieros;
b) Integrar el Consejo de Administración con voz y voto;
c) Verificar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y el Plan Operativo Anual (POA) institucional, solicitando las aclaraciones que considere necesarias y en su caso recomendar su aprobación al Consejo de Administración;
d) Elaborar y proponer reglamentaciones internas necesarias en materia administrativa y financiera de la Institución;
e) Analizar los reglamentos internos relacionados a la utilización de los recursos institucionales y proponer ajustes, a ser aprobados por el Consejo de Administración;
f) Analizar y distribuir, al interior del Consejo de Administración, los diagnósticos de la gestión administrativa financiera institucional por programas y proyectos (PGI), a fin de permitir que los Ministros Integrantes del Consejo y sus pares Consejeros evalúen los resultados obtenidos;
g) Supervisar el cumplimiento de los procesos de adquisiciones;
h) Establecer pautas tendientes al logro de una correcta administración de los bienes del Poder Judicial, propiciando la elaboración de planes en el nivel central y circunscripciones judiciales;
i) Supervisar la asignación del crédito presupuestario (previsión del gasto) a los compromisos contraídos por la institución;
j) Supervisar los informes de pagos de las obligaciones contraídas por la institución en el ámbito central, así como el cumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas;
k) Vigilar el estricto cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos para los procesos administrativos financieros;
l) Disponer, si la circunstancia amerita, la realización de auditorías internas, en la gestión del ámbito administrativo;
m) Supervisar el control de las gestiones administrativas, a través de la instancia correspondiente;
n) Supervisar, analizar y recomendar ajustes si fuere necesario en el PAC Institucional anual; y,
o) A petición de las instancias superiores realizar el seguimiento a los acuerdos establecidos en los niveles gerenciales, en materia de su competencia.

Art. 17. Corresponderá al Consejero de Auditoría y Control de la Gestión Administrativa – Financiera realizar un examen detallado de la administración con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, el cumplimiento de sus metas, la utilización de sus recursos humanos, financieros y materiales; así como evaluar la cantidad y la calidad de la información económico financiera de la institución, buscando que la información sea correcta, oportuna, clara, concisa y que esté de acuerdo con la ley.

Además, corresponderá al Consejero de Auditoría y Control de la Gestión Administrativa – Financiera, en particular:
a) Integrar el Consejo de Administración Judicial con voz y voto;
b) Asesorar al Consejo de Administración Judicial en las materias de su especialidad y experiencia;
c) Proponer los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una auditoria;
d) Proponer políticas, procedimientos y mecanismos de auditoría y detección de riesgos;
e) Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y efectividad de los procesos, funciones y sistemas utilizados;
f) Informar al Consejo de Administración Judicial sobre los principales riesgos de control interno;
g) Evaluar los mecanismos existentes de seguridad y control de riesgos;
h) Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos sus ámbitos y niveles;
i) Analizar el Plan Anual de Auditoría Interna y recomendar, en su caso, su aprobación al Consejo de Administración Judicial;
j) Analizar la distribución del espacio y el empleo de equipos de oficina;
k) Evaluar los registros contables e información financiera;
l) Proponer los sistemas administrativos y/o las modificaciones que permitan elevar la efectividad de la organización;
m) Considerar las variables ambientales y económicas que inciden en el funcionamiento de la organización;
n) Proponer directrices para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP);
o) Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una auditoria; y,
p) Ejecutar las demás atribuciones que sean previstas por la ley o las acordadas.
Art. 18. Corresponderá al Director General de Administración y Finanzas garantizar la correcta y oportuna ejecución de las decisiones del Consejo de Administración Judicial; así como la administración de los recursos financieros institucionales, atender las necesidades de suministro de bienes, insumos, servicios y obras, y la calidad en la administración y custodia del patrimonio de la institución.

Además, corresponderá al Director General de Administración y Finanzas, en particular:
a) Dirigir las actividades destinadas a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial y verificar los análisis de costos de las actividades presupuestadas, y conforme a los indicadores económicos financieros, analizar la consistencia de los datos registrados y su concordancia con los objetivos y metas institucionales;
b) Planificar, dirigir y coordinar las actividades destinadas a la elaboración y ejecución del Plan Financiero y Plan de Caja Trimestral conforme al Presupuesto General aprobado para la Institución;
c) Autorizar las compras menores (caja chica) y controlar que las mismas satisfagan los requerimientos solicitados en cuanto a calidad y precio;
d) Proponer e implementar la contratación de pólizas de seguros destinadas a la caución de daños que puedan ser ocasionados a bienes de uso y patrimoniales de la Institución, y vigilar los vencimientos respectivos;
e) Planificar, organizar y coordinar las actividades relacionadas con la seguridad en la sede central del Poder Judicial;
f) Organizar, controlar y coordinar las actividades relacionadas a la administración del parque automotor de la institución, vigilando el fiel cumplimiento de las normas y procedimientos correspondientes;
g) Analizar los pedidos de becas y capacitaciones solicitadas, conforme a los procedimientos establecidos, con la finalidad de evaluar la pertinencia financiera de la aprobación de las mismas;
h) Realizar la previsión del gasto de los compromisos contraídos por la Institución.
i) Disponer y controlar el registro oportuno de los bienes patrimoniales de la Institución;
j) Autorizar las Solicitudes de Pago (hasta el monto establecido por el Consejo), a fin de responder a los compromisos contraídos por la institución;
k) Verificar los pagos de las obligaciones contraídas por la institución en el ámbito central y controlar la aplicación de los fondos rotatorios presentados en la rendición de cuentas;
l) Controlar las transferencias de recursos financieros a los proyectos, conforme a sus objetivos y metas;
m) Dirigir las actividades destinadas al control de saldos y conciliación de las diferentes cuentas de la institución;
n) Verificar, a través de los órganos pertinentes, la ejecución financiera y operativa de los proyectos de la institución y su correspondiente rendición de cuentas;
o) Analizar y sugerir al Consejo de Administración las reprogramaciones presupuestarias que considere oportunas para el logro de los objetivos institucionales;
p) Proponer al Consejo de Administración las ampliaciones presupuestarias, para su correspondiente consideración y aprobación;
q) Verificar los estados contables a fin de garantizar que los balances de la institución reflejen los resultados reales de la ejecución de los programas, subprogramas y proyectos institucionales;
r) Suscribir, en señal de aprobación, el Balance General de la institución, así como los datos e informes financieros y contables generados por las áreas a su cargo;
s) Suscribir cheques a fin de efectivizar los pagos respectivos;
t) Controlar y remitir, a donde corresponda, las documentaciones completas y debidamente ordenadas de las rendiciones de cuentas;
u) Expedir permanentemente datos, análisis e informes financieros y contables actualizados, a las reparticiones pertinentes;
v) Integrar el Consejo de Administración con voz y sin voto;
w) Velar, en el área de su competencia, por el cumplimiento de las normativas legales e institucionales vigentes; y,
x) Realizar las demás tareas relacionadas al cargo o encomendadas por el Consejo de Administración.
Art. 19. Corresponderá al Secretario del Consejo de Administración Judicial coordinar y controlar el funcionamiento de la Secretaría del Consejo, así como la recepción, distribución y control eficiente de la documentación respectiva.

