17 de diciembre de 2014

ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO DE LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA.

Texto articulado aprobado por los máximos representantes de los 22 países iberoamericanos que aspira a:

1. ofrecer un referente o paradigma iberoamericano de los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente;

2. definir el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática;

3. y estimular los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.



Estatuto del Juez Iberoamericano



LA VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.

TOMANDO EN CUENTA que la evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo del juez, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por diversos sectores y agentes sociales y adapte sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades.

CONSIDERANDO que el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

CONSIDERANDO, además, que, a la par de los esfuerzos que se realizan en lo que se ha denominado «Reforma Judicial», con la diversidad que en el ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, de quienes depende, en último término, la calidad de la justicia.

CONVENCIDA de que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, y junto a las disposiciones constitucionales y legales de cada uno de los Estados que componen la comunidad iberoamericana, es necesario que los jueces, independientemente de su orden jerárquico, dispongan de un instrumento que condense, lo más precisamente posible, los derechos, deberes, condiciones y requisitos que han de acompañarlos y orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas.

DESEANDO, por último, ofrecer un referente que identifique los valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región.

Aprueba y promulga el siguiente

ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO

INDEPENDENCIA

Art. 1.  Principio general de independencia

Como garantía para los justiciables, los Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la ley, con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

Art. 2.  Obligación de respeto a la independencia judicial

Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

Art. 3.  Independencia judicial y medios de comunicación

La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial.

Art. 4.  Independencia interna

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.

 
Art. 5.  Defensa de la independencia judicial   
  
Los atentados a la independencia judicial han de ser sancionados por ley, que deberá prever los mecanismos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.  

Art. 6.  Condiciones materiales de la independencia

El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, mediante la asignación del presupuesto adecuado para cubrir sus necesidades y a través del desembolso oportuno de las partidas presupuestarias.



IMPARCIALIDAD

Art. 7.  Principio de imparcialidad

La imparcialidad del juez es condición indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Art. 8.  Imparcialidad objetiva

La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.
Art. 9.  Abstencion y recusacion

Los jueces tienen la obligación de separarse de la tramitación y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del proceso, partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley.

Las abstenciones sin fundamento y las recusaciones infundadas aceptadas por el juez, deben ser sancionadas de conformidad con lo que disponga la ley.

Art. 10.  Incompatibilidades

El ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con otras actividades, a excepción de aquéllas admitidas por la ley.



SELECCIÓN DEL JUEZ, CARRERA JUDICIAL E INAMOVILIDAD

 
Art. 11.  Órgano y procedimiento de selección de los jueces   

Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos predeterminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.  

Art. 12.  Objetividad en la selección de jueces

Los mecanismos de selección deberán adaptarse a las necesidades de cada país y estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva de la idoneidad de los aspirantes.

Art. 13.  Principio de no discriminación en la selección de jueces

En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, sexo, religión, ideología, origen social, posición económica u otro que vulnere el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes. El requisito de nacionalidad del país de que se trate no se considerará discriminatorio.

Art. 14.  Principio de inamovilidad

Como garantía de su independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca.

No obstante, podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca, o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria, por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

Art. 15.  Nombramiento a término de los jueces

Con conocimiento de que algunos países admiten el nombramiento a término de jueces, se aspira a que esta situación se modifique para alcanzar la garantía de inamovilidad en los términos del artículo anterior.

Art. 16.  Inamovilidad interna

La garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado.

Excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o traslado del juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial o el destino temporal de aquél, por iguales motivos, para reforzar otro órgano jurisdiccional. En casos como estos, en que prevalece el interés general sobre el particular, deberá garantizarse el respeto del debido proceso.

Art. 17.  Objetividad en la conformación de la carrera judicial

Los traslados, promociones y ascensos de los jueces se decidirán con criterios

124 objetivos predeterminados en la ley, basados, fundamentalmente, en la experiencia y capacidad profesionales de los solicitantes. 

