28 de junio de 2015

Acordada Nº 337 del 24 de noviembre del año 2004, Que ordena a los Jueces y Tribunales de la República adicionar el importe del Impuesto al Valor Agregado - IVA - al dictar las Resoluciones de Honorarios Profesionales devengados por los trabajos de Abogados, Procuradores, Peritos y demás Auxiliares de Justicia de conformidad con las respectivas Leyes de Aranceles.

ACORDADA NÚMERO Trescientos treinta y siete


del 24 de noviembre del año 2004.

Que ordena a los Jueces y Tribunales de la República adicionar el importe del Impuesto al Valor Agregado - IVA - al dictar las Resoluciones de Honorarios Profesionales devengados por los trabajos de Abogados, Procuradores, Peritos y demás Auxiliares de Justicia de conformidad con las respectivas Leyes de Aranceles.(*)


En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días, del mes de noviembre del año dos mil cuatro, siendo las 12:00 horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, el Señor Presidente Dr. Víctor Manuel Núñez y los Señores Ministros Doctores José Victoriano Altamirano, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Antonio Fretes, César Antonio Garay, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Wildo Rienzi Galeano y José Raúl Torres Kirmser, Ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON

Que la Ley N° 125/91 "Que establece el nuevo Régimen Tributario" en su Art. 77, inc. b), legisla la imposición del Impuesto al Valor Agregado - IVA - a la prestación de servicios excluidos los de carácter personal que se presten en relación de dependencia y en el Artículo 78, numeral 2, define el servicio como toda prestación a título oneroso o gratuito que, sin configurar enajenación, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho, tales como:... f) El ejercicio de profesiones, artes u oficios.-

Que de conformidad al Presupuesto fáctico legislado en la norma mencionada, los honorarios regulados a los Señores Profesionales Abogados y demás Auxiliares de la Justicia en los Incidentes procesales de regulación de honorarios en las Causas y Juicios en la que intervienen ante los Órganos Jurisdiccionales, configuran base imponible para la liquidación del IVA, considerando que los mismos son la resultante de la aplicación de los Aranceles legales vigentes, prevista como base imponible dispuesta en el párrafo 5°, del Artículo 82, de la mencionada Ley Tributaria que al respecto dispone:... "Para aquellos servicios en que se aplican aranceles, se considerarán a estos como el precio mínimo a los efectos del impuesto".

Que en el Capítulo VIII "Deberes de los Funcionarios", Artículo 195, de la Ley Nº 125/91, "Información y Control de Entes Públicos", se dispone: "Los funcionarios de los organismos y entidades públicas están obligados a proporcionar a la Administración Tributaria toda la información que le sea solicitada para la fiscalización y control de los tributos..."

Por tanto, en uso de sus potestades Constitucionales y Legales, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:


ACORDADA NÚMERO Trescientos treinta y siete

ART. 1°.- Los Jueces y Tribunales de la República deberán necesariamente adicionar el importe del Impuesto al Valor Agregado - IVA - al dictar las Resoluciones de Honorarios Profesionales devengados por los trabajos de Abogados, Procuradores, Peritos y demás Auxiliares de Justicia de conformidad con las respectivas Leyes de Aranceles. El importe del IVA deberá calcularse y ser aplicado de acuerdo con las Tasas de la legislación tributaria vigente.

ART. 2- Para el liberamiento de Cheques Judiciales contra Depósitos Judiciales en concepto de Honorarios Profesionales de los Señores Abogados, Procuradores, Peritos y demás Auxiliares de la Justicia, el interesado acreditará previa y fehacientemente su inscripción en el Registro Único de Contribuyente - RUC - y/o Constancia de no ser Contribuyente, ante la Contaduría General de los Tribunales en la Capital y ante el Juzgado o Tribunal otorgante de la Orden Pago en las Circunscripciones Judiciales del Interior de la República.-

ART. 3°.- La Dirección de Estadísticas del Poder Judicial deberá remitir entre los días 1 al 10 de cada mes, un ejemplar de todas y cada una de las Resoluciones dictadas en las condiciones dispuestas en el Artículo 1° de la presente Acordada a la Sub-Secretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento del Artículo 195, de la Ley N° 125/91.

ART. 4°.- El incumplimiento de la presente Acordada motivará la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 879/81 "Código de Organización Judicial y la Ley 609/95 "Que Organiza la Corte Suprema de Justicia" y demás disposiciones legales en vigencia, todos ello sin perjuicio de las Acciones Penales, cuando existiere comisión de delitos, a más de las Administrativas, Civiles, Comerciales, etc.-

ART. 5°.- Anotar, registrar y notifícar.




Ante mí:

*observación: el titulo de esta acordada fue agregada por nuestra web, no siendo el mismo integrante del texto original del mismo, la hemos escrito a modo de facilitar la lectura de dicha acordada.

17 de junio de 2015

ACORDADA Nº 951, del 24 de febrero del 2015. Por el cual se modifica el artículo 5º de la Acordada Nº 656 del 09 de noviembre de 2010.-

ACORDADA Nº 951

del 24 de febrero del 2015.

Por el cual se modifica el artículo 5º de la Acordada Nº 656 del 09 de noviembre de 2010.-(*)


En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay y Luis María Benítez Riera, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:
Que, el Artículo 200 del Código de Organización Judicial dispone: “En los casos de ausencia, impedimento, recusación o inhibición de los Jueces y funcionarios judiciales éstos serán sustituidos en primer término por los de igual jerarquía y de la misma competencia, o en su defecto, de otras…”.

Que, sucesivas leyes han creado nuevas competencias en razón de la materia, por lo cual corresponde articular el orden de sustitución para ellas, conforme al mencionado Código.

Que, el Artículo 421 del Código Procesal Civil establece respecto de la forma de integrar el Tribunal, que cuando no pudiese lograrse la integración con miembros del Tribunal respectivo, ésta se hará con los miembros del Tribunal de Apelación de Menores, en lo Laboral, o en lo Criminal, en ese orden y que si aún así no se obtuviere la integración, se nombrará a jueces de primera instancia del mismo fuero, o de los fueros mencionados, por orden de turno, y, en su caso, por abogados, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Organización Judicial.

