15 de febrero de 2014

DECRETO Nº 10637 DEL 2013. POR EL CUAL SE INCORPORAN CIUDADANOS PERTENECIENTES A LA CLASE LLAMADA 1995 Y LAS CLASES DIVERSAS 1988 A 1994, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY Nº 569/75 "DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO".

DECRETO Nº 10.637/13


POR EL CUAL SE INCORPORAN CIUDADANOS PERTENECIENTES A LA CLASE LLAMADA 1995 Y LAS CLASES DIVERSAS 1988 A 1994, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY Nº 569/75 "DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO".

Asunción, 14 de febrero de 2013

VISTO: La Nota N° 205 del 24 de octubre de 2012, elevada por la Dirección General del Servicio de Reclutamiento, Reserva y Movilización - Dirección del Servicio de Reclutamiento, por el conducto jerárquico correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional (Expediente N° 190/2013); y

CONSIDERANDO: 

Que en la misma se solicita la incorporación de ciudadanos pertenecientes a la clase 1995 y clase diversas 1988 a 1994, a fin de dar cumplimiento al Artículo 129 de la Constitución Nacional y al Artículo 13 de la Ley N° 569/75 "Del Servicio Militar Obligatorio".

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio Defensa Nacional, se expidió favorablemente conforme a los términos del Dictamen N° 71 del 25 de enero de 2013.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucion

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
DECRETA:

Art. 1º.- Incorporación: El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación -Comando de las Fuerzas Militares, a través de la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - Dirección del Servicio de Reclutamiento, dispondrá: p>

a) La incorporación de los ciudadanos de la clase 1995, de febrero a abril de 2013, los nacidos hasta el 30 de abril de 1905, y de agosto a octubre de 2013. los nacidos hasta el 31 de octubre de 1995, (una vez cumplido los diez y ocho años de edad) y las clases diversas 1988 a 1994.

b) Las inspecciones médicas se efectuarán en las fechas establecidas para la incorporación (primera y segunda etapa).

c) Los incorporados en la primera y segunda etapa serán con antigüedad del 1 de febrero y 1 de agosto de 2013, respectivamente.

d) La distribución del personal inspeccionado en cada etapa, será en base al 50% de Dotación de Paz, en la categoría de "Tropas", en las Fuerzas Armadas y otras Instituciones, en base a lo previsto para el efecto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

e) Los ciudadanos incorporados serán dados de alta, con antigüedad del 1 de febrero y 1 de agosto de 2013, respectivamente.

f) El Comandante de las Fuerzas Militares, los Comandante de Fuerzas y las Unidades componentes del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y otras Instituciones remitirán a la Dirección General de Reclutamiento. Reserva y Movilización - Dirección del Servicio de Reclutamiento, copias de la Orden de Alta del Personal, categoría "Tropas" incorporados a sus respectivas Unidades, inspección médica e incorporación, clasificados en Soldados y Soldados Oficinistas, Conscriptos y Conscriptos Oficinistas, a fin de ser registrados en los documentos pertinentes en dicha Dirección.

g) Prohíbase la incorporación de los ciudadanos a las Fuerzas Armadas y otras Instituciones, en forma parcial y fuera de las fechas mencionadas en el Artículo 1º, Inciso a) de este Decreto.

Art. 2º.- El presente Decreto será refrendado por la ministra de Defensa Nacional.

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Fdo.: Federico Franco Gómez..
Fdo.: María Liz García de Arnold.

DECRETO Nº 10686/2013 POR EL CUAL SE LLAMA BAJO BANDERA A LOS CIUDADANOS PERTENECIENTES A LA CLASE 1995, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS ARTICULOS 1°, 6° Y 14 DE LA LEY N° 569/75 DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.

DECRETO Nº 10.683/13



POR EL CUAL SE LLAMA BAJO BANDERA A LOS CIUDADANOS PERTENECIENTES A LA CLASE 1995, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS ARTÍCULOS 1°, 6° Y 14 DE LA LEY N° 569/75 DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.

Asunción, 15 de febrero de 2013

VISTO: La Nota N° 206 del 24 de octubre de 2012, elevada por la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización, por el conducto jerárquico correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional (Expediente N° 187/2013), y

CONSIDERANDO: 

Que en la misma solicita sean llamado bajo bandera a los ciudadanos pertenecientes a la Clase 1995, nacidos desde 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, a fin de dar cumplimiento alArtículo 129 de la Constitución Nacional y los Artículos 1º, 6º y 14 de la Ley N° 569/75 "Del Servicio Militar Obligatorio".

Que el Artículo 13 de la Ley N° 569/75, dispone que el "Licenciamiento del personal de la clase que ha cumplido con el Servicio Militar y la incorporación del ciudadano en edad militar, será por Decreto del Poder Ejecutivo".

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional, se expidió favorablemente según Dictamen N° 59 del 18 de enero de 2013.

POR TANTO; en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
DECRETA:

Art. 1º.- Llamase bajo bandera a los ciudadanos perteneciente a la Clase 1995, nacidos desde 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, a fin dar cumplimiento al Artículo 129 de la Constitución Nacional y a los Artículos 1º, 6º y 14 de la Ley Nº 569/75 "Del Servicio Militar Obligatorio".

Art. 2º.- Los ciudadanos afectados por el Artículo Io del presente Decreto, se presentarán en los Centros de Reclutamiento de la Capital e Interior del país, a los efectos de la Inspección Médica, que se realizará desde el mes de febrero al mes de abril de 2013, a los nacidos hasta el 30 de abril de 1995, de agosto a octubre de 2013, a los nacidos hasta 31 de octubre de 1995 (una vez cumplido los diez y ocho años de edad).

Art. 3º;.- La distribución del contingente para las Fuerzas Armadas y otras Instituciones, quedarán a cargo exclusivo del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, a través de la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - Dirección del Servicio de Reclutamiento.

Art. 4º.- El presente Decreto será refrendado por la Ministra de Defensa Nacional.

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Fdo.: Federico Franco Gómez.
Fdo.: María Liz García de Arnold.