Art. 18.  Inamovilidad «ad hoc»

La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados.

RESPONSABILIDAD, INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL JUEZ

Art. 19.  Principio de legalidad en la responsabilidad del juez

Los jueces responderán penal, civil y disciplinariamente de conformidad con lo establecido en la ley.

La exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.

Art. 20.  Órgano y procedimiento para la exigencia de responsabilidad

La responsabilidad disciplinaria de los jueces será competencia de los órganos del Poder Judicial legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso y, en particular, el de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.

Art. 21.  Sistema de supervisión judicial

Los sistemas de supervisión judicial han de entenderse como un medio para verificar el buen funcionamiento de los órganos judiciales y procurar el apoyo a la mejora de la gestión de los jueces.

Art. 22.  Evaluación del desempeño

En garantía de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, puede establecerse un sistema de evaluación del rendimiento y comportamiento técnico profesional de los jueces.

Art. 23.  Consecuencias de la evaluación negativa del desempeño

El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y reglamentariamente establecido que prevea la audiencia del juez, puede conllevar la aplicación de periodos de capacitación obligatoria o, en su caso, la aplicación de otras medidas correctivas o disciplinarias.

CAPACITACIÓN

Art. 24.  Capacitación inicial

La capacitación inicial tiene por objetivos la selección de los candidatos más aptos para el desempeño de la función judicial en una sociedad democrática, a través de mecanismos que permitan comprobar las condiciones que debe reunir todo aspirante a la judicatura y la formación de éste en los conocimientos y las destrezas propias de su función, con una orientación teórico-práctica que incluya, en la medida de lo posible, un período de pasantías en órganos jurisdiccionales.

Art. 25.  Centros de capacitación

Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban, deben asumir la responsabilidad de la formación inicial de los jueces, y, en su caso, de los que pertenecen a la carrera judicial siguiendo las indicaciones, en su caso, del órgano superior de gobierno judicial, en cuanto a los propósitos que deben perseguirse con esa formación, diseñando, planificando y ejecutando los programas educativos y valorando sus resultados.

Art. 26.  Costos de la capacitación inicial

Los costos de la formación inicial deben ser asumidos por el Poder Judicial, con colaboración, en su caso, de instituciones públicas y privadas procurando, también, si sus posibilidades económicas lo permiten, facilitar fórmulas de apoyo financiero a los aspirantes a jueces.

Art. 27.  Naturaleza y costos de la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen de gratuidad.

Art. 28.  Voluntariedad de la capacitación continuada

La capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o como voluntaria para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes y otras circunstancias especialmente calificadas.

Art. 29.  Órgano que tiene encomendada la capacitación continuada

La formación continuada o capacitación en servicio debe ofrecerse a jueces y magistrados a través de las Escuelas Judiciales, sin perjuicio de que éstas recurran a la colaboración de otras instituciones, públicas o privadas, cuando fuere necesario.

126 Art. 30.  Evaluación en la capacitación

La evaluación de los aspirantes que realicen procesos o sistemas de formación inicial se realizará atendiendo a criterios objetivos, para determinar la posibilidad o imposibilidad del ingreso a la función.

La evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y un criterio de decisión para la promoción y ascenso de los jueces.

Art. 31.  Participación judicial en la programación de la capacitación

En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces.


RETRIBUCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MEDIOS MATERIALES

Art. 32.  Remuneración

Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.
 
Art. 33. Seguridad Social
  
El Estado debe ofrecer a los jueces su acceso a un sistema de seguridad social, garantizando que recibirán, al concluir sus años de servicio por jubilación, enfermedad u otras contingencias legalmente previstas o en caso de daños personales, familiares o patrimoniales derivados del ejercicio del cargo, una pensión digna o una indemnización adecuada.    

Es recomendable, en la medida en que las posibilidades económicas lo permitan, la previsión de un sistema de seguridad para los jueces que incluya un seguro de riesgos múltiples.
   
