24 de diciembre de 2015

Acordada Nº 982 del 11 de agosto del 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los once días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, y, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Por Resolución N° 250 del 25 de octubre de 2005 la Corte Suprema de Justicia estableció la obligatoriedad del uso de uniformes para todos los funcionarios judiciales y administrativos del Poder Judicial, adoptándose el color azul marino.

Por Memorándum M.D.G.RR.HH. N° 442/2015, la Lic. María Rosa Szarán, Directora General interina de Recursos Humanos, solicitó la autorización para ser utilizado además el color negro como uniforme alternativo, a los efectos de evitar conflictos en los controles de los mismos.

En ese sentido, esta máxima instancia judicial encuentra pertinente disponer la obligatoriedad del uso de uniforme para todos los funcionarios judiciales y administrativos del Poder Judicial de toda la República, autorizándose que los mismos pueden ser azul marino o negro.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- DISPONER la obligatoriedad del uso de uniforme para todos los funcionarios judiciales y administrativos del Poder Judicial de toda la República, autorizándose que los mismos pueden ser:

Para Damas:
Pollera o pantalón azul marino o negro con camisa blanca.
Traje azul marino o negro con camisa blanca.

Para Caballeros:
Pantalón azul marino o negro con camisa blanca y corbata.
Traje azul marino o negro con camisa blanca y corbata.

Art. 2º.- ANOTAR, registrar y notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 981 del 11 de Agosto de 2015.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SELECCIÓN POR CONCURSO PÚBLICO PARA EL INGRESO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LOS CARGOS VACANTES DE CONSEJEROS/AS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – CAJ DEL PODER JUDICIAL

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los once días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, el artículo 259 de la Constitución Nacional, establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la de ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y dictar su propio reglamento interno.

Que, la Ley N° 609/05, por su parte, que organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone entre otros deberes y atribuciones: “b) Dictar su propio reglamento interno, las acordadas y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia; n) Designar a los funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Que, a los efectos de fortalecer la democratización y la participación integral de todos los departamentos involucrados en la institución y en el afán de impulsar la transparencia de la gestión Presupuestaria, Financiera, Contable y Patrimonial y la satisfacción de las múltiples demandas de la Corte, debe sentarse la postura de la indelegabilidad de las funciones referentes a la administración de Recursos Humanos, no así las funciones meramente Administrativas, que sí pueden ser delegadas a efectos de una mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función y el servicio público que atañe a la institución. 

Que, por la Acordada N° 751/12 se resuelve modificar y aprobar el organigrama de la Corte Suprema de Justicia el cual establece integralmente las reparticiones administrativas y jurisdiccionales de la institución. Por tanto, en búsqueda constante de la optimización de su gestión, corresponde hacer efectiva la delegación la Administración Presupuestaria, Financiera, Contable y Patrimonial de la Institución en un Consejo de Administración Judicial, el cual se constituirá en la máxima autoridad, a los efectos establecidos en todas las normativas que regulan el funcionamiento Presupuestario, Financiero, Contable y Patrimonial de las instituciones del Estado, que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía del Poder Judicial.

Que, el Plan Estratégico 2011-2015 del Poder Judicial en su objetivo N° 3 establece: “Implementar una gestión de personas eficaz que contribuya con magistrados y funcionarios/as idóneos, eficientes, honestos y comprometidos institucionalmente”.

Que, cabe resaltar que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, prestó asistencia técnica para la elaboración del Reglamento de Selección por Concurso Público para el ingreso a la Corte Suprema de Justicia en los cargos vacantes de Consejeros del Consejo de Administración Judicial – CAJ.

Que, considerando lo resuelto en la Acordada N° 865/13, así como en las Acordadas N° 953/15 y 948/15 y con la manifiesta decisión de adoptar los más altos estándares técnicos que permitirán a la Corte Suprema de Justicia implementar un proceso transparente y fundado en el mérito, que resulte en la selección de los mejores postulantes para conformar el Consejo de Administración Judicial – CAJ se entiende oportuno aprobar el siguiente Reglamento.

Que, la Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para dictar todos los actos que sean necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 3°, inc b) de la Ley N° 609/95.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,


LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:


Art. 1°.- APROBAR el Reglamento de Selección por Concurso Público para el ingreso a la Corte Suprema de Justicia en los cargos vacantes de Consejeros del Consejo de Administración Judicial – CAJ, de conformidad al anexo que forma parte de la presente acordada.

Art. 2.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mi:



ANEXO


Capítulo I


Objeto, ámbito de aplicación y principios rectores.


1. OBJETO

Establecer el Reglamento de Selección para el ingreso al Poder Judicial mediante Concurso Público para los cargos de:

1. CONSEJERO/A EN ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL.
2. CONSEJERO/A DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL.
3. CONSEJERO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER JUDICIAL
4. CONSEJERO/A DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL PODER JUDICIAL.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente reglamento de Selección para el ingreso al Poder Judicial mediante el Concurso Público, regirá únicamente para la selección, ingreso y nombramiento como funcionario/a permanente del Poder Judicial en los cargos de:

1. CONSEJERO/A EN ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL.
2. CONSEJERO/A DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL.
3. CONSEJERO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER JUDICIAL.
4. CONSEJERO/A DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DEL PODER JUDICIAL.

3. PRINCIPIOS RECTORES

Igualdad: de todos los ciudadanos y ciudadanas para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. Los requisitos legales para el ingreso a la función pública y las exigencias profesionales, académicas y/o conductuales establecidas en los perfiles de los cargos a ser cubiertos, por el principio de idoneidad, no podrán ser considerados discriminatorios.
Publicidad: la más amplia posible de la convocatoria, reglamentación y del proceso en sí de selección.

Idoneidad: formación, experiencia y capacidades como criterios orientadores para el acceso a la función pública.

Transparencia, objetividad e imparcialidad: en la gestión de todo el proceso de Selección y en la actuación de quienes participan directamente o indirectamente en el mismo.
Legalidad: adecuación de los actos administrativos que establecen las reglas y procedimientos de selección a la Constitución Nacional y demás normativas aplicables.

Capitulo II
Tipo de Concurso y Modalidad de Selección


4. TIPO DE CONCURSO

El concurso será público, por lo cual podrán postular a los cargos vacantes todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones.
Este concurso se basa en una serie de procedimientos técnicos de evaluación, con un sistema de ponderación y valoración que permite cuantificar los resultados y comparar los de diferentes personas para seleccionar a los más idóneos, mediante la conformación previa de nóminas por parte del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y del Ministro miembro del Consejo de administración.

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN

El pleno de la Corte Suprema de Justicia elegirá al Consejero/a, de una lista compuesta por los tres mejores puntajes por cargo, que será elevada por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y el Ministro miembro del Consejo de Administración, de acuerdo al resultado de la matriz de evaluación descripta posteriormente.