Además, corresponderá al Secretario del Consejo de Administración, en particular:
a) Establecer el mecanismo para la recepción, registro y control de la documentación oficial que ingresa al Consejo de Administración para su tratamiento, así como su posterior expedición a las instancias involucradas, según las resoluciones tomadas;
b) Supervisar la calidad de la documentación que acompaña a los expedientes dirigidos al Consejo de Administración, resguardando la confiabilidad en el manejo y seguridad de almacenamiento de las mismas;
c) Elaborar notas, actas, proyectos de resoluciones y otros documentos que sean requeridos, y providenciar los trámites para su aprobación y firma correspondiente por los Ministros Integrantes del Consejo y sus pares Consejeros;
d) Agendar diariamente los compromisos de los diversos Miembros del Consejo de Administración, en particular de su Presidente, con la finalidad de coordinar las acciones necesarias para su cumplimiento;
e) Participar de las reuniones en el seno del Consejo de Administración, encargándose de elaborar las Actas de Sesión y Resoluciones, a fin de documentar el proceso y las decisiones tomadas;
f) Llevar el Libro de Anotaciones y Firma de los participantes de las sesiones del Consejo de Administración, con fines informativos y de control;
g) Controlar la correcta distribución a los sectores afectados de las copias autenticadas de las Resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración, a los efectos de su cumplimiento;
h) Organizar y controlar la correcta administración de los archivos del Consejo de Administración, conforme a los métodos y procedimientos establecidos por la reglamentación respectiva; y,
i) Otras actividades relacionadas al cargo, encomendadas por el Consejo de Administración.

Art. 20. Corresponderá al Asistente Administrativo supervisar y coordinar la recepción, distribución y control eficiente de la documentación y los expedien¬tes del Consejo de Administración Judicial, con sus consecuentes registros que permiten el seguimiento y verificación correspondiente, en cualquier nivel de la estructura.

Además, corresponderá al Asistente Administrativo del Consejo de Administración, en particular:
a) Recepcionar, verificar y registrar en el sistema de expedientes el in¬greso de todos los documentos recibidos en el seno del Consejo de Administración, asignándole un número único identificador;
b) Registrar la salida de documentos emitidos por el Consejo de Administración, asignándole el número correlativo correspondiente, que permita su debido seguimiento;
c) Verificar que los expedientes ingresados contengan la información primaria necesaria para su trámite correspondiente y foliar todos los documentos anexos que lo componen;
d) Controlar y registrar la transferencia de documentos recibidos por la Secretaría del Consejo de Administración;
e) Solicitar a la instancia responsable la habilitación y deshabilitación de usuarios del sistema de expedientes, conforme a los niveles de seguridad establecidos para el mismo;
f) Informar del estado de los expedientes demorados y aquellos que presentan reclamos por omisión o extravío en áreas ajenas a la unidad a su cargo;
g) Brindar información sobre la situación de un determinado expediente a solicitud de las personas facultadas a ello; y,
h) Extraer, conforme a la regularidad determinada por el Secretario, los listados de expedientes activos por direcciones, departamentos, unidades e implementar su distribución correspondiente.

Art. 21. Corresponderá al Auxiliar Administrativo colaborar en la gestión del Consejo de Administración, brindando soporte administrativo en materia de comunicación institucional.

Además, corresponderá al Auxiliar Administrativo del Consejo de Administración, en particular:
a) Clasificar y distribuir toda la documentación que ingresa a la Secretaria del Consejo de Administración;
b) Controlar la base de datos de expedientes relacionados con el sector, a fin de realizar el seguimiento necesario que permita una mayor eficiencia en las comunicaciones institucionales;
c) Mantener actualizados los registros de recepción, transferencias, archivo y remisión de documentos del sector para el Consejo de Administración, y viceversa;
d) Recepcionar y remitir documentaciones vía Fax, correo e Internet, encargándose del registro, control y seguimiento respectivo;
e) Organizar los legajos de expedientes del sector y preparar los índices correspondientes para su ubicación y archivo, conforme a las normas establecidas por la regulación pertinente;
f) Apoyar la redacción de notas, actas, proyectos de resoluciones y otros documentos que sean requeridos de conformidad con los antecedentes recibidos;
g) Apoyar al Secretario del Consejo en llevar la agenda y control de utilización de la Sala de Reuniones, encargándose de la apertura y cierre correspondiente; y,
h) Distribuir, a los sectores afectados, las copias autenticadas de las Resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración del Poder Judicial, a fin de proveer a su debido cumplimiento.

Art. 22. El Consejo de Administración Judicial tomará diariamente las decisiones relativas a los asuntos de su competencia, con la participación de sus miembros.

Art. 23. Para tomar decisiones es necesario el quórum mínimo de cuatro miembros del Consejo. Dicho quórum deberá estar conformado por uno de los Ministros integrantes del Consejo, cuanto menos. La ausencia de los Consejeros no Ministros deberá estar debidamente justificada; su inasistencia injustificada no eximirá al remiso de su responsabilidad administrativa.

Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los participantes de la decisión. A los efectos del cómputo de la votación cada integrante del Consejo tendrá un voto. En caso de existir paridad en la votación, la misma se definirá según el sentido del voto del Presidente del Consejo.

La votación y su resultado constarán en el acta de la sesión, que será suscripta por los miembros participantes. Las resoluciones, emitidas en consecuencia de las votaciones, deberán reflejar fielmente las decisiones que consten en el acta y ser suscriptas por los miembros participantes de la decisión y el Secretario del Consejo para su validez.

Todas las decisiones serán comunicadas de manera fehaciente dentro del plazo de tres días a cada Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 24. En casos excepcionales, a pedido del Presidente o de cualquiera de los Ministros, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en decisión fundada y por mayoría simple de los presentes, podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto en el ámbito de la superintendencia administrativa, cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos dependientes.

Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia que no integran el Consejo de Administración no podrán asumir atribuciones ni encargarse de dependencias del Consejo de Administración, en concordancia con las disposiciones de los Arts. 1º, 11 y 12 de esta Acordada.

Art. 25. Los Ministros integrantes del Consejo terminarán sus funciones al expirar los plazos respectivos de designación. Cesarán también como integrantes del mismo al separarse del cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, cualquiera sea la causa.