Art. 34.  Recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos   

Los jueces deberán contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios para el adecuado desempeño de su función.    

El criterio de los jueces debe ser tomado en consideración en las decisiones que se adopten sobre el particular, para lo que debe oírse su opinión.    

En particular, los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de litigios y causas.    

Art. 35.  Seguridad personal y familiar   
  
En garantía de la independencia e imparcialidad que han de presidir el ejercicio de la función judicial, el Estado proporcionará los medios necesarios para la seguridad personal y familiar de los jueces en función de las circunstancias de riesgo a que se vean sometidos.
   
DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL   

Art. 36. Derecho de asociación de los jueces  

La imparcialidad es compatible con el reconocimiento de la libertad de asociación de los jueces salvo las excepciones que establezca la Constitución o legislación de cada país.


ÉTICA JUDICIAL

Art. 37.  Servicio y respeto a las partes

En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio.

Art. 38. Obligación de independencia

El juez está obligado a mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Art. 39.  Debido proceso

Los jueces tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, constituyéndose en garantes de los derechos de las partes y, en particular, velando por dispensarles un trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por la diferencia de condiciones materiales entre ellas y, en general, toda situación de indefensión.

Art. 40.  Limitaciones en la averiguación de la verdad

Los jueces habrán de servirse tan sólo de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en los casos de que conozcan.

Art. 41.  Motivación

Los jueces tienen la inexcusable obligación, en garantía de la legitimidad de su función y de los derechos de las partes, de motivar debidamente las resoluciones
128 que dicten. 

Art. 42.  Resolución en plazo razonable 

Los jueces deben procurar que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable. Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.

Art. 43. Principio de equidad

En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad vigente y teniendo siempre presente el trasfondo humano de dichos conflictos, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables.

Art. 44.  Secreto profesional

Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.

No evacuarán consulta ni darán asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible.




PROTOCOLO DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL APROBADA POR LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA

La Asamblea Plenaria de la XVII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana ha aprobado el Protocolo Iberoamericano de Cooperación Judicial Internacional con el objeto de avanzar hacia nuevos mecanismos de cooperación que, utilizando los avances tecnológicos, el intercambio de experiencias, y las redes constituidas en el seno de la Cumbre, permitan adoptar medidas comunes, coordinadas, simplificadas y efectivas respecto de las solicitudes de tramitaciones internacionales que involucran la decisión jurisdiccional.


JUSTIFICACIÓN

CONSIDERANDO que garantizar el derecho de todas las personas a un recurso efectivo ante los tribunales para la protección de sus derechos fundamentales, así como el derecho a un debido proceso y el acceso a la justicia, consagrados en los más importantes instrumentos de derechos humanos, puede requerir de la intervención de órganos judiciales de distintos países, y que la falta de coordinación y cooperación entre los actores competentes del sistema judicial puede derivar precisamente en su vulneración;

CONSTATANDO la importancia que la cooperación jurisdiccional internacional reviste frente a las nuevas formas de delincuencia transnacional, los retos que en el tráfico comercial suscita el fenómeno de la globalización y la incidencia que en la esfera de los derechos de las personas trae aparejada una sociedad interrelacionada como la actual;

RECORDANDO que, de acuerdo a los estatutos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, uno de sus principales objetivos específicos consiste en fomentar el intercambio de información y la cooperación judicial internacional en este ámbito, en aras a la conformación de un verdadero espacio judicial iberoamericano, así como promover el desarrollo de políticas que tiendan a facilitar el acceso a la justicia;

PROCURANDO impulsar el cumplimiento de lo acordado en la Declaración de Santiago sobre Principios Comunes en Materia de Cooperación Judicial, adoptada en la Primera Cumbre Judicial CELAC-UE; y

CONVENCIDOS de la necesidad de promover la colaboración interinstitucional a nivel nacional e internacional para dar cabal cumplimiento a las solicitudes de cooperación efectuadas por los poderes judiciales de los Estados Iberoamericanos:

Las Presidentas y Presidentes de los Tribunales y Cortes Supremas, así como los Consejos de la Judicatura y Magistratura de los 23 países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana acuerdan el siguiente Protocolo Iberoamericano de Cooperación Judicial con el objeto de avanzar hacia nuevos mecanismos de cooperación horizontal que, utilizando los avances tecnológicos, el intercambio de experiencias y las redes constituidas en el seno de esta Cumbre, permitan adoptar medidas comunes, coordinadas, simplificadas y efectivas respecto de las solicitudes de tramitaciones internacionales que
involucran la decisión jurisdiccional.

I – PRINCIPIOS BÁSICOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

Constatando que el tratamiento diferenciado dispensado a la cooperación interjurisdiccional en cada Estado, constituye un serio obstáculo a la efectividad de la tutela judicial transnacional y procurando unificar reglas y criterios sobre el tema, se estima conveniente que la cooperación interjurisdiccional se rija de acuerdo a los siguientes principios que se enuncian a continuación (que fueran elaborados en el ámbito del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal) y cuyo contenido es explicitado en el
Anexo Nº 1, pág. 

1º) Cláusula de orden público internacional: no será admitida la cooperación que se refiera a actos contrarios a los principios fundamentales del Estado requerido o que sea susceptible de conducir a un resultado incompatible con esos principios;

2º) Respeto a las garantías del debido proceso legal en el estado requirente;

3º) Igualdad de tratamiento entre nacionales y extranjeros, residentes o no, tanto en el acceso a los tribunales cuanto en la tramitación de los procesos en los Estados requirente y requerido, asegurándose la gratuidad de la justicia a los necesitados ;

4º) No dependencia de la reciprocidad de tratamiento;

5º) Publicidad procesal, excepto en los casos de secreto previstos en la ley del Estado requirente o del Estado requerido;

6º) Traducción y forma libres para los actos y documentos necesarios para la prestación jurisdiccional transnacional, incluyéndose los medios electrónicos y la videoconferencia;

7º) Existencia de una autoridad central para la recepción y transmisión de los pedidos de cooperación, sujetos los mismos a la convalidación de la recepción o transmisión cuando no hayan sido transmitidos mediante dicha Autoridad;

8º) Espontaneidad en la transmisión de informaciones a las autoridades del estado requirente.

9º) Desarrollo de las comunicaciones judiciales directas

II – PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA

Como paliativo a las dificultades que se producen -en materia de cooperación jurídica internacional- por las diferencias existentes entre las legislaciones vigentes en cada uno de los países que componen la Cumbre Judicial Iberoamericana, se resalta la armonización forjada a través de los instrumentos internacionales multilaterales que se señalan en el Anexo Nº 2, pág.

III- REGLAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE EXHORTOS INTERNACIONALES

A fin de mejorar los tiempos de respuesta de las peticiones de información y rogatorias internacionales; y a los efectos de superar excesivos formalismos que dificultan el acceso oportuno a la información transnacional, se constata la conveniencia de difundir e incorporar a la reglamentación interna de los Poderes Judiciales que integran Cumbre Judicial, las ‘Guía práctica para la tramitación de exhortos civiles’ y la ‘Guía práctica para la tramitación de exhortos penales’, que se adjuntan al presente documento (Anexos Nos. 3.a y 3.b, págs. ) , así como los ‘Modelos de formularios de cooperación jurídica internacional’ que se adjuntan (Anexo No. 3.c, pág. ).

IV- REGLAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE EXTRADICIÓN

El instituto de la extradición es la máxima expresión de la cooperación en materia de lucha contra el delito entre países, y es la herramienta que permite a un estado detener y entregar en custodia a una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado que lo requiere a los efectos de afectarlo a una investigación en curso o para que cumpla una pena impuesta.