6. EL PROCESO DEL SELECCIÓN

La Dirección General de Recursos Humanos será la responsable de resolver todas las cuestiones relativas a la tramitación del proceso de selección, desde su conformación hasta la presentación de las nóminas seleccionadas al pleno de la Corte.
La aplicación de la matriz de evaluación será realizada por un Comité, compuesto por un representante de la Dirección General de Recursos Humanos, un representante de la Dirección de Auditoría Interna y un representante de la Dirección de Planificación y Desarrollo. La matriz con los puntajes de cada postulante será elevada por este Comité al Consejo de Superintendencia de Justicia y al Ministro miembro del Consejo de Administración.
La Dirección General de Recursos Humanos a través de su oficina de Evaluación cumplirá las labores de equipo de apoyo operativo en el proceso de selección.

7. ATRIBUCIONES DEL EQUIPO OPERATIVO
a) Apoyar, operativamente en el proceso de selección y en particular en las evaluaciones.
b) Prestar asistencia técnica acorde con lo establecido en este Reglamento.

8. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

Además de los rasgos específicos en el perfil, el/la candidata/a deberá cumplir con las exigencias de las leyes y Reglamentos establecidos para ingresar a la administración pública como ser:
a) Poseer Nacionalidad paraguaya
b) No hallarse imputado/a por delitos de acción penal pública en causas penales en proceso.
c) No registrar antecedentes de mal desempeño en la función pública.

9. INHABILIDADES PARA LA POSTULACIÓN

Están inhabilitados para la postulación:
a) Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad mientras dure la condena.
b) Los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
c) Los funcionarios que hayan sido sancionados por la comisión de falta grave según el régimen disciplinario al que estaban sometidos.
d) Los funcionarios que se hayan acogido al régimen jubilatorio o de retiro voluntario de la Administración Central.

10. PERFIL DE LOS CARGOS
10.1 Consejero/a en Asesoría Jurídica en materia Administrativa del Poder Judicial.

Responsable de otorgar los fundamentos legales a las opiniones que emite el Consejo de Administración; a la interpretación de los aspectos jurídicos involucrados en los procesos o actos que son sometidos a la acción de la instancia y a la actuación de los propios consejeros.
a) Formación académica
1. Título de grado en la carrera de Derecho. Excluyente.
2. Preferentemente estudios de postgrado en Derecho Administrativo. No excluyente.
3. Deseable participación en cursos, talleres o seminarios en materia de Derecho Administrativo y de 40 (cuarenta) horas académicas mínimas de duración cada uno.
b) Conocimientos
Conocimientos comprobados de las normas y procedimientos del sistema administrativo financiero del Estado.
c) Experiencia Profesional
1) General: mínimo de 10 (diez) años
2) Específica: más de cinco años de desempeño en la dirección/gerencia coordinación o equivalente en áreas Jurídicas de entidades públicas. No excluyente.
d) Competencias
1) Colaborativo
2) Capacidad organizativa y de síntesis
3) Manejo de las relaciones humanas, empatía
4) Equilibrio emocional, manejo de conflictos
5) Capacidad de comunicación
6) Responsabilidad
e) Requisito de conducta
Poseer irreprochable trayectoria de conducta ética, tanto en sus actuaciones a nivel público como privado, de tal forma que su integridad sea incuestionable especialmente al momento de tomar una decisión o emitir opinión.

10.2 Consejero/a de Planificación y Desarrollo del Poder Judicial.

Responsable de impulsar lo relativo a las actividades destinadas a elevar la calidad del proceso de planificación institucional, así como al desarrollo de políticas de administración racional de programas, planes y proyectos institucionales e interpretación de los resultados sobre la gestión anual ante sus pares.
a) Formación Académica
1) Título de grado en Administración, Economía o Ciencias Jurídicas. Excluyentes
2) Estudios de postgrado en Planificación o Gestión Pública. No excluyente.
3) Deseable participación en cursos, talleres o seminarios en materia de Planificación o Desarrollo Organizacional y de 40 (cuarenta) horas académicas mínimas de duración cada uno.
b) Conocimientos
Conocimientos comprobados en planificación estratégica y metodológica de gestión de resultados, como conocimiento de la normativa administrativa financiera y presupuestal del ámbito público.
c) Experiencia Profesional
1. General: mínimo de 10 (diez) años.
2. Específica: Más de 5 (cinco) años de desempeño en la dirección/gerencia/coordinación o equivalente en áreas de planificación institucional, desarrollo institucional o de ejecución de Programas del sector público. No excluyente.
d) Competencias
1. Liderazgo participativo
2. Proactividad
3. Capacidad de conducción
4. Poder de persuasión
5. Manejo de las relaciones humanas, empatía
6. Capacidad organizativa
7. Equilibrio emocional, manejo de conflictos
8. Responsabilidad
e) Requisitos de conducta.
Poseer irreprochable trayectoria de conducta ética tanto en sus actuaciones a nivel público como privado, de tal modo que su integridad sea incuestionable especialmente al momento de tomar una decisión o emitir opinión.

10.3 Consejero/a de Administración y Finanzas del Poder Judicial

Responsable de velar por la adecuada administración de los recursos financieros, aprobados en el Presupuesto General de la Institución, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

a) Formación académica
1. Título de grado en Administración, Economía o Contabilidad Excluyente.
2. Preferentemente con estudios de postgrado en Administración y/o Finanzas}. No excluyente.
3. Deseable participación en cursos, talleres o seminarios en materia de Administración y/o Finanzas Públicas y de 40 (cuarenta) horas académicas mínimas de duración.
b) Conocimientos
Conocimientos comprobados en administración pública y gestión por resultados, normativa de administración financiera y presupuestal del estado.
c) Experiencia Profesional
1. General: mínimo de 10 (diez) años
2. Específica: Mas de 5 (cinco) años de desempeño en la dirección/gerencia/coordinación o equivalente de áreas administrativas y/o financieras del sector público. No excluyente.
d) Competencias
1. Liderazgo participativo
2. Proactividad
3. Habilidad negociadora
4. Manejo de las relaciones humanas, empatía
5. Capacidad organizativa
6. Equilibrio emocional, manejo de conflictos
7. Independencia de criterio
8. Responsabilidad
e) Requisitos de Conducta
Poseer irreprochable trayectoria de conducta ética tanto en sus actuaciones a nivel público como privado, de tal modo que su integridad sea incuestionable especialmente al momento de tomar una decisión o emitir su opinión.

10.4 Consejero/a de Auditoría y Control de la Gestión Administrativa.

Responsable de velar por la adecuada aplicación de los procesos administrativos con relación al manejo de los recursos financieros, aprobados en el Presupuesto General de la Institución, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
a) Formación académica
1. Título de grado en Administración, Economía o Contabilidad. Excluyente.
2. Preferentemente estudios de postgrado en Auditoría o Gestión Pública. No excluyente.
3. Deseable participación en cursos, talleres o seminarios en materia de Auditoría o Gestión Pública y de 40 (cuarenta) horas académicas mínimas de duración cada uno.
b) Conocimientos
Conocimientos comprobados en administración financiera pública, auditoría pública y control de gestión administrativa.
c) Experiencia profesional
1. General: mínimo de 10 (diez) años
2. Específica: más de 5 (cinco) años de desempeño en la dirección/gerencia/coordinación o equivalente en áreas de auditoría en el sector público. No excluyente.
d) Competencias
1. Liderazgo participativo.
2. Proactividad.
3. Habilidad Negociadora.
4. Manejo de las relaciones humanas, empatía.
5. Capacidad organizativa.
6. Equilibrio emocional, manejo de conflictos.
7. Independencia de criterio.
8. Responsabilidad.
e) Requisitos de conducta
Poseer irreprochable trayectoria ética en sus actuaciones a nivel público como privado, de tal modo que su integridad sea incuestionable especialmente al momento de tomar una decisión o emitir una opinión.

