17 de enero de 2014

ESTATUTO PROVISORIO DE JUSTICIA NOVIEMBRE 24 DE 1842

ESTATUTO PROVISORIO DE JUSTICIA
NOVIEMBRE 24 DE 1842

1. ESTATUTO PROVISORIO DE JUSTICIA

Asunción, Noviembre veinte y cuatro de mil ochocientos cuarenta y dos. El Supremo Gobierno de la República ha acordado y decreta el siguiente Estatuto Provisorio:

CAPÍTULO PRIMERO:
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo Primero: La administración de justicia en general será uniforme en todo el territorio de la República, y se ejercerá provisoriamente por jueces de paz, alcaldes ordinarios, comisionados actualmente empleados en la campaña, jueces de lo civil, y de lo criminal y un juez superior de apelación.

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LOS JUECES DE PAZ

Segundo: Los jueces de paz observarán el reglamento que por separado les hará pasar el Supremo Gobierno de la República.

Tercero: Como jueces no decidirán en demandas cuya importancia exceda de doscientos pesos.

Cuarto: En todos los casos que deban conceder apelaciones para ante los juzgados respectivos pasarán a los interesados las actas de juicio apelado por copia fiel de la que hubiesen formado.

Quinto: En todas las causas o juicios de menores, de pobres de solemnidad y de esclavos nombrarán accidentalmente un defensor que represente las acciones y derechos de aquellos.

Sexto: Los jueces de paz perseguirán y aprehenderán todos los vagos y delincuentes que cometan cualquiera clase de crimen en sus distritos, y los remitirán con las informaciones debidas al juez del crimen en la Capital, y en la campaña al Jefe del partido o alcalde ordinario donde lo hubiere.


Séptimo: En las Villas y en los pueblos cabezas de Departamentos habrá un juez de paz, bien como en los demás pueblos de la Dependencia del Departamento y en los distritos y valles de numerosa población.

Octavo: Los jueces de paz en la Capital serán tres, uno del distrito de la Catedral, otro del de la Encarnación, y otro de San Roque, el cual será titulado juez de paz de San Roque y de la Recoleta.

Nono: Los jueces de paz no podrán ser recusados sino con causa probada de cuyo artículo conocerán en campaña el alcalde ordinario o el Jefe del partido adonde no hubiere alcalde y en la Capital el juez de lo civil.

Décimo: Este juicio será verbal y de su fallo no habrá recurso alguno. En caso de ser legítima la recusación el juez de paz recusado se asociará con dos hombres buenos a satisfacción de partes.

CAPÍTULO TERCERO:
DE LOS ALCALDES ORDINARIOS

Undécimo: Continuarán los alcaldes ordinarios en la campaña con la misma jurisdicción que tenían, y se expedirán en sus actuaciones con dos testigos a falta de Escribanos.

Duodécimo: Los Alcaldes ordinarios conocerán en las causas criminales leves sentenciándolas en primera instancia; pero en las graves remitirán los reos con sumarios al juez del crimen de la Capital.

Décimo Tercio: El Supremo Gobierno aumentará o disminuirá el número de alcaldes en la campaña según mejor convenga al servicio público.

Décimo cuarto: Los alcaldes ordinarios conocerán en grado de apelación en las causas falladas en los juzgados de paz.

Décimo quinto: Si la sentencia del juez de paz fuese revocada en apelación en todo o en parte, el alcalde ordinario otorgará otra apelación para ante el Juez Superior de apelación.

Décimo Sexto: Del mismo modo de las causas que se inicien en el juzgado del alcalde ordinario se apelará de su sentencia para ante el juez de lo civil de la Capital, y siendo en causa criminal se apelará para ante el juez del crimen de la Capital.

Décimo séptimo: En las villas y puntos de comercio los alcaldes ordinarios conocerán en las causas mercantiles en la misma forma que en las civiles.

Décimo octavo: Los alcaldes ordinarios no podrán ser recusados sino con causa probada, de cuyo artículo conocerá el juez más inmediato en juicio verbal de su fallo no habrá apelación. Pero resultando legítima la recusación el alcalde ordinario se asociará con dos hombres buenos para conocer en la causa.

CAPÍTULO CUARTO:
DE LOS JUECES COMISIONADOS, JEFES URBANOS Y COMANDANTES

Décimo nono: Los comisionados de partido continuarán por ahora con la misma jurisdicción que se les ha acordado por el Supremo Gobierno. Conocerán en las causas o demandas que les competen y en las que no excedan de cien pesos otorgando apelaciones para ante el juez de lo civil, y en las criminales leves para ante el juez de lo criminal, actuado en unas y otras con dos testigos.

Vigésimo: En las causas criminales graves remitirán los reos con sumario al juez del crimen de la Capital.

Vigésimo primero: Los Jefes Urbanos y Comandantes se limitarán por ahora al servicio militar y además al ramo de policía que se les ha encomendado.

CAPÍTULO QUINTO:
DE LOS JUECES CIVILES

Vigésimo segundo: Habrá en la Capital de la República dos jueces civiles uno para las causas de este título y otro para las criminales; serán nombrados por el Supremo Gobierno con la dotación que por ahora les acuerde y durarán en sus empleos por el tiempo de su buen comportamiento, o hasta que el Gobierno tenga a bien relevarlos.

Vigésimo tercero: Actuarán con dos testigos ínterin no se les provea de un Escribano con la dotación competente.

Vigésimo cuarto: Habrá un defensor general de menores, de pobres y de esclavos que nombrará el Gobierno con la dotación que corresponda para que represente las acciones y derechos de aquellos en sus causas civiles y criminales.

CAPÍTULO SEXTO:
DEL JUEZ DE LO CIVIL

Vigésimo quinto: El juez de lo civil conocerá en las causas que excedan de doscientos pesos. En las de inventario y partición de bienes de difuntos permitirán se proceda por los testamentarios y herederos extraoficialmente, si ellos lo solicitan con obligación de presentar los inventarios y particiones a la aprobación judicial, procediendo siempre en juicios verbales, y extendiendo las actas respectivas.

Vigésimo sexto: Conocerá en todos los juicios de deslinde, internaciones en campos o terrenos, localidades, dirección de aguas, servidumbres, caminos y en las causas que exijan conocimientos facultativos nombrarán un inteligente o perito que con vista de ojo o examen de la cosa litigada de su dictamen por escrito, solo en lo pertinente a su facultad.

Vigésimo séptimo: Conocerá además en todas las causas fiscales otorgando los recursos ordinarios para ante el Juez Superior de apelaciones.
Vigésimo octavo: Conocerá en las causas que se le presenten en apelación de cualquiera de los jueces de campaña.

Vigésimo nono: Conocerá en las causas mercantiles en la misma forma que en las civiles.

Trigésimo: En todos los casos en que el juez de lo civil haya de sentenciar en causas civiles en apelación procederá con dos colegas sacados a la suerte de una lista de quince individuos que el Supremo Gobierno nombrará en la Capital cada principio de
año.

Trigésimo primero: El juez de lo civil solo podrá ser recusado con causa probada, de cuyo incidente conocerá por suerte uno de los ciudadanos de la lista del artículo antecedente.