Que, por analogía, éste orden puede utilizarse también para la integración de los Jueces de Primera Instancia, en caso de impedimentos, recusaciones, excusaciones o ausencias de ellos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23, inciso b) de la Ley 609/95 “Que Organiza la Corte Suprema de Justicia”, son deberes y atribuciones del Consejo de Superintendencia “organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial”.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,


LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1º.- Modificar el art. 5º de la Acordada No 656 del 09 de noviembre de 2010, quedando redactado como sigue: “Disponer que la sustitución de los Jueces en lo Laboral se hará en primer lugar con el Juez en lo Laboral que le siga en orden correlativo, y luego con los Jueces Penales de Garantía de turno o en su defecto el que corresponda de acuerdo al sorteo realizado por medio del sistema informático; Jueces Penales de Sentencia, Jueces Penales de la Adolescencia, Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Jueces de la Niñez y de la Adolescencia, todos ellos también por su orden.

Art. 2º.- Anotar, registrar, notificar.




Ante mí:


observación: lo indicado con asterisco es puesto por nuestra web para facilitar la lectura de la acordada no siendo texto original de dicha acordada publicada por la Corte.

Retazar liquidación de indemnización por despido injustificado y de los honorarios profesionales del abogado patrocinante de la accionante

ACUERDO Y SENTENCIA Nº16/13/02.- 

En la ciudad de Encarnación, Paraguay a diecinueve días del mes de febrero del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación, Segunda Sala, de esta Circunscripción Judicial, los Magistrados Abogados Luis Fernando Royg Benítez, Miguel Ángel Vargas Díaz y Guillermo Skanata Gamón, bajo la presidencia del primero de ellos, ante mí, la autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: S.A.P. C/ A.C. S/ COBRO DE GUARANÍES EN DIVERSOS CONCEPTOS LABORALES, con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por el M. C. en representación de S.A.P. contra la S.D. Nº 26/01/2012-02 del 2 de mayo de 2012, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Laboral, Abg. Zunilda Fleitas Villalba. 

1. Antecedentes.- 

1.1. El 18 de marzo de 2010, se presentó el Abg. M.C.O. en representación de S.A.P. y planteó demanda por cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales contra A.C., aduciendo entre otras cosas, que su mandante fue contratada por el demandado en junio de 2007 para realizar trabajos de repositora de mercaderías, cocinera de comidas para la venta en el local comercial denominado “Autoservis Centro”, y para realizar tareas domésticas como lavado y planchado, todo ello en un horario de siete a diecinueve horas, percibiendo una remuneración mensual de ochocientos mil guaraníes (G. 800 000).- 

1.2. Arguye, asimismo, que el 12 de marzo de 2010 su mandante ha sido gravemente injuriada por la patronal al ser sindicada como supuesto autora de un robo de dinero, y ante el reclamo por la referida acusación, el empleador le manifestó que estaba despedida. 

1.3. Por providencia del 18 de marzo de 2010, se tuvo por iniciada la demanda y de la misma como de los documentos acompañados se corrió traslado al demandada por el plazo de ley, quien se presentó a través de sus representantes legales el 22 de abril del mismo año en los términos del escrito que luce a fojas 40/41 de autos. 

1.4. El 8 de junio del mismo año, se tuvo por iniciado el periodo probatorio, habiéndose diligenciado las pruebas mencionadas en el informe de la actuaria de fs. 78, poniéndose estos autos a disposición de las partes para que aleguen sobré el mérito de las mismas, y siendo agregados sus respectivos escritos de alegatos en las fs. 79/80 y 81/83 de autos. 

1.5. Posteriormente, el 30 de marzo de 2011 se llamó autos para sentencia y por S.D. Nº 039/01/2010 del 2 de mayo de 2012 se resolvió admitir, con costas, la demanda planteada y condenar al demandado a abonar la suma de tres millones novecientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y dos (G. 3.967.942) y regular los honorarios profesionales del Abg. M.C.O., por los trabajos cumplidos en ambos caracteres, en la suma de setecientos catorce mil doscientos veintinueve guaraníes, más el 10% en concepto de IVA.- 

1.6. Contra esta resolución el representante de la parte actora interpuso recurso de apelación, el que fue concedido por medio del proveído dictado el 8 de mayo de 2012 (fs. 96). Los autos fueron recibidos en esta instancia el 17 de mayo de ese año.- 

2. Cuestiones. 

2.1. De acuerdo con los antecedentes el Tribunal de Apelación, resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: - 

i) ¿Es nula o está ajustada a derecho la resolución recurrida? 

ii) En su caso ¿es ella justa? 

iii) Pronunciamiento sobre costas. 

2.2. Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Abg. Luis Fernando Royg Benítez, Abg. Miguel Ángel Vargas Díaz y Abg. Guillermo Skanata Gamón. 

3. Recurso de Apelación. Agravios. 

3.1. A la primera cuestión planteada, el Miembro preopinante, Abg. Luis Fernando Royg Benítez, dijo: Que, en tal sentido, si bien es cierto este recurso no se encuentra expresamente previsto en el Código Procesal del Trabajo tal circunstancia, en virtud a lo dispuesto en el artículo 248 del mismo cuerpo legal, no es óbice a los efectos de su consideración. Sin embargo al no advertir este Tribunal que la resolución dictada contenga vicios de forma o en la estructura que ameriten la declaración de su nulidad de oficio, corresponde declararlo desierto.- 

3.2. A su turno, los conjueces, Abg. Miguel Ángel Vargas Díaz y Abg. Guillermo Skanata Gamón, dijeron: que se adhieren al voto del miembro preopinante por los mismos fundamentos.- 

4. Recurso de apelación. Agravios.- 

4.1. A la segunda cuestión planteada el miembro preopinante, dijo: La apelante fundamentó su recurso, argumentando especialmente sobre tres cuestiones: i) que la a quo no ha integrado las probanzas arrimadas a juicio, para concluir erróneamente que la actora se desempeñaba como empleadora doméstica, cuando en realidad era empleada de la actividad comercial que desarrolla el demandado; ii) la modificación de los montos establecidos en la liquidación, la cual debió practicarse en base al salario mínimo vigente; y, iii) la modificación de la suma establecida en concepto de honorarios. 

4.2. Corrido el traslado respectivo, se presentaron las abogadas Astrid Binder y Marlene Buss en representación del demandado y lo contestaron, aduciendo entre otras cosas que, de las constancias del expediente se ha demostrado claramente que S.A. ha desempeñado funciones como empleada doméstica en el domicilio del demandado, por lo que no existe duda respecto al carácter de la relación laboral aducida. Añade, asimismo, que la liquidación que fuera practicada se halla ajustada a derecho y que tampoco corresponde la modificación del monto establecido en concepto de honorarios profesionales. 