12 de febrero de 2014

DECLARAR MAL CONCEDIDOS LOS RECURSOS INTERPUESTOS [JURISPRUDENCIA CSJ]

    JUICIO: “E.B.Y. CONTRA M.O.A. SOBRE PAGO
                                        POR CONSIGNACIÓN”
             
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Cincuenta y ocho
         En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los  trece   días, del mes de  marzo        , del año dos mil trece, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia MIGUEL OSCAR BAJAC, CÉSAR ANTONIO GARAY y JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí el Secretario autorizante se trajo a estudio el expediente intitulado: “E.B.Y. CONTRA M.O.A. SOBRE PAGO POR CONSIGNACIÓN”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Número 145, de fecha 23 de Noviembre del 2.009 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala.--
         Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes:
                         CUESTIONES:
         ¿Fue correcta la concesión de los Recursos?--------
¿Es nula la Sentencia apelada?---------------------
         En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?--
         Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: TORRES KIRMSER, GARAY Y BAJAC ALBERTINI.-------------------------------------
          A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO TORRES KIRMSER DIJO: Conviene tratar como cuestión previa la admisibilidad del recurso interpuesto por el Abg. M.B. contra  el Acuerdo y Sentencia Número 145 del 23 de noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, de la capital.---------------
Por la referida resolución se estableció el valor del inmueble expropiado en la suma de US$ 125.870. El pronunciamiento así expresado modificó lo resuelto por S.D. Nº 145 del 16 de julio de 2004, en primera instancia sobre el valor del inmueble expropiado, que fuera establecido en la suma de US$ 47.689.------------------------------------------
El Art. 403 del Código Procesal Civil establece que serán recurribles en tercera instancia las sentencias definitivas dictadas por el tribunal, que revoquen o modifiquen la sentencia dictada en primera instancia y, en el último caso, el recurso será concedido con relación a lo modificado.--------------------------------------------------
La litis trabada en autos consta de la particularidad de que la demandante como la reconviniente comparten una pretensión común, cual es la fijación judicial del precio correspondiente al inmueble a ser expropiado y que debe ser abonado al propietario en concepto de reparación integral.---
En este sentido, debe señalarse que la suma establecida por el Tribunal es superior a la del pronunciamiento realizado en primera instancia; por lo cual, debe entenderse que el monto establecido se halla firme para la parte reconviniente, quien no tiene legitimación para recurrir contra lo modificado, ya que el aumento del quantum indemnizatorio redunda en su favor e implica el rechazo en dos instancias de aquello cuanto pretende valorar en más sobre lo establecido por el tribunal. La agraviada por la modificación de la sentencia de primera instancia es la parte demandante E.B.Y., ya que el aumento del monto indemnizatorio es en su perjuicio y ello la legitima a recurrir en tercera instancia.-------------------------------
Por lo previamente explicitado, los recursos interpuestos por el Abg. M.B., en representación de la parte reconviniente, deben ser declarados mal concedidos.--------------------------------------------------
A su turno el señor Ministro César Antonio Garay dijo: Adhiero al voto del señor Ministro preopinante, en cuanto declaró mal concedidos Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la demandada, por iguales sólidos fundamentos. Así voto.—--------------------------------------
A su turno el señor Ministro Miguel Bajac dijo: que se adhiere al voto del Ministro Torres Kirmser por idénticos fundamentos.-------------------------------------------------
SOBRE EL RECURSO DE NULIDAD EL SEÑOR MINISTRO TORRES KIRMSER DIJO: El representante de la E.B.Y. expresó agravios en los términos del escrito obrante a fs. 316 a 321. Los agravios vertidos en dicho escrito hacen a la materia del recurso de apelación también interpuesto, por lo que pueden ser estudiados al tratar dicho recurso.----
El Abg. A.M.A.I., Procurador Delegado de la Procuraduría General de la República, no fundó el recurso de nulidad.---------------------------------------
Sin embargo, en virtud de lo establecido por los Arts. 420 y 113 del Código Procesal Civil corresponde el análisis oficioso sobre la existencia de vicios que puedan provocar la nulidad de lo decidido en la instancia inferior. En este sentido, de la lectura del fallo recurrido, surge que las costas fueron impuestas: “por la demanda reconvencional a los vencidos en forma proporcional”. Este pronunciamiento resulta incongruente, en primer lugar debido a que las costas proporcionales se distribuyen entre todas las partes del proceso de acuerdo al éxito de sus pretensiones, no solamente a las perdidosas. Justamente en este punto radica su diferencia con la imposición de costas a una de las partes. En segundo lugar, en el supuesto que con la expresión “vencidos” pretenda englobarse a todas las partes del proceso, en la medida en que sus pretensiones hayan sido rechazadas, en el resuelve debió establecerse en forma expresa cuál era la medida o proporción en que las costas debían ser soportadas por cada una de las partes. Esta omisión es patente tanto en la parte resolutiva como en los considerandos de la resolución recurrida.--------------------
Cabe agregar que la resolución resulta, además, incongruente en este punto, ya que primeramente en los considerandos se dispuso la acogida favorable, con costas, de la demanda reconvencional, para luego establecer que las costas sean soportadas en forma proporcional –f. 306-.-------
Por ello, corresponde declarar la nulidad del apartado tercero del Acuerdo y Sentencia Número 145, del 23 de noviembre del 2009, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la Capital.-------------
En cuanto a la decisión sobre el fondo, requerida por el Art. 407 del Código Procesal Civil, no corresponde su pronunciamiento en esta etapa, ya que la forma en que deban ser soportadas las costas del juicio dependerá de la medida del acogimiento de las pretensiones que se ventilan en el recurso de apelación también interpuesto.--------------------
A su turno el señor Ministro César Antonio Garay dijo: Adhiero opinión al voto precedente, por idénticas razones. Así voto.----------------------------------------------------
A su turno el señor Ministro Miguel Bajac dijo: que se adhiere al voto del Ministro Torres Kirmser por idénticos fundamentos.-------------------------------------------------
SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN EL SEÑOR MINISTRO TORRES KIRMSER DIJO: El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la capital, por Acuerdo y Sentencia Número 145, de fecha 23 de noviembre de 2009, resolvió: “Declarar desierto el recurso de nulidad; Modificar, el cuarto apartado de la S.D. Nº: 900 del 17 de diciembre de 2007,dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno, Sec. Nº 15, por las razones expuestas en el exordio de esta resolución. En consecuencia; ‘Hacer lugar a la demanda reconvencional sobre fijación de precio, planteada por el Abog. M.B. en nombre y representación dela Señora M.O.A. en contra de la E.B.Y.; y condenar a ésta última a que abone a la reconviniente, dentro de los diez días de quedar firme y ejecutoriada esta resolución, la suma de Dólares Americanos Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Setenta (US$ 125.870), a lo que deberá descontarse el monto depositado en juicio, y anexarse, al saldo resultante, intereses desde la promoción de la demanda reconvencional’; Imponer las costas de ambas instancias, por la demanda reconvencional a los vencidos en forma proporcional; Anotar…” (sic., f. 307).----------------------------------------------    
A fs. 316 a 321 de autos consta el escrito de expresión de agravios presentado por el Abg. R.C.G., representante de la E.B.Y.. En el mentado se escrito, se agravió por considerar que la decisión del Tribunal sería incorrecta por atribuir un exagerado valor probatorio a una pericia que, a criterio del recurrente, no sería concluyente en sus apreciaciones.----------------------