11. EVALUACIONES

Las evaluaciones serán de cinco tipos:
a) Documental: se verifica el cumplimiento o no de los requerimientos excluyentes.
b) Curricular: consiste en el análisis curricular para evaluar el grado académico, participación en cursos/talleres/ seminarios y la experiencia tanto general como específica.
c) De Conocimientos: evaluación del nivel del conocimiento técnico que hace al cargo será realizado por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y el Ministro miembro del Consejo de Administración.
d) Psicotécnicas: evaluación del nivel de desarrollo de las competencias (actitudes, aptitudes y rasgos de personalidad) necesarias para el ejercicio del cargo.
e) Entrevista: evaluación integral del perfil del/la postulante basado en un instrumento técnico que permita una valoración cuantitativa ante el Consejo de Superintendencia de Justicia y el Ministro miembro del Consejo de Administración.

12. MATRIZ DE EVALUACIÓN

Para la puntuación de las distintas evaluaciones del proceso, será aplicada la matriz que se detalla a continuación:
Verificación documental:

Factor Cumple No cumple
1. Nacionalidad paraguaya.
2. Antecedentes policiales y judiciales.
3. No registrar antecedentes de mal desempeño en la función pública (declaración jurada).
4. No estar acogido al régimen jubilatorio o de retiro voluntario (declaración jurada) en la Administración Central.
5. Título de grado.
6. Experiencia profesional general de 10 años como mínimo.

Evaluación de factores

Descripción de factores Puntaje máximo Puntaje máximo

EN RELACIÓN DIRECTA AL CARGO Puntaje acumulado postulante

1. Grado Académico 14
1.1 Doctorado 14
1.2 Maestría 10
1.3 Especialización o Diplomado 7
2. Participación en cursos, talleres y Seminarios (a partir de 40 horas académicas de duración, cada curso) 6
2.1 Más de 10 6
2.2 De 6 a 10 4
2.3 De 1 a 5 2
3. Tiempo de Experiencia Profesional General 15
3.1 Experiencia en cargo de dirección/gerencia/coordinación o equivalente según perfil, mayor a 5 (cinco) años. Los años en el ejercicio de un cargo del nivel descripto podrán ser sumados para la consideración de la escala. Hasta 15 (quince) puntos. De 5 a 7 años 4
De 8 a 10 años 7
De 10 a 12 años 9
De 12 a 15 años 12
De 15 años y más 15
4. Tiempo de Experiencia Profesional Específica en la Administración Pública 15
4.1 Experiencia en cargo de dirección/gerencia/coordinación o equivalente de áreas del sector público según perfil, mayor a 5 (cinco) años. Los años en el ejercicio de un cargo del nivel descripto podrán ser sumados para la consideración de la escala. Hasta 15 (quince) puntos. De 5 a 7 años 4
De 8 a 10 años 7
De 10 a 12 años 9
De 12 a 15 años 12
De 15 años y más 15
5. Evaluación de conocimientos preparada por el Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de administración. 25
6. Evaluación Psicotécnica 5
7. Entrevista 20
Puntaje Total: 100

a) En cuanto a los cursos, talleres y seminarios se evalúan y valoran aquellos de 40 (cuarenta) horas académicas de duración como mínimo.
b) La experiencia profesional general se cuenta desde la obtención del título de grado.
c) La experiencia profesional específica se cuenta por cargo sin sobrepasar los 15 puntos máximos asignados a este criterio de selección.
d) El examen de conocimientos será preparada por el Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de administración con apoyo del Comité mencionado en el punto 6.

13. RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE LAS EVALUACIONES Y CRITERIOS DE DESEMPATE.

a) El postulante deberá obtener por lo menos el 60% (sesenta por ciento) del puntaje total establecido para cada una de las etapas de la evaluación, como condición para avanzar a la subsiguiente y no ser descalificado. 
b) Al concluir todas las etapas de la evaluación el postulante deberá obtener, para no ser descalificado, por lo menos el 60% (sesenta por ciento) del puntaje total establecido en la matriz.
c) En caso de igualdad de puntajes, en la instancia de conformación de las nóminas por cargo, se considerarán los siguientes criterios de desempate.
1. Mayor experiencia Profesional Específica.
2. Mayor experiencia Profesional General.
3. Mayor Grado Académico.
4. Condición de funcionario/a de la institución (entiéndase funcionario/a de la C.S.J.)
Si persiste la igualdad de puntajes de postulantes para la conformación de las nóminas por cargos, se elegirá al postulante por votación y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia dispondrá de doble voto para resolver en caso de nuevo empate.

Capitulo III
Procedimiento de Selección


14. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria será realizada mediante:

a) Publicación en 2 (dos) diarios de gran circulación del País, por 3 (tres) días consecutivos.
b) La página Web de la Corte Suprema de Justicia, por 3 (tres) días consecutivos.
La publicación debe incluir: El perfil y la remuneración del cargo, los beneficios adicionales (como responsabilidad en el cargo, gastos de representación y otros beneficios conforme a la reglamentación vigente y disponibilidad de presupuesto), la fecha límite y lugar de recepción de los documentos de los/las postulantes, el tipo de concurso, la modalidad de selección y demás informaciones que se estime pertinentes.

15. RECEPCIÓN DE POSTULANTES

Las carpetas de postulación deberán ser recibidas hasta 20 (días) días hábiles posteriores al de la primera publicación de la convocatoria en un diario de gran circulación.
Los/las postulantes deberán presentar su carpeta con los siguientes documentos:
• Nota dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la consideración de su postulación para el cargo abierto a concurso.
• Currículo actualizado con:
• Copia de Cédula de identidad policial.
• Certificados originales de antecedentes policiales y judiciales.
• Declaración jurada de no tener antecedentes de mal desempeño en la función pública.
• Declaración jurada de no ser jubilado, ni haber hecho uso de la opción de retiro voluntario.
• Copias de Títulos académicos.
• Copias de certificados de cursos realizados con la duración en horas.
• Copias de certificados de trabajo, decreto del Poder Ejecutivo o resolución de la máxima autoridad que acrediten su experiencia.
• Constancia original de gozar de buena salud expedida por un clínico, certificada por la Dirección de Registros de Control de Profesiones del M.S.P.yB.S.
Las copias deberán estar, en todos los casos, autenticadas por Escribanía.
Las carpetas deberán ser entregadas en la Oficina Técnica de Evaluación de la Dirección General de Recursos Humanos (9no. Piso-Torre Sur) del Palacio de Justicia/Asunción.