Los Consejeros no Ministros terminarán sus funciones al cumplir la edad de 75 años, por fallecimiento o incapacidad legal sobreviniente, o al ser removidos del cargo por la Corte Suprema de Justicia.

Art. 26. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia podrá remover, sin expresión de causa, al Director General de Administración y Finanzas, por una mayoría de dos tercios. El quórum requerido al efecto es de la totalidad de los Ministros efectivamente en funciones.

Art. 27. A partir de la vigencia de esta Acordada se hará la reestructuración de cuadros de las distintas reparticiones y dependencias, de conformidad con los órganos y funciones creados o atribuidos en función de ella, los que pasarán a depender del Consejo de Administración.

Art. 28. La reglamentación que antecede entrará en vigencia a partir del 15 de febrero de 2016.

Art. 29. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Acordada.

Art. 2°.- Anotar, registrar, notificar.

Ante mí:



Acordada Nº 1042 del 09 de febrero de 2016. POR LA CUAL SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS JUDICIALES.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que, la “Dirección de Estadística Judicial” centraliza la información requerida para la emisión de los Antecedentes Judiciales a nivel país, por lo que resulta procedente que esta Dirección albergue a la Oficina de Antecedentes Judiciales, creándose un Departamento a denominarse “Departamento de Informaciones Judiciales” cuyo producto principal sería la emisión de “Antecedentes Judiciales” entre otros.

Con el objeto de optimizar la utilización de los recursos institucionales, evitando la creación de otra estructura independiente, es necesario ampliar la existente mediante la fusión, bajo las directrices de una Dirección formal sin requerir para ello de nuevas creaciones de cargos, sino ajustes funcionales y de categorías.

Con el fin de establecer los procedimientos a ser ejecutados bajo la Dirección de Estadística, se ha identificado el “Macroproceso de Gestión Administrativa de Apoyo Jurisdiccional”, bajo el cual se encuentra el “Proceso de Gestión de Datos Estadísticos” del que es responsable la “Dirección de Estadísticas”, así como de los Sub procesos contenidos en ello, que son ; “Generación de base de datos Judiciales”, “Validación de Resoluciones Judiciales”, “Archivo, organización y digitalización de Resoluciones” y “Emisión de Antecedentes Judiciales, Informes y Copias autenticadas de Resoluciones”, con sus respectivos objetivos.

Asimismo, en el marco de la implementación de la Ley 5.415/15, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), que debe ser incorporado dentro de la estructura de la Dirección de Estadísticas Judiciales.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido corresponde aprobar el Organigrama de la Dirección de Estadísticas Judiciales.
Por tanto, en uso de sus atribuciones.


LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1°.- APROBAR el Organigrama de la Dirección de Estadísticas Judiciales incorporando dentro de su estructura el Departamento de Datos Estadísticos y el Departamento de Informaciones Judiciales, conforme al anexo de la presente Acordada.

Art. 2°.- ANOTAR, registrar, notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 1041 del 09 de febrero de 2016. Por la cual se aprueba el Organigrama de la Dirección de Marcas y Señales.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciseis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERON:

Que, a los efectos de una correcta organización y el efectivo funcionamiento de la Dirección de Marcas y Señales resulta pertinente que esta máxima instancia judicial apruebe el Organigrama Institucional de dicha Dirección.

La Corte Suprema de Justicia tienes atribuciones para dictar todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la Administración de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”.

Por tanto;
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- Aprobar el Organigrama de la Dirección de Marcas y Señales, que forma parte de la presente Acordada.

Art. 2º.- Anotar, registrar, notificar.

Ante mí:


DIRECCIÓN DE MARCAS Y SEÑALES DE GANADO
ORGANIGRAMA

Áreas Soportes
Sub Relacionamientos
Rama Directa/ Tronco Principal
Rama Directa/ Tronco Principal



Observación: el contenido publicado aquí es íntegramente la publicada por la corte, por ello agregamos un link al apartado de la web de la corte donde nos habla sobre la Dirección de Marcas y Señales.




ACORDADA Nº 1040 del 09 de febrero del 2016.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las once .horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:


Que de conformidad con lo establecido en el Art. 8° de la Ley N° 609 del 8 de Junio de 1995 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en el mes de febrero de cada año se procederá a integrar las Salas de la Corte Suprema de Justicia y a elegir un nuevo Presidente.

Asimismo, los Ministros deben elegir entre los Miembros de Salas que no integra el Presidente, al Vicepresidente Primero, y finalmente entre los Miembros de la Sala restante, elegir al Vicepresidente Segundo.

En consecuencia, corresponde a esta Corte integrar las Salas y designar a sus autoridades para el período comprendido entre febrero de 2016 y febrero de 2017, de conformidad con la normativa citada y los Arts. 29 inc. “a” de la Ley Nº 879/81 “Código de Organización Judicial”, y 3º de la Ley Nº 609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”.

Por tanto, 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1°.- INTEGRAR las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:

SALA CONSTITUCIONAL con los doctores: Miryam Josefina Peña Candia, Gladys Ester Bareiro de Módica y Antonio Fretes.

SALA CIVIL con los doctores: José Raúl Torres Kirmser, Miguel Oscar Bajac Albertini y César Antonio Garay.

SALA PENAL con los doctores: Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera.

Art. 2°.- DESIGNAR en calidad de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la Excelentísima Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, para el período comprendido entre febrero de 2016 y febrero 2017, quien asumirá tales funciones el dieciséis de febrero de 2016.

Art. 3°.- DESIGNAR en calidad de Vice-Presidente Primero de la Corte Suprema de Justicia al Excelentísimo Señor Ministro José Raúl Torres Kirmser y como Vice-Presidenta Segunda a la Excelentísima Señora Ministra Miryam Josefina Peña Candia, para el período comprendido entre febrero de 2016 a febrero de 2017, quienes asumirán tales funciones el dieciséis de febrero de 2016.

Art. 4º.- ANOTAR, registrar, notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 1039 del 02 de febrero de 2016.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los dos días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, por Decreto Nº 1973 del 22 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia designó a la Abogada Blanca Torales Coronel en carácter de Juez de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, cree pertinente habilitar el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, que pasará a constituirse en el Segundo Turno.

En esta tesitura, la Corte Suprema de Justicia considera oportuno establecer como sistema de distribución de expedientes, el cupo de 200 (doscientos) expedientes, 100 (cien) por Secretaría, en caso de que el Juzgado tenga dos Secretarías, como cupo de cada Turno para los Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

Al respecto, esta máxima instancia judicial considera oportuno, además, disponer que la Magistrada Blanca Torales Coronel cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, que pasará a constituirse en el Segundo Turno de la mencionada Circunscripción Judicial.