A fs. 333 a 339 de autos, el Abg. A.M.A.I., Procurador Delegado de la Procuraduría General de la República, presentó su escrito de expresión de agravios. Por dicho escrito, el recurrente expresó que al estar el dictamen pericial afectado por errores de apreciación, el Tribunal no debía haberle atribuido un valor probatorio decisivo al mismo.-------------------------------------------------------
La parte reconviniente, al contestar estos agravios, expresó que el dictamen pericial agregado a estos autos se adecua a los principios científicos que rigen la materia y que se hallaría, por ello, justificada la decisión de la causa conforme con la estimación del bien realizada por el perito.------------------------------------------------------
En estos autos se discute el valor fijado por el Tribunal como indemnización correspondiente al inmueble expropiado por la E.B.Y. Para la estimación del valor del inmueble, el Tribunal consideró pertinente tomar el valor dictaminado por el perito único, para luego reducirlo al 50%, fundado en las imprecisiones incurridas en la pericia, que si bien le habrían restado valor a sus conclusiones, no eran suficientes para invalidarlas por completo.-----------------------------------
A pesar de lo dicho por las recurrentes, en autos existen constancias de informes de dos Empresas Inmobiliarias que señalan que el valor de inmuebles de características similares a la del inmueble expropiado rondaría los 12 Dólares Estadounidenses por metro cuadrado –vide f. 198, Geos Inmobiliaria-, suma que no solo es superior a la establecida por el Tribunal, sino que es también mayor al valor asignado por el perito al inmueble. Cabe agregar que la agregación de dichos informes no fue cuestionada en tiempo oportuno.-------
Inclusive, a pesar de las imprecisiones incurridas en el dictamen pericial –lo que podría restar fuerza probatoria a la labor de los peritos-, la postura del Tribunal es correcta al atender a las conclusiones vertidas por el perito designado, puesto que su valor indiciario debe ser tenido en consideración, atento a la experiencia y conocimientos técnicos que son inherentes a los especialistas de un área y especialmente por la estimación del valor del inmueble que haya podido haber hecho en función a las características de los inmuebles de la zona y que además es conteste con los informes arrimados a estos autos.----------------------------
Ante estos hechos, corresponde a la reconvenida, a la propia Entidad, demostrar por qué motivos el inmueble litigioso debe ser avaluado en un valor inferior              –notablemente inferior, por cierto-, al promedio del valor de mercado de inmuebles de la zona, siempre de acuerdo a lo probado en autos. Este deber responde no solo a lo dispuesto sobre las reglas sobre la carga de la prueba en el Código Procesal Civil –ya que el menor valor es un hecho controvertido cuya existencia debe ser probada por quien lo invoque en su favor-, sino que responde al propio espíritu del Art. 3º de la Ley Nº 1681/01, que impone la carga de determinar cuáles fueron los parámetros utilizados para la estimación de los valores. Esta determinación no puede consistir en un listado superficial de los coeficientes de comparación en lo que se refiere a medidas, ubicación, topografía y servicios, sino que debe consistir en una clara y adecuada explicación que permita conocer qué características concretas del terreno fueron consideradas  y la explicación y detalle de los criterios empleados para establecer los coeficientes empleados en la tasación de la porción específica de terreno.-------------------------------
Igualmente debe indicarse que el precio abonado por la parte reconviniente para adquirir el inmueble hoy expropiado no es un parámetro por sí suficiente para demostrar el valor de mercado del inmueble en cuestión. En primer lugar porque la compra fue hecha dentro del marco de la política de Reforma Agraria y fue adquirido del Instituto de Bienestar Rural, por lo que cabe suponer que el precio fue establecido en función de facilitar a los beneficiarios del Estatuto Agrario el acceso a la tierra propia. En segundo lugar, en términos más abstractos, porque el precio final de una operación de compraventa depende de distintos factores negociales y subjetivos que pueden incidir en el precio de la operación en detrimento de lo que constituye el valor de mercado de un bien. Por ello, repetimos, ante la prueba rendida en autos de que el valor de mercado de los inmuebles de características similares al bien expropiado ronda los 12 US$ por metro cuadrado, cabía a la reconvenida la prueba de un valor notoriamente inferior.------------------------------
Por todo lo expresado, podría inclusive llegar a sostenerse que la reducción hecha por el Tribunal, en un cincuenta por ciento del valor establecido por el perito,  resulta muy abultada, sin embargo, como la competencia de esta magistratura se halla limitada a determinar si corresponde disminuir aún más la suma establecida en segunda instancia, de conformidad con lo establecido por el Art. 403 del Código Procesal Civil y con lo ya indicado en la cuestión previa, cabe confirmar la resolución recaída en segunda instancia en cuanto a la determinación del monto que corresponde ser pagado a la expropiada en concepto de indemnización. Por lo tanto, corresponde confirmar el apartado segundo del Acuerdo y Sentencia Número 145, del 23 de noviembre del 2009, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la Capital.----------
En cuanto a las costas, primeramente deben establecerse las correspondientes a las instancias inferiores, de conformidad con lo resuelto en la nulidad y conforme con el pronunciamiento en esta instancia que resuelve confirmar parcialmente la resolución apelada. En este sentido, en la instancia inferior se produjo el supuesto establecido por el Art. 195 del Código Procesal Civil, ya las pretensiones de las partes no prosperaron en su totalidad, sino tan solo parcialmente, por lo que de conformidad con lo establecido por el 203 inc. a) del Código Procesal Civil, las costas de primera y segunda instancia deben ser impuestas en forma proporcional en un 60% a la actora y reconvenida y en un 40% a la parte demandada y reconviniente, dado que la entidad del rechazo de las pretensiones de la parte actora y reconvenida es superior a la entidad del rechazo de las pretensiones de la adversa.--------------------------------------------------
En cuanto a las costas de esta instancia, como el recurso no ha prosperado y la resolución apelada resultó confirmada en lo que respecta al monto que corresponde abonar en concepto de indemnización por expropiación, corresponde imponerlas a la parte actora y reconvenida, quien revistió la calidad de recurrente en el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 205 y 203 inc. a) del Código Procesal Civil.----------------------------------------------
     A su turno el señor Ministro César Antonio Garay prosiguió diciendo:------------------------------------------
     Por Sentencia del juzgado de  Primera Instancia se resolvió: hacer lugar a la demanda de pago por consignación, por la suma de USD 47.689, imponiendo Costas a la demandada.  Asimismo, se rechazó demanda reconvencional sobre fijación de precio, intimándose a la accionada para que otorgue Escritura Pública traslativa de dominio, a favor de la accionante. (fs. 262/74). Ese Fallo fue modificado por el Ad quem que hizo lugar a la demanda reconvencional sobre fijación de precio, condenando a la accionante al pago de la suma de USD 125.870, a lo que debía descontarse el monto consignado (fs. 307).----
Dicha Resolución fue recurrida por la E.B.Y. y la Procuraduría General de la República.  La E.B.Y. esgrimió que resultaba inadmisible ser condenada a pagar suma exorbitante de dinero en base a una sola prueba pericial que carecía de fuerza probatoria (fs. 316/21).   En los mismos términos, la Procuraduría General de la República sostuvo que el Dictamen pericial era inconsistente, afirmando que la reconviniente no diligenció ni produjo otras pruebas que acrediten  suma superior a la consignada (fs. 333/9).------------------------
En el caso, el thema decidendum está en determinar si la prueba pericial presentada por la accionada tiene  entidad probatoria para acreditar si el valor del inmueble expropiado es superior al fijado por la Comisión Tasadora de la E.B.Y.. Cabe señalar que el valor del inmueble no incluye el de las mejoras, cuestión que no fue controvertida.------------------