5. Análisis Jurídico.- 

5.1. Primer Agravio: la parte recurrente sostuvo que la a quo no ha integrado correctamente las probanzas arrimadas en juicio, y que la suma del contrato de trabajo –donde no se especifica que la misma es empleada doméstica- las alegaciones del demandado que refiere que le abonaba a la demandante el sueldo mínimo y la declaración de los testigos que manifestaron que S.A. preparaba alimentos para ser vendidos en el negocio, indefectiblemente conducen a concluir que la trabajadora era empleada de la actividad comercial.- 

5.2. Ahora bien, habiendo controvertido la demandada que la trabajadora se desempeñaba como empleada de su local comercial, es bien sabido que era a éste a quien le correspondía la carga de la prueba de sus afirmaciones. En este contexto, vemos que a fojas 19/20 luce el contrato del cual se puede colegir como profesión u oficio de la demandante “empleada” y como remuneración convenida, la correspondiente al salario mínimo establecido, lo cual evidencia a prima facie la labor desempeñada por S.A.P..- 

5.3. Al respecto resulta oportuno señalar, que si bien estos documentos no han sido reconocidos por la trabajadora en la etapa procesal oportuna, dicha situación en nada beneficia al demandado, pues son documentos que contienen declaraciones unilaterales del mismo y por tanto no pueden hacer prueba a su favor. 

5.4. Con relación al testimonio brindado por los testigos respecto al punto en estudio, encontramos que preguntados sobre la naturaleza de la relación laboral entre la demandante y A.C., N. R. C. (fs. 69) señaló “si, ella trabajaba en la casa de Don A.C., limpiaba la casa, cocinaba solo ahí trabajaba”, sin embargo I. B. de C. (fs. 71) si bien refirió que la demandante era “solo era empleada doméstica”, preguntada si S. A. se dedicaba a cocinar y a limpiar también en el negocio del demandado contestó: si, ella ayuda para hacer la comida para el negocio, pero no lo hace sola”. 

5.5. A todo ello cabe agregar que del escrito de contestación de la demandada que obra en la foja 39/41 se desprende que el propio demandado manifestó: 

Reconozco que S.A. Realizaba comidas tales como sopa paraguaya, empanadas, entre otros, que se vendían en el comercio, pero se realizaban dentro de la casa (vivienda familiar), por lo que recibía una remuneración superior al establecido para las empleadas domésticas según el Código Laboral, ya que además de realizar trabajos comunes de empleada doméstica (lavar, planchar, limpieza del hogar, cocinar para la familia); también realizaba las comidas arriba mencionadas…///. 

5.6. En efecto, cabe recordar lo dispuesto por el art. 150 del C.T que dispone claramente que no se aplicaran las disposiciones especiales establecidas para los trabajadores domésticos, sino las del contrato de trabajo en general, a: i) los trabajadores domésticos que presten servicios en hoteles, fondas, bares, sanatorios u otros establecimientos análogos; ii) los trabajadores domésticos que además de las labores especificadas en el art. 148 del C.T. desempeñan otras propias de la industria o el comercio a que se dedique el empleador; y, iii) los trabajadores domésticos que realizan sus servicios en forma independiente y con sus propios elementos. 

5.7. Consecuentemente, este tribunal arriba a la conclusión que en el caso de autos no resulta aplicable las disposiciones contenidas en el art. 148 del C.T., sino las del contrato de trabajo en general, puesto que todas las pruebas tiende exclusivamente a demostrar que la trabajadora si bien se desempeñaba como empleada doméstica, a su vez también realizaba labores para el negocio del empleador, pues no bastan las manifestaciones de éste aduciendo de que las mismas se realizaban “dentro de la casa”. 



5.8. Segundo Agravio: se agravia además la demandante argumentando que corresponde una modificación en los montos de la liquidación practicada, debiendo realizarse en base al salario mínimo. Solicitando asimismo, la inclusión de los rubros de diferencia salarial y salario impago. 

5.9. Con respecto a la diferencia salarial es menester referir, si bien el demandado sostuvo que la trabajadora percibía el salario mínimo y la trabajadora alegó que percibía la suma de ochocientos mil guaraníes (G. 800.000), los recibos que fueron presentados y que lucen a fojas 24/27, no pueden ser utilizados para acreditar los montos referidos por él. Ello es así, puesto de que cuando el instrumento privado es presentado por el demandado al contestar la demanda el reconocimiento debe hacerse únicamente en la forma prevista por el art. 158 del C.T., ya que no es posible emplear en ese caso el procedimiento previsto por el art. 115, que está expresamente establecido para el conocimiento de “documentos acompañados por el actor”. Ante dicha circunstancia, y no habiendo la demandante reconocido voluntariamente el documento al tener conocimiento de su presentación, correspondía al presentante solicitar al Juzgado la citación de la misma para que lo reconozca bajo apercibimiento de ser tenidos por auténticos, sino compareciere sin justa causa, o si habiendo comparecido contestare evasivamente. En efecto, no habiendo hecho nada de eso el interesado en el reconocimiento, los recibos carecen de autenticidad y no pueden ser considerados por el Juzgador..- 

5.10. Consecuentemente, corresponde admitir el rubro de diferencia salarial, como asimismo el de salario impago reclamado por la demandante, puesto la declaración inserta en la liquidación que luce a fojas 27 de estos autos, resulta irrelevante para exonerar al empleador de su obligación de probar el pago de los salarios reclamados por la trabajadora y tampoco justifican que se ha pagado el salario mínimo fijado por la ley para la naturaleza de la labor realizada. 