Trigésimo segundo: Este artículo se decidirá en juicio verbal y en caso de ser legítima la recusación como en la del impedimento legal pasará la causa la juez del crimen.

CAPÍTULO SÉPTIMO:
DEL JUEZ DEL CRIMEN

Trigésimo tercero: El juez del crimen podrá conocer y será juez privativo del crimen en toda la República, fuera de las causas que más adelante se excepcionarán de su conocimiento.

Substanciará las causas por si solo y para dar sentencia formará tribunal con dos hombres buenos sacados a la suerte de la lista expresada en el artículo trigésimo.

Trigésimo cuarto: Conocerá en igual forma y decidirá en todas las causas de vagos, de embriaguez pública, uno de arma en pelea, vida corrompida e inmoral, en la de juegos prohibidos, en las de robo y muerte y en las de injurias, concediendo apelaciones de sus sentencias para ante el juez superior de apelaciones.

Trigésimo quinto: Conocerá además en todas las causas de contrabando derogándose todas las disposiciones que haya en contrario.

Trigésimo sexto: Para intervenir en la primera instancia de las causas comprendidas en los dos precedentes artículos habrá un agente fiscal nombrado por el Gobierno con la dotación que por ahora se le asigne.

Trigésimo séptimo: A los reos presentes formalizado el sumario en causa grave se les notificará o requerirá hasta tercera vez para el nombramiento de un defensor de capacidad, y si ellos no lo hicieren, poniéndose constancia en Autos de éstas diligencias se pasará el proceso siendo insolvente el reo al Defensor general de pobres.

Trigésimo octavo: Si la causa fuese seguida sin aprehensión del reo se citará al defensor general para que presencie el juramento de los testigos.

Trigésimo nono: En ningún caso podrá el juez del crimen cometer el examen de los reos a los escribientes, ni a los Escribanos.

Cuadragésimo: En los casos de impedimento o recusación del juez del crimen se procederá como está prevenido en los artículos treinta y uno y treinta y dos y conocerá el juez de lo civil.

CAPÍTULO OCTAVO:
DEL JUEZ SUPERIOR DE APELACIONES

Cuadragésimo primero: Habrá un juez superior para conocer en el recurso de apelaciones y en los de súplica de todas las causas que se decidan ante los jueces inferiores de lo civil y de lo criminal.

Cuadragésimo segundo: El juez superior será nombrado por el Supremo Gobierno de la República, debiendo elegirlo de aquellos ciudadanos de notoria prioridad y honradez.

Cuadragésimo tercero: Para el desempeño de sus funciones le nombra el Gobierno un Secretario y una ordenanza.

Cuadragésimo cuarto: El juez superior de apelaciones y los empleados del artículo anterior vencerán respectivamente los sueldos que les acuerde el Gobierno.

Cuadragésimo quinto: En apelación conocerá y decidirá en todas las causas civiles y en las criminales.

Cuadragésimo sexto: En el grado de súplica conocerá el juez superior de apelaciones asociándose con cuatro hombres buenos sacados en su ente de la lista de que habla el artículo treinta.

Cuadragésimo séptimo: De las sentencias de súplica cualquiera que sea la cantidad que se litigase no habrá recurso alguno sin el extraordinario de nulidad e injusticia notoria cuando la cantidad llegare a dos mil pesos.

Cuadragésimo octavo: Este recurso se hará dentro de seis días y no se admitirá sin previo depósito de cuatrocientos pesos en la tesorería general.

Cuadragésimo nono: Para conocer en el recurso de nulidad e injusticia notoria se formará un tribunal eventual de cinco hombres buenos y capaces sacados en suerte de la lista del citado artículo treinta.

Quincuagésimo: Integrado el tribunal eventual entrará a conocer y determinar el recurso sin admitir más escritos que el de su introducción expresando la nulidad e injusticia notoria y el de la contestación contraria.

Quincuagésimo primero: Si el recurrente fuese vencido en la instancia de nulidad e injusticia noticia se aplicará el depósito por mitad a la parte contraria y al fisco.

Quincuagésimo segundo: Toda sentencia pronunciada en revista en las causas criminales en gravedad cualquiera que sea la pena impuesta se mandará ejecutar con previo aviso al Supremo Gobierno.

Quincuagésimo tercero: El Juez superior de recursos no es recusable si no con causa probada y en ella conocerá por suerte uno de los Ciudadanos de la lista del artículo trigésimo. El juicio será verbal y de su fallo no habrá apelación.

Quincuagésimo cuarto: En los casos de declararse justa la recusación del juez de apelaciones se formará un Tribunal eventual compuesto de cinco ciudadanos de la lista mencionada fuera del que ha conocido en el artículo de recusación que debe excluirse en este caso.

Quincuagésimo quinto: Habiendo en los nombrados impedimento legal podrán ser recusados. La recusación se determinará sobre tablas y en caso de ser legítima se reemplazarán los recusados, todo en la misma forma que antes y no se admitirán más recusaciones.

Quincuagésimo sexto: Tendrá su despacho público el Juez de apelaciones en el local que le destinase el Supremo Gobierno y el mismo juez Superior de apelaciones señalará las horas de mañana y tarde para su despacho dando de ello aviso al Supremo Gobierno al público.

CAPÍTULO NONO;
DE LOS CRÍMENES EXCEPTÚALES

Quincuagésimo séptimo: El Supremo Gobierno es juez privativo de las causas de traición a la República de las de conmoción o conjuración contra el orden y tranquilidad pública y en las de atentar contra la vida del Supremo Gobierno de la República, dando cuenta informativa de lo obrado al Soberano Congreso.

Quincuagésimo octavo: En obsequio de la humanidad podrá el Supremo Gobierno indultar la pena de muerte previo informe del juez de la causa cuando medien graves y poderosos motivos, salvo los delitos que la Ley exceptúa.

CAPÍTULO DÉCIMO:
DISPOSICIONES GENERALES.

Quincuagésimo nono: En todos los juicios civiles de menores, de pobres de solemnidad y de esclavos así en primera como en segunda y tercera instancia desempeñará las funciones de defensa el Defensor general que expresa el artículo Vigésimo cuarto.

Sexagésimo: La acusación en las causas criminales corresponde al agente fiscal del crimen de que habla el artículo Trigésimo sexto, Capítulo Séptimo.

Sexagésimo primero: En las causas de contrabando y demás ramos pertenecientes al Fisco nacional intervendrán por parte de este el Fiscal General que nombrará el Supremo Gobierno accidentalmente por ahora.

Sexagésimo segundo: Una sola rebeldía será suficiente para sacar los autos por apremio.

Sexagésimo tercero: En los casos de dudas que puedan ocurrir a los Alcaldes Ordinarios. Jueces de lo Civil y del Crime las propondrán y consultarán al Juez Superior de apelaciones, quien no pudiendo resolverlas las elevará al Supremo Gobierno proponiendo lo que crea más conforme a la administración de justicia en cada caso.