El Principio de justa indemnización tiene raigambre constitucional (Artículo 109 de la Ley Fundamental; Artículo  7º de la Ley Nº 1814/2001 (Que modifica los Artículos 4º, 7º,10º, 11º y 13º y amplia la Ley Nº 1.681 “Que declara de utilidad pública y expropia áreas delimitadas a ser afectadas por el aprovechamiento hidroeléctrico de Yacyretá, sus obras auxiliares y las obras complementarias”; Artículo 1964 del Código Civil). Ese Principio determina que la indemnización debe ser integral, es decir, valor similar al bien expropiado que cubra exactamente el daño que le produjera al propietario la expropiación, sin que ello implique enriquecimiento en detrimento de la Entidad Binacional.  De ahí la exclusión del lucro cesante establecido en esa normativa.------------------
La más autorizada Jurisprudencia sostiene: “Aun cuando parece indiscutible que la compensación en materia expropiatoria resulta un rasgo distintivo del estado de derecho (sec. X, Constitución del Estado de Massachussets de 1780; enmienda V, Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica; arts. 124 y 176, Constituciones de 1819 y 1826; art. 18, anteproyecto de Constitución de Alberdi y art. 17, Constitución Nacional vigente), es menester recordar que la expropiación no resulta en modo alguno una fuente de beneficios.  Por ello, si bien no debe soportar el expropiado un perjuicio irreparado, tampoco puede éste pretender más que el equivalente de lo que en realidad pierde”  (Fallos: t. 184, p. 142; t. 202, p. 81 y t. 237, p. 316; Rev. La Ley, t. 39, p. 180; t. 87, p. 515).-).-------------------------------
El citado Artículo 7º de la Ley Nº 1814/2001, enumera parámetros para determinar el valor mínimo de indemnización como ser: el valor actual de la tierra que tengan otras fincas similares y próximas ubicadas en sectores de población; el de las mejoras; gastos de traslado; valor de las indemnizaciones abonadas por ruptura de contratos laborales, etc.. --------------------------------------------
De constancias procesales se aprecia que la res litis hace referencia al inmueble, cuya propietaria es M.O.A., individualizado como Finca Nº 186, del Distrito San Juan del Paraná, con superficie total de 8 Has. 9.675 mts.2, siendo la fracción afectada por el embalse de la represa, la extensión de 5 Has. 9.229 mts.2.  La Comisión Tasadora de la E.B.Y. estimó que el precio total de dicho inmueble, con mejoras incluidas, ascendía a la suma de USD. 47.242 (vide: fs. 20/1).  Sin embargo, la propietaria se opuso –enfáticamente- al precio, esgrimiendo que el valor por metro cuadrado era de USD 6 aproximadamente o lo que en más resultare de la prueba pericial (fs. 112).  La E.B.Y. negó categóricamente dicho reclamo, esgrimiendo que la valuación del precio del inmueble fue realizada en debida y legal forma (fs. 119/22).  Igual postura sostuvo la Procuraduría General de la República (fs. 124/32).--------------------------------
A fs. 207/10 se encuentra agregado informe pericial de tasación del inmueble en cuestión, practicado por el Perito Tasador Fernando R. Andrada Nogués, quien utilizó el método comparativo directo, en base a informes de inmobiliarias y una tasación practicada por la E.B.Y. de una Finca cercana al Fundo expropiado.  Para llegar a la estimación por hectárea realizó el siguiente cálculo: “Según informes recaudados de inmobiliarias el precio de venta por metro cuadrado en la zona cercana a la finca expropiada es de 12 a 15 USS el metro cuadrado.  Tomando el 75 % del menor valor, es decir, 12 USS y teniendo en cuenta la característica topográfica del terreno expropiado da: Valor por m.2: 9 USS… Tasación realizada por la E.B.Y. de la Finca N° 18… cercana a la Finca N° 186… valor por m.2: 2,95 USS, tasación realizada por la E.B.Y…. valor m.2  0,80 , existiendo una marcada diferencia de precio entre la Finca N° 186 y Finca N° 18… promediando los valores… valor por Hectárea 42.500 USS, valor por m.2. 4,25 USS… importe total: 251.741.82 USS…”.-------------------
Ese informe pericial fue impugnado por la E.B.Y. (fs. 223/5), adhiriéndose a tal incidencia, la Procuraduría General de la República (fs. 254)).  El Perito Tasador reconoció que no acreditó el valor del inmueble, en el mercado inmobiliario. Sin  embargo, sostuvo que para determinar el precio utilizó los informes de dos inmobiliarias, presentados por la reconviniente, según surge a fs. 197/8.  Aseveró que no le fue posible acceder a información referente a otras tasaciones de la E.B.Y., de propiedades aledañas, por lo que tuvo que considerar el informe de valuación de la Finca Nº 18, cuyos antecedentes fueron agregados por la accionante a fs. 17 (fs. 226/9).-----
Aquella aclaración o mejor todavía- aseveración del Perito Tasador evidencia que el estudio realizado por él fue incompleto, superficial y con exiguo rigor técnico.  En efecto, sus apreciaciones se basaron en constancias existentes en el Expediente y no en elementos que debía aportar como presunto profesional especializado en el área respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 343 del Código Procesal Civil.-----------------------------------
Por lo demás, que aquella puesta en claro (dilucidación),  resta  valor convictivo al dictamen y merma decisivamente la pericia, “tanto en su aspecto primitivo, como en el nuevo que se ensaye, ya que la falta de seguridad expuesta en las deducciones formuladas permiten un amplio grado de duda sobre los argumentos desarrollados por el experto” (Rep. LL, XXXVII, 1246, sumario 21).----------------
El Artículo 360 del Código Procesal Civil, dispone que la fuerza probatoria del Dictamen pericial será apreciada por el Juzgador considerando la competencia y enjundia de los Peritos, la conformidad o disconformidad de sus opiniones, los Principios científicos en que se funden y las demás pruebas y elementos de convicción que la Causa ofrezca.  Esos presupuestos no fueron cumplidos en el trabajo pericial, tal como se ha mencionado antecedentemente.----------------------
No puede obviarse que existe un solo informe inmobiliario (fs. 198), el que –por lo demás- resulta impreciso e incompleto para crear suficiente y minima convicción respecto al valor del inmueble en el mercado.  Cabe rememorar que fue presentado por la Parte que propuso al Perito (la reconviniente).-----------------------------------
Varela  -citando a Mittermaier- explicita: “la prueba pericial descansa en un encadenamiento de probabilidades racionales que corresponde apreciar al Juez antes de declararse convencido.  En todos los casos tendrá que decidir si el informe envuelve en si convicción… El dictamen debe poseer un fundamento suficiente.  Esa exigencia cumple una necesidad de orden básico, ya que si el dictamen no estuviera fundamentado se convertiría en una opinión meramente arbitraria” (Valoración de la prueba, págs. 194/5).----------
Resulta injustificable que en el informe pericial no se haya acreditado el valor de otros inmuebles aledaños, información que podía ser corroborada por disímiles medios probatorios.  Es por ello, que dicha –única- prueba no es relevante, decisiva, convincente, diáfana, sólida ni trascendente para fundar aumento de la indemnización.   Como sostiene  mayoritaria Jurisprudencia: “El Juez goza de amplias facultades para examinar los fundamentos del dictamen, ya que éste está sometido a la ciencia del magistrado, porque el juicio crítico que merecen sus conclusiones forma parte de la función juzgadora” (CN Civ. Sala C., 10/10/78, LL, 1.979-B-108).------------------------
A tenor de lo dispuesto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, el reconviniente tenía obligación  de probar  su reclamo, circunstancia que no ocurrió.  Ante la orfandad probatoria, corresponde revocar el Fallo impugnado, rechazando la demanda reconvencional por fijación de precio, intimando a la reconviniente a otorgar Escritura Pública traslativa de la res litis, a favor de la E.B.Y..  Las Costas serán impuestas a la perdidosa, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil.  Así voto.--------------------------------------------------------
A su turno el señor Ministro Bajac Albertini dijo: Que se adhiere al voto del Ministro Torres Kirmser por sus mismos fundamentos.-------------------------------------------------
          Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por Ante mí que lo certifico, quedando acordada la Sentenciaque inmediatamente sigue:


GARAY, BAJAS Y TORRES – MINISTROS
Ante mí: ALEJANDRINO CUEVAS- SECRETARIO JUDICIAL




SENTENCIA NÚMERO 58
  Asunción,  13   de marzo          del 2.013. ---------

Y VISTOS: los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
  SALA CIVIL Y COMERCIAL
R E S U E L V E:
     DECLARAR MAL CONCEDIDOS los Recursos interpuestos por el Abog. M.B., en representación de la parte demandada y reconviniente.---------------------------------
     DECLARAR LA NULIDAD del apartado tercero del Acuerdo y Sentencia Número 145, del 23 de Noviembre del 2.009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la Capital.------------------------------------------
     CONFIRMAR el apartado segundo del Acuerdo y Sentencia Número 145, del 23 de Noviembre del 2.009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala de la Capital.--------------------------------------------------
IMPONER las Costas de Primera y Segunda Instancias en forma proporcional: 60% a actora y reconvenida y 40% a la Parte demandada y reconviniente.-----------------------------
IMPONER las Costas de esta Instancia a la perdidosa, Parte actora y reconviniente.--------------------------------
ANOTAR, notificar y registrar.--------------------------

BAJAC, GARAY Y TORRES - MINISTROS


Ante mí: ALEJANDRINO CUEVAS- SECRETARIO JUDICIAL

11 de febrero de 2014

DECRETO Nº 360 20 DE SETIEMBRE DEL 2013. POR EL CUAL SE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARIAL ADMINISTRATIVO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO XI DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 17781/2002.