6. Liquidación. 

6.1. Seguidamente se procederá a realizar la liquidación final de los rubros que corresponde percibir a la demandante no sin antes formular una declaración: 1. Entendemos que la liquidación es una cuestión que hace al derecho de las partes y los errores en los cuales se pudo haber incurrido en su presentación no puede modificar normas establecidas por el Código del Trabajo, cuya aplicación se impone el principio de “iura novit curie”, pues como se ha sostenido en una sana jurisprudencia, la errónea invocación del derecho no tiene efecto sobre la materia del litigio ni sobre la solución de la sentencia; 2. La base que se toma para realizar dicha liquidación es la antigüedad de dos (2) años ocho (8) meses y el salario vigente al día en que se produjo el despido ascendía a la suma de un millón cuatrocientos ocho mil ochocientos sesenta y tres guaraníes (G. 1.408.863) y como salario diario cuarenta y seis mil novecientos sesenta y dos guaraníes (G. 46.962).- 

Diferencia Salarial G. 7.306.356 

Salario Impago G. 1.408.863 

Indemnización por falta de preaviso G. 704.430 

Indemnización por despido injustificado G. 2.113.290 

Aguinaldo año 2009 G. 1.408.863 

Aguinaldo proporcional año 2010 G. 274.052 

Vacaciones causadas G. 563.544 

SUB-TOTAL G. 13.779.398 

Indemnización compensatoria 5% G. 688.969 

Indemnización complementaria G. 1.408.863 

TOTAL G. 15.877.230 

En las condiciones apuntas corresponde modificar el artículo primero de la S.D. N°26/01/2012-02 del 2 de mayo de 2012, y en consecuencia condenar a A.C. a abonar la suma de quince millones ochocientos setenta y siete mil doscientos treinta guaraníes (G. 15.877.230) en el plazo de cinco (5) días de quedar firme esta resolución.- 

7. Costas.- 

7.1. Las costas en ambas instancias se imponen al demandado.- 

8. Honorarios Profesionales. 

8.1. Respecto a los honorarios, por la forma de resolver la apelación, corresponde retasar los honorarios del Abg. M. C. en su carácter de abogado patrocinante y procurador en la instancia anterior, en el 18% sobre el monto de la condena, lo que representa la suma de dos millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos guaraníes (G.2.857.900), más el 10% en concepto de IVA.- 

8.2. Asimismo, corresponde regular los honorarios del citado abogado por los trabajos cumplidos en esta instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley N°1376/88 en el 35% de la suma correspondiente a la primera instancia, lo que equivale a un millón doscientos sesenta y cinco guaraníes (G.1.000.265), más el 10% en concepto de IVA.- 

A su turno, los conjueces, Abg. Miguel Ángel Vargas Díaz y Abg. Guillermo Skanata Gamón, dijeron: que se adhieren al voto del miembro preopinante por los mismos fundamentos.- 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando por ante mí los señores Miembros quedando acordado el acuerdo y sentencia siguiente: - 

Ante mí: 

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 16/13/02 

Visto: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Excmo. Tribunal de Apelación, Segunda Sala, de la ciudad de Encarnación.- 

RESUELVE: - 

1. Modificar el artículo primero la S.D. Nº 26/01/2012-02 del 2 de mayo de 2012, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Laboral, Abg. Zunilda Fleitas Villalba y consecuentemente condenar a A.C. a abonar a S.A.P. la suma de quince millones ochocientos setenta y siete mil doscientos treinta guaraníes (G. 15.877.230), en el plazo de cinco días de quedar firme esta resolución, por los fundamentos expresados en el exordio de la misma.- 

2. Imponer las costas de ambas instancias al demandado. 

3. Modificar el artículo segundo de la S.D S.D. Nº 26/01/2012-02 del 2 de mayo de 2012, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Laboral, Abg. Zunilda Fleitas Villalba, y consecuentemente retasar los honorarios del Abg. M. C. por los trabajos cumplidos en la primera instancia como abogado patrocinante y procurador en la suma de dos millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos guaraníes (G.2.857.900), más el 10% en concepto de IVA. 

4. Regular los honorarios del Abg. M. C. por los trabajos cumplidos en esta instancia como abogado patrocinante y procurador en esta instancia en la suma de un millón doscientos sesenta y cinco guaraníes (G.1.000.265), más el 10% en concepto de IVA.- 

5. Anotar, registrar, notificar y remitir copia a Estadística. 

Ante mí: 

Firman los Miembros 

Abg. Luis Fernando Royg Benítez, Abg. Miguel Ángel Vargas Díaz y Abg. Guillermo Skanata Gamón 

Abg. Natalia Irala (Actuaria Judicial) 



10 de junio de 2015

Ley N° 5438 del 4 de junio de 2015. Que crea cinco nuevos Registros de Contratos Públicos Civiles y Comerciales.

Acápite: Ley N° 5438 del 4 de junio de 2015. Que crea cinco nuevos Registros de Contratos Públicos Civiles y Comerciales.

Fecha de Promulgación: Jueves, 4 de Junio de 2015

Numero de Ley: 5438/2015

Publicada el 8 de junio de 2015.

LEY Nº 5438

QUE CREA CINCO NUEVOS REGISTROS DE CONTRATOS PÚBLICOS CIVILES Y COMERCIALES.



EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY


Artículo 1.° Créanse cinco nuevos Registros de Contratos Públicos Civiles y Comerciales para el Departamento Itapúa, que estarán distribuidos de la siguiente forma:

Un Registro de Contratos Públicos Civiles y Comerciales para la ciudad de San Rafael.

Un Registro de Contratos Públicos Civiles y Comerciales para la ciudad de Mayor Otaño.

Un Registro de Contratos Públicos Civiles y Comerciales para la ciudad de San Juan del Paraná.

Un Registro de Contratos Públicos Civiles y Comerciales para la ciudad de Yatytay.

Un Registro de Contratos Públicos Civiles y Comerciales para la ciudad de Encarnación.

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil quince, queda sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución Nacional.




Hugo Adalberto Velázquez Moreno Enrique Bacchetta Chiriani
Presidente Vicepresidente 1°
H. Cámara de Diputados En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores


Sergio Rojas Sosa Derlis Ariel Osorio Nunes
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario

Asunción, 4 de junio de 2015.
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Horacio Manuel Cartes Jara


Sheila Raquel Abed Duarte

Ministra de Justicia



4 de junio de 2015

ACORDADA Nº 950 (novecientos cincuenta) del 17 de febrero del 2015. Que organiza la Circunscripción Judicial del Guairá.

ACORDADA Nº 950 (novecientos cincuenta) del 17 de febrero del 2015.
Que organiza la Circunscripción Judicial del Guairá.(*)


En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay y Luis María Benítez Riera, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, por Ley Nº 4848/2013 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013” se contempló la creación de un Juzgado Penal de Garantías, un Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, y un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral para la Circunscripción Judicial de Guairá.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, considera pertinente habilitar el Juzgado Penal de Garantías, que pasará a constituirse en el Cuarto Turno; habilitar el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, que pasará a constituirse en el Segundo Turno, y habilitar el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, que pasará a constituirse en el Cuarto Turno, lo que no implica una modificación en su nomenclador presupuestario, a todos sus efectos legales.