La Dirección de Recursos Humanos deberá arbitrar las medidas técnicas y administrativas para precautelar la identidad de los/las postulantes, y garantizar la objetividad e imparcialidad en el proceso y evaluación. 

16. EVALUACIÓN DOCUMENTAL

La evaluación documental se hará inmediatamente después de culminado el plazo establecido para la recepción de las postulaciones y deberá culminar en el plazo de (5) cinco días hábiles.

El Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de Administración, consignará en el acta de reunión la cantidad de carpetas recibidas para cada cargo con las fojas correspondientes y los resultados de la evaluación documental a cargo del Comité.

Los resultados de la misma serán incluidos en la matriz de evaluación de cada cargo y por postulante.
Asimismo emitirá un listado por cargos detallando admitidos y no admitidos, en este último caso con el comentario de la razón de no admisión.

17. PUBLICACIÓN LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

La lista de admitidos y no admitidos por cargo, resultante de la evaluación documental será publicada en la página web del Poder Judicial, e informada a todo/as los/las postulantes vía correo electrónico por la Oficina Técnica de Evaluación-Dirección General de Recursos Humanos.

18. EVALUACIÓN CURRICULAR

La evaluación curricular se hará inmediatamente después de la publicación de la lista de admitidos y no admitidos y deberá culminar en el plazo de (5) cinco días hábiles.

El Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de Administración consignará en el acta de reunión los resultados de la evaluación curricular con la cooperación del Comité, además de incluirlos en la matriz de evaluación de cada cargo y por postulante.

Asimismo emitirá un listado por cargos detallando quienes pasan a la siguiente etapa de la evaluación y quiénes no, en este último caso con el comentario de la razón.

19. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR.

La lista por cargo, resultante de la evaluación curricular será publicada en la página web del Poder Judicial, e informada a todos/as los/las postulantes vía correo electrónico por la Oficina Técnica de Evaluación-Dirección General de Recursos Humanos.


20. EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS Y PSICOTECNICAS

Los y las postulantes que siguen en concurso serán informados por la Oficina Técnica de Evaluación-Dirección-General de Recursos Humanos vía telefónica y mail acerca del lugar, día y hora en que se realizarán las evaluaciones de conocimiento y psicotécnicas.

El Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de Administración, con apoyo del Comité, consignarán en el acta de reunión los resultados de las evaluaciones de conocimiento y psicotécnica, además de incluirlos en la matriz de evaluación de cada cargo y por postulante.
Asimismo, emitirá un listado por cargos detallando los/las 5 (cinco) postulantes por orden de mérito que pasan a la siguiente etapa de la evaluación y quiénes no, en este último caso con el comentario de la razón.

Esta etapa deberá culminar en diez días hábiles inmediatamente posteriores a la publicación de resultados de la evaluación curricular.

21. PUBLICACIÓN DE LISTA PARA ENTREVISTA

La lista por cargo, resultante de la evaluación de conocimiento y psicotécnica, con los/las 5 (cinco) postulantes que pasan a la etapa de entrevista será publicada en la página web del Poder Judicial, e informada a todos/as los/las postulantes vía correo electrónico por la Oficina Técnica de Evaluación-Dirección General de Recursos Humanos.

Los y las postulantes que siguen en concurso serán informados por la Oficina Técnica de Evaluación-Dirección General de Recursos Humanos vía telefónica y mail acerca del lugar, día y hora en que se realizarán las entrevistas que deberán finalizar dentro del plazo de diez días hábiles.

22. ENTREVISTAS 

El Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de Administración consignarán en el acta de reunión los resultados de la entrevista, además de incluirlos en la matriz de evaluación de cada cargo y por postulante.

Asimismo, emitirá un listado por cargos detallando los/las 3 (tres) postulantes por orden de mérito que conformará las nóminas de candidatos a ser presentada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para la elección final del Consejero/a.

23. PUBLICACIÓN DE LAS NÓMINAS DE CANDIDATOS

Las nóminas de candidatos por cargo resultante de la evaluación de méritos serán publicadas en la página web del Poder Judicial, e informadas a todos/as los/las postulantes que llegaron a la instancia de entrevista, vía correo electrónico por la Oficina Técnica de Evaluación-Dirección General de Recursos Humanos.

24. DECISIÓN EN PLENO

El Consejo de Superintendencia y el Ministro Miembro del Consejo de Administración elevarán al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 3 (tres) días hábiles después de definir las nóminas por cargo, un informe con los antecedentes del proceso y la matriz de evaluación final firmada por los miembros. Salvo que exista alguna denuncia contra los resultados del proceso, en cuyo caso deberá primero sustanciarse esta para elevar el informe.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia elegirá por simple mayoría, de entre cada nómina, al Consejero/a para ocupar el cargo concursado, con independencia del orden de mérito que haya resultado del concurso, de conformidad al artículo 4to., de la Acordada Nro. 464/07.

25. ADJUDICACIÓN DEL CARGO

La decisión del Pleno será notificada por la Secretaría General de la CSJ a la Dirección General de Recursos Humanos. 

La Dirección General de Recursos Humanos comunicará por vía telefónica y por escrito al/la seleccionado/a que ha resultado ganador/a del concurso. 

Los datos: nombres, apellidos y Número de CI de la persona seleccionada, y cargo para el cual fue seleccionado/a serán publicados en la página web del Poder Judicial, e informados a todos/as los/las postulantes que integraron las nóminas, vía correo electrónico por la Oficina Técnica de Evaluación-Dirección General de Recursos Humanos. 

El/la seleccionado/a tendrá 3 (tres) días hábiles de plazo, contados desde la comunicación de la selección para aceptar o desistir de la misma. Si la selección fuere rechazada por el/la candidata/a, se comunicará a la Secretaría General para que se proceda a incluir nuevamente en el orden del día, la selección de otro candidato/a de la nómina para el cargo afectado.
Transcurrido dicho plazo, se procederá al nombramiento del seleccionado en el cargo concursado. 

26. NOMBRAMIENTO

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia conforme a la decisión del Pleno impulsará la redacción del Decreto correspondiente.
Una vez dictado el Decreto de nombramiento por la Corte Suprema de Justicia, se seguirán los procedimientos vigentes para la incorporación del/la designado/a al cargo correspondiente.

Capítulo IV
Disposiciones generales


27. CONCURSO DESIERTO

El Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de Administración podrán declarar desierto el concurso para un cargo, cuando se tuviere un/a solo/a postulante o ninguno/a, o si las listas intermedias o final de seleccionados/as no tuvieran la cantidad de postulantes necesarios para conformar al menos una dupla.

28. TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS

El Consejo de Superintendencia podrá tercerizar la ejecución de las evaluaciones de conocimientos y psicotécnica. En cuyo caso, deberá garantizar que quien preste el servicio arbitre todas las medidas administrativas, técnicas y de seguridad para resguardar el contenido de las evaluaciones psicotécnicas y exámenes de conocimiento. 

29. EXCLUSIÓN DE POSTULANTES

En cualquier momento del proceso de selección el Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de Administración podrán resolver la exclusión del concurso de un/una postulante, cuando se constate intento de fraude o de influir sobre el sentido de la decisión a través de cualquier método. Esta decisión, y la relación de hechos deberán constar en Acta.