DECRETO Nº 360/13


POR EL CUAL SE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARIAL ADMINISTRATIVO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO XI DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 17781/2002.

Asunción, 20 de setiembre de 2013
VISTO: El Artículo 238, Numeral 1) de la Constitución, y la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública"; y
CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 1) de la Constitución, faculta a quien ejerce la Presidencia de la República, a dirigir la administración general del país.

Que el Artículo 140 de la Ley N° 1626/2000 establece que Poder Ejecutivo reglamentará la citada ley de la Función Pública.

Que a fin de optimizar los tramites de los sumarios administrativos previstos en el capitulo XI de la Ley N° 1626/2000 resulta conveniente derogar el Decreto N° 17781 /2002 y establecer una nueva reglamentación a partir de la vigencia de este Decreto.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:


Capítulo I
Finalidad y ámbito de aplicación del Sumario Administrativo

Art. 1º.- Objeto. El presente Decreto establece los principios y las normas reglamentarias del procedimiento que será aplicable al sumario administrativo regulado en el Capitulo XI de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública " a los efectos de investigar los hechos tipificados como faltas graves en el Artículo 68 de esa misma Ley.

Art. 2º.- Finalidad del procedimiento. El procedimiento sumarial administrativo tiene por finalidad la averiguación o determinación de la existencia de hechos y actos irregulares o ilícitos en el ejercicio de la función pública; y determinar en consecuencia la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos que hubieran cometido alguna de las faltas graves establecidas en el Artículo 68 de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", garantizando los derechos procesales de los mismos.

Art. 3º.- Ámbito de aplicación. El procedimiento de sumario administrativo reglamentado por el presente Decreto será aplicado a los funcionarios y empleados públicos conforme la definición del Artículo 4º de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública".

Capítulo II
De la denuncia y diligencias preliminares

Art. 4°.- De la denuncia o iniciación de oficio. El procedimiento sumarial podrá iniciarse por denuncia presentada por cualquier persona física o jurídica o bien de oficio directamente, a partir del conocimiento que por cualquier medio pudiere tomarse acerca de la eventual comisión de los hechos que pudieren configurar una falta grave.

Las denuncias de personas no vinculadas a la institución afectada deberán ser presentadas en la mesa de entrada institucional. Las que tengan iniciativa en la institución afectada, deberán ser presentadas a la máxima autoridad de la institución. Estas opciones son meramente comunciativas.

La denuncia deberá contener todos los datos de que tenga conocimiento el denunciante, y adjuntarse todos los elementos con que se cuenten, o en su defecto, podrá señalar el lugar donde se encuentren.

Art. 5º.- Formalidades de la denuncia. La denuncia podrá ser presentada por escrito o realizarse de forma oral, en cuyo caso el funcionario que recibiere la denuncia verbal labrará un acta asentando en la misma, las manifestaciones del denunciante y adjuntará la documentación que fuere presentada, si la hubiere.

Los datos del denunciante podrán ser mantenidos en reserva hasta la conclusión del sumario, donde si hubiere mérito podrá calificarse la denuncia como temeraria, a los efectos de determinar las responsabilidades que correspondan.

Art. 6°.- Recepción de denuncias bajo normas para la protección de la identidad del denunciante. Para proteger al denunciante, podrán ser admitidas las denuncias que fueren formuladas por personas que soliciten que su identidad sea mantenida en reserva. Para el efecto, los organismos y entidades del Estado deberán establecer mecanismos que mediante la utilización de códigos y protocolos especialmente establecidos permitan recibir denuncias con carácter confidencial y mantener en reserva la identidad del denunciante. La Secretaría de la Función Pública podrá reglamentar esta disposición, observando lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 5º.

Art. 7º.- Facultades de la máxima autoridad. Recibida la denuncia, la máxima autoridad del organismo o entidad deberá solicitar a la Secretaría de la Función Pública la designación de Juez Instructor, en cuyo caso se procederá conforme al Artículo 9º del presente Decreto, o bien, si las circunstancias lo ameritan, fundadamente podrá realizar las diligencias preliminares previstas en el artículo siguiente.

Art. 8º.- Diligencias previas a la instrucción del sumario. En caso que fuere pertinente, la máxima autoridad del organismo o entidad podrá realizar diligencias preliminares previas a la instrucción del sumario con las siguientes facultades en un plazo máximo de veinte días hábiles:

a) Impedir, en la medida de la posible, que la falta grave produzca consecuencias inmediatas o ulteriores, o detener los eventuales efectos posteriores que pudiere causar el hecho denunciado, tomando las medidas correspondientes.

b) Recolectar en la medida que ello fuera posible los elementos probatorios que fueran necesarios para fundar las investigaciones eventuales antes de la instrucción del sumario, particularmente aquellas evidencias cuya recolección una vez abierto el sumario fuera de difícil realización.

c) En caso que el hecho verosímilmente constituya un hecho punible podrá denunciarlo al Ministerio Público, conforme al Artículo 286 Inciso 1) del Código Procesal Penal.

Capitulo III
De la apertura del sumario y las recusaciones y excusaciones


Art. 9º.- Solicitud de la máxima autoridad a la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con el Artículo 7º de este Decreto o, en su caso, con posterioridad a las diligencias previas previstas en el Artículo 8º, la máxima autoridad del organismo o entidad en la que efectivamente preste servicios el funcionario involucrado solicitará a la Secretaría de la Función Pública la designación del Juez Instructor para dar inicio al procedimiento, indicando los hechos a ser investigados y los presuntos responsables.

Art. 10.- Designación de Juez Instructor Titular y Suplentes. La Secretaría de la Función Pública designará a un Juez Instructor Titular y a tres suplentes para cada sumario administrativo, para el caso de que se produzcan recusaciones o excusaciones, las cuales se regirán por lo dispuesto del Artículo 13 de este Decreto.