Art. 2º.- ESTABLECER el cupo de 200 (doscientos) expedientes, 100 (cien) expedientes por Secretaría, en caso de que el Juzgado tenga dos Secretarías, como cupo de cada Turno para los Juzgados de Primera de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

Art. 3º.- DISPONER que la Magistrada Blanca Torales Coronel, Jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno de la mencionada Circunscripción Judicial.

Art. 4°.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:


Acordada Nº 1035 del 11 de enero de 2016.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los once días del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que por Acordadas Nos. 1015, 1016 y 1017 del 17 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia designó a los Magistrados que prestarán servicio en la Feria Judicial 2016.

Al respecto, es necesario ampliar y/o modificar la nómina de Magistrados que prestarán servicio en la Feria Judicial.

La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para organizar el despacho de los asuntos urgentes durante la feria, de conformidad con las leyes de procedimientos respectivas, según lo dispone el art. 363 del mismo cuerpo legal.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- DISPONER que el Magistrado Carlos Torres Alarcón, Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, preste servicio en la Feria Judicial del 01 al 31 de enero de 2016.

Art. 2º.- MODIFICAR las fechas en que prestarán servicio los siguientes Magistrados en el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Caaguazú:

Magistrado Alberto Godoy Vera Del 01 al 13 de enero de 2016
Magistrado David Antonio Escobar Del 14 al 31 de enero de 2016

Art. 3 º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:


25 de enero de 2017

Acordada Nº 1034 del 07 de enero de 2016.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los siete días del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que por Acordadas Nos. 1015, 1016 y 1017 del 17 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia designó a los Magistrados que prestarán servicio en la Feria Judicial 2016.

Al respecto, es necesario ampliar y/o modificar la nómina de Magistrados que prestarán servicio en la Feria Judicial.

La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para organizar el despacho de los asuntos urgentes durante la feria, de conformidad con las leyes de procedimientos respectivas, según lo dispone el art. 363 del mismo cuerpo legal.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- MODIFICAR la fecha en que prestará servicio el Magistrado Rubén Dario Riquelme en el Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de la Capital, debiendo ser a partir del 7 al 31 de enero de 2016, sin perjuicio de sus funciones.

Art. 2º.- DEJAR sin efecto la designación de la Magistrada Carla Adriana Bacigalupo para prestar servicio en la Feria Judicial 2016.

Art. 3 º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:


ACORDADA N° 1033 del 28 de diciembre de 2015. "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS”.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERON:

Que, en fecha 16 de junio de 2015 se autorizó la puesta en vigencia del Manual de Procedimientos o Reglamento General Técnico Registral por el término de seis meses, sujeto a ajustes posteriores.

La Directora General de los Registros Públicos, Abg. y N.P. Lourdes González elevó a consideración de esta máxima instancia judicial el proyecto del Manual de Procedimientos Registral en el cual se introdujo propuestas que son consideradas viables desde el punto jurídico y técnico.

En consecuencia de todo lo referido, resulta necesario aprobar el mencionado reglamento cuya vigencia temporal o transitoria fenece el 31 de diciembre de 2015.

Que, la Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para dictar todos los actos que sean necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 3° inc. b) de la Ley N° 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia;
Por tanto; en uso de sus atribuciones,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1°.- APROBAR el Reglamento General Técnico Registral de la Dirección General de Registros Públicos, con 149 (ciento cuarenta y nueve) fojas, rubricadas por el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia y que forma parte de la presente Acordada.

Art. 2°.- ANOTAR, registrar, notificar.

Ante mí:


ACORDADA Nº 1031 del 22 de diciembre de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERON:

Que por Resolución N° 2901 del 21 de diciembre de 2015 del Consejo de Superintendencia se resolvió: “…ART. 1°:DISPONER que el horario de salida para todos los Magistrados y Funcionarios de la Capital y de las Circunscripciones Judiciales, el día jueves 24 de diciembre del 2.015, sea a partir de las 10:00 horas. ART. 2°: DISPONER que el horario de salida para los Funcionarios del turno tarde, el día jueves 24 de diciembre del 2.015, sea a partir de las 15:00 horas. ART. 3º:DECLARAR Asueto Judicial el día jueves 31 de diciembre del 2.015; y establecer que los plazos procesales que vencen el 31 de diciembre del 2.015, fenezcan el día 2 de febrero del 2.016.-ART. 4º:COMUNICAR al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para su ratificación. ART. 5º: ANOTAR, registrar y notificar…”.

En ese sentido, esta máxima instancia judicial encuentra oportuno ratificar la Resolución N° 2901 del 21 de diciembre de 2015 del Consejo de Superintendencia.

Por tanto, 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art.1°.- Ratificar la Resolución N° 2901 del 21 de diciembre de 2015 del Consejo de Superintendencia.

Art. 2°.- Anotar, registrar, notificar.

Ante mí:

Acordada Nº 1030 del 15 de diciembre de 2015

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los quince días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que por Acordadas Nos. 1015, 1016 y 1017 del 17 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia designó a los Magistrados que prestarán servicio en la Feria Judicial 2016.

Al respecto, es necesario ampliar la nómina de Magistrados que prestarán servicio en la Feria Judicial.

La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para organizar el despacho de los asuntos urgentes durante la feria, de conformidad con las leyes de procedimientos respectivas, según lo dispone el art. 363 del mismo cuerpo legal

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- DISPONER que los siguientes Magistrados presten servicio en la Feria Judicial 2016, de conformidad al siguiente esquema:

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CAPITAL
Tribunal de Cuentas – Segunda Sala
Magistrada María Celeste Jara Del 01 al 31 de enero


CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARANÁ
Juzgado Penal de la Adolescencia
Magistrado Amilcar Mareco Del 01 al 15 de enero

Juzgado Penal de Garantías
Magistrado Marino Méndez Hermosilla Del 16 al 31 de enero

Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias
Magistrado Silvio Rubén Rojas Ramos Del 01 al 15 de enero

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MISIONES
Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal y Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia y Penal de la Adolescencia
Magistrado Antonio Manuel Insfrán De 16 al 31 de enero

Juzgado Penal de Garantías de San Juan Bautista y Juzgado Penal de Garantías de Ayolas
Magistrado Camilo Javier Cantero Del 16 al 31 de enero

Juzgado Penal de Liquidación, Sentencia y Garantías y Juzgado Penal de Ejecución
Magistrado Camilo Javier Cantero Del 16 al 31 de enero


CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal
Magistrado Aniceto Amarilla Del 16 al 31 de enero

Art. 2º.- MODIFICAR la fecha en que prestará servicio la Magistrada María del Rocío Gossen Teme, debiendo ser del 16 al 31 de enero:

Art. 3º.- DEJAR sin efecto la designación del Magistrado Lorenzo Derlis Rodríguez Elizaur para prestar servicio en la Feria Judicial 2016, en el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

Art. 4º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:


Acordada Nº 1029 del 15 de diciembre de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los quince día del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que, por Acordada Nº 1020 del 24 de noviembre la Corte Suprema de Justicia resolvió: “…Art. 3º.- HABILITAR el Juzgado de Ejecución Penal de Caazapá, que pasará a constituirse en el Segundo Turno; Art. 4º.- DISPONER que el Magistrado Osmar Ariel Baeza, Juez Penal Itinerante de la Circunscripción Judicial de Caazapá, cumpla funciones en el Juzgado de Ejecución Penal del Segundo Turno de la misma Circunscripción Judicial…”.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, considera oportuno determinar un sistema de turnos de quince días para cada Juzgado de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Caazapá, quedando establecido de la siguiente manera:

- Juzgado de Ejecución Penal del Primer Turno a cargo de la Magistrada Sandra Marysel Candia Troche, entrará de turno la primera quincena de cada mes.

- Juzgado de Ejecución Penal del Segundo Turno a cargo del Magistrado Osmar Ariel Baeza Cáceres, entrará de turno la segunda quincena de cada mes.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- ESTABLECER el siguiente orden de turno a los Juzgados de Ejecución Penal de la Circunscripción Judicial Caazapá:

- Juzgado de Ejecución Penal del Primer Turno a cargo de la Magistrada Sandra Marysel Candia Troche, entrará de turno la primera quincena de cada mes.

- Juzgado de Ejecución Penal del Segundo Turno a cargo del Magistrado Osmar Ariel Baeza Cáceres, entrará de turno la segunda quincena de cada mes.

Art. 2º.- ESTABLECER que el Juzgado de Ejecución Penal del Segundo Turno, entenderá en las causas ingresadas desde la entrada del turno correspondiente.

Art. 3º.- ANOTAR, registrar y notificar.





Ante mí:

ACORDADA Nº 1028 del 15 de diciembre de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los quince días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERON:

Que el 18 de diciembre se recuerda la festividad de la Virgen del Paso de Itapé, Patrona de la ciudad de Villarrica.

Por Resolución Nº 4056/2015 del 14 de diciembre de 2015 la Gobernación del Guairá declaró asueto en la Administración Pública y Privada en el Departamento del Guairá.

Por Nota Nº 197/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, Magistrado Juan carlos Bordón Barton, solicitó que los plazos procesales que vencen el día 18 de diciembre de 2015, fenezcan el día 21 de diciembre del año en curso.

Por tanto, 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art.1°.- ESTABLECER que los plazos procesales de la Circunscripción Judicial de Guairá que vencen el día 18 de diciembre de 2015, fenezcan el día 21 de diciembre del año en curso.

Art. 2°.- ANOTAR, registrar, notificar.

Ante mí:

ACORDADA Nº 1027 del 15 de diciembre de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los quince días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERON:

Que el 21 de diciembre se conmemora la festividad del “Santo Tomás Apóstol”, Patrono de la ciudad de Paraguarí.

Por Resolución la Municipalidad de Paraguarí declaró asueto general en todo el Distrito de Paraguarí.

Por Nota Nº 153/2015, el Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Magistrado Javier D. Esquivel G. solicitó a esta máxima instancia judicial que los plazos procesales que vencen el día 21 de diciembre de 2015, fenezcan el día 22 de diciembre del año en curso.

Por tanto, 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art.1°.- ESTABLECER que los plazos procesales de la Circunscripción Judicial de Paraguarí que vencen el día 21 de diciembre de 2015, fenezcan el día 22 de diciembre del año en curso.

Art. 2°.- ANOTAR, registrar, notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 1026 del 07 de diciembre de 2015. QUE AMPLÍA LA ACORDADA N° 887 DEL 14 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candía, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, la Ley 2.576/05 de Reinscripción de Marcas y Señales para todos los propietarios de ganado mayor y menor” ha encomendado la tarea de reinscripción Dirección de Marcas y Señales, creada en la misma Ley dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

La Acordada N° 887 de fecha 14 de abril de 2.014 en el Artículo 2° dispuso inicialmente la instalación de Oficinas de Registro de la Dirección de Marcas y Señales de Ganado en los Tribunales de Encarnación, Concepción, Coronel Oviedo y en la Dirección de Marcas y Señales de Ganado de Asunción.

Es necesario habilitar Oficinas de Registro de la Dirección de Marcas y Señales de Ganado en otras Circunscripciones Judiciales con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento de la Ley N° 2576/05.

Dentro de esta misma ampliación de Acordada y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 2576/05, se aprueba el formato del Título de Propiedad, de Boleta de Marca y Señal de Ganado impresos en triplicados, en hojas de Seguridad provista por la Corte Suprema de Justicia.
Por tanto;

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:


Art. 1º.- AMPLIAR la Acordada N° 887 del 14 de abril de 2014 ordenando la habilitación de las Oficina de Registro de la Dirección de Marcas y Señales de Ganado en la Circunscripciones Judiciales de Paraguarí, Alto Paraná, Misiones, Presidente Hayes y Canindeyú.

Art. 2°.- ENCOMENDAR a los Consejos de Administración de la Circunscripciones Judiciales de Paraguarí, Alto Paraná, Misiones, Presidente Hayes y Canindeyú, doten de infraestructura física y recursos humanos necesarios para el funcionamiento de registro.

Art. 3°.- DISPONER que el plazo establecido en el Art. 1° de la Ley N° 2576/05 se computará en Circunscripciones Judiciales de Paraguarí, Alto Paraná, Misiones, Presidente Hayes y Canindeyú, desde la fecha de habilitación de las oficinas de registro.

Art. 4°.- APROBAR el Formato de Título de Propiedad conforme a lo establecido en la Ley N° 2576/05, y las Hojas de Seguridad provistas por la Corte Suprema de Justicia, para la impresión en triplicados de Boletas de Marcas y Señales, que se adjuntan debidamente rubricadas.

Art. 5°.- ANOTAR, registrar, notificar.-

Ante mí:

Acordada Nº 1025 del 01 de diciembre del 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los un día del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que, por Acordada Nº 992 del 1 de setiembre la Corte Suprema de Justicia resolvió: “…Art. 5º.- HABILITAR el Juzgado en lo Penal creado para la Circunscripción Judicial de Alto Paraná en Ciudad del Este, que pasará a constituirse en el Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná; Art. 6º.- DISPONER que la Magistrada Lourdes Milva Morínigo Vera, Jueza en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, cumpla funciones en el Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná…”.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, considera oportuno determinar un sistema de turnos de quince días para cada Juzgado de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, quedando establecido de la siguiente manera:

- Juzgado Penal de Ejecución del Primer Turno a cargo del Magistrado Carlos Víctor Bordón, entrará de turno la primera quincena de cada mes.

- Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Turno a cargo de la Magistrada Lourdes Milva Morínigo, entrará de turno la segunda quincena de cada mes.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- ESTABLECER el siguiente orden de turno a los Juzgados Penales de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná:

- Juzgado Penal de Ejecución del Primer Turno a cargo del Magistrado Carlos Víctor Bordón, entrará de turno la primera quincena de cada mes.

- Juzgado Penal de Ejecución del Segundo Turno a cargo de la Magistrada Lourdes Milva Morínigo, entrará de turno la segunda quincena de cada mes.

Art. 2º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:


Acordada Nº 1023 del 01 de diciembre de 2015. POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MEDIACIÓN PENAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE MEDIACIÓN PENAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los un día del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, en el marco del Programa de Justicia Restaurativa que vienen incorporando para los adolescentes en conflicto con la ley penal, acuerdan el presente reglamento para regular la mediación penal adolescente, que se constituirá en una de las principales herramientas para cumplir los fines de la justicia restaurativa adolescente.

Dentro del marco de la denominada "Cultura de la Paz", numerosos tratados y convenios internacionales, suscritos por el Paraguay, vienen incidiendo en la necesidad de orientar el sistema procesal penal adolescente, hacia el denominado interés superior del niño, la niña y el adolescente. El objetivo es establecer procedimientos que favorezcan la educación, autorresponsabilización y socialización del adolescente en conflicto con la ley penal, favoreciendo en lo posible la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. Nada beneficia más el proceso de autorresponsabilización y socialización del adolescente en conflicto con la ley penal, que el contacto con la víctima y el conocimiento directo de las consecuencias del hecho punible, que son posibles a través del proceso de Mediación.

En el sentido apuntado, se orientan, entre otros, el artículo 40 de la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989, ratificada por Paraguay por Ley 57 de 1990; el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos incorporado al ordenamiento jurídico nacional por Ley 5/92; las reglas 5, 11 y 17 de las “Reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de la Justicia a Menores” (Reglas de Beijing) o las reglas 43 a 47 de las “100 Reglas de Brasilia” incorporadas al derecho nacional por Acordada 633/10.

Por su parte, el Sistema Interamericano establece el art. 19 en la Convención Americana de Derechos Humanos la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes como así también el art. 7 de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos – O.C. 17/2002 del 28 de agosto del 2002- hizo mención expresa a la necesidad de reducir la judicialización cuando están en juego los intereses del adolescente al indicar: “Las normas procurarán excluir o reducir la judicialización de los problemas sociales que afectan a los niños que pueden y deben ser resueltos, en muchos casos, con medidas de diverso carácter, al amparo del artículo 19 de la Convención Americana. En este sentido, son plenamente admisibles los medios alternativos de solución de las controversias, que permitan la adopción de decisiones equitativas, siempre sin menoscabo de los derechos de las personas. Es preciso que se regule con especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos en los casos en que se hallan en juego los intereses de los menores de edad”. Corte Interamericana de los Derechos Humanos – O.C. 17/2002 del 28 de agosto de 2002.

El Libro V del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 1680/01), haciéndose eco de las tendencias internacionales apuntadas, otorga una especial relevancia procesal a los fines reeducativos de las sanciones penales a quienes son adolescentes en situación de conflicto con la ley penal. La norma incide en la conveniencia de la petición de perdón y reparación del daño, y crea -junto a otros- el instituto de la Remisión en sus artículos 234 y 242. Por otro lado, entre las medidas socioeducativas y correccionales, el Código establece la petición de disculpas, la reconciliación y la reparación de los daños causados a la víctima del delito.

Entre las 100 reglas de Brasilia, se prevé: 5 (“Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente deben ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo”) 43 (“Se impulsarán las formas alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación del mismo. La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia”). 44 (“En todo caso, antes de iniciar la utilización de una forma alternativa en un conflicto concreto, se tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la resolución del conflicto”) y 78 (“En los actos judiciales, en los que participen menores se debe tener en cuenta la edad y desarrollo integral, y en todo caso: -Se deberá celebrar en una sala adecuada.-Se deberá facilitar la comprensión, utilizando un lenguaje sencillo. Se deberán evitar todos los formalismos innecesarios, tales como la toga, la distancia física con el tribunal y otros similares”). Con todas estas previsiones se garantiza el acceso a la justicia de las personas adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

La presente norma se dicta en respuesta a los anteriores compromisos internacionales, y siguiendo las directrices marcadas tanto por la Cumbre Judicial Iberoamericana, como por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.

Con el objeto de aportar nuevas herramientas al ordenamiento penal de la República se establece el Reglamento de Mediación Penal de la Adolescencia con el fin de orientar la labor de los operadores jurídicos intervinientes en los procesos penales con adolescentes en conflicto con la ley penal.

Las peculiaridades de la justicia penal de la adolescencia, orientada al “interés superior del niño, la niña y la persona adolescente”, obligan a introducir en el proceso de mediación algunas variables respecto del proceso de mediación penal general.

Son muy frecuentes los hechos punibles cometidos por adolescentes donde la víctima es también otro adolescente de su círculo social. Ello induce a introducir estos supuestos delictivos en el campo de la mediación, siendo susceptible de mediación incluso los procesos en que la víctima sea niño o niña o adolescente.

La mediación fomenta la Cultura de la Paz y tiene una destacada importancia como instrumento resocializador y educativo del que puede, y debe, beneficiarse no sólo la persona adolescente que se encuentra en situación de conflicto con la ley, sino también la víctima.

El proceso de mediación penal para los adolescentes en conflicto con la ley penal está destinado especialmente a los delitos contra los bienes de las personas. No se aplicará a los crímenes, salvaguardándose de esta forma los fines genéricos de prevención general y también para evitar la revictimización de las víctimas.

Se incorpora la derivación a la mediación en cualquier fase del proceso, incluso en fase de ejecución siempre que exista la intervención del equipo asesor de justicia y los servicios técnicos del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores - SENAAI. Se pone énfasis en la mediación prejudicial con el fin de evitar la gran estigmatización que el proceso penal produce al adolescente.
Optar por la mediación en lugar de someterse al proceso penal no significa que la comisión del hecho no haya traído consecuencias negativas también para el adolescente en conflicto con la ley penal como por ejemplo la impresión que supone verse confrontado con la policía y los órganos de la administración de justicia, la reacción del entorno familiar, educativo y social que con frecuencia desencadena sanciones informales. La importancia de la mediación penal radica en que ayuda al adolescente a reconocer su error, a reconciliarse con la víctima y a intentar por sí mismo reparar el daño ocasionado buscando generar conciencia de las consecuencias de su conducta disvaliosa de modo tal que no lo perciba como herramienta de impunidad sino que se convierta en un instrumento válido que lo ayude a no volver a delinquir.

Sin duda, el éxito en la implementación del nuevo sistema requiere el funcionamiento efectivo del sistema especializado penal adolescente mencionado en el Código de la Niñez y la Adolescencia que incluye también al Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia. Desde el Poder Judicial este compromiso incluirá, a la sensibilización y al compromiso de los jueces y juezas penales de la adolescencia, a quienes el Reglamento se refiere con especial atención. Ellos están llamados a ser artífices y colaboradores esenciales en el proceso de mediación, en consonancia con las funciones que les atribuye el inciso c) del artículo 224 del Código de la Niñez y Adolescencia.

La otra pieza fundamental la constituyen los Mediadores y Mediadoras de la Dirección de Mediación, a quienes se exigirá una sólida formación en justicia penal de la adolescencia y en Derechos Humanos, imprescindible para el correcto funcionamiento de esta nueva institución. Es por ello que en el artículo 23 del Reglamento para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal se los obliga a una capacitación más específica en su carácter de auxiliares de la justicia.

En definitiva, con la presente norma se complementa el proceso de introducción de la Justicia Juvenil Restaurativa en el ámbito penal, y se cumplen los compromisos internacionales asumidos por la República del Paraguay, que se vuelve a situar, en esta materia, en la vanguardia del derecho.
En este sentido, esta máxima instancia judicial, encuentra oportuno aprobar el Reglamento de Mediación Penal de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1°.- Aprobar el Reglamento de Mediación Penal de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, que forma parte de la presente Acordada.

REGLAMENTO DE MEDIACIÓN PENAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 

SECCIÓN I

ART.1°- . Se establece la Mediación Penal como forma de resolución de procesos para los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en el marco del Programa de Justicia Restaurativa.

ART. 2°.- La Mediación Penal de la Adolescencia es un proceso con potencial educativo, socializador y reparador, que se lleva a cabo entre la persona adolescente en conflicto con la Ley Penal y la señalada como víctima, que intentan, con la ayuda de un tercero imparcial denominado Mediador o Mediadora, resolver un conflicto surgido por la presunta comisión de un hecho punible. 

ART.3°.- La Mediación Penal es un proceso voluntario que tiene por objeto la reparación y compensación de las consecuencias del hecho punible mediante una prestación voluntaria del adolescente en conflicto con la ley penal a favor de la supuesta víctima. Cuando esto no sea posible, o no sea suficiente por sí mismo, entrará a consideración la reparación frente a la comunidad.
El acuerdo arribado no debe imponer condiciones desproporcionadas o inexigibles, ni a la supuesta víctima, ni al adolescente en conflicto con la Ley Penal.

ART. 4°.- El proceso de mediación será gratuito, sin perjuicio de la obligación de cada uno de los intervinientes de abonar a su abogado los honorarios que correspondan. El Mediador o Mediadora deberá advertir expresamente que el acuerdo de mediación no exime del pago de honorarios.

ART. 5°.- En la Mediación Penal que involucre a un adolescente en conflicto con la Ley Penal deberán participar los padres, tutores o representantes legales.
Para el cumplimiento de las obligaciones de contenido patrimonial podrá obligarse toda persona que acredite vínculo con el adolescente. 

ART. 6°.- Podrán ser derivados a Mediación Penal Adolescente los hechos punibles clasificados como delitos conforme el Art. 13 del Código Penal. Son especialmente susceptibles de derivar a mediación los procesos penales que involucran la sospecha de hechos punibles contra los bienes de las personas.

ART. 7°.- No podrán ser derivados a mediación los procesos de adolescentes que hayan sido condenados anteriormente por la comisión de un hecho punible doloso que afecte al mismo bien jurídico.

Tampoco podrán ser derivados a mediación los procesos que involucren a adolescentes en conflicto con la Ley Penal que hubieran celebrado hasta dos acuerdos de mediación por hechos punibles cometidos respecto al mismo bien jurídico.

ART. 8°.- El Mediador o Mediadora designado/a fijará las audiencias a las que deberán concurrir los intervinientes que hubieran aceptado este proceso, estableciendo previamente sesiones separadas con cada una de las partes, y posteriormente cuando se den las condiciones en forma conjunta. 

ART. 9°.- Las manifestaciones durante las audiencias de mediación, así como los documentos y registros de casos, tendrán carácter confidencial para el Mediador o Mediadora, los intervinientes y los terceros involucrados, incluido el personal de la dirección de mediación. La transgresión del deber de confidencialidad dará lugar a las consecuencias penales o disciplinarias que correspondan.

El Mediador o Mediadora deberá informar a los intervinientes del deber de confidencialidad y que su violación podrá acarrear sanciones penales, conforme a la legislación penal vigente.

El Mediador o Mediadora estará inhabilitado para deponer como testigo, perito o asesor en cualquier proceso relativo al conflicto objeto de la mediación. 

El Mediador o Mediadora, los intervinientes y los terceros que participen quedarán exonerados del deber de confidencialidad cuando en el curso de la mediación se obtenga información de la inminente comisión de un hecho punible o se evidencie un riesgo potencial de daño físico o psíquico a uno de los intervinientes o a un tercero.

Queda exceptuado del deber de confidencialidad el acuerdo final alcanzado tras el proceso de mediación, el cual podrá ser utilizado en el proceso penal y una vez homologado por el Tribunal, en cualquier otro proceso posterior.

ART. 10°.- Finalizada la mediación se labrará un acta donde se establecerá el resultado alcanzado. Firmarán los intervinientes un documento en el que conste el acuerdo al que hayan arribado.
El acuerdo podrá versar sobre la reparación del daño y/o sobre el cumplimiento de determinadas conductas, y/o prestación de servicios a la comunidad, y/o pedido de disculpas, entre otras obligaciones que sirvan al fin propuesto. 

ART. 11°.- En el proceso de mediación, el Mediador o Mediadora actuará conforme a los principios de objetividad, ausencia de prejuicios, valoraciones y creencias. 

ART. 12°.- Mediación Extrajudicial: cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que involucre a un adolescente y que conforme a su sospecha inicial se corresponda con un hecho punible previsto en el Art. 6° de este reglamento, deberá informar, a la supuesta víctima la posibilidad de someter el conflicto a mediación. 

Se dejará constancia de la lectura del presente artículo, y de la aceptación de este procedimiento en forma voluntaria por parte de la víctima o su representante legal. 

Durante el proceso de mediación el Ministerio Público deberá realizar las medidas necesarias para la dilucidación del hecho, asegurando la recolección y conservación de aquellos medios de pruebas útiles e irreproducibles. 

ART. 13°.- En caso de que la víctima o su representante legal y el adolescente en conflicto con la Ley Penal y su representante legal opten por la mediación, se remitirán previamente las actuaciones al Juzgado Penal Adolescente de Turno para que su equipo asesor de justicia, en un plazo máximo de tres días, dictamine a prima facie sobre la capacidad del adolescente conforme el Art. 194 del Código de la Niñez y de la Adolescencia y también sobre su capacidad para comprender el procedimiento, y en caso afirmativo derive el proceso a mediación. 

ART. 14°.- Si los intervinientes llegaren a un acuerdo este será remitido inmediatamente al Ministerio Público para que requiera, según el caso, la extinción de la persecución penal. El acuerdo una vez homologado por el Tribunal, tendrá carácter de título ejecutivo suficiente para la interposición de la acción civil ante el fuero respectivo en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales.

En caso de incomparecencia de alguno de los intervinientes, o de no llegarse a un acuerdo, se remitirán las actuaciones de manera inmediata al fiscal interviniente para la tramitación del proceso. 

ART. 15°.- El proceso de Mediación Extrajudicial tendrá una duración máxima de treinta días hábiles, prorrogables, por treinta días más, en casos excepcionales a solicitud del mediador o mediadora, con el consentimiento de los intervinientes y el acuerdo del Ministerio Publico. El plazo se computará a partir de la recepción de las actuaciones en la Oficina de Mediación.

ART. 16°.- Mediación en el Proceso: recibida la imputación el Juez, de oficio o a pedido de cualquiera de los intervinientes, podrá derivar las actuaciones a la Oficina de Mediación del Poder Judicial previa evaluación de su equipo asesor de justicia en las condiciones previstas en el Art. 13° de este Reglamento y mediando notificación a los intervinientes. 

ART. 17°.- La Resolución del conflicto deberá lograrse en un plazo máximo de treinta días hábiles a computarse desde la recepción de las actuaciones en la Oficina de Mediación. En caso de no hacerlo en este término las actuaciones deberán devolverse al Tribunal inmediatamente dando por culminado el proceso de mediación, salvo que en casos excepcionales, a solicitud del Mediador o Mediadora con el consenso de los intervinientes, el Juez considere útil conceder una prórroga de hasta treinta días para la celebración del acuerdo. 

ART. 18°.- Si los intervinientes llegan a un acuerdo este será remitido inmediatamente al Tribunal competente y al Fiscal interviniente para que requiera según el caso: a) la extinción de la persecución penal o b) la solicitud de imposición de medidas socioeducativas, correccionales o privativas de libertad que correspondan.

Igualmente el Tribunal podrá utilizar el acuerdo arribado como base para a) la imposición de las medidas socioeducativas previstas en los incisos g y h del Art. 200 del Código de la Niñez y de la Adolescencia o medidas correccionales de los incisos a y b del Art. 205 de la citada Ley o b) como base para tomar la decisión de suspender a prueba la ejecución de una medida de privación de libertad de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 208 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en caso de incomparecencia de alguno de los intervinientes o de no llegarse a un acuerdo se remitirán las actuaciones de manera inmediata al Fiscal interviniente para la continuación de la tramitación del proceso.

ART. 19°.- Mediación en Fase de Ejecución. El Juez Penal de Ejecución competente, de oficio o a petición del adolescente o sus representantes o la Secretaría Nacional del Adolescente Infractor (SENAAI), podrá derivar las actuaciones a mediación antes de acordar la modificación, sustitución, o revocación de las medidas dispuestas, en atención a lo previsto en el Art. 218 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

SECCIÓN II
TRAMITACIÓN Y ACUERDO


ART. 20°.- Una vez recepcionadas y gerenciadas las solicitudes de Mediación Judicial, por la Oficina de Mediación, se notificará a los intervinientes dentro del proceso por cualquier medio de comunicación eficaz. 

ART. 21°.- Asistencia a sesiones y representación:
El Mediador o Mediadora deberá explicar a los intervinientes, con un lenguaje claro y sencillo, el funcionamiento del Sistema de Mediación Penal de la Adolescencia, así como los principios rectores de la mediación, su finalidad y consecuencias. 

Los intervinientes asistirán personalmente a las sesiones de mediación, no pudiendo conferir representación a tal efecto.

En caso de que la supuesta víctima sea un adolescente, deberá asistir a las sesiones acompañado/a de sus padres o tutores o guardadores o Defensor de la Niñez y la Adolescencia. 

En el caso que la supuesta víctima sea un niño o niña, su comparecencia quedará a criterio de los padres o tutores. Si deciden que asista, deberá hacerlo acompañado de estos o del Defensor de la Niñez o de la Adolescencia. Si deciden que el niño o niña no asista deberán comparecer los padres o tutores en su representación.

ART. 22°.- Forma y Contenido del Acta de Acuerdo:

1. El Acta final deberá estar redactada en lenguaje claro y comprensible para la edad de la persona adolescente en conflicto con la Ley Penal.
2. El Acta de Acuerdo deberá estar suscrita necesariamente por el Mediador o Mediadora interviniente, la persona adolescente en situación de conflicto con la Ley Penal, así como por su representante legal, padre, madre, guardador, o tutor o Defensor de la Niñez y la Adolescencia y la supuesta víctima. En mediación con víctimas que sean niños o adolescentes, el acuerdo debe ser suscrito además por su representante legal, padre, madre, guardador o tutor o Defensor de la Niñez y la Adolescencia.
3. Con la suscripción del Acta de Acuerdo culmina la función del Mediador o Mediadora interviniente.

DE LOS MEDIADORES O MEDIADORAS


ART. 23°.- Únicamente podrán ser designados como Mediadores o Mediadoras, en el proceso regulado en el presente reglamento, aquellas personas que, conforme registro de la Dirección de Mediación, estén incluidas bajo la calificación de Mediadores y Mediadoras penales de la adolescencia.

La inclusión en el registro requiere una capacitación específica que debe contener: 

a) El Reglamento de Mediación Penal del Adolescente en conflicto con la Ley Penal,
b) Conocimientos del Sistema de Justicia Penal Adolescente, establecidos en el libro V del Código de la Niñez y la Adolescencia.
c) El Manual de Mediación Penal de la Adolescencia.
d) Teoría y práctica de técnicas específicas de Mediación Penal de la Adolescencia.
e) Conocimientos en Derechos Humanos, y tratados internacionales que regulan la materia.
f) Capacitación continua y certificada.
Art. 2°.- Anotar, registrar, notificar.

Ante mí:


Buscador

Cargando...

Seguir por correo!

Lo más nuevo

Siguenos en Facebook

Siguenos en Twitter

Archivo

Más Vistos.

Contacta con Nosotros!

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

BUSCADOR...

Escritos de Derecho