30. OBLIGACIÓN DE LOS POSTULANTES

Los/as postulantes admitidos al concurso para alguno de los cargos están obligados:
a) Conocer el presente reglamento de selección.
b) Conocer el perfil y la matriz de evaluación del cargo para el cual están postulando.
c) Suministrar información curricular veraz y la documentación requerida como evidencia de lo declarado.
d) Presentarse en tiempo y forma para las evaluaciones establecidas en el proceso de concurso. La ausencia será causal de exclusión automática del proceso.
e) Denunciar cualquier irregularidad ante el Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de Administración conforme al presente Reglamento.

31. DENUNCIAS CONTRA LOS RESULTADOS DEL CONCURSO

El/la postulante que considere que durante el proceso de concurso, existió alguna irregularidad que afecta al resultado final del concurso, podrá denunciar la misma por escrito ante el Consejo de Superintendencia y el Ministro miembro del Consejo de Administración dentro de los 2 (dos) días hábiles posteriores a la publicación de las nóminas por cargo. El Consejo de Superintendencia de Justicia y el Ministro miembro del Consejo de Administración, deberán responder la denuncia por escrito en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles. Se aplicará el criterio de la respuesta ficta denegatoria. 

El/la postulante que haya ingresado a las nóminas pero no fuere seleccionado tendrá derecho a impugnar el acto administrativo en la instancia correspondiente. 

32. RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN Y ACTUACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La Dirección General de Recursos Humanos del Poder Judicial deberá resguardar por 2 (dos) años las Actas y las respectivas matrices de evaluación firmadas, como fuente de consulta para los que pudieren tener interés.

Los/las postulantes que no hayan sido seleccionados/as podrán retirar sus carpetas contra constancia de entrega de la Dirección General de Recursos Humanos.  


Acordada Nº 980 del 07 de agosto de 2015.

Por la que se establece que plazos procesales de la Ciudad de San Lorenzo que vecen el día 10 de agosto de 2015, fenezcan el 11 de agosto de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los siete días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, por Nota N° 218 de fecha 4 de agosto de 2015, los Miembros del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central solicitaron a la Corte Suprema de Justicia se declaré asueto judicial para la ciudad de San Lorenzo, el día lunes 10 de agosto del año, por la conmemoración de las festividades en honor al Santo Patrono de la comunidad de San Lorenzo Mártir y la recordación del 240º Aniversario fundacional de la Ciudad.

Por ello, es necesario que los plazos procesales que vencen el 10 de agosto de 2015, fenezcan el 11 de agosto del año en curso, en la ciudad de San Lorenzo

Por tanto, 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1°.- ESTABLECER que los plazos procesales de la ciudad de San Lorenzo, que vencen el 10 de agosto de 2015, fenezcan el 11 de agosto de 2015.

Art. 2°.- ANOTAR, registrar, notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 979 del 04 de agosto del 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, las acciones de inconstitucionalidad, una vez presentadas ante la Secretaría Judicial I de la Corte Suprema de Justicia, deben ser puestas a consideración por parte del Secretario Judicial, encargado de la misma, a los Ministros integrantes de la Sala Constitucional, a los efectos de disponer su admisibilidad o no.

El Art. 12 de la Ley N° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia” dispone “Rechazo in limine”. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria”.

Esta Corte ha venido dando cumplimiento a la citada norma para el rechazo “in limine” de las acciones de inconstitucionalidad, siendo necesaria la implementación del mismo mecanismo para dar trámite a las acciones de inconstitucionalidad, con la suscripción de los Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada caso en particular.

El Art. 3 de la Ley N° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia” establece como deberes y atribuciones de la misma, inc. b) “dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia”.

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 inc. a) de la Ley N° 879/81 “Código de Organización Judicial”,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1°.- Las acciones de inconstitucionalidad, una vez presentadas ante la Secretaría Judicial I de la Corte Suprema de Justicia, deben ser puestas a consideración por parte del Secretario Judicial, encargado de la misma, a los Ministros integrantes de la Sala Constitucional, a los efectos de disponer su admisibilidad o no, en el plazo máximo de veinte (20) días.

Art. 2°.- Disponer que, tanto el trámite como el rechazo “in limine”, de las acciones de inconstitucionalidad, serán suscriptas por los Ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada caso en particular.

Art. 3.- Disponer que la presente Acordada entrará en vigencia a partir del 12 de agosto de 2015.

Art. 4°.- Anotar, registrar y notificar.


Ante mí:


19 de diciembre de 2015

ACORDADA Nº 978 del 04 del mes de agosto del año 2015

Por la cual se establece que los plazos procesales de la ciudad de Quiindy, que vencen el 10 de agosto de 2015, fenezcan el 11 de agosto de 2015
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, por Nota N.P. Nº 92/2015 remitida por el Magistrado Javier Dejesús Esquivel, Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, comunicó que el próximo 10 de agosto del corriente año en la ciudad de Quiindy, se celebra el día del Santo Patrono San Lorenzo Mártir y aniversario fundacional de la ciudad, por lo que solicita la suspensión de los plazos procesales para la ciudad de Quiindy.

Por ello, es necesario establecer que los plazos procesales de la ciudad de Quiindy que vencen el día 10 de agosto de 2015, fenezcan el día 11 de agosto del año en curso.

Por tanto,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- ESTABLECER que los plazos procesales de la ciudad de Quiindy que vencen el 10 de agosto de 2015, fenezcan el 11 de agosto del año en curso.

Art. 2º.- ANOTAR, registrar y notificar.



Ante mí:

Acordada Nº 977 del 04 de agosto del 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que en el marco del Plan Estratégico de la Institución correspondiente al periodo 2011-2015 se estableció como objetivo “ ...fortalecer y modernizar la gestión jurisdiccional que coadyuve a una mayor justicia, honestidad, previsibilidad y cobertura nacional, y asegure el acceso a la misma”; correspondiendo a las líneas de acción del objetivo: “ …fortalecer el proceso de informatización de la gestión judicial que permita un control integral del accionar institucional e implementar sistemas de gestión electrónica judicial a nivel nacional”.

En tal sentido por Acordada N° 841 de fecha tres de septiembre de 2013 se ha autorizado la implementación de aplicación informática de Mesa de Entrada en Línea en los Juzgados Civiles, Laboral y de la Niñez de la capital, esquema posteriormente autorizado para el ingreso de expedientes a la Jurisdicción Penal, mecanismo que a la fecha se encuentra replicado en los Tribunales de Ciudad del Este y Encarnación, implementación que ha arrojado resultados muy satisfactorios en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.

Conscientes de la necesidad de avanzar en la implementación de sistemas informáticos modernos de gestión en procura de servir mejor al usuario del sistema de justicia, garantizar transparencia y acceso a la misma; en tales consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23, inciso b) de la Ley 609/95 “Que Organiza la Corte Suprema de Justicia”, son deberes y atribuciones del Consejo de Superintendencia “organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial”.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

A C U E R D A:


Art. 1°.- Establecer la implementación de la herramienta informática de “Mesa de Entrada en Línea”, como mecanismo de ingreso de expedientes judiciales a los Juzgados de la Justicia Letrada.