Al respecto, esta máxima instancia judicial considera oportuno, además, disponer que el Magistrado Jorge Guillermo Garcete, Juez de Primera Instancia Itinerante, interine la titularidad del Juzgado de Penal de Garantías del Cuarto Turno, sin perjuicio de sus actuales funciones; la Magistrada Alba Rosa Mareco, Juez de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, interine la titularidad del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno, sin perjuicio de sus actuales funciones y el magistrado Gustavo Enrique Elizaur Brítez, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Tercer Turno, interine la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno, sin perjuicio de sus actuales funciones, hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia, lo que no implica una modificación en su nomenclador presupuestario, a todos sus efectos legales.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.
Por tanto, en uso de sus atribuciones.

ACORDADA Nº 950

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- HABILITAR el Juzgado Penal de Garantías, creado para la Circunscripción Judicial de Guiará, que pasará a constituirse en el Cuarto Turno.

Art. 2º.- DISPONER que el Magistrado Jorge Guillermo Garcete Arguello, Juez de Primera Instancia Itinerante de la Circunscripción Judicial de Guairá, interine la titularidad del Juzgado Penal de Garantías del Cuarto Turno de la misma Circunscripción Judicial, sin perjuicio de sus actuales funciones, hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia, lo que no implica una modificación en su nomenclador presupuestario, a todos sus efectos legales.

Art. 3º.- ESTABLECER que el sistema de turnos para los Juzgados Penales de Garantías, sea de 10 días para cada Juzgado. Esta disposición entrará en vigencia a partir del 02 de marzo de 2015.

Art. 4º.- HABILITAR el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia creado para la Circunscripción Judicial de Guiará, que pasará a constituirse en el Segundo Turno.

Art. 5º.- DISPONER que la Magistrada Alba Rosa Mareco Cantero, Juez de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Guairá, interine la titularidad del Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Turno de la misma Circunscripción Judicial, sin perjuicio de sus actuales funciones, hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia, lo que no implica una modificación en su nomenclador presupuestario, a todos sus efectos legales. Esta disposición entrará en vigencia a partir del 02 de marzo de 2015.

Art. 6º.- HABILITAR el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, creado para la Circunscripción Judicial de Guairá, que pasará a constituirse en el Cuarto Turno.

Art. 7º.- DISPONER que el Magistrado Gustavo Enrique Elizaur Brítez, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Tercer Turno de la Circunscripción Judicial de Guairá, interine la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno de la misma Circunscripción Judicial, sin perjuicio de sus actuales funciones, hasta nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia, lo que no implica una modificación en su nomenclador presupuestario, a todos sus efectos legales. Esta disposición entrará en vigencia a partir del 02 de marzo de 2015.

Art. 8º.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:  

nota: *titulo puesto por nuestra web con la intención de guiar al lector, no siendo parte del texto original de la acordada que fuera publicada por la corte suprema de justicia.


ACORDADA Nº 949 (novecientos cuarenta y nueve) del 17 de febrero de 2015. Integra y designa a las autoridades de las Salas de la Corte para el periodo comprendido entre febrero de 2015 y febrero de 2016.

ACORDADA Nº 949. 

(novecientos cuarenta y nueve) del 17 de febrero de 2015. 

Integra y designa a las autoridades de las Salas de la Corte para el periodo comprendido entre febrero de 2015 y febrero de 2016.(*)


En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las doce horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay y Luis María Benítez Riera, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que de conformidad con lo establecido en el Art. 8° de la Ley N° 609 del 8 de Junio de 1995 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en el mes de febrero de cada año se procederá a integrar las Salas de la Corte Suprema de Justicia y a elegir un nuevo Presidente.

Asimismo, los Ministros deben elegir entre los Miembros de Salas que no integra el Presidente, al Vicepresidente Primero, y finalmente entre los Miembros de la Sala restante, elegir al Vicepresidente Segundo.

En consecuencia, corresponde a esta Corte integrar las Salas y designar a sus autoridades para el período comprendido entre febrero de 2015 y febrero de 2016, de conformidad con la normativa citada y los Arts. 29 inc. “a” de la Ley Nº 879/81 “Código de Organización Judicial”, y 3º de la Ley Nº 609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”.
Por tanto,
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1°.- INTEGRAR las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera:

SALA CONSTITUCIONAL con los doctores: Antonio Fretes y Gladys Ester Bareiro de Módica.

SALA CIVIL con los doctores: César Antonio Garay, Miguel Oscar Bajac Albertini y José Raúl Torres Kirmser.

SALA PENAL con los doctores: Luis María Benítez Riera, Sindulfo Blanco y Alicia Beatriz Pucheta de Correa.

Art. 2°.- DESIGNAR en calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Excelentísimo Señor Ministro Antonio Fretes, para el período comprendido entre febrero de 2015 y febrero 2016, quien asumirá tales funciones el 25 de febrero de 2015.

Art. 3°.- DESIGNAR en calidad de Vice-Presidente Primero de la Corte Suprema de Justicia al Excelentísimo Señor Ministro Luis María Benítez Riera y como Vice-Presidente Segundo al Excelentísimo Señor Ministro César Antonio Garay, para el período comprendido entre febrero de 2015 a febrero de 2016, quienes asumirán tales funciones el 25 de febrero de 2015.

Art. 4º.- ANOTAR, registrar, notificar.



Ante mí:

nota: *titulo puesto por nuestra web con la intención de guiar al lector, no siendo parte del texto original de la acordada que fuera publicada por la corte suprema de justicia. 

ACORDADA Nº 948 (novecientos cuarenta y ocho) del 17 de febrero del 2015. Designa al Dr. José Raúl Torres Kirmser como Ministro integrante del Consejo de Administración Judicial en los términos de la Acordada No 865/2013.

ACORDADA Nº 948 (novecientos cuarenta y ocho) del 17 de febrero del 2015. 