Esta forma de cooperación, en virtud de su naturaleza, tiene características propias, generalmente procedimientos diferencias, y garantías específicas.

Por otro lado, posee dos etapas bien establecidas, que son la detención preventiva de la persona buscada y el procedimiento de extradición propiamente dicho.

La complejidad de la extradición radica en que confluyen allí el derecho a la libertad y la necesidad de someter a una persona a un proceso penal determinado. Por ello, el estricto apego a los procedimientos establecidos por la Ley y la regulación convencional del instituto resultan imprescindibles.

A fin de mejorar la cooperación en materia de extradición, se aprueba la ‘Guía de buenas prácticas en materia de extradición”, que se adjunta al presente documento
(Anexo No. 4, pág. ).

V - HERRAMIENTAS DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

Se observa la necesidad de incrementar el uso de las nuevas tecnologías a fin de favorecer la proximidad y la celeridad en la realización de diligencias de diversa naturaleza jurídica. A tales efectos, se estima conveniente promover el uso de la videoconferencia y de las comunicaciones judiciales directas (en adelante “CJD”) como valiosas herramienta para contribuir a lograr una administración de Justicia ágil, eficiente y eficaz, así como fomentar el conocimiento y uso del Iber@.

V. A. Nuevas Tecnologías:

V.A. 1 – Videoconferencia: Teniendo en consideración el trabajo realizado en materia de videoconferencias en el marco de las acciones que desarrollan los países integrados en la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) que culminó con la firma del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia” en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Mar del Plata, Argentina en el mes de diciembre de 2010, se recomienda la divulgación e implementación de ese instrumento en el ámbito interno de los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana (se adjunta el referido documento -Anexo Nº 5.a, pág. )

Se recomienda que los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial promuevan la ratificación o adhesión de dicho instrumento, de manera que: i) se disponga de los medios necesarios para su aplicación tanto a nivel interno como internacional; y ii) se genere la confianza necesaria para el uso de la herramienta por los jueces.

Se recomienda que sin perjuicio de las adecuaciones legales que sean necesarias según los países – reformas procesales-, se instrumente la aplicación de la videoconferencia a través de reglamentos administrativos – acordadas -.

V.A. 2 – Comunicaciones Judiciales Directas: Las comunicaciones realizadas a través de teléfono, correo electrónico o enlace de video directamente entre dos jueces de distinta jurisdicción se han venido desarrollando en los últimos quince años especialmente en el marco de la Red Internacional de Jueces de La Haya, y particularmente en casos de sustracción internacional de niños. El otro campo que también registra un grado de desarrollo en las CJD es el de la insolvencia transfronteriza.

Se sugiere difundir y aplicar en lo interno de los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana el documento aprobado en el marco del trabajo de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y de la Red Internacional de Jueces de La Haya, relativo a los ‘Lineamientos emergentes y Principios generales sobre Comunicaciones Judiciales’, cuyo contenido, además de fijar pautas para el desarrollo de la Red de Jueces, establece los principios, salvaguardias y mecanismos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar CJD. Se adjunta el correspondiente
documento ( Anexo Nº 5.b. ).

Con la finalidad de unificar designaciones como ya se ha acordado en varias reuniones de Puntos de Contacto de IberRed en materia de sustracción de menores y civil todos los Puntos de Contacto para comunicaciones directas y Jueces de la Conferencia de la Haya que cada órgano judicial designe pasarán inmediatamente a considerarse Punto de Contacto de IberRed y por lo tanto con acceso al sistema seguro de comunicación Iber@. Para cumplir a cabalidad con lo anterior las comunicaciones de designación de estos Puntos de Contacto se harán simultáneamente a la Secretaría Pro-Tempore y a la Secretaría General de IberRed al siguiente correo electrónico secretaria.general@iberred.org.