Art. 2°.- Disponer que una vez implementado el Sistema de Mesa de Entrada en Línea en la Justicia Letrada, en caso de recusación, inhibición o impedimentos de los Jueces, se aplicará las reglas de sustitución dispuestas en el Art. 200 del Código de Organización Judicial, siguiendo el turno del juzgado.

Art. 3°.- Establecer que hasta tanto se implemente el trámite electrónico de los expedientes, la fecha de recepción efectiva del expediente judicial será consignada por la secretaría sorteada al momento de la presentación física de la documentación del escrito de inicio, fecha que conjuntamente con la numeración del expediente será obtenida a partir del Sistema de Gestión del Despacho.

Art. 4°.- Disponer como fecha de implementación de este nuevo mecanismo de ingresos de expedientes judiciales a la Justicia Letrada el 24 de agosto del presente año.-

Art. 5º.- Dejar sin efecto toda reglamentación anterior en contrario a lo dispuesto en la presente.

Art. 6°.- Anotar, registrar y notificar.


Ante mí.-


ACORDADA Nº 976 del 21 de julio de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiun días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, por Decreto Nº 1705 del 26 de agosto de 2014, la Corte Suprema de Justicia designó a la Abogada María de la Cruz Rodríguez Ortiz, en carácter de Juez de Primera Instancia en lo Laboral para la Circunscripción Judicial de Central.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables y en consideración a ello, entiende pertinente habilitar el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral para la ciudad de Luque, que pasará a constituirse en el Segundo Turno de ese fuero y jurisdicción.

En esta tesitura, la Corte Suprema de Justicia considera conveniente, además, determinar un sistema unificado y equitativo de distribución, evitando el sistema de turnos intercalados de cada quince días que actualmente rige para algunos Juzgados y del que resulta en la práctica una distribución desigual de expedientes.

En consecuencia, corresponde establecer como sistema de distribución de expedientes, el cupo de 200 (doscientos) expedientes, 100 (cien) por Secretaría, en caso de que el Juzgado tenga dos Secretarías, como cupo de cada Turno para los Juzgados de Primera Instancia en lo Laboral de la ciudad de Luque. Esta disposición entrará en vigencia a partir del 17 de agosto de 2015.

Al respecto, esta máxima instancia judicial considera oportuno, disponer además que la Magistrada María de la Cruz Rodríguez Ortiz, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Segundo Turno de Luque, hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.



LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:


Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, creado para la Circunscripción Judicial de Central, en la ciudad de Luque, que pasará a constituirse en el Segundo Turno en lo Laboral.

Art. 2º.- ESTABLECER el cupo de 200 (doscientos) expedientes, 100 (cien) expedientes por Secretaría, en caso de que el Juzgado tenga dos Secretarías, como cupo de cada Turno para los Juzgados de Primera Instancia en lo Laboral de Luque. Esta disposición entrará en vigencia a partir 17 de agosto de 2015.

Art. 3º.- DISPONER que la Magistrada María de la Cruz Rodríguez Ortiz, Jueza de Primera Instancia en lo Laboral de la Circunscripción Judicial de Central, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Segundo Turno de Luque, hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 4º.- ANOTAR, registrar y notificar.


Ante mí:



ACORDADA Nº 975 del 21 de julio del 2015.

Por la cual se establece que los plazos procesales de la ciudad de Salto del Guairá, que vencen el 30 de julio de 2015, fenezcan  el 31 de julio de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiún días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que por Nota N.P. Nº 051/2015 remitida por el Magistrado Carlos Antonio Domínguez Rolón, Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, adjuntó la Nota J.M. N° 231/2015 del Abg. Eduardo Paniagua, Intendente Municipal de Salto del Guairá, por la que puso a conocimiento la vigencia de la Ordenanza N° 142/04 y por ende las Ordenanzas Nos. 251/11 y 257/11 “Por la cual se declara Asueto en el Distrito de Saltos del Guairá los días 30 de julio y 29 de setiembre de cada año” en conmemoración por la Independencia Distrital de la Ciudad de Salto del Guairá y las festividades de San Miguel Arcángel, Santo Patrono de dicha Ciudad.

Por ello, es necesario establecer que los plazos procesales de la ciudad de Salto del Guairá que vencen el día 30 de julio de 2015, fenezcan el día 31 de julio del año en curso.

Por tanto,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- ESTABLECER que los plazos procesales de la ciudad de Salto del Guairá que vencen el 30 de julio de 2015, fenezcan el 31 de julio del año en curso.

Art. 2º.- ANOTAR, registrar y notificar.


Ante mí:

ACORDADA Nº 974 del 07 de julio de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los siete días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Vice Presidente Primero Luis María Benítez Riera y los Excmos. Señores Ministros, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que, por Ley Nº 5228/2014 “Que Modifica y Amplia la Programación de Ingresos, Gastos y Anexo Del Personal y se autoriza la Transferencia de Créditos del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobado por Ley Nº 5142 de fecha 6 de Enero de 2014- Corte Suprema De Justicia”, se contempló la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral para Yby Yaú, Circunscripción Judicial de Concepción.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables y en consideración a ello, entiende pertinente habilitar el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral para Yby Yaú, Circunscripción Judicial de Concepción.

Al respecto, esta máxima instancia judicial considera oportuno, disponer además que el Magistrado Gustavo Ramón Chilavert, Juez Penal de Garantías de Horqueta, interine la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Yby Yaú, con perjuicio de sus funciones naturales y hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica una modificación en el nomenclador presupuestario.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral creado para Yby Yaú, Circunscripción Judicial de Concepción, conforme a la Ley.

Art. 2º.- DISPONER que el Magistrado Gustavo Ramón Chilavert, Juez Penal de Garantías de Horqueta, interine la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Yby Yaú, con perjuicio de sus funciones naturales y hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia, lo que no implica una modificación en el nomenclador presupuestario.

Art. 3º.- ANOTAR, registrar y notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 973 del 30 de junio de 2015.

POR LA CUAL SE DISPONE EL ORDEN DE TURNOS DE LOS MAGISTRADOS PENALES DE LA ADOLESCENCIA, EN LA OFICINA DE ATENCIÓN PERMANENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL CON SEDE EN SAN LORENZO



En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los treinta días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que, la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables.