Designa al Dr. José Raúl Torres Kirmser como Ministro integrante del Consejo de Administración Judicial en los términos de la Acordada No 865/2013.(*)


En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Antonio Fretes, Luis María Benítez Riera, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, César Antonio Garay y Gladys Ester Bareiro de Módica, ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, la Acordada No 865/2013 estableció la conformación del Consejo de Administración Judicial de la siguiente forma: Presidente de la Corte Suprema de Justicia; 1 (un) Ministro/a de la Corte Suprema de Justicia y Consejeros.

Que, el artículo 3ro. de la Ley Nº 609/95, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 259, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional, regula como deberes y atribuciones de la misma, dictar su propio reglamento interno, las Acordadas y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la Administración de Justicia; por lo que en el uso de sus atribuciones y en cumplimiento de lo resuelto por la Acordada antes mencionada, corresponde designar al Dr. José Raúl Torres Kirmser como Ministro integrante del Consejo de Administración Judicial.

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACUERDA:

Art. 1º.- DESIGNAR al Dr. José Raúl Torres Kirmser como Ministro integrante del Consejo de Administración Judicial en los términos de la Acordada No 865/2013.

Art. 2º.- ANOTAR, registrar, notificar.



Ante mí:

nota: *titulo puesto por nuestra web con la intención de guiar al lector, no siendo parte del texto original de la acordada que fuera publicada por la corte suprema de justicia.


ACORDADA Nº 947 (novecientos cuarenta y siete) del 10 de febrero de 2015. Establece el orden de turnos para los Juzgados Penales de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

ACORDADA Nº 947 (novecientos cuarenta y siete) del 10 de febrero de 2015. 


Establece el orden de turnos para los Juzgados Penales de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.(*)


En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los diez días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay y Luis María Benítez Riera, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, por Decreto Nº 1779 del 2 de diciembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia designó a las Abogadas Celsa Isidora Rojas de Morínigo, Silvia Graciela Frers Martí y al Abogado Cesar Eduardo Rojas Galeano, como Jueces Penales de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, considera pertinente habilitar los Juzgados Penales de la Adolescencia creados para la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, que pasarán a constituirse en el Primer Turno, Segundo Turno y Tercer Turno de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

En ese sentido, esta máxima instancia judicial considera oportuno, establecer el siguiente orden de turnos para los Juzgados Penales de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes:

- Juzgado Penal de la Adolescencia, a cargo de la Magistrada Celsa Isidora Rojas de Morínigo, pasará a constituirse en el Primer Turno.
- Juzgado Penal de la Adolescencia, a cargo la Magistrada Silvia Graciela Frers Marti, pasará a constituirse en el Segundo Turno.
- Juzgado Penal de la Adolescencia, a cargo del Magistrado Cesar Eduardo Rojas Galeano, pasará a constituirse en el Tercer Turno.
Al respecto, considera oportuno disponer que los turnos mencionados en el párrafo anterior, sean de 10 días para cada Juzgado.

A estos efectos, los procesos judiciales obrantes en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y Penal de la Adolescencia, a cargo del Magistrado Daniel Ivan Gómez Rambado, deberán ser distribuidos entre los demás Juzgados de forma pública y equitativa en presencia de los Magistrados y Actuarios Judiciales, en el día y hora establecidos, excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.
Por tanto, en uso de sus atribuciones

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- HABILITAR los Juzgados Penales de la Adolescencia creados para la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, que pasarán a constituirse en el Primer Turno, Segundo Turno y Tercer Turno en lo Penal de la Adolescencia.

Art. 2º.- DISPONER que la Magistrada Celsa Isidora Rojas de Morínigo, Jueza Penal de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, cumpla funciones en el Juzgado Penal de la Adolescencia del Primer Turno de la misma Circunscripción Judicial.

Art. 3º.- DISPONER que la Magistrada Silvia Graciela Frers Marti, Jueza Penal de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, cumpla funciones en el Juzgado Penal de la Adolescencia del Segundo Turno de la misma Circunscripción Judicial, una vez culminada la comisión de aquella al Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Sexto Turno de la Capital.

Art. 4º.- DISPONER que el Magistrado Cesar Eduardo Rojas Galeano, Juez Penal de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, cumpla funciones en el Juzgado Penal de la Adolescencia del Tercer Turno de la misma Circunscripción Judicial.

Art. 5º.- DISPONER que el sistema de turnos para los Juzgados Penales de la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, sean de 10 días para cada Juzgado.

Art. 6º.- DISPONER la distribución de los procesos judiciales obrantes en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y Penal de la Adolescencia, a cargo del Magistrado Daniel Ivan Gómez Rambado, deberán ser distribuidos entre los demás Juzgados de forma pública y equitativa en presencia de los Magistrados y Actuarios Judiciales, en el día………..de…………………de 2015, a las………..hs. excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

Art. 7°.- ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:  

nota: *titulo puesto por nuestra web con la intención de guiar al lector, no siendo parte del texto original de la acordada que fuera publicada por la corte suprema de justicia.

ACORDADA Nº 946 (novecientos cuarenta y seis) del 10 de febrero del 2015. Establece el orden de turnos para los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

ACORDADA Nº 946.

(novecientos cuarenta y seis) del 10 de febrero del 2015.

Establece el orden de turnos para los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. (*)


En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los diez días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay y Luis María Benítez Riera, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, por Decreto Nº 1735, 1745 y 1747 del 14 de octubre de 2014, 21 de octubre de 2014 y 28 de octubre de 2014, respectivamente, la Corte Suprema de Justicia designó a los Abogados Gizela María Palumbo Arambulo, César Gabino Pintos y Gustavo Eugenio Martínez Villamayor, como Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

La Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales, tiene como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables, considera pertinente habilitar los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral creados para la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, que pasarán a constituirse en el Segundo Turno, Tercer Turno y Cuarto Turno en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

En ese sentido, esta máxima instancia judicial considera oportuno, establecer el siguiente orden de turnos para los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes:

- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, a cargo de la Magistrada María Justina Venialgo, pasará a constituirse en el Primer Turno.

- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, a cargo de la Magistrada Gizela María Palumbo Arambulo, pasará a constituirse en el Segundo Turno.

- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, a cargo del Magistrado Cesar Gabino Pintos, pasará a constituirse en el Tercer Turno.

- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, a cargo del Magistrado Gustavo Eugenio Martínez Villamayor, pasará a constituirse en el Cuarto Turno.
Al respecto, considera oportuno disponer que los turnos mencionados en el párrafo anterior, sean de 15 días para cada Juzgado.

A estos efectos, los procesos judiciales obrantes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Primer Turno, a cargo de la Magistrada María Justina Venialgo, deberán ser distribuidos entre los demás Juzgados de forma pública y equitativa en presencia de los Magistrados y Actuarios Judiciales, en el día y hora establecidos, excluyéndose de dicha distribución aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciones para dictar los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, en ese sentido, para una mejor administración de la justicia.
Por tanto, en uso de sus atribuciones

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1º.- HABILITAR los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral creados para la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, que pasarán a constituirse en el Segundo Turno, Tercer Turno y Cuarto Turno en lo Civil, Comercial y Laboral.

Art. 2º.- DISPONER que la Magistrada Gizela María Palumbo Arambulo, Jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Segundo Turno de la misma Circunscripción Judicial, una vez culminada la comisión de aquella al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno de la Capital.

Art. 3º.- DISPONER que el Magistrado Cesar Gabino Pintos, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Tercer Turno de la misma Circunscripción Judicial.

Art. 4º.- DISPONER que el Magistrado Gustavo Eugenio Martínez Villamayor, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del Cuarto Turno de la misma Circunscripción Judicial, una vez culminada la comisión de aquel al Juzgado de Justicia Letrada del Primer Turno de la Capital.

Art. 5º.- DISPONER que el sistema de turnos para los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, sean de 15 días para cada Juzgado.

Art. 6º.- DISPONER la distribución de los procesos judiciales obrantes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral del 1er. Turno, a cargo de la Magistrada María Justina Venialgo, entre los demás Juzgados de forma pública y equitativa en presencia de los Magistrados y Actuarios Judiciales, el día……………....de………..…..de 2015, a las…………..…..hs., excluyéndose aquellos expedientes que se encuentren en estado de “Autos para Resolver” y “Autos para Sentencia”.

Art. 7°.- ANOTAR, registrar y notificar.


Ante mí:  

nota: *titulo puesto por nuestra web con la intención de guiar al lector, no siendo parte del texto original de la acordada que fuera publicada por la corte suprema de justicia.


ACORDADA Nº 945 (novecientos cuarenta y cinco). del 03 de febrero del año 2015. QUE REGLAMENTA EL INGRESO DE GESTORES DENTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 4951/14.

ACORDADA Nº 945
(novecientos cuarenta y cinco). del 03 de febrero del año 2015. 


QUE REGLAMENTA EL INGRESO DE GESTORES DENTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 4951/14.


En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los tres días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay y Luis María Benítez Riera, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que, es necesario regular el ingreso de Gestores en el Palacio de Justicia.

Que, conforme al Acta N° 78 de fecha 05 de diciembre de 2012 el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió; que solo estarán habilitados para realizar trabajos de gestoría dentro del Poder Judicial, aquellos Gestores que cuenten con el “Carnet de Gestor” vigente a la fecha, debidamente expedido por la Dirección de Administración de Personal.

Por Resolución N° 4951 del 18 de marzo de 2014 de la Corte Suprema de Justicia, se reglamentó el trabajo de gestoría dentro del Poder Judicial y sus distintas dependencias.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el art.3° inciso b) de la Ley 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, es atribución de la Corte en Pleno, “dictar su reglamento interno, las acordadas y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización de la administración de justicia”.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 4951/14 que reglamenta el trabajo de Gestoría dentro del Poder Judicial.

Art. 2°.- ESTABLECER que la Corte Suprema de Justicia es la única entidad emisora de “Carnet de Habilitación de Gestores” a fin de que los mismos realicen su cometido dentro de la misma.

Art. 3°.- ESTABLECER que el Consejo de Superintendencia de Justicia a través de la “Dirección de Administración de Personal”, de la Dirección General de Recursos Humanos es el encargado de la emisión de “Carnets de Habilitación de Gestores” y respectiva renovación según los criterios establecidos.

Art. 4°.- DISPONER que los Carnets emitidos por el Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos del Paraguay hasta la fecha de la presente acordada sean convalidados por el Consejo de Superintendencia de Justicia, a través de la Dirección de Administración de Personal, conforme a los requisitos establecidos.

Art. 5°.- DISPONER el perentorio tiempo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de la presente Acordada para la convalidación de los Carnets, sin costo, estableciéndose una nueva fecha de vencimiento para la renovación, con el costo correspondiente.

Art.6º.- ESTABLECER que las personas que por cuenta propia ofrezcan sus servicios de gestoría a la ciudadanía para realizar trámites judiciales y administrativos, deberán gestionar ante el Consejo de Superintendencia de Justicia a través “Dirección de Administración de Personal”, el correspondiente Carnet de Habilitación.

Art.7°.- ESTABLECER que ante la Oficina de Quejas y Denuncias se podrán recibir las denuncias en contra de las actuaciones de los gestores habilitados. Las denuncias y quejas correspondientes serán derivadas a las instancias correspondientes de acuerdo a las regulaciones internas.

Art.8º.- ESTABLECER los siguientes requisitos para el otorgamiento del carnet de habilitación de Gestores en la Corte Suprema de Justicia:
a. Llenar el formulario proveído por el Consejo de Superintendencia de Justicia a través de la Dirección de Administración de Personal, el cual deberá estar firmado por un Abogado/a o Estudio Jurídico autorizante, o por un Escribano/a.

b. Presentar los siguientes documentos:
• Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad vigente.
• Antecedente Judicial original vigente.
• Antecedente Policial original vigente.

c. Contar con la aprobación previa de habilitación de la Dirección de Administración de Personal.

d. El Solicitante deberá abonar el importe correspondiente al costo de emisión del carnet de habilitación la suma de guaraníes 20.000 (veinte mil guaraníes) en el Dpto. de Tesorería, ajustable según necesidad.

e. El solicitante deberá presentar su fotografía en medio magnético.

Art. 9º.- Los gestores deberán vestir adecuadamente en el desempeño de sus funciones en las sedes judiciales de todo el país (hombres: pantalón de vestir, camisa y corbata. Mujeres: blusa o camisa y falda o pantalón).

Art.10.- El horario habilitado para la permanencia de los gestores habilitados será de 7:00 horas a 13:00 horas en las sedes judiciales, fuera de este horario está prohibida la permanencia del Gestor en el predio de la institución y en ventanillas de atención al público.

Art.11.- El Carnet de habilitación tendrá validez por un año a partir de la fecha de expedición y deberá renovarse anualmente conforme a los criterios establecidos.

Art.12.- El control de ingreso y permanencia de Gestores en la institución, así como la portación del Carnet de Habilitación y la vestimenta adecuada, estarán a cargo de los funcionarios de la División de Inspectoría dependiente de la Dirección de Administración de Personal, conjuntamente con los funcionarios de Seguridad y Asuntos Internos, así como la Policía Nacional en caso de necesidad.

Art.13.- La Habilitación de personas en carácter de Gestor dentro de la Corte Suprema de Justicia no constituye ningún tipo de vínculo laboral entre el Gestor y la Corte Suprema de Justicia.

Art. 14.- Anotar, registrar, notificar.



Ante mí:


ACORDADA Nº 944 (novecientos cuarenta y cuatro) del 02 de febrero del año 2015. POR LA QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS PROCESALES EN CIUDAD DEL ESTE.

ACORDADA Nº 944. 

(novecientos cuarenta y cuatro) del 02 de febrero del año 2015.


POR LA QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS PROCESALES EN CIUDAD DEL ESTE.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los dos días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay y Luis María Benítez Riera, ante mí, el Secretario autorizante;

D I J E R O N:

Que por Resolución de la Municipalidad de Ciudad del Este se declaró Asueto Distrital el día 3 de febrero de 2015, con motivo del Aniversario de Fundación de Ciudad del Este y el día de su Santo Patrono San Blas.

Por Nota N.P. 013/15 del 29 de enero de 2015, la Magistrada Lydia Noemí Almada de Couchonal, Presidenta de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, solicitó se establezca la suspensión de los plazos procesales que vencen el día 3 de febrero de 2015, fenezcan el día 4 de febrero del año en curso.

Por tanto,
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A C U E R D A:

Art. 1°.- ESTABLECER que los plazos procesales de Ciudad del Este, que vencen el día 3 de febrero de 2015, fenezcan el día 4 de febrero del año en curso.

Art. 2°.- ANOTAR, registrar, notificar.



Ante mí:


 LEY N° 5336 DEL 28 DE MAYO DE 2015. QUE MODIFICA LA LEY N° 1634/00 QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL.

Acápite: Ley N° 5336 del 28 de mayo de 2015. Que modifica la Ley N° 1634/00 Que establece el procedimiento para la confirmación de los Magistrados del Poder Judicial.

Fecha de Promulgación: Jueves, 28 de Mayo de 2015.

Numero de Ley: 5336/2015.

Publicada: el 28 de mayo de 2015.


LEY N° 5336
QUE MODIFICA LA LEY N° 1634/00 “QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL”


EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- Modifícanse los Artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 1634/00 “QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIRMACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL”, que quedan redactados como sigue:

Art. 1°.- Los magistrados del Tribunal de Cuentas, de los Tribunales de Apelación, Tribunales Electorales, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Electorales, Juzgados de Justicia Letrada y Juzgados de Paz, así como el Síndico General de Quiebras, Agentes Síndicos, Fiscales Adjuntos, los Agentes Fiscales del Ministerio Público y los integrantes del Ministerio de la Defensa Pública, respectivamente, podrán ser confirmados en sus respectivos cargos, por un nuevo período constitucional, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley.

Art. 3°.- Si dentro de los noventa días anteriores al vencimiento del período de nombramiento de los sujetos mencionados en el Artículo 1° de la presente Ley, la Corte Suprema de Justicia no comunica las vacancias que habrán de producirse, el Consejo de la Magistratura inmediatamente iniciará el proceso de confirmación.

La Corte Suprema de Justicia deberá comunicar inmediatamente al Consejo de la Magistratura en caso de que algún Ministro haya alcanzado el límite de edad establecido en el Artículo 261 de la Constitución Nacional, presentare renuncia al cargo, se produjere la inhabilidad para el ejercicio del cargo o muerte o fuese declarado cesante en el cargo por juicio político, produciéndose con ello la vacancia de la respectiva sala.

Art. 4°.- Los magistrados y funcionarios mencionados en el Artículo 1° de la presente Ley, que pretendan su confirmación, deberán formalizar una nueva postulación por el cargo que ocupan y estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas para el cargo respectivo. El Consejo de la Magistratura deberá incluir en la terna al magistrado o funcionario que pretenda su confirmación. No se podrá integrar una terna con más de un magistrado o funcionario que pretenda su confirmación.

Si una vez cumplidos íntegramente los trámites correspondientes al llamado a concurso, no se presentaren otros postulantes distintos al titular; el Consejo de la Magistratura remitirá a la Corte Suprema de Justicia un informe circunstanciado acerca del cumplimiento de las condiciones establecidas para el cargo por parte del único candidato, a los efectos de su confirmación. En caso de que el candidato no reúna los requisitos pertinentes, se declarará vacante el cargo y se llamará a un nuevo concurso.

Ante la presentación de un solo candidato distinto al titular, se observarán las reglas establecidas para el procedimiento ordinario de conformación, prescindiéndose de un integrante.

En ningún caso, será admisible la postulación tácita.




El Consejo de la Magistratura podrá requerir informes a cualquier Órgano Constitucional o Institución Pública sobre cualquiera de los postulantes a integrar una terna. Se podrá igualmente realizar una Audiencia Pública de Oposición, la que será convocada por los medios idóneos necesarios, asegurando la participación de sectores sociales y profesionales.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los diez días del mes de julio del año dos mil catorce, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce, queda sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional. Objetado parcialmente por el Poder Ejecutivo según Decreto N° 2483 de fecha 29 de octubre de 2014. Rechazada la objeción parcial por la Honorable Cámara de Senadores, a cinco días del mes de marzo del año dos mil quince y por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil quince, de conformidad con lo establecido en el Artículo 208 de la Constitución Nacional.


Hugo Adalberto Velázquez Moreno Enrique Fausto Bacchetta Chiriani
Presidente Vicepresidente 1°
H. Cámara de Diputados En ejercicio de la Presidencia
H. Cámara de Senadores

José Domingo Adorno Mazacotte Carlos Núñez Agüero
Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario
Asunción, 28 de mayo de 2015

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Horacio Manuel Cartes Jara 


Sheila Raquel Abed Duarte 
Ministra de Justicia 

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