Art. 11.- Resolución de apertura del sumario administrativo. El Juez Instructor Titular se constituirá en la sede del organismo o entidad en la que preste servicios el funcionario, y dispondrá la apertura del sumario administrativo, por resolución irrecurrible, que será notificada al funcionario por parte del Juez Instructor. Inmediatamente se pondrá a su disposición la documental relacionada con los hechos investigados, y el sumariado aportará la documental que conviniere a sus derechos dentro de los tres días hábiles.

Art. 12.- Cómputo del plazo del Artículo 76 de la Ley N°. 1626/00. La resolución a la que refiere el artículo anterior determina el inicio del cómputo del plazo de sesenta días hábiles al que refiere el Artículo 76 de la Ley N° 1626/00, e interrumpe la prescripción conforme con el Artículo 83 del mismo cuerpo legal.

Art. 13.- Recusación. Procedimiento. El funcionario sumariado tendrá tres días desde la notificación del inicio del sumario para recusar con causa justificada al Juez Instructor, por motivos o causales preexistentes a la designación del mismo. Dicha recusación deberá ser resuelta por el primer Juez Suplente, quien resolverá la recusación dentro de tres días hábiles y su resolución será irrecurrible. Si la recusación es rechazada, devolverá los autos al Juez Titular y proseguirá el procedimiento administrativo. Si la recusación resulta procedente contra el Juez Titular, asumirá como Juez instructor el segundo Juez Suplente designado.

En caso de presentarse una recusación por causales sobrevinientes en el curso del procedimiento, se aplicará el mismo procedimiento previsto en el párrafo precedente.

No se admitirá en ningún caso la recusación sin causa. Las únicas causales de recusación que se aceptarán son las previstas en el Código Procesal Civil.

Art. 14.- Supuesto de excusación. En caso de mediar causal de excusación de su parte el Juez Instructor deberá comunicarlo a la Secretaría de la Función Pública, bajo pena de falta grave, y será reemplazado por el primer suplente, y en caso de excusación de este, el siguiente suplente sucesivamente.

Art. 15.- Representación procesal del organismo o entidad acusador. La máxima autoridad del organismo o entidad deberá designar a un abogado funcionario de la institución o a un asesor contratado por la misma, para que represente al organismo o entidad de la que se trate en el sumario dispuesto, a los efectos de cumplir la función de parte adora a que hace referencia el Artículo 74, segunda parte, de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública". Bastará que la designación del mismo fuese realizada mediante una resolución de la máxima autoridad para acreditar al abogado como representante del organismo o entidad acusador en el respectivo procedimiento sumarial.

Capítulo IV
De la Investigación de los hechos y la etapa probatoria


Art. 16.- Investigación y medios de prueba. Prescindencia de apertura a prueba. Los medios de prueba distintos a la documental serán ofrecidos por las partes dentro de los tres días hábiles de abierto el sumario, sin perjuicio de la facultad oficiosa del juzgador de incorporar los medios de prueba oportunos conforme el Artículo 18 del Código Procesal Civil.

El Juez podrá prescindir de la etapa probatoria por resolución fundada y pasar directamente a la fase siguiente prevista en el Artículo 20 de este Decreto en los casos que así fuera pertinente. Contra dicha decisión cabrá el recurso de reposición, a ser interpuesto dentro de los dos días hábiles siguientes al dictado de dicha resolución.

Art. 17.- Diligenciamiento de las pruebas. El diligenciamiento de las pruebas ofrecidas será realizado de modo oral, con registro en actas, en una sola audiencia, o en sucesivas cuando la cantidad de pruebas producidas así lo amerite, a criterio del Juez Instructor. Los incidentes que motive dicha producción serán decididos inmediatamente, en curso de audiencia, de modo irrecurrible.

Art. 18.- Audiencia de prueba. Audiencias ulteriores. Luego de vencido el plazo de tres días hábiles para ofrecimiento indicado en el Artículo 16 del presente Decreto, el Juez fijará la audiencia de prueba dentro de los cinco días hábiles siguientes.

A partir de allí, fijará en la misma audiencia las ulteriores que fueren necesarias, las que quedarán notificadas en el mismo acto a las partes.

Art. 19.- Extensión del plazo probatorio. Finalizadas las audiencias de prueba, y producidas todas las ofrecidas, el juez instructor cerrará el período de prueba, dejando constancia escrita de las pruebas producidas. En cualquier caso, el plazo probatorio no podrá extenderse por más de veinticinco días hábiles.
Las pruebas no producidas dentro de este plazo se considerarán desistidas, sin que haya lugar a la prórroga del período probatorio.

Capítulo V
De la acusación y defensa del funcionario 

Resolución del sumario administrativo

Art. 20.- Acusación, contestación, y excepciones. Cerrado el período de prueba, y certificadas las producidas, el representante de la entidad, en consideración a los hechos probados, formulará sus pretensiones, ya sean sancionatorias o absolutorias, lo cual deberá ser contestado por el sumariado en ejercicio de su derecho a la defensa. El plazo para esta actuación es de cinco días hábiles por parte.

Las eventuales excepciones serán opuestas en dicho acto, y se decidirán en la sentencia definitiva, no suspendiendo el curso del sumario. Sólo podrán interponerse las excepciones previstas en los Incisos a), b), c), d) y f) del Artículo 224 del Código Procesal Civil, las cuales no tendrán el carácter de previas y serán resueltas en la resolución final.

Art. 21.- Rebeldía. En caso que el funcionario sumariado no comparezca a contestar el traslado del escrito de acusación sumarial en el plazo previsto, a pesar de estar debidamente notificado, el juez sumariante de oficio dictará una providencia dando por decaído el derecho que ha dejado de usar el sumariado, llamándose directamente autos para resolver.

Art. 22.- Supuesto de hechos punibles y suspensión. En caso que surgieren indicios verosímiles de la comisión de hechos punibles de acción penal pública, se estará a lo dispuesto en el Artículo 79 de la Ley N° 1626/00. El Juez Instructor procederá a la comunicación a la autoridad de la que dependa efectivamente el funcionario, a los efectos de la suspensión en el cargo y el sumario quedará suspendido a las resultas de la investigación penal, conforme con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 79 de la Ley N° 1626/00.