Al respecto, a efectos de alcanzar lo descripto precedentemente, corresponde establecer que los Magistrados Penales de la Adolescencia que integran la Circunscripción Judicial de Central, atenderán –fuera del horario normal de atención al público- en la Oficina de Atención Permanente de San Lorenzo, con los siguientes Magistrados: Sonia Elizabeth Sánchez Laspina, Jueza Penal de la Adolescencia de San Lorenzo, Mario Camilo Torres Leguizamón, Juez Penal de la Adolescencia de Lambaré, María Nunila González de Ronzewski, Jueza Penal de la Adolescencia de J.A. Saldívar y Miguel Ángel Bernardes Soljancic, Juez Penal de la Adolescencia de Capiatá, en turnos de 7 (siete) días cada uno.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- Disponer que los Magistrados Penales de la Adolescencia que integran la Circunscripción Judicial de Central, atenderán –fuera del horario normal de atención al público- en la Oficina de Atención Permanente de San Lorenzo, con los siguientes Magistrados: Sonia Elizabeth Sánchez Laspina, Jueza Penal de la Adolescencia de San Lorenzo, Mario Camilo Torres Leguizamón, Juez Penal de la Adolescencia de Lambaré, María Nunila González de Ronzewski, Jueza Penal de la Adolescencia de J.A. Saldívar y Miguel Ángel Bernardes Soljancic, Juez Penal de la Adolescencia de Capiatá.

Art. 2º.- Establecer que los Magistrados Penales de la Adolescencia entrarán de turno cada 7 (siete) días.

Art. 3º.- Disponer la implementación de la presente Acordada a partir del 01 de julio del presente año.

Art. 4º.- Anotar, registra y notificar.


Ante mí:


ACORDADA N° 972 del 16 de junio de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERON:

Que por el Art. 3° de la Acordada N° 822 del 11 de junio de 2013 se resolvió “…Art. 3º.- ESTABLECER que, en lo sucesivo, las inscripciones de peritos judiciales, traductores públicos e intérpretes ante la Corte Suprema de Justicia, en forma posterior al periodo establecido en el artículo 2° de la presente Acordada, será llevada a cabo –únicamente- en el mes de febrero de cada año…”.

La Corte Suprema de Justicia en el marco de sus objetivos institucionales considera conveniente modificar el Art. 3° de la Acordada N° 822/2013, disponiendo que la inscripción de Peritos Judiciales, Traductores e Intérpretes Públicos, podrá llevarse a cabo durante todo el año.

Que, el artículo 3° de la Ley N° 609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 259, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional, regula como deberes y atribuciones de la misma, dictar su propio reglamento interno, las Acordadas y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la Administración de Justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones, 


LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:


Art. 1°.- Modificar el Art. 3° de la Acordada N° 822/2013 del 11 de junio de 2013, disponiendo que la inscripción de Peritos Judiciales, Traductores e Intérpretes Públicos ante la Corte Suprema de Justicia, podrá llevarse a cabo durante todo el año.

Art. 2°.- Anotar, registrar, notificar.


Ante mí:


ACORDADA N° 970 del 16 de junio de 2015.

Por la cual se establece que los plazos procesales de la Circunscripción Judicial de Misiones, que vencen el día 24 de junio de 2015, fenezcan el día 25 de junio de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERON:

Que, por Nota N.C.A. 060/2015 presentada por el Presidente interino del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, Magistrado José Magno Vargas Goitia, puso a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la Resolución Nº 321/2015 de la Municipalidad de San Juan Bautista de las Misiones, por la cual se declaró asueto distrital el 24 de junio del corriente con motivo de los festejos realizados en conmemoración al Santo Patrono San Juan Bautista. En ese sentido solicitó la suspensión de los plazos procesales de la Circunscripción a su cargo, del día 24 de junio de 2015.
Por tanto, 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1°.- ESTABLECER que los plazos procesales de la Circunscripción Judicial de Misiones, que vencen el día 24 de junio de 2015, fenezcan el día 25 de junio de 2015.

Art. 2°.- ANOTAR, registrar, notificar.


Ante mí:


Acordada Nº 968 del 19 de mayo del 2015.

Por la que se establece que los plazos procesales de la Ciudad de Santa Rita.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que por Nota N.P. Nº 178/2015, el Magistrado Oscar Dionicio Alfonzo Sosa, Presidente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, remitió la Ordenanza Municipal Nº 05/2014 de la Municipalidad de Santa Rita.

Por la mencionada Ordenanza se declaró Asueto Distrital el día 22 de mayo de cada año, en conmemoración del día de la Santa Patrona “Santa Rita de Cassia”.

En ese sentido, es necesario establecer que los plazos procesales de la Ciudad de Santa Rita que vencen el 22 de mayo de 2015 fenezcan el 25 de mayo del año en curso.

Por tanto,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

A C U E R D A:

Art. 1º.- Establecer que los plazos procesales de la Ciudad de Santa Rita que vencen el día 22 de mayo de 2015, fenezcan el día 25 de mayo del año en curso.

Art. 2º.- Anotar, registrar, notificar.






Ante mí:

Acordada Nº 967 del 19 de mayo de 2015.

POR LA CUAL SE AMPLIA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN PERMANENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL CON SEDE EN SAN LORENZO.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;
D I J E R O N:

Que por Acordada Nº 639 del 2 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia implementó el funcionamiento de la Oficina de Atención Permanente de San Lorenzo.

Al respecto, considerando su objetivo y las ciudades que integran la Circunscripción Judicial de Central, corresponde ampliar el Art. 2º de la Acordada Nº 639/2010 y establecer que los Magistrados de Garantías que integran dicha Circunscripción Judicial atenderán en la Oficina de Atención Permanente de San Lorenzo, en el siguiente orden: San Lorenzo, Lambaré, Luque, J.A. Saldívar, Capiatá, Fernando de la Mora y Limpio y en turnos de 5 (cinco) cada uno.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23, inciso b) de la Ley 609/95 “Que Organiza la Corte Suprema de Justicia”, son deberes y atribuciones del Consejo de Superintendencia “organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial”

Por tanto, en uso de sus atribuciones, 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- Ampliar el Art. 2º de la Acordada Nº 639 del 2 de agosto de 2010 y disponer que la Oficina de Atención Permanente con sede en San Lorenzo, sea atendida por los Jueces de Garantías que integran la Circunscripción Judicial de Central, en el siguiente orden: San Lorenzo, Lambaré, Luque, J.A. Saldívar, Capiatá, Fernando de la Mora y Limpio.

Art. 2º.- Establecer que los Jueces de Garantías entrarán de turno cada 5 (cinco) días.

Art. 3º.- Disponer la implementación de la presente Acordada a partir del 01 de junio del presente año.

Art. 4º.- Anotar, registra y notificar.


Ante mí:




16 de diciembre de 2015

Acordada Nº 966 del 12 de mayo de 2015.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los doce días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, por Acordada Nº 915 del 07 de octubre de 2014 se habilitó el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral creado para la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, en la ciudad de Hernandarias, que pasó a constituirse en el Segundo Turno en lo Civil y Comercial y en cuanto al fuero Laboral, el único Turno en funciones, a cargo del Magistrado Aníbal David Duarte Céspedes, con vigencia a partir del 3 de noviembre de 2014.

Por Acordada Nº 932 del 9 de diciembre de 2014 se habilitó el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia creado para la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, en la ciudad de Hernandarias, a cargo de la Magistrada Cinthia Ramona Galeano Espínola.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia. En ese sentido, es necesario disponer que los expedientes de la jurisdicción Civil y Comercial obrantes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, a cargo del Magistrado Roberto Lider Macoritto Caje, antes de la entrada en vigencia de la Acordada Nº 915/2014, deberán ser distribuidos con el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno y único Turno en lo Laboral, a cargo del Magistrado Aníbal David Duarte Céspedes, de forma pública y equitativa en presencia de los Magistrados y de los Actuarios Judiciales, en el día y hora establecido, excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

Asimismo, considera oportuno disponer que los expedientes de la jurisdicción Laboral obrantes en el Juzgado a cargo del Magistrado Roberto Lider Macoritto, pasen al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno y único Turno en lo Laboral a cargo del Magistrado Aníbal David Duarte Céspedes, excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentran en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

Igualmente, los expedientes de la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia obrantes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno a cargo del Magistrado Roberto Líder Macoritto Caje, pasen al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, a cargo de la Magistrada Cinthia Ramona Galeano Espínola, excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”

Que el artículo 3° de la Ley N° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia” establece en su inc. b) como deberes y atribuciones de la misma, “dictar su propio reglamento interno, las acordadas y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia”.
Por tanto,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- DISPONER que los expedientes obrantes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, a cargo del Magistrado Roberto Lider Macoritto Caje, antes de la entrada en vigencia de la Acordada Nº 915/2014, deberán ser distribuidos con el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno y único Turno en lo Laboral, a cargo del Magistrado Aníbal David Duarte Céspedes, de forma pública y equitativa en presencia de los Magistrados y de los Actuarios Judiciales, en el día y hora establecido, excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

Art. 2º.- DISPONER los expedientes de la jurisdicción Laboral obrantes en el Juzgado en lo Civil y Comercial del Primer Turno, a cargo del Magistrado Roberto Lider Macoritto, pasen al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno y único Turno en lo Laboral a cargo del Magistrado Aníbal David Duarte Céspedes, excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

Art. 3º.- DISPONER que los expedientes de la jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia obrantes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno a cargo del Magistrado Roberto líder Macoritto Caje, pasen al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, a cargo de la Magistrada Cinthia Ramona Galeano Espínola, excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

Art. 4º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:


Acordada Nº 965 del 28 de abril de 2015.

POR LA CUAL SE ESTABLECEN PAUTAS ORIENTADORAS PARA LA INTERNACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE URGENCIA, EN INSTITUCIONES DE SALUD, COMO MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCIÓN.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERON:

Que, la Constitución Nacional en su artículo 4º garantiza la protección del derecho a la vida; y en otros artículos dispone: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente” (Art. 54).“El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad...” (Art. 68). “Se promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado” (Art. 69).

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la cual es signatario nuestro país, en su artículo 24 obliga a los Estados Partes a reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Ningún niño puede ser privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios, debiendo adoptarse las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez; como igualmente asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud.

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 13 establece: “el niño o adolescente tiene derecho a la atención de su salud física y mental, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de condiciones a los servicios y acciones de promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Si fuese niño o adolescente perteneciente a un grupo étnico o a una comunidad indígena, serán respetados los usos y las costumbres médico-sanitarios vigentes en su comunidad, toda vez que no constituyan peligro para la vida e integridad física y mental de éstos o de terceros. En las situaciones de urgencia, los médicos están obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no puede ser negada o eludida por ninguna razón.”. Igualmente, los artículos 161, inciso l y 175, inciso f), otorgan competencia al Juzgado de la Niñez y Adolescencia para entender en las medidas cautelares a los efectos de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos del/a niño/a o adolescente, por una parte y, por otra, lo facultan a disponer todas las demás medidas de protección establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia que considere necesarias en interés superior o para la seguridad del/a niño/a o adolescente.

Las 100 Reglas de Brasilia, ratificadas por la acordada N° 633/10, tienen como preocupación central el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables, entre las que se encuentran los/as niños/as o adolescentes.

Con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y las 100 Reglas de Brasilia, es necesario establecer pautas orientadoras para la internación de niños, niñas y adolescentes en situación de urgencia, en instituciones de salud, como medida cautelar de protección, teniendo como norte los principios transversales que rigen en el fuero de la Niñez y Adolescencia, previstos en el art. 167 de la Ley 1680/01, tales como la oficiosidad, gratuidad, concentración e inmediación con el fin de salvaguardar la vida de niños, niñas y adolescentes.

La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, inc. a) de la ley 879/81 y el art. 3º, inc. b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”; y en ese sentido, en ejercicio de sus atribuciones,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1º.- Establecer las siguientes pautas orientadoras para la internación de niños, niñas y adolescentes en situación de urgencia en instituciones de salud, como medida cautelar de protección.

Art. 2º.- Recibida la comunicación –por cualquier medio– de que un/a niño/a o adolescente requiera ser internado/a en instituciones de salud, y verificada la situación de no disponibilidad de la unidad de prestación del servicio público por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se sugiere al Juzgado:

a) Ordene inmediatamente, en carácter de medida cautelar de protección, la internación del niño/a o adolescente, en una institución de salud, debidamente individualizada, mencionando el diagnóstico médico;

b) Otorgue intervención inmediata al Defensor/a del Niño/a de turno, quien actuará conforme con las funciones y atribuciones previstas en los arts. 163 y 164 del Código de la Niñez y la Adolescencia;

c) Comunicar la medida cautelar dispuesta al Ministerio de Salud Pública a los efectos previstos en la ley 2319/2006, que establece las funciones y competencias de la Superintendencia de Salud;

d) Hacer saber la medida cautelar dispuesta a la institución de salud designada, a los efectos de su cumplimiento y para que la misma informe al Juzgado sobre el tratamiento, evolución y posterior alta y traslado del/a paciente.

Art. 3º.- Las pautas que preceden, podrán ser extendidas a la atención de otras complejidades médicas de urgencia para proteger la vida del niño/a o adolescente.

Art. 4°.- Esta acordada será revisada periódicamente para introducir las modificaciones necesarias que la experiencia aconseje, atendiendo al interés superior del/a niño/a y adolescente.

Art. 5º.- Anotar, registrar, notificar.


Ante mí:


ACORDADA Nº 964 del 28 de abril del 2015.

Por la que se establece plazos procesales en la Ciudad de Caaguazú.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que por Nota el Intendente Municipal de la Ciudad de Caaguazú, Don Alejo Ríos Medina comunicó a esta máxima instancia judicial que por Ordenanza N° 41/2008 del 16 de abril de 2008 de la Municipalidad de Caaguazú se declaró Asueto Distrital, el día 8 de mayo de cada año con motivo de la conmemoración de la fecha fundacional de la Ciudad de Caaguazú y solicitó que los Juzgados de esa ciudad se adhieran a la medida tomada por la Municipalidad, en homenaje a dicho acontecimiento.

Por ello, es necesario que los plazos procesales que vencen el día 8 de mayo de 2015, fenezcan el día 11 de mayo del año en curso en la Ciudad de Caaguazú.

Por tanto,
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1°.- ESTABLECER que los plazos procesales de la Ciudad de Caaguazú, que vencen el día 8 de mayo de 2015 fenezcan el día 11 de mayo del año en curso.

Art. 2°.- ANOTAR, registrar, notificar.


Ante mí:



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