Sexagésimo cuarto: Por ahora todos los jueces contenidos en este Estatuto serán nombrados por el Supremo Gobierno de la República hasta que se de una norma general para la elección de jueces de paz, alcaldes ordinarios y jueces civiles de lo civil y criminal, quedando siempre reservado al Supremo Gobierno el nombramiento de juez superior de apelaciones.

Sexagésimo Quinto: Los jueces de paz y los alcaldes ordinarios percibirán por sus actuaciones los Derechos de arancel general.

Sexagésimo Sexto: El juez superior de apelaciones y los jueces de lo civil y de lo criminal pasarán al Supremo Gobierno cada seis meses una noticia circunstanciada de todas las causas así civiles como criminales con expresión de su estado y día en que fueron iniciadas.

Sexagésimo Séptimo: En los delitos en que no haya de recaer pena corporal serán puestos los acusados en libertad en cualquier estado de la causa dando fianza legal.

Sexagésimo Octavo: Ningún individuo podrá ser preso por deuda civil que no provenga de delito o cuasi delito.

Sexagésimo Nono: Todos los autos definitivos o con fuerza de tales que pronuncie el juez superior de apelación y los jueces de lo civil y criminal serán motivados por la aplicación de las leyes vigentes a los hechos haciéndose expresa mención de las unas y los otros

Septuagésimo: En los casos ordinarios los Curas Vicarios, ni sus tenientes curas procederán a casar a ningún viudo o viuda que tenga hijos menores sin que primero hayan formalizado inventario de sus bienes en debida forma, dando al cura constancia judicial de haberlo así practicado. Los infractores de esta Ordenación incurrirán en pena de multa de veinte y cinco hasta cincuenta pesos.

Septuagésimo primero: Quedan abolidas la pena de tormento, y la confiscación de bienes.

Septuagésimo segundo: Quedan derogadas las Leyes de Indias como incompatibles con nuestra existencia política libre e independiente.

Septuagésimo tercero: Son empero vigentes las Leyes de Castilla, de las de las partidas, y las de todo en lo que no digan oposición a nuestra Leyes Patrias y mientras la República no sancione sus códigos.

Septuagésimo cuarto: Desde la publicación es este Estatuto provisorio quedan suprimidos los Cuerpos Municipales de la República y sus respectivos archivos los pasarán inmediatamente bajo de inventario y recibo a los Alcaldes Ordinarios del lugar y en la Capital a los jueces de lo civil y de lo criminal para que cada uno se encargue del ramo que le corresponda, dándose cuenta del resultado al Gobierno.

Septuagésimo quinto: Para ser alcalde Ordinario, Juez de Paz etc. se necesitará además de alguna capacidad, ser ciudadano natural de la República, tener algún capital o industria útil, ser hombre de probidad y de buena moral y las demás circunstancias que requieran las leyes generales.

Septuagésimo sexto: Ningún individuo electo o nombrado juez de paz, alcalde ordinario etc., podrá excusarse de admitir el cargo a menos que sea con una causa ostensible grave y justificada.

Septuagésimo séptimo: Todos los jueces son responsables ante la Ley de la menor injusticia que cometieren.

Septuagésimo octavo: El juez superior de apelación se formará un reglamento interno para el régimen de su administración, y lo pasará al conocimiento del Supremo Gobierno.

Septuagésimo nono: Usará vestido todo negro y decente con sombrero armado y bastón de puño de oro. Los jueces de lo civil y de lo criminal, usarán el mismo vestido que el juez superior de apelaciones y también bastón con puño de oro consombrero redondo, y la (ilegible) de la República y llevarán bastón con puño de plata.

Octogésimo: El tratamiento del juez superior de apelaciones será de Señoría. Los jueces de paz y los alcaldes ordinarios, y los jueces de lo civil y criminal no tendrán más tratamiento que el de un particular.

Octogésimo primero: Todos los jueces contenidos en el primer Estatuto al tomar posesión de empleos presentarán juramento solemne de sostener la independencia y libertad de nuestra República y desempeñar fielmente el empleo que ella les confía. El juez superior de apelaciones prestará su juramento en manos del Supremo Gobierno de la República. Los jueces de paz y los jueces de lo civil y criminal lo prestarán por ahora ante el juez superior de apelaciones, y en lo sucesivo ante los jueces salientes a excepción del juez superior de apelaciones.

Octogésimo segundo: Los jueces de paz y alcaldes ordinarios de campaña prestarán su juramento ante las autoridades más inmediata y en lo sucesivo en manos de los jueces salientes.

Publíquese y circúlese en la forma de estilo para los fines consiguientes.

Carlos Antonio López = Mariano Roque Alonzo = Benito
Martínez Varela, Secretario Interino del Supremo Gobierno



Extraído de la obra “Digesto Normativo sobre Pueblos Indígenas en el Paraguay 1811 - 2003”, editada por la Corte Suprema de Justicia, Año 2003, pp. 161 – 173.

16 de enero de 2014

Ley nº 4294 del 25 de abril de 2011. que reglamenta el destino del 1% (uno por ciento) del impuesto selectivo al consumo del tabaco y alcohol al fondo nacional de desarrollo del deporte, aprobado por la ley nº 4045/10.

Número de Norma:  4294/2011

Fecha de Promulgación:  2011-04-25

Fecha de Sanción: 2011-04-24

Título de la Norma:  Ley nº 4294 del 25 de abril de 2011. que reglamenta el destino del 1% (uno por ciento) del impuesto selectivo al consumo del tabaco y alcohol al fondo nacional de desarrollo del deporte, aprobado por la ley nº 4045/10.


LEY Nº 4294 del 2011 

QUE REGLAMENTA EL DESTINO DEL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DEL TABACO Y ALCOHOL AL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE, APROBADO POR LA LEY Nº 4045/10

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°.- Reglaméntase el Artículo 2º de la Ley Nº 4045/10 “QUE MODIFICA LA LEY Nº 125/91, MODIFICADA POR LA LEY Nº 2421/04, SOBRE EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y DESTINA UN PORCENTAJE DEL MISMO AL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE”. 

Artículo 2°.- El total de los ingresos del Impuesto Selectivo al Consumo del tabaco y alcohol destinados al Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte, serán aplicados única y exclusivamente de la siguiente manera: 

a) El 50% (cincuenta por ciento) de lo recaudado será destinado a la construcción, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructuras deportivas departamentales o municipales, de forma descentralizada; 

b) El 40% (cuarenta por ciento) de lo recaudado se destinará a la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Política Nacional de Deportes que elaborará la Secretaría Nacional de Deportes, en sus tres formas de manifestación: 

1. Deporte Educacional: organización y promoción de la actividad deportiva y competiciones en la educación escolar básica y media; 

2. Deporte de Participación: organización y promoción de la actividad deportiva para todos los sectores sociales, especialmente las poblaciones más necesitadas; 

3. Deporte de Rendimiento: participación de atletas que reúnan los requisitos para la representación nacional en eventos deportivos internacionales y para el apoyo a la ejecución de los planes estratégicos de las entidades deportivas reconocidas y registradas en la Secretaría Nacional de Deportes. 

c) El 10% (diez por ciento) se destinará a atender los gastos rígidos como: 

1. Funcionamiento de la Comisión Nacional Antidopaje. 

2. Funcionamiento de la Comisión Nacional de Deportes de Alto Rendimiento. 

3. Funcionamiento de la Comisión Ad-Hoc de Arbitraje y Mediación. 

4. Control biomédico de deportistas federados. 

5. Investigación y enseñanzas de ciencias aplicadas al deporte. 

6. Fiscalización y control de gestión de la Política Nacional de Deportes. 

7. Contratación de personal especializado en ciencias del deporte y la educación física. 

8. Adquisición de material deportivo para entrenamientos y competiciones. 

9. Confección de indumentarias deportivas adaptadas a cada disciplina. 

Artículo 3°.- La ejecución de la Política Nacional de Deportes deberá contar con la participación de la Secretaría Nacional de Deportes, los Gobiernos Departamentales y Municipales, el Comité Olímpico Paraguayo y las demás entidades deportivas legalmente reconocidas. 