Si el funcionario fuere comisionado, esta última entidad procederá a comunicar la suspensión a la dependencia de origen.-

Art. 23.- Consecuencias del proceso penal. Si el proceso penal al que refiere el Artículo 79 de la Ley N° 1626/00 concluyere por algún medio que implique la ausencia de constatación o pronunciamiento que haga cosa juzgada sobre la comprobación de los hechos investigados o la culpabilidad del funcionario, el sumario continuará en el estado en el que se encontraba. A tal efecto, el plazo de duración del proceso penal implica suspensión del sumario, con lo que dicho plazo no se computará a los efectos de los Artículos 76 y 83 de la Ley N° 1626/00.

Art. 24.- Autos para resolver, resolución y acción contencioso-administrativa. Producida la contestación por parte del sumariado conforme con el Artículo 20 del presente Decreto, el Juez Instructor llamará autos para resolver, y decidirá en el plazo de diez días hábiles.

La resolución será fundada y se pronunciará sobre la comprobación de los hechos investigados, la falta cometida por el funcionario, y la sanción correspondiente, o bien la absolución del mismo. La misma decidirá sobre las excepciones planteadas, así como incidentes que estuvieren pendientes, como cuestiones a resolver previas.

Esta resolución definitiva deja expedita la acción contencioso-administrativa.

Art. 25.- Supuestos de sanciones. De recaer sanción, las previstas en los Incisos a) y b) del Artículo 69 de la Ley N° 1626/00 serán aplicadas por la autoridad de la que depende el funcionario. Si hubiere comisionamiento, la misma será comunicada a la dependencia de origen del funcionario. La sanción de destitución será aplicada por el órgano que dispuso el nombramiento del funcionario.-

Art. 26.- Falta de pronunciamiento oportuno del juez sumariante. En caso de que el juez sumariante no emitiera la resolución definitiva que corresponda dentro del plazo legal establecido, incurrirá en la falta tipificada como incumplimiento de sus obligaciones, que se encuentra prevista en el Artículo 57, Inciso a), de la Ley Nº 1626/2000, siendo pasible de las sanciones disciplinarias contempladas en la antedicha ley para las faltas graves.

Art. 27.- Normativa supletoria. En todo lo no previsto expresamente en este Decreto, y siempre y cuando sus disposiciones no contradigan las normas de procedimiento aquí establecidas, se aplicará el Código Procesal Civil, conforme con el Artículo 85 de la Ley N° 1626/00.

Capítulo VI
De las disposiciones generales

Art. 28.- Notificación de la providencia de apertura del sumario. La providencia de apertura del sumario será notificada personalmente por parte del Juez Instructor al funcionario involucrado en el lugar donde el mismo presta servicios. De no hallarse presente, se labrará acta y se volverá a proceder a la notificación personal al día siguiente. De no estar nuevamente presente el funcionario, se notificará al último domicilio que figure en el legajo del personal en la institución correspondiente, sin perjuicio de que dichas ausencias formen parte del sumario conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 29.- Ausencias. Las ausencias del funcionario, constatadas a tenor de los artículos anteriores, serán objeto de investigación y sanción en el mismo sumario a tramitar, salvo que las justifique documentadamente durante las audiencias probatorias.

Art. 30.- Notificación automática. Las demás notificaciones se producirán por automática. A tal efecto, las resoluciones se reputarán notificadas al día siguiente de su dictado.

Art. 31.- Espacio físico del Juez Instructor. El Juez Instructor, de considerarlo necesario, se constituirá en la sede en la cual el funcionario presta servicios, y desempeñará allí sus funciones. La máxima autoridad de dicha sede deberá poner en este caso a su disposición un asistente y un espacio físico en el cual desarrollar el proceso sumarial.

Art. 32.- Días y horas hábiles. Todas las actuaciones previstas en este Decreto se harán en días hábiles. Son horas hábiles las que correspondan al horario de trabajo de la sede en la que el funcionario presta servicios.

Art. 33.- Cierre diario del sumario. Al término de cada jornada laboral, el sumariado suscribirá la última foja de los autos sumariales, a los efectos de certificar la última actuación realizada. En su ausencia, comprobada por el Juez Instructor mediante acta, la diligencia se realizará con la presencia de dos funcionarios del lugar.

Art. 34.- Enfermedad del funcionario sumariado. Toda vez que el funcionario sumariado no pueda concurrir a las audiencias de prueba por motivos de salud, se suspenderán, por única vez, las actuaciones por un plazo de seis días hábiles. Este plazo no se computará a los efectos previstos en el Artículo 76 de la Ley N° 1626/00. Ocurrida tal circunstancia, el funcionario designará a un profesional abogado, por medio de carta poder, para que ejerza sus facultades procesales durante el resto de la tramitación.

Art. 35.- Registro de jueces instructores - Autoridad de aplicación. La Secretaría de la Función Pública es el organismo que de conformidad con la norma del Artículo 100 de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública" tiene a su cargo la organización y control de funcionamiento del Registro de Abogados integrantes del plantel de abogados de los organismos y entidades del Estado, quienes se desempeñarán en la función de jueces instructores de sumarios administrativos, bajo la dependencia jerárquica de la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública reglamentará dicha función mediante resolución fundada de su máxima autoridad, donde se regulará dicho Registro de Jueces Instructores, el número de abogados, la competencia, las denuncias en contra de los mismos, requisitos y duración de sus funciones y demás detalles de su funcionamiento.

Art. 36.- Derogase el Decreto N° 17781 del 9 de julio de 2002, así como cualquier otra disposición reglamentaria que se oponga a las normas del presente Decreto. Los procedimientos sumariales iniciados bajo la vigencia del Decreto Nº 17781 serán concluidos conforme con sus disposiciones, y los procedimientos sumariales iniciados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto se regirán por estas disposiciones.


Art. 37.- El presente decreto será refrendado por el Ministerio del Interior.
Art. 38.- Comuníquese publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Fdo.: Horacio Manuel Cartes Jara.
Fdo.: Francisco José de Vargas Benítez. 

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