Se constata la conveniencia de difundir en lo interno de los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial las ‘Directrices aplicables a las comunicaciones entre Tribunales en Procesos Internacionales’ elaboradas por el American Law Institute en asociación con el ‘ International Insolvency Institute’, relativas a las CJD en cuestiones de insolvencia transfronteriza, las que se adjuntan al presente documento (Anexo Nº 5.c).

Asimismo, se recuerda que estas comunicaciones son admitidas en varios de los instrumentos internacionales incluidos en el Anexo 2 A, como por ejemplo, en la Convención Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado (CIDIP) I sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, de 1975; así como en la Convención Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado (CIDIP) I sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, suscrita el mismo año.

V.A. 3.- Uso de Iber@
El Iber@ es un sistema de comunicación seguro para los Puntos de Contacto y los Enlaces de IberRed y otros socios estratégicos, del que se puede destacar su fácil uso y accesibilidad, así como la seguridad y confidencialidad exigible en este ámbito de cooperación transfronteriza en materia civil y penal. No requiere de un software específico, lo que permite su utilización desde cualquier computadora o dispositivo electrónico con acceso a internet, con la garantía de la seguridad que requiere el acceso a un espacio común de comunicación entre los diferentes operadores jurídicos. Permite la comunicación en tiempo real, constituyendo una herramienta óptima para adelantar solicitudes de cooperación jurídica internacional en casos de urgencia. 

V. B.- Redes y otros actores de la cooperación judicial internacional:

VI.B. 1.- Se destaca la relevancia de IberRed y de la Red de Jueces de la Conferencia de la Haya en la mejora de la cooperación judicial internacional. Se invita a los sistemas judiciales a participar activamente en estas redes y a divulgar y fomentar su utilización.

IberRed es una red informal de cooperación jurídica internacional iberoamericana en materia civil y penal creada en octubre de 2004 por el consenso de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la AIAMP y la COMJIB. Su objetivo es agilizar las solicitudes de asistencia legal internacional y de extradición por medio de sus puntos de contacto designados directamente por las máximas autoridades de las Fiscalías, Ministerios de Justicia y Cortes Supremas; así como por las autoridades centrales.

VI.B.2.- Se recomienda que los Sistemas Judiciales mantengan una relación amplia y fluida con las Autoridades Centrales, que se debe desarrollar en un clima de cooperación y comunicación permanente para la eficiencia y eficacia de la Cooperación Judicial Internacional.

VI – OFICINAS DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

Se resalta la importancia de que los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial, cuenten con Oficinas Judiciales que procuren facilitar la gestión de la cooperación internacional, prestando asistencia a los funcionarios judiciales nacionales que necesiten asesoramiento para canalizar pedidos de asistencia judicial que deban tramitarse en el extranjero; apoyando el trabajo de los Jueces de la Red de La Haya y puntos de contacto de IberRed; gestionando los exhortos provenientes del extranjero que deben ser tramitados por el Poder Judicial, y facilitando el acceso al derecho extranjero y las comunicaciones judiciales directas. Todo ello de acuerdo con las pautas que surgen del documento que se adjunta en el Anexo Nº 7, pág.

VII – RECOMENDACIONES FINALES

Se señala la conveniencia de que los Poderes Judiciales que integran la Cumbre consideren la conveniencia de concentrar la competencia para la ejecución de solicitudes de cooperación internacional en un número reducido de órganos judiciales en las respectivas jurisdicciones, como ya se lleva a cabo en alguno de nuestros países. Esto permite una mayor especialización y unidad de criterios en esta materia, y facilita la asignación de los recursos adecuados.

Se recomienda también, dar especial énfasis a la posibilidad de utilizar las comunicaciones judiciales
directas en todos aquellos casos en que estas sean procedentes.


Descarga el Documento completo con los anexos respectivos:

Documento: Protocolo de cooperación judicial internacional aprobada por la cumbre judicial iberoamericana.

Tipo de archivo: pdf

tamaño: 4,7 MB

alojado en: mediafire

enlace de descarga:  https://www.mediafire.com/?1o1i7629qo2q2gy





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