Artículo 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley. 

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada el proyecto de ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil once, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil once, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional.

Víctor Alcides Bogado González                                          Oscar González Daher
Presidente                                                                           Presidente
H. Cámara de Diputados                                               H. Cámara de Senadores

Jorge Ramón Avalos Mariño Clarissa Susana Marín de López

Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria

Asunción, 25 de abril de 2011

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Fernando Armindo Lugo Méndez 



Dionisio Borda
Ministro de Hacienda

LEY N° 4.427 de 2012 QUE ESTABLECE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO O ENSAMBLAJE DE BIENES DE ALTA TECNOLOGÍA.

Número de Norma: 4427/2012

Fecha de Promulgación: 2012-04-12

Fecha de Sanción:  2011-04-27

Título de la Norma:  Ley n° 4427 del 12 de abril de 2012. que establece incentivos para la producción, desarrollo o ensamblaje de bienes de alta tecnología


LEY N° 4.427 de 2012


QUE ESTABLECE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN, DESARROLLO O ENSAMBLAJE DE BIENES DE ALTA TECNOLOGÍA.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1º.- El objeto de esta Ley es establecer incentivos para la producción, desarrollo o ensamblaje de bienes de alta tecnología o tecnología de avanzada.

Artículo 2°.- Los alcances de la presente Ley se aplicarán a los sectores dedicados a producir, desarrollar y/o ensamblar bienes de alta tecnología en las áreas de electrónica, telecomunicaciones e informática.

Artículo 3°.- Serán sujetos de la presente Ley las personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, legalmente registradas y que realicen inversiones de bienes de capital, materias primas, componentes, kits, partes y piezas, cuyo objetivo es la producción, desarrollo y/o ensamblajes de bienes de alta tecnología de los sectores amparados en el Artículo 2º.

Artículo 4°.- En el caso de las personas físicas extranjeras, las mismas deberán contar con residencia permanente en el país con un mínimo de dos años anteriores a la presentación de la solicitud del programa a la Autoridad de Aplicación. En el caso de las personas jurídicas nacionales o extranjeras, su capital social deberá estar integrado en al menos un 10% (diez por ciento) por personas físicas o jurídicas de origen nacional.

Artículo 5°.- Los sujetos amparados por la presente normativa podrán acceder a los incentivos y beneficios, cumplido los siguientes requisitos y condiciones:

a) Producir bienes de alta tecnología dentro del ámbito del Artículo 2º.

b) Crear fuentes de trabajo permanentes que deberá estar integrado con un mínimo del 50% (cincuenta por ciento) de ciudadanos paraguayos.

c) Incorporación de Valor Agregado con un mínimo del 20% (veinte por ciento) a los procesos productivos básicos relacionados al programa presentado a la Autoridad de Aplicación. 

d) Incorporar tecnologías que faciliten la eficiencia productiva y posibiliten la mayor y mejor utilización de la materia prima, mano de obra y recursos energéticos nacionales.

e) Desarrollar planes para la transferencia de tecnología, formación y capacitación de mano de obra.

f) Establecer planes de cooperación con entidades educativas orientados al adiestramiento, capacitación, empleo, investigación, programas de pasantías y actividades de extensión académica de estudiantes.

g) Desarrollar programas de apoyo a sectores sociales.

h) Presentar un proyecto de inversión aprobado por el órgano regulador, que para ser considerado como tal deberá incluir una línea de ensamblaje, infraestructura de testeo o control de calidad y capacidad de embalaje final del producto. 

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación tendrá también la facultad de proponer la reglamentación de los demás regímenes relacionados, así como el control, monitoreo, evaluación del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 7°.- La importación de materia prima, componentes, kits, partes y piezas, que sea requerida por los sujetos beneficiarios de la presente Ley para la producción de bienes de alta tecnología definidos en su Artículo 2º, está exonerada del pago de todo arancel aduanero.

Artículo 8°.- Los sujetos beneficiarios de la presente Ley, antes del retiro de las materias primas, componentes, kits, partes y piezas del recinto aduanero, tributarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicando la tasa del 10% (diez por ciento) sobre el 15% (quince por ciento) del valor aduanero expresado en moneda extranjera, determinado conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 82 de la Ley Nº 125/91 “QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO” y modificado por el Artículo 6º de la Ley Nº 2.421/04 “DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL”.

Artículo 9º.- La base imponible para la determinación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que grava la primera enajenación de los bienes comprendidos por la presente Ley, será el 10% (diez por ciento) del precio de venta en fábrica, excluido el propio impuesto y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La tasa aplicable será del 1% (uno por ciento).

Artículo 10.- Las enajenaciones de los bienes amparados por la presente Ley que posean valor significativo para la difusión cultural o para la educación y sean producidas en el territorio nacional por los sujetos beneficiarios de la presente Ley, y reconocidas con dicho carácter por el Ministerio de Educación y Cultura, vía Resolución Ministerial, estarán exoneradas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en los casos de que esto se aplique.

Artículo 11.- Para la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los bienes de alta tecnología establecidos en el Artículo 2º de la presente Ley, producidos, desarrollados o ensamblados en el territorio nacional por sus beneficiarios, tendrán como base imponible en todas las enajenaciones realizadas el 20% (veinte por ciento) del valor de compraventa de los mismos.

Artículo 12.- En todos los casos en que las materias primas, componentes, kits, partes y piezas que fueran importadas por un sujeto beneficiario de la presente Ley, se vendan en el mismo estado a otro sujeto beneficiario, tendrán la base imponible establecida en el Artículo 8º de la presente Ley.

Artículo 13.- Los bienes de alta tecnología producidos y comprendidos dentro de la presente Ley, solo podrán ser comercializados dentro del territorio nacional, si cumplen con los reglamentos y normas técnicas vigentes y, en especial, con aquellos que regulan la protección del medio ambiente y la seguridad.

Artículo 14.- El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley producirá la revocación total o parcial de los beneficios acordados, en los siguientes casos:

a) Cuando los sujetos del presente Régimen incumplan alguno de los requisitos previstos en el Artículo 5º de esta Ley, perderán su calidad de tal, debiendo la Autoridad de Aplicación proceder a su inhabilitación para solicitar nuevos programas bajo el presente Régimen. 

b) Cuando los sujetos beneficiarios dieren a las materias primas, componentes, kits, partes y piezas otro destino diferente a los objetivos del presente Régimen, deberán abonar los tributos conforme al Régimen general de determinación de impuestos para dichos bienes, más la multa de conformidad a las normas legales vigentes.

Artículo 15.- En todos los procesos de licitación y adquisición de bienes por parte de los Organismos y Entidades del Estado, la incorporación de los bienes producidos, desarrollados o ensamblados amparados por la presente Ley, tendrán un margen de preferencia de hasta el 40% (cuarenta por ciento) en los precios ofertados.

Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación, en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), se encargará de dictar progresivamente normas técnicas en los diversos sectores amparados por esta legislación, a fin de que se las incorpore como estándares en la producción y/o ensamblaje de los bienes beneficiados por este Régimen. 

Artículo 17.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Artículo 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil once, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil once, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 3 de la Constitución Nacional. Objetado parcialmente por el Poder Ejecutivo, según Decreto Nº 7.378 del 27 de setiembre de 2011. Parte de la objeción parcial fue aceptada y parte de la misma fue rechazada, y sancionada nuevamente la parte no objetada por la H. Cámara de Diputados en fecha 27 de octubre de 2011 y por la H. Cámara de Senadores en fecha 15 de marzo de 2012. 


Víctor Alcides Bogado González              Jorge Oviedo Matto
Presidente                                                 Presidente
H. Cámara de Diputados                           H. Cámara de Senadores 

Mario Soto Estigarribia                             Mario Cano Yegros 
Secretario Parlamentario                           Secretario Parlamentario


Asunción, 12 de abril de 2012.

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.


El Presidente de la República 
Fernando Lugo Méndez




Francisco José Rivas Almada                      Dionisio Borda
Ministro de Industria y Comercio               Ministro de Hacienda



14 de enero de 2014

Decreto Nº 453 del 2013 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/1993 "DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 14.281/1996.

Decreto Nº 453 del 2013

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/1993 "DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 14.281/1996.


Asunción, 8 de octubre de 2013
VISTO: La Ley N° 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental"; su modificatoria la Ley N° 345/1994; y

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 3), de la Constitución establece que son deberes y atribuciones de quien ejerce la Presidencia de la República reglamentar las leyes y controlar su cumplimiento.

Que el Artículo 9° de la Ley N° 294/1993 "De evaluación de impacto ambiental" establece que "Las reglamentaciones de la presente Ley establecerán las características que deberán reunir las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de esta Ley cuyos proyectos requieran Declaración de Impacto Ambiental, y los estándares y niveles mínimos por debajo de los cuales éstas no serán exigibles... ".

Que la Ley N° 1561/2000 "Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente" establece en su Artículo 14 que la SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las siguientes leyes: "... Inciso i) La Ley N" 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la Ley N° 345/1994 y su Decreto reglamentario”.

Que para optimizar los escasos recursos y contar con mayores grados de protección ambiental, se torna razonable priorizar la evaluación de las obras y actividades que, a priori, podrían potencialmente causar impactos negativos considerables en el medio ambiente.

Que nuestro país ha reafirmado su compromiso con la protección del Ambiente y en tal sentido ha ratificado el "Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR" por medio de la Ley N° 2068/2003.

Que, en efecto, el Principio 17 de la Declaración de Río prevé que "Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente". Esto es, obliga a someter a una evaluación de impacto ambiental a los proyectos de obras y actividades que puedan producir un impacto negativo considerable; dejando de lado, en principio, a las obras y actividades que tengan impactos negativos no considerables y a las que tengan impactos positivos.

Que por lo tanto, no es razonable someter al mismo procedimiento a obras y actividades con distintos efectos negativos al medio ambiente, porque de hacérselo, se estaría distrayendo tiempo y recursos a la evaluación de las obras y actividades que, por su naturaleza potencialmente dañosa, requieren un análisis exhaustivo.

Que por estos motivos, se ha decidido someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cumpliendo con todas sus etapas, a las obras y actividades que puedan causar impactos negativos considerables al medio ambiente.

Que del mismo modo, se ha previsto un procedimiento de licenciamiento automático a las obras y actividades con impactos negativos no considerables y conocidos, las que deberán adecuarse a planes de gestión ambiental estandarizados a ser difundidos por la Secretaria del Ambiente.

Que a fin de contar con una norma dinámica y que dé respuestas a nuevas realidades y eventuales omisiones, se ha previsto un procedimiento que permitiría ampliar las obras y actividades que deberían someterse a evaluación de impacto ambiental cuando existan argumentos razonables para ello y, asimismo, un procedimiento para que la ciudadanía y los eventuales afectados puedan solicitar, en forma fundada, la evaluación de impacto ambiental de una obra o actividad en particular.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.- Reglaméntase la Ley N° 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental", y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, conforme a las siguientes disposiciones:

Capítulo I
De las obras y actividades que requieren la obtención de una declaración de impacto
Ambiental

Art. 2º.- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7o de la Ley N° 294/1993 que requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes:

a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones, sus planes directores y reguladores:

1 Barrios cerrados, loteamientos, urbanizaciones.
2 Asentamientos coloniales y las actividades de producción que se realicen en los mismos.


3 Los planes de ordenamiento urbano y territorial municipales y sus modificaciones.
4 Las obras proyectadas sobre parcelas de más de dos mil quinientos metros cuadrados en los municipios que no cuenten con plan de ordenamiento urbano y territorial.
5 Cualquier obra que para su realización requiera del dictado de una norma particular de excepción (resolución u ordenanza municipal) a las normas contempladas en los planes de ordenamiento urbano y territorial municipales.
6 Las obras que de acuerdo con planes de ordenamiento urbano y territorial municipales requieran de evaluación de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, las siguientes obras y su operación requerirán de declaración de impacto ambiental:

a) Autódromo
b) Campus universitario
c) Cementerio
d) Centros de compras (shopping centers) con construcciones mayores a cinco mil metros cuadrados.
e) Club o centro deportivo de más de cinco mil metros cuadrados
f) Desalinizadora
g) Estación de expendio de combustibles líquidos o gaseosos
h) Estación de ferrocarril u ómnibus de larga distancia
i) Estadio
j) Garage subterráneo k) Hipódromo
l) Hospital, sanatorio, centro radiológico o de medicina nuclear
m) Local de baile con más de mil metros cuadrados de superficie cubierta.
n) Mercado de abasto
ñ) Penitenciaría o reformatorio
o) Planta de tratamiento de aguas servidas
p) Planta potabilizadora de agua
q) Supermercado de más de mil metros cuadrados


b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera

1 Establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen quinientas o más hectáreas de suelo en la Región Oriental, o dos mil o más hectáreas en la Región Occidental, sin contabilizar las áreas de reserva de bosques naturales o de bosques protectores, o zonas de protección de cauces hídricos u otras áreas no destinadas directamente a las labores agrícolas o ganaderas.
2 Las reforestaciones o forestaciones que se establezcan en forma de monocultivos en superficies mayores a mil hectáreas.
3 Las granjas productoras de animales de más de 1000 metros cuadrados de superficie.
4 Drenaje o desecación de humedales.

c) Los complejos y unidades industriales

  1. Los complejos y unidades industriales deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o un Estudio de Disposición de Efluentes Líquidos, Residuos Sólidos, Emisiones Gaseosas y/o Ruido:; (EDE) de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del presente Decreto, el cual fue elaborado en base a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, Revisión 2 del año 1968. Todo EDE, al igual que el EIA, deberá contar con un relatorio de impacto ambiental. 2 Cualquier obra o actividad industrial o comercial que utilice o tenga en depósito sustancias o residuos en todo o en parte peligrosos debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Las sustancias o residuos peligrosos son las incluidas en los Anexos 1, 2 y 3 del Convenio de Basilea "Sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación", adoptado en Basilea el 22 de marzo de 1989, aprobado por Ley N° 567/95.

d) Extracción de minerales sólidos, superficiales o de profundidad y sus procesamientos
1- Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras y/o materiales pétreos, superior a diez mil metros cúbicos, y/o cuando estas explotaciones se desarrollen a distancias de trescientos metros o menos de cursos fluviales y/o en pendientes superiores a 10%, o en las cercanías de comunidades indígenas.
2- Explotaciones situadas a distancias inferiores a dos kilómetros de núcleos urbanos con mil o más habitantes.
3- La prospección, exploración y explotación de minerales metálicos, sin excepción.
4- Las plantas trituradoras de roca.

e) Extracción de combustibles fósiles y sus procesamientos

1 Los trabajos de prospección, exploración y explotación de combustibles fósiles.
2 Refinerías de gas y/o petróleo.
3 Plantas de gasificación y licuefacción.

f) Construcción y operación de conductos de agua, petróleo, gas, minerales, agua servida y efluentes industriales en general

g) Obras hidráulicas en general
1 Toda obra de conducción, contención, elevación o aprovechamiento de las aguas, excepto en situaciones de emergencia declaradas como tales por las autoridades competentes.
2 Alumbramiento y utilización de aguas subterráneas con fines industriales o comerciales


h) Usinas y líneas de transmisión de energía eléctrica

1 Centrales o instalaciones de producción de energía eléctrica de cualquier tipo con potencia nominal de al menos 100 MW.
  1. Líneas de transmisión eléctrica con una potencia superior a los 100.000 voltios.
  2. Subestaciones eléctricas.


i) Recolección, tratamiento y disposición final de residuos urbanos e industriales


1 |Plantas de tratamiento de residuos urbanos, plantas de transferencia de residuos urbanos, hospitalarios y/o infecciosos e industriales y los procesos de incineración.
2 Plantas de reciclaje de residuos urbanos.
3 Plantas de tratamiento, utilización o eliminación de sustancias o residuos peligrosos.
4 Vertederos.

j) Obras viales en general

1 No requieren de evaluación de impacto ambiental las siguientes obras en áreas urbanas: Pavimentación asfáltica de calles empedradas; repavimentación de calles asfaltadas; y, empedrados de calles de tierra.

k) Obras portuarias en general y sus sistemas operativos
1 Puertos y sus instalaciones y accesos.
2 Obras relativas a la utilización de los ríos y la construcción de canales navegables.
3 Las tareas de mantenimiento de las vías navegables no requerirán Evaluación de Impacto Ambiental



l) Pistas de aterrizaje y sus sistemas operativos

1 Pistas de aterrizaje de por lo menos tres mil metros de longitud.
2 Helipuertos en zonas urbanas.

m) Depósitos y sus sistemas operativos

1 Depósitos de sustancias alimenticias, inflamables, tóxicas o peligrosas.
2 Silos con capacidad de almacenaje de más de 3.000 toneladas.

n) Talleres mecánicos, de fundición y otros que sean susceptibles de causar efectos en el exterior

1 Tendrán el mismo tratamiento que las instalaciones industriales.

ñ) Obras de construcción, desmontes y excavaciones

1 Las excavaciones cuando movilicen más de diez metros cúbicos y no sean parte de otras actividades sujetas a declaración de impacto ambiental.
2 Los desmontes o cambios de uso de suelo con bosques naturales de más de dos hectáreas.

o) Actividades arqueológicas, espeleológicas y de prospección en general

p) Producción, comercialización y transporte de substancias peligrosas

1 La comercialización y el transporte de sustancias peligrosas se regiran por los reglamentos generales aplicables a dichas actividades


q) La introducción de especies exóticas, la explotación de bosques nativos, de flora y fauna silvestres, la pesca comercial

1 La introducción en sitios no confinados y seguros de especímenes de especies exóticas. Los especímenes de circos, muestras científicas y otras introducciones temporarias no requerirán de evaluación de impacto ambiental.
2 La liberación comercial de organismos genéticamente modificados.

r) Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea susceptible de causar impactos ambientales

1 Estas actividades serán determinadas mediante Resolución de la Secretaría del Ambiente previa aprobación del Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo.
Capítulo II
De las obras y actividades que no requieren la obtención de una declaración de
impacto ambiental

Art. 3º.- a) Las obras y actividades susceptibles de causar impactos ambientales que no estén incluidas en el Artículo 2o no requerirán someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental pero deben cumplir con las normas jurídicas (nacionales, departamentales y municipales) que las regulen, debiendo minimizar en todo momento los impactos negativos que generen, así como cumplir con los planes de gestión ambiental genéricos que, para cada actividad, promulgue la Secretaría del Ambiente. Dichos planes de gestión ambiental genéricos contendrán las medidas técnicas de monitoreo y control de la obra y actividad así como las de mitigación o compensación de los impactos negativos.


b) A pedido de parte interesada o invocando la protección de intereses difusos, cuando de manera fundada se alegue y se acredite en grado de verosimilitud la posible ocurrencia de impactos negativos considerables en el medio ambiente y la obra o actividad no se encuentre incluida en el Artículo 2° o no cuente con un plan de gestión ambiental genérico, la Secretaría del Ambiente, previo traslado por el plazo de cinco días hábiles al interesado, dispondrá la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental o bien, promulgará un plan de gestión ambiental genérico para ese tipo de obra o actividad. Si decide disponer la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, la obra o actividad deberá suspenderse de inmediato hasta la obtención de la correspondiente declaración de impacto ambiental. Evacuado el traslado al interesado y en forma previa tomar una decisión, la Secretaría del Ambiente podrá disponer la suspensión preventiva de la obra o actividad. La suspensión preventiva no podrá extenderse por más de treinta días corridos.


Capítulo III
Del procedimiento para obtener la declaración de impacto ambiental

Art. 4º.- a) Los responsables de las obras y actividades -o de los proyectos de ellas-incluidas en el Artículo 2o deberán presentar ante la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN) de la Secretaría del Ambiente (SEAM) un estudio de impacto ambiental (EIA) preliminar que contenga todos los requisitos previstos en el Artículo 3o de la Ley N° 294/1993 y los que establezca la SEAM por vía reglamentaria; o, en su caso, un estudio de disposición de efluentes líquidos, residuos sólidos, emisiones gaseosas y/o ruidos (EDE). A los efectos de lo establecido en la Ley N° 294/1993 y el presente reglamento, por "responsable" deberá entenderse a las personas físicas o jurídicas titulares que desarrollen o encarguen el desarrollo de las obras o actividades bajo evaluación.

b) La DGCCARN evaluará el EIA preliminar o, el EDE por el termino de venite días hábiles.




c) A partir de la presentación del EIA preliminar o del EDE, la DGCCARN podrá efectuar consultas a las personas, instituciones y administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, con relación al impacto ambiental que, a juicio de cada una se derive de aquél, o cualquier indicación que estimen beneficiosa para una mayor protección del medio ambiente.
d) Si la DGCCARN lo estima pertinente exigirá al responsable la ampliación del EIA preliminar o del EDE y, a tal fin, le comunicará los términos de referencia de inmediato. En tal caso, el responsable tendrá un plazo máximo de noventa días corridos para presentar la ampliación. En caso de silencio por parte de la DGCCARN se entenderá que no tiene observaciones al EIA preliminar o al EDE.
e) En caso de que la DGCCARN exija la ampliación del EIA o del EDE, el responsable del proyecto deberá presentar informes parciales durante la ejecución de esas ampliaciones cuando la DGCCARN lo requiriese, a fin de agilizar el proceso de evaluación del mismo.

Art. 5º.- Si se trata de un EDE no observado, la DGCCARN emitirá la declaración de impacto ambiental en el plazo máximo de diez días hábiles, previo dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica. Si ese plazo es superado, se presumirá que ha habido incumplimiento de la obligación del funcionario público de realizar personalmente el trabajo a su cargo en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determinen las normas dictadas por la autoridad competente (Artículo 57y Artículo 68, Inciso e), de la Ley N" 1626/00 "De la Función Pública"); y, en consecuencia, se ordenará la instrucción de un sumario administrativo. En cualquier caso, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse del incumplimiento del plazo establecido, transcurridos treinta días corridos a contar desde que el EDE no fue observado, el responsable del proyecto podrá dejar constancia del transcurso del tiempo mediante acta notarial labrada por Escribano Público y, de pleno derecho, obtendrá en forma ficta la declaración de impacto ambiental. Sin perjuicio de esto, la SEAM está obligada a expedirse formalmente.


Art. 6º.- a) La DGCCARN pondrá a disposición del público por el plazo de diez días hábiles el relatorio de impacto ambiental en su página de internet, en su sede y en cualquier otro lugar que estime conveniente y comunicará este hecho por medio de la publicación por tres días consecutivos en dos diarios de gran circulación y por medio de una emisora radial de alcance nacional, en los siguientes casos:

1 Si luego de la evaluación del EIA preliminar no tiene observaciones o ha vencido el plazo para hacerlas; o,
2 Luego de la presentación del EDE o el EIA ampliados

b) El plazo de diez días hábiles deberá computarse a partir del día siguiente de la última publicación. El mismo podrá ampliarse por diez días más a criterio de la DGCCARN si se trata de un proyecto que debe presentar EIA y es de gran envergadura.

c) Durante el plazo de diez días hábiles o su ampliación, cualquier persona, en forma individual o colectiva, podrá presentar comentarios, observaciones u objeciones en forma fundada y por escrito. De esas presentaciones se dará traslado al responsable de la obra o actividad para que, si lo estima oportuno, las conteste dentro del plazo de cinco días hábiles. Las observaciones podrán ser incorporadas total o parcialmente al EIA o al EDE de acuerdo a su evaluación técnica.

d) Dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo para presentar o, en su caso, contestar los comentarios, observaciones u objeciones, la DGCCARN decidirá si convoca o no a audiencia pública. La audiencia pública será obligatoria en caso de que el proyecto de obra o actividad pueda afectar directamente a comunidades indígenas o cuando haya sido solicitada por los vecinos o por los potenciales afectados directos. Excepto en estos casos, el silencio de la DGCCARN implicará la decisión de no realizar la audiencia pública. En caso de que se convoque a audiencia pública, no podrán pasar más de 30 días hábiles entre la decisión de convocarla y su finalización, por lo que la fecha de su realización deberá contemplar eventuales cuartos intermedios. Transcurrido dicho plazo, la DGCCARN procederá de conformidad al Inciso E) del presente artículo. Excepcionalmente, en caso de que por circunstancias climáticas o la lejanía del lugar de celebración de la audiencia este plazo sea insuficiente, podrá ampliárselo, por única vez, por hasta diez días hábiles más.

e) A partir de la decisión de no realizar una audiencia pública o finalizada ésta, la DGCCARN emitirá la declaración de impacto ambiental en el plazo máximo de veinte días hábiles, previo dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica. Si ese plazo es superado, se presumirá que ha habido incumplimiento a la obligación del funcionario público de realizar personalmente el trabajo a su cargo en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determinen las normas dictadas por la autoridad competente (Artículo 57 y Artículo 68, Inciso e), de la Ley N" 1626/2000 "De la Función Pública "); y, en consecuencia, se ordenará la instrucción de un sumario administrativo para individualizar al o a los responsables. En cualquier caso, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse del incumplimiento del plazo establecido, transcurridos noventa días corridos a contar la decisión de no realizar una audiencia pública o finalizada ésta, el responsable del proyecto podrá dejar constancia del transcurso del tiempo mediante acta notarial labrada por Escribano Público, y, de pleno derecho, obtendrá en forma ficta la declaración de impacto ambiental. Sin perjuicio de esto, la SEAM está obligada a expedirse formalmente.

Art. 7º.- a) Todos los plazos con los que cuenta la SEAM en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental son máximos. En consecuencia, deberán arbitrarse los mecanismos necesarios vara que, siempre que sea posible, las peticiones o presentaciones de los interesados sean respondidas en el menor tiempo posible.


b) Los gastos en los que deba incurrirse por la contratación de consultores, la publicación en diarios, la difusión en emisoras radiales y la realización de audiencias públicas correrán a cargo del responsable de las obras y actividades o de los proyectos de ellas. El también deberá abonar las tasas que, autorizadas por ley, establezca por vía reglamentaria la SEAM.


Capítulo IV
De la declaración de impacto ambiental y sus condiciones de vigencia y
cumplimiento

Art. 8º.- a) La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se expedirá de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley N° 294/1993. Su validez coincidirá, en principio, con el tiempo que dure la obra o actividad; pero deberán presentarse informes de auditorías de cumplimiento del plan de gestión ambiental en carácter de declaración jurada por lo menos una vez cada cinco años. En la DIA podrán establecerse plazos menores de presentación de las auditorías atendiendo a la envergadura de la obra o actividad.

b) La obtención de la DIA no exime de responsabilidad civil a los responsables de obras o actividades en caso de que las mismas causen daño a terceros.

c) La obtención de la DIA no autoriza la realización de obras o actividades que no se adecúen a las normas de ordenamiento urbano y territorial municipales.

d) En caso de que la obra o actividad con DIA experimente modificaciones significativas respecto del proyecto evaluado, la ocurrencia de efectos no previstos, pretenda ser ampliada o haya potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente, el responsable de la obra o actividad está obligado a comunicar de inmediato esta situación a la SEAM, acompañando toda la información relevante. Luego de esta comunicación, podrá disponerse una nueva evaluación de impacto ambiental o un ajuste

al Plan de Gestión Ambiental. La SEAM, en forma previa a decidir lo que corresponda, podrá determinar, en forma preventiva, la adopción inmediata de medidas de mitigación de impacto ambiental sin que los eventuales recursos suspendan la operatividad de su decisión. En casos excepcionales, podrá suspender preventivamente la obra o actividad.

e) En caso que como consecuencia de una fiscalización se detecte: 1) la falta de DIA en los casos en que fuera obligatoria de conformidad con el presente Decreto; 2) incumplimientos al plan de gestión ambiental o del plan de gestión ambiental genérico; 3) modificaciones significativas respecto del proyecto evaluado; 4) la ocurrencia de efectos no previstos; 5) la ampliación de la obra o la actividad respecto del proyecto evaluado; o, 6) haya potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente, la SEAM podrá disponer una nueva evaluación de impacto ambiental, un ajuste al Plan de Gestión Ambiental y/o la suspensión de la obra o la actividad; ello sin perjuicio del inicio de los procedimientos sancionatorios, administrativos o penales, que pudieran corresponder.

f) La existencia de un procedimiento administrativo o judicial pendiente de resolución no podrá ser invocada para negar la expedición de una Declaración de Impacto Ambiental.

g) La SEAM, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y tomando en consideración los convenios de delegación de competencias que suscriba con los gobiernos municipales, establecerá mecanismos de fiscalizaciones aleatorias de cumplimiento de los planes de gestión ambiental aprobados mediante DIA o de los planes de gestión genéricos que regulen obras y actividades no sujetas a la obtención de DIA.

h) La SEAM hará las previsiones presupuestarias y adoptará los mecanismos logísticos necesarios para que toda denuncia por presunta infracción a las normas ambientales cuya aplicación se encuentre a su cargo cuente con una fiscalización in situ.

  1. Todo proyecto financiado con préstamos, préstamos no reembolsables o donaciones que negocie la SEAM, deberá incluir rubros específicos para optimizar las capacidades de fiscalización de cumplimiento de los planes de gestión ambiental y planes de gestión ambiental genéricos.

Capítulo V
De los consultores ambientales y de los responsables de la implementación del plan
de gestión ambiental


Art. 9º.- a) El responsable de una obra o actividad sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental deberá contar con la asesoría técnica de un consultor inscripto en la SEAM. El responsable de la obra o actividad y el consultor serán responsables del contenido y de la veracidad de los documentos que presenten a la SEAM.

b) Podrá inscribirse como consultor toda persona física que haya completado una carrera universitaria con un mínimo de cuatro años de duración, haya ejercido su profesión durante al menos tres años y cuente con un título de especialización, o maestría, o doctorado relacionado al área ambiental. Los títulos de grado y los de especialización, maestría o doctorado podrán ser de universidades nacionales o extranjeras de reconocido prestigio.

c) También podrá hacerlo toda persona jurídica que designe como responsable a una persona física que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.
d) Para la inscripción como consultor, la SEAM no podrá exigir otro requisito que no sea la acreditación de la identidad o, en su caso, la personería jurídica, las calificaciones profesionales requeridas en el presente artículo y el pago de la tasa que, autorizada por ley, se establezca por vía reglamentaria. La inscripción como consultor no tiene fecha de vencimiento, pero el interesado puede solicitar su baja





Art. 10.- El proponente deberá designar una persona responsable de la correcta implementación del plan de gestión ambiental que podrá ser el consultor u otra persona.

Capítulo VI

De los recursos administrativos en el marco del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental

Art. 11.- Las resoluciones dictadas por la DGCCARN en cuestiones relacionadas con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental podrán ser objeto de recurso de reconsideración, que deberá ser planteado en escrito fundado ante el Secretario Ejecutivo de la SEAM, dentro del plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles de notificadas. La falta de pronunciamiento respecto del recurso de reconsideración interpuesto, en el plazo máximo de quince (15) días hábiles, importará no hacer lugar al mismo.

Art. 12.- A menos que la autoridad jurisdiccional disponga lo contrario, los efectos de la interposición de la acción contencioso administrativa contra las resoluciones relacionadas con la aplicación de la Ley N° 294/1993 y sus normas reglamentarias son los siguientes:

  1. No tendrá efectos suspensivos cuando se trate de una resolución que tenga por finalidad prevenir o hacer cesar el daño al ambiente.

b) Tendrá efectos suspensivos en todos los demás casos.

Art. 13.- El procedimiento para la aplicación de sanciones por presuntas infracciones a la Ley N° 294/1993, al presente Decreto y las demás normas reglamentarias promulgadas por la SEAM se regirá por lo establecido en la Resolución SEAM 1881/05 y sus ampliatorias y modificatoria a la norma que la reemplace.





Capítulo VII

Disposiciones finales y transitorias



Art. 14.- La SEAM queda facultada a reglamentar todos los aspectos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que no estén expresamente contemplados en el presente Decreto, siempre y cuando no se contradiga o desnaturalice lo establecido en esta reglamentación. En ningún caso está facultada a exigir por vía reglamentaria documentos o estudios tales como "cuestionario ambiental básico" o "plan de gestión ambiental" sino sólo los que expresamente estén contemplados en las leyes vigentes o en el presente reglamento.

Art. 15.- La SEAM reglamentará el contenido del EDE en un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la vigencia del presente decreto.

Art. 16.- En casos de urgencia, siempre y cuando se trate de proyectos de construcción o de mantenimiento de obras o actividades estatales de prioridad nacional y mediando declaración del Consejo de Ministros, el/la Ministro/a Secretario/a Ejecutivo/a del Ambiente resolverá en un plazo máximo de quince días hábiles sobre la expedición de la declaración de impacto ambiental. En el marco de ese procedimiento de excepción podrá, si lo considera necesario, convocar a audiencias públicas. Las DIA que se otorguen mediante este procedimiento podrán ser modificadas o revocadas en cualquier momento ante la evidencia de daños graves o irreversibles al ambiente.

Art. 17.- De conformidad a las disposiciones establecidas en el Artículo 7o de la Ley N° 1863/2000 que declara obligatoria la realización de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental en los asentamientos coloniales, en concordancia con el Artículo 9o de la Ley N° 2419/2004, establézcase el plazo máximo de cinco años para que el Instituto de Desarrollo Rural y dela Tierra (INDERT) realice las evaluaciones de impacto ambiental de aquellos asentamientos coloniales que a la fecha de éste decreto no cuenten con las mismas.


Art. 18.- Derógame los Decretos N° 14.281 del 31 de julio de 1996, N° 4066 del 17 de marzo de 2010 y las demás normas modificatorias de los mismos que sean de igual o menor jerarquías.

Art