23 de abril de 2016

Acordada Nº 1005 del 21 de setiembre del 2015. “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES JUDICIALES DERIVADAS DE LA LEY 5282/14”

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, el artículo 23 de la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” establece que “En caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información o de cualquier otro incumplimiento de una repartición pública con relación a las obligaciones previstas en la presente ley, el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de reconsideración, podrá, a su elección, acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública”.

Que la Ley 5282/14 ha omitido establecer el procedimiento mediante el cual deben tramitar las acciones judiciales previstas en el artículo citado.

Que, el artículo 3 de la Ley 609/05 establece que son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, “dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia”.

Que, esta Corte Suprema de Justicia, al resolver en la acción de inconstitucionalidad planteada en el juicio “Defensoría del Pueblo c./ Municipalidad de San Lorenzo s./ Amparo” mediante el Acuerdo y Sentencia Nro. 1306 del 15 de octubre de 2013, consideró que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaída in re Claude Reyes vs. Chile el 19 de septiembre de 2006 debía ser tomada en cuenta para resolver el caso que se le había planteado, reconociendo, en consecuencia, al derecho de acceso a la información como derecho fundamental o humano.

Que, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanas (ratificada mediante Ley 1/89) establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Que, en una resolución tomada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 3, especialmente relevante por haber sido resaltada en el Informe 2010 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos (Capítulo IV “Buenas Prácticas Judiciales en Materia de Acceso a la Información en América”, página 313, puntos 34 y 35), se sostuvo que “(...) la negativa a proporcionar información no admite el contencioso administrativo: por una razón simple, el acto de negación de la información no es acto administrativo en sentido propio, ya que no implica un actuar de la administración en razón de sus competencias. Se trata tan solo del incumplimiento de un mandato constitucional. Por lo demás, el derecho a la información, como derecho fundamental, no toleraría, por su propia índole la dilación que procedente de un litigio contencioso (administrativo) (...)”. Además, que “(...) la información, al ser denegada ilegítimamente, vulnera per se y con carácter de inmediatez la órbita de derechos del individuo (...)” (Acuerdo y Sentencia Nro. 51 del 2 de mayo de 2008).

Que, la naturaleza de derecho fundamental o humano del acceso a la información, la gratuidad establecida en la ley (Art. 4), el plazo de sesenta días para interponer la acción (Art. 24), lo dispuesto en el Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los precedentes judiciales de nuestro país considerados a nivel internacional como buenas prácticas judiciales y el más elemental sentido común –ya que la información como herramienta de participación en la vida democrática y como instrumento para la satisfacción de otros derechos fundamentales requiere de la mayor inmediatez posible- llevan a concluir que el procedimiento más adecuado para resolver los eventuales conflictos que se susciten entre las personas que requieren acceder a la información pública y la negativa de las autoridades estatales invocando otros derechos de igual rango o importancia es el del juicio de amparo.

Que, además, resulta evidente que la ley 5282/14 al establecer la intervención de “cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública” sin distinguir entre fueros, ha querido que el debate y la ponderación de los derechos en juego se realice en el marco de un proceso constitucional y el único proceso constitucional en el que los jueces ordinarios pueden intervenir es en el de amparo (excepción hecha del juicio de habeas data que, evidentemente, no se aplica a la problemática del derecho de acceso a la información pública sino a la información y a los datos de una persona determinada).

Que, todo lo expuesto resulta aplicable a la situación en la que se suscite un conflicto entre el derecho de acceso a la información requerido a una fuente pública de información en forma individual o colectiva por una persona y la negativa de ésta última invocando un derecho de igual rango o importancia.

Que, para los casos de algún “incumplimiento de una repartición pública (fuente pública) con relación a las obligaciones previstas en la presente ley”, y teniendo en cuenta que la ley ha previsto, como se dijo, la intervención de “cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública” y no la del Tribunal de Cuentas –en una clara decisión de facilitar el acceso a la justicia en esta materia, particularmente en el interior del país- y que los demás incumplimientos de las fuentes públicas pueden, directa o indirectamente, influir el goce “efectivo” (Art. 28, Constitución) del derecho de acceso a la información pública, el procedimiento que por la naturaleza de la cuestión resulta evidente es el del juicio sumario previsto en el Art. 683 del Código Procesal Civil.

Que, para estos casos, teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento previsto en el Código Procesal Civil, resulta adecuado que esas contiendas tramiten ante los jueces de primera instancia con competencia en lo civil y comercial.

Que, en atención a que el artículo 4 de la Ley 5282/14 establece que “las comisiones mixtas y las entidades binacionales en las que participe la República del Paraguay son fuentes públicas de información”, los jueces competentes serán los previstos en los instrumentos internacionales que rigen su funcionamiento.

Por tanto, en uso de sus atribuciones, 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1º.- ESTABLECER que, para el caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información la acción judicial tramite según las reglas previstas en el artículo 134 de la Constitución y en el Código Procesal Civil para el juicio de amparo.

Art. 2º.- ESTABLECER que, para el caso de cualquier otro incumplimiento de una repartición pública con relación a las obligaciones previstas en la Ley 5282/14 que no caiga dentro de lo previsto en el Art. 1 de esta Acordada, la acción judicial tramite por las reglas del procedimiento sumario previsto en el Art. 683 del Código Procesal Civil.

Art. 3º.- ESTABLECER que para determinar los jueces que sean competentes para entender en las acciones previstas en los artículos 1 y 2 de la presente Acordada se deben aplicar las reglas previstas en el Art. 23 de la Ley 5282/14 y, en su caso, las de los instrumentos internacionales que rigen el funcionamiento de ciertas fuentes públicas.

Art. 4º.- ANOTAR, registrar, notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 1004 del 21 de setiembre del 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que, por Decreto N° 1911 del 15 de setiembre de 2015 se designó en carácter de Juez de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de San Pedro a la Abogada Mónica Soledad Duarte

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, por lo que considera pertinente habilitar el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia creado para la Circunscripción Judicial de San Pedro, en la Ciudad de Santa Rosa del Aguaray que tendrá competencia sobre los distritos de Santa Rosa del Aguaray, Lima y General Resquín y disponer que la Magistrada Mónica Soledad Duarte, cumpla funciones en dicho Juzgado.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia creado para la Circunscripción Judicial de San Pedro, en la Ciudad de Santa Rosa del Aguaray que tendrá competencia sobre las localidades de Santa Rosa del Aguaray, Lima y General Resquín.

Art. 2º.- DISPONER que la Magistrada Mónica Soledad Duarte, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Ciudad de Santa Rosa del Aguaray.

Art. 3º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:

  

22 de abril de 2016

Acordada Nº 1003 del 21 de setiembre del año 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables y en consideración a ello, entiende pertinente habilitar el Juzgado Penal de Garantías creado para la Circunscripción Judicial de Concepción que pasará a constituirse en el Juzgado Penal de Garantías N° 4 y disponer que la Magistrada Honorina Ubalda Acosta Cantero, Jueza Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Concepción, cumpla en Juzgado de Garantías N° 4 de la mencionada Circunscripción Judicial.

Asimismo, establecer que el sistema de turnos para los Juzgados Penales de Garantías de la Circunscripción Judicial de Concepción sea de 10 días para cada Juzgado.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado Penal de Garantías creado para la Circunscripción Judicial de Concepción que pasará a constituirse en el Juzgado Penal de Garantías N° 4.

Art. 2°.- DISPONER que la Magistrada Honorina Ubalda Acosta Cantero, Jueza Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Concepción, cumpla en Juzgado de Garantías N° 4 de la mencionada Circunscripción Judicial.

Art. 3°.- ESTABLECER que el sistema de turnos para los Juzgados Penales de Garantías de la Circunscripción Judicial de Concepción sea de 10 días para cada Juzgado. Esta disposición entrará en vigencia a partir del 30 de setiembre de 2015.

Art. 4º.- ANOTAR, registrar y notificar.


Ante mí:


17 de abril de 2016

Acordada Nº 1001 del 21 de setiembre del año 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiún días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, por Acordada Nº 989 del 25 de agosto de 2015 se habilitó el Juzgado Penal de Garantías Nº 4 de Coronel Oviedo, donde cumplirá funciones la Magistrada Sandra Regina Porto Varela.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, por lo que considera necesario establecer sistema de turnos de 10 días para cada Juzgado Penal de Garantías de Coronel Oviedo de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, hasta tanto se implemente el Sistema de Entrada en Línea en dicha Circunscripción Judicial.

La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”.

Por tanto,


LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:


Art. 1º.- ESTABLECER el sistema de turnos de 10 días para cada Juzgado Penal de Garantías de Coronel Oviedo, Circunscripción Judicial de Caaguazú, hasta tanto se implemente el Sistema de Entrada en Línea en dicha Circunscripción Judicial.

Art. 2º.- DISPONER que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Acordada se halla de turno el Juzgado Penal de Garantías Nº 3, hasta el 30 de setiembre del corriente año; y que posteriormente, a partir del 1 de octubre entrará de turno el Juzgado Penal de Garantías Nº 4, por el término de 10 días y así sucesivamente.

Art. 3º.- Anotar, registrar, notificar.


Ante mí:

Acordada Nº 1000 del 15 de septiembre de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los quince días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario autorizante; 

D I J E R O N:

Que, el Art. 27 del Código Procesal Penal dispone: “La acción civil para la reparación o indem¬nización de los daños y perjuicios causados por el hecho punible, sólo podrá ser ejercida por el perjudicado o sus herederos, en los límites de la cuota hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra el autor y los partícipes del hecho punible”.

Por su parte, el Art. 28 del mismo cuerpo legal establece: “Cuando se trate de hechos punibles que han afectado el patrimonio del Estado, la acción civil será ejercida por el Procurador General de la República. Cuando hayan afectado a intereses sociales, colectivos o difusos será ejercida por el Ministerio Público. El Procurador General o el Fiscal General del Estado, según el caso, podrán decidir que la demanda sea planteada y proseguida por otros funcionarios de la Procuraduría o del Ministerio Público, respectivamente”.

En vista a que compete a la Procuraduría General la interposición de la acción civil de reparación del daño en el proceso penal cuando un hecho punible ha causado un perjuicio al patrimonio público, y ante la falta de notificación a dicha institución del Estado de las sentencias condenatorias dictadas en contra de un funcionario público o particular participante del hecho punible comprobado, resulta necesario que la decisión judicial sea debidamente comunicada a ella, a fin de que analice intervenir eventualmente y tomar las medidas que sean pertinentes en defensa del patrimonio público, conforme lo establece el artículo 246, num. 1) de la Constitución Nacional.

La disposición a ser tomada tendrá efecto en todo el territorio nacional, debiendo ser cumplida por los Tribunales Penales de Sentencia en el marco de un juicio oral y público, como también por los Juzgados Penales de Garantías en los casos en que corresponda la aplicación de un procedimiento abreviado, asi como Tribunales de Apelación y Juzgados de Ejecución.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1º.- DISPONER que una vez dictada sentencia condenatoria en contra de funcionarios públicos o particulares, en las causas penales que han juzgado la comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado, los juzgados penales competentes de todo el territorio nacional deberán remitir a la Procuraduría General de la República una copia autenticada del fallo judicial pertinente.

Art. 2º.- ESTABLECER que esta disposición deberá ser cumplida por los Tribunales Penales de Sentencia en el marco de un juicio oral y público, como también por los Juzgados Penales de Garantía en los casos en que corresponda la aplicación de un procedimiento abreviado.

Art. 3º ANOTAR, registrar y notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 999 del 15 de setiembre de 2015. Por la cual se crea la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Por la cual se crea la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los quince días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario autorizante; 

D I J E R O N:


La importancia que tiene el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública en la consolidación del sistema democrático y republicano de gobierno, así como para la participación ciudadana en la vida nacional, el control social sobre el manejo transparente de la cosa pública y el combate eficaz a la corrupción.

El impulso dado en el país a la transparencia y al acceso a la información pública a partir de los reclamos de la ciudadanía y del Acuerdo y Sentencia N° 1306/13 dictado por esta Corte Suprema de Justicia, que contribuyó a dar certeza jurídica al derecho establecido en el Artículo 28 de la Constitución Nacional y definió al acceso a la información como un derecho humano fundamental en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que, la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” ha reglamentado el artículo 28 de la Constitución Nacional “a fin de garantizar a todas las personas, el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a través de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones correspondientes, que promuevan la trasparencia del Estado”.

Que, la misma normativa determina en su artículo 2°, inc. c, que el Poder Judicial es una fuente pública de información y como tal, de acuerdo al artículo 6° de la misma ley, deberá habilitar como órgano de aplicación “una Oficina de Acceso a la Información Pública, en la que se recibirán las solicitudes, así como orientar y asistir al solicitante en forma sencilla y comprensible”.

Que, en base a dicha ley, las fuentes públicas se hallan obligadas a mantener actualizada y a disposición del público informaciones mínimas determinadas por los artículos 8°, en forma general, y 11°, en materia específica del Poder Judicial.

Que, en virtud de la promulgación de la citada ley, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso por Acta N° 60 del 6 de octubre del 2014 la creación de una Comisión de Estudio para la reglamentación de la Ley 5282/14 en el Poder Judicial. Y que dicha Comisión elevó al pleno de la Corte sus recomendaciones para la efectiva y eficaz implementación de dicha normativa.

Por tanto, en uso de sus atribuciones, 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:


Art. 1°.- Crear la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, la que se constituirá en órgano de aplicación de la Ley N° 5282/14, en los términos y alcances establecidos por ésta.

Art. 2°.- La Dirección tendrá como objetivo general a su cargo proponer, coordinar y monitorear las políticas de transparencia y acceso a la información pública en el Poder Judicial, las que serán definidas por la Corte Suprema de Justicia en el marco de los estándares nacionales e internacionales vigentes en la materia.

Art. 3°.- A fin de hacer efectivos los mandatos de la ley respectiva, la Dirección implementará mecanismos para la transparencia activa y para la atención de solicitudes de información de la ciudadanía a través de Oficinas de Acceso a la Información Pública en todas las circunscripciones judiciales, de acuerdo a las programaciones presupuestarias correspondientes.

Art. 4°.- Disponer que las dependencias existentes de las Mesas de Información y Orientación Judicial pasen a depender de la Dirección creada y a través de la Dirección General de Administración y Finanzas se adopten las medidas necesarias para dotar de presupuesto, recursos e infraestructura adecuados a la nueva Dirección.

Art. 5°.- Encomendar a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones el desarrollo de los soportes informáticos necesario para la eficiente gestión del acceso ciudadano a la información del Poder Judicial

Art. 6°.- Designar al Abg. José María Costa en carácter de Director interino de la citada Dirección, sin perjuicio de sus funciones, y encomendar al mismo las tareas pertinentes de organización y funciones.

Art. 7°.- Anotar, registrar, notificar.


Ante mí:



Acordada Nº 998 del 08 de setiembre de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los ocho días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, por Ley Nº 5228/2014 “QUE MODIFICA Y AMPLIA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y ANEXO DEL PERSONAL Y SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISAL 2014, APROBADO POR LEY Nº 5142 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2014- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, se contempló la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral para Katueté, de la Circunscripción Judicial de Canindeyú.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, considera pertinente habilitar el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral para Katueté, de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, creado conforme a la Ley.

Al respecto, esta máxima instancia judicial considera oportuno, además, disponer que el Magistrado Ramón Alberto Florentín Cardozo, Juez Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, interine la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral para Katueté de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, sin perjuicio de sus funciones naturales, hasta tanto se designe al titular.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

A C U E R D A:


Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral para Katueté de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, conforme a la Ley.

Art. 2º.- DISPONER que el Magistrado Ramón Alberto Florentín Cardozo, Juez Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, interine la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral para Katueté de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, sin perjuicio de sus funciones naturales, hasta tanto se designe al titular.

Art. 3º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:


Acordada Nº 997 del 08 de septiembre del año 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los ocho días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario autorizante; 

D I J E R O N:

Que, por Decreto N° 1893 del 12 de agosto de 2015 se designó en carácter de Jueces de Primera Instancia en lo Laboral de la Circunscripción Judicial de la Capital al Abogado Jorge Rafael Barboza Franco.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, considera pertinente habilitar el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral creado para la Circunscripción Judicial de la Capital, que pasará a constituirse en el Sexto Turno en lo Laboral de la Capital y disponer que el Magistrado Jorge Rafael Barboza Franco, cumpla funciones en dicho Juzgado, a partir del 21 de setiembre de 2015.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

A C U E R D A:


Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral creado para la Circunscripción Judicial de la Capital, que pasará a constituirse en el Sexto Turno en lo Laboral de la Capital.

Art. 2º.- DISPONER que el Magistrado Jorge Rafael Barboza Franco, Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la Circunscripción Judicial de la Capital, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Sexto Turno de la Capital, a partir del 21 de setiembre de 2015.

Art. 5º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:

  

Acordada Nº 966 del 08 de setiembre del año 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los ocho días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que, por Decreto Nº 1898 del 1 de setiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia designó al Abogado Ramón Alberto Florentín Cardozo como Juez Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, por lo que considera pertinente habilitar el Juzgado Penal creado para la Circunscripción Judicial de Canindeyú, en la ciudad de Curuguaty, que pasará a constituirse en el Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de dicha ciudad.

Al respecto, esta máxima instancia judicial encuentra oportuno, disponer que el Magistrado Ramón Alberto Florentín Cardozo, Juez Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, cumpla funciones en el Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de Curuguaty, hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.
Por tanto, en uso de sus atribuciones.


LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado Penal creado para la Circunscripción Judicial de Canindeyú en la ciudad de Curuguaty, que pasará a constituirse en el Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de la mencionada ciudad.

Art. 2º.- DISPONER que el Magistrado Ramón Alberto Florentín Cardozo, Juez Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, cumpla funciones en el Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de Curuguaty, hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 3º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:


Acordada Nº 994 del 01 de setiembre de 2015.

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ACORDADA Nº 785/2012 Y SE ESTABLECEN LAS EXIGENCIAS Y NORMAS PARA LA ASIGNACIÓN DEL USUFRUCTO DE REGISTROS NOTARIALES POR CONCURSO DE OPOSICIÓN.-

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los un días del mes de setiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentísimo Señor Presidente Doctor Antonio Fretes, y los Excelentísimos Señores Ministros Doctores José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Gladys Bareiro de Módica, Sindulfo Blanco, Luís María Benítez Riera y César Antonio Garay, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:


Que es potestad de la Corte Suprema de Justicia, conforme con los Arts. 99, 102 y 103 del Código de Organización Judicial, Ley Nº 879/81 y sus modificaciones, otorgar el usufructo de Registros Notariales creados por Ley y, a tal efecto, reglamentar el Concurso de Oposición.-

Resulta necesario actualizar la reglamentación, los procedimientos pertinentes y adecuar a las normas vigentes los requisitos para adjudicar el usufructo de Registros Notariales.-

Por tanto, y de conformidad con el Art. 29 inc. “a” de la Ley Nº 879/81 “Código de Organización Judicial” y el Art. 3° inc. “b” de la Ley N° 609/95 “Que Organiza la Corte Suprema de Justicia”,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:


Art. 1º.- Los Notarios de la República, interesados en obtener el usufructo de un Registro Notarial, solicitarán su inscripción al Concurso de Oposición. Tal solicitud se hará por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, mediante formularios preestablecidos al efecto, acompañando la documentación requerida en la presente Acordada.-

Art. 2º.- Para obtener el usufructo de un Registro Notarial, los Notarios interesados deberán cumplir con las condiciones requeridas en el Art. 102 del Código de Organización Judicial y sus modificaciones, según la reglamentación establecida en la presente Acordada: 

I) Nacionalidad y mayoría de edad: Se acreditará con la copia autenticada del documento de identidad.

II) Título de Notario: Se acreditará con una copia autenticada, tamaño oficio, del Título expedido por una Universidad del país o por una extranjera con equiparación revalidada por la Universidad Nacional de Asunción.

III) Certificado de Antecedentes Penales: Se acreditará con el Certificado de Antecedentes Penales del postulante expedido por la Oficina de Estadísticas Penales de la Corte Suprema de Justicia.

IV) Del Concurso de Oposición: Aprobar un Concurso de Oposición organizado por la Corte Suprema de Justicia, conforme con las pautas indicadas más adelante. 

Art. 3º.- Los Notarios interesados deberán presentar en Mesa de Entrada de la Corte Suprema de Justicia sus carpetas acompañando los documentos que certifiquen el cumplimiento de las condiciones requeridas.

Los postulantes deberán acompañar, además, un formulario distribuido por la Corte Suprema de Justicia para cada concurso en duplicado, que será completado individualmente al momento de la presentación de las carpetas en los campos respectivos, sin que ello implique reconocimiento o aceptación, por parte del Tribunal Examinador del Concurso, de los datos consignados en el mismo.-

Art. 4º.- Las carpetas deberán ser presentadas en Mesa de Entrada de la Corte Suprema de Justicia únicamente en el horario de 13:00 a 17:00 horas.-

Art. 5º.- La realización del Concurso de Oposición para la asignación de Registros Notariales, previsto en el Art. 102 del Código de Organización Judicial y sus modificaciones, se regirá por las siguientes normas:

A) TRIBUNAL EXAMINADOR

La realización y calificación del examen escrito, y la ponderación de los méritos académicos y aptitudes profesionales del postulante, estará a cargo de un Tribunal Examinador que se integrará de la siguiente manera:

a) 2 Ministros de la Corte Suprema de Justicia, designados por el pleno de dicho órgano.
b) 1 Catedrático Universitario Escalafonado, con el máximo rango y/o Jefe (Titular) de Cátedra.
c) El Presidente y el Vicepresidente del Colegio de Escribanos del Paraguay. Los mismos tendrán potestad de delegar dicha función a dos Escribanos Titulares de Registro Notarial, con Título de Doctor en el área de Derecho Notarial y/o Registral.


B) EXAMEN ESCRITO

Dentro de los 10 días del vencimiento del plazo para la presentación de las carpetas, tendrá lugar el examen escrito de selección múltiple con la cantidad de ítems fijados por el Tribunal Examinador del Concurso. Cada respuesta correcta equivaldrá a un punto.

Los temas del examen escrito versarán sobre contenidos inherentes a la función notarial y registral, legislados en los Códigos Civil, Procesal Civil, de Organización Judicial, Penal, de la Niñez y Adolescencia, además de Acordadas de la Corte Suprema de Justicia que reglamentan el ejercicio de la función notarial y registral. Además de ello, podrán ser materia de examen las demás leyes que integran el ordenamiento vigente de la República, sean o no modificatorias o integratorias de los Códigos arriba indicados, en cuanto guardan relación con aspectos notariales o registrales.-

C) MÉRITOS ACADÉMICOS Y APTITUDES PROFESIONALES

Los postulantes no podrán presentar documentos que acrediten méritos académicos y aptitudes profesionales distintos a los indicados en esta Acordada. Solamente los méritos expresamente indicados en la presente reglamentación serán considerados a los efectos del Concurso de Oposición.
Los postulantes acompañarán la documentación que acredite los méritos académicos y aptitudes profesionales enunciados a continuación, que tendrán el siguiente puntaje:

C.1) Experiencia Profesional:

- Titular de Registro con 2 años o más. Adicional de 1 punto por cada año hasta un máximo total de diez puntos. 

- Funcionario del Poder Judicial, que cumpla o haya cumplido funciones a la fecha del concurso como Secretario/Actuario de Juzgado o Tribunal, Consultor, Asesor Técnico Registral, Jefe de Departamento, Jefe de División, Jefe de Sección de la Dirección General de los Registros Públicos. En todos los casos, con más de 2 años de antigüedad como mínimo, con adicional de 1 punto por cada año hasta un máximo total de diez puntos. Esta circunstancia se acreditará únicamente con una constancia de la Dirección de Personal del Poder Judicial.

- Funcionario de Escribanía: Con un año de antigüedad como mínimo, con adicional de 1 punto por cada año hasta un máximo total de 5 puntos. Esta circunstancia se acreditará únicamente con la declaración jurada del Escribano contratante que indique el cargo y la antigüedad. 

2-10 Ptos.
2-10 Ptos.
1-5 Ptos.

C.2) Títulos Universitarios:

- Abogado egresado con antigüedad de:
a) 10 años o más
b) 5 años o más
c) menos de 5 años

- Egresado de las siguientes carreras universitarias
1- Ciencias Políticas
2- Filosofía
3- Historia
4- Letras
5- Administración de Empresas
6- Contabilidad
7- Sociología

Con antigüedad de:
a) 10 años o más.
b) 5 años o más
c) 2 años o más.

10 Ptos.
5 Ptos.
2 Ptos.

8 Ptos.
4 Ptos.
1 Pto.

C.3) Cursos de Actualización, Seminarios, Talleres y similares en materias Jurídicas, Notariales o Registrales, con un mínimo de 40 horas cátedras, organizados por universidades nacionales o extranjeras, o bajo su patrocinio o auspicio:

Un punto por cada certificado hasta alcanzar un máximo total de cinco puntos. También deberá acompañarse la indicación de los programas y la distribución horaria que acrediten los contenidos desarrollados en las horas cátedras de referencia.

No se considerarán, a los efectos de la obtención de puntos de esta sección, los certificados correspondientes a cursos preparatorios para concursos de oposición para Notarios.-

1-5 Ptos.

C.4) Cursos de Mediación, con un mínimo de 100 horas cátedras, organizados por universidades nacionales o extranjeras, o bajo su patrocinio o auspicio:
Un punto por certificado hasta alcanzar un máximo total de tres puntos. También deberá acompañarse la indicación de los programas y la distribución horaria que acrediten los contenidos desarrollados en las horas cátedras de referencia.-

1-3 Ptos.

C.5) Ejercicio de la Docencia Universitaria en disciplinas Jurídicas, Notariales o Registrales:

a) Ejercicio de la docencia por 10 años o más;
b) Ejercicio de la docencia por 5 años o más;
c) Ejercicio de la docencia por menos de 5 años.
La circunstancia en cuestión se acreditará únicamente con el Certificado expedido por el Decano de cada Facultad o con la Resolución de nombramiento del Rectorado y/o Consejo Directivo. No se podrá acumular puntajes por ejercicio de la docencia en más de una cátedra, teniéndose en cuenta, para la asignación del puntaje en su caso, la de mayor antigüedad.

10 Ptos.
5 Ptos.
2 Ptos. 

C.6) Publicaciones Jurídicas:

- Artículos en Revistas Jurídicas, Notariales o Registrales:
Un punto por cada artículo en calidad de autor o coautor hasta alcanzar un máximo de tres puntos.
Los artículos deberán tener una cita bibliográfica mínima de 15 obras distintas y enmarcarse en Revistas de publicación periódica en el ámbito forense, nacionales o extranjeras.-

- Libros en Materia Jurídica, Notarial o Registral:

Tres puntos por cada libro publicado en calidad de autor o coautor, hasta alcanzar un máximo de nueve puntos.

La publicación deberá tener un mínimo de 150 páginas, cada una de tamaño mínimo de 15 x 21 cm o superior. El requisito relativo al tamaño de las páginas queda dispensado en caso de publicación en editoriales reconocidas en el ámbito forense, nacionales o extranjeras.
Además, la publicación deberá contener una cita bibliográfica mínima de 50 obras distintas.-

1-3 Ptos.
3-9 Ptos.

C.7) Presentación de Trabajos de Investigación Científica con Ponencias o similares en Congresos Jurídicos, Notariales o Registrales en la República o en el Extranjero.

Un punto por cada certificado hasta alcanzar un máximo de cinco puntos. La presentación de los trabajos se acreditará únicamente con certificados debidamente expedidos por las autoridades del Congreso, en los que conste la presentación del mismo.
A los efectos del presente inciso no se considera la defensa de monografías, tesis o memorias como parte curricular integrante de cursos de especialización, maestrías o doctorados.
Las publicaciones comprendidas en este inciso no serán consideradas en el punto C.6).-

1-5 Ptos.

C.8) Títulos y Grados Académicos obtenidos en relación con disciplinas Jurídicas, Notariales o Registrales, expedidas por una Universidad Nacional o por una extranjera con reconocimiento, homologación o convalidación de conformidad con el marco legal que regula la materia: 

a) Título de Doctor
b) Título de Magister o Máster
c) Título de Especialista o Diplomado

Títulos y Grados Académicos obtenidos en las Carreras Universitarias citadas en el numeral C.2), segunda parte, expedidas por una Universidad Nacional o por una extranjera con reconocimiento, homologación o convalidación, conforme al marco legal que regula la materia:

a) Título de Doctor
b) Título de Magíster o Máster
c) Título de Especialista o Diplomado
Los puntos previstos en este inciso no son acumulables en el caso de que se presenten dos o más títulos. Si los títulos presentados correspondiesen a diferentes puntajes solo se considerará el de mayor valor. Los títulos y grados académicos expedidos por Universidades extranjeras serán tenidos en cuenta conforme al marco legal que regula la materia.-

10 Ptos.
5 Ptos.
2 Ptos.

8 Ptos.
4 Ptos.
1 Pto.

D) SISTEMA DE EVALUACIÓN:

D.1) Primera Graduatoria:

El sistema de evaluación del Concurso de Oposición, a los afectos del otorgamiento de los Registros Notariales vacantes, estará compuesto de una primera etapa, correspondiente al examen escrito y, en caso de ser necesario, de una segunda etapa, correspondiente a la ponderación de los méritos académicos y aptitudes profesionales. 

Los postulantes que hayan obtenido un puntaje mínimo equivalente al 70% del máximo posible en el examen escrito, tendrán derecho a elegir los Registros vacantes, en orden sucesivo decreciente, hasta completar las vacancias. En caso de que ningún postulante obtenga el puntaje mínimo requerido en el examen escrito, el Concurso de Oposición se declarará desierto. 

La ponderación de méritos académicos y aptitudes profesionales se realizará, únicamente, en caso de empate entre postulantes que hayan obtenido el puntaje mínimo requerido en el examen escrito, y a los fines de establecer el orden de elección de los Registros vacantes, siempre considerando la cantidad de Registros vacantes. Esta ponderación se realizará entre los postulantes que hayan obtenido idéntico puntaje, en cada caso. 

El resultado del examen escrito se dará a conocer en la misma fecha del Concurso de Oposición y podrá ser objeto exclusivamente de Aclaratoria, a ser interpuesta dentro de los tres días siguientes de la publicación de los resultados por parte del Tribunal Examinador. Dicho Tribunal resolverá los recursos dentro del plazo de tres días, con decisión irrecurrible.

El resultado de la ponderación de los méritos académicos y aptitudes profesionales que deba realizarse en caso de empate, se dará a conocer dentro de los diez días de finalizado el examen escrito, e incluirá el detalle de cada ítem ponderado. Los interesados podrán interponer únicamente Recurso de Aclaratoria dentro del plazo de tres días contados desde la publicación, que serán resueltos por el Tribunal Examinador en un plazo máximo de tres días. La Resolución será irrecurrible.

En caso de persistir la paridad luego de la ponderación de los méritos académicos y aptitudes profesionales, se procederá a desempatar, a los fines de establecer el orden de elección de los Registros vacantes, mediante sorteo en presencia de los postulantes que hayan obtenido idéntico puntaje. Este acto se llevará a cabo, de ser pertinente y necesario, al momento de la elección de registros vacantes.

Los puntajes definitivos se darán a conocer luego de que se hayan resuelto todos los recursos interpuestos, o luego de los tres días de publicados los resultados del examen escrito y de la ponderación de méritos académicos y aptitudes profesionales en su caso, si no se hubieran interpuesto recursos.-

D.2) Segunda Graduatoria:

La segunda graduatoria se realizará siempre que subsistan Registros vacantes, luego de realizada la primera graduatoria. Esta segunda graduatoria, que se realizará entre los postulantes que hayan obtenido un puntaje inferior al mínimo requerido en el examen escrito, será independiente de la primera y estará subordinada a la existencia de vacancias registrales. 

Será aplicable a la segunda graduatoria, el mismo sistema de evaluación y desempate establecido para la primera graduatoria. 

E) ELECCIÓN DEL REGISTRO VACANTE

Los postulantes con mejores puntajes, en orden sucesivo decreciente, tendrán derecho a elegir el Registro vacante de cualquier localidad, hasta llenar las vacancias concursadas.

La elección del Registro vacante por parte del postulante será definitiva.

El postulante podrá optar por no elegir ninguno de los Registros vacantes, caso en el cual la facultad pasa al postulante con el siguiente mejor puntaje en orden sucesivo decreciente.

La distribución de los registros se hará en un acto protocolar único que deberá realizarse dentro de los diez días de la publicación de los puntajes definitivos, y es indispensable la presencia en dicho acto del postulante, quien deberá identificarse con su cédula de identidad paraguaya. No se aceptarán intermediarios ni representantes en el proceso de distribución.-

Art. 6º.- Los titulares de Registros Notariales y funcionarios públicos que se presenten a un Concurso de Oposición, y hayan obtenido el usufructo de un Registro Notarial vacante, deberán ineludiblemente renunciar a la titularidad del Registro Notarial anterior o al cargo desempeñado, antes del juramento o promesa para la toma de posesión del nuevo cargo conseguido. Dicha renuncia deberá acreditarse mediante testimonio fehaciente del instrumento que la contenga, y cuando correspondiere, el Notario asignado deberá instar la producción del acto administrativo de aceptación o vacancia de dicha renuncia en el plazo perentorio e improrrogable de 30 días a contar desde el juramento; caso contrario, la asignación decaerá y la Corte Suprema de Justicia procederá a convocar al postulante con el siguiente mejor puntaje en orden sucesivo decreciente, a los efectos de la asignación del usufructo del Registro respectivo.-

En caso de que los postulantes desempeñen funciones o empleos en el ámbito privado, deberán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 115 del Código de Organización Judicial, por medios idóneos, con anterioridad al juramento de posesión del cargo.-

Art. 7º.- El Superintendente General de Justicia, personalmente o mediante funcionarios idóneos comisionados, deberá inspeccionar las nuevas oficinas notariales y verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I) Domicilio de la oficina notarial: El Titular de Registro debe fijar el domicilio de su oficina notarial en la sede para la cual fue asignado el respectivo Registro. Cualquier cambio que se produzca, dentro de la misma sede, debe ser comunicado a la Corte Suprema de Justicia.

II) Sello y Carátula: Es obligatorio el uso del sello o cliché para todos los Notarios Públicos. El modelo de sello y carátula de los documentos notariales debe ser registrado en la Corte Suprema de Justicia y enunciar claramente:

a) Nombre y apellido del Notario Público;
b) Número de Registro y Asiento Notarial;
c) Domicilio de la oficina notarial;
d) Número de teléfono línea baja y celular, fax, correo electrónico.

Los sellos no podrán exceder el tamaño de 7 x 3 cm., ni ser menores de 3 x 1 cm. No deben contener ningún otro texto adicional.

Art. 8º.- La Corte Suprema de Justicia no asignará ningún Registro Notarial ni admitirá recibir el juramento, o la promesa, previstos en el Art. 103 del Código de Organización Judicial y sus modificaciones, antes del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y esta Acordada.-

Art. 9º.- Los miembros del Tribunal Examinador integrado al efecto para cada Concurso de Oposición, pueden sugerir a la Corte Suprema de Justicia pautas y consideraciones que así lo consideren pertinentes con respecto al procedimiento, forma de llamado, sistema de evaluación e interpretación del esquema de puntuación, para futuras pruebas.-

Art. 10º.- El Concurso de Oposición se realizará una vez al año, siempre que se alcance un mínimo de 10 vacancias. De no producirse tal cantidad de vacancias en el período de un año, el concurso se realizará apenas la misma sea alcanzada.-

Art. 11º.- Modificar la Acordada Nº 785/2012 de la Corte Suprema de Justicia.-
Art. 12º.- Anotar, registrar, notificar.-

Ante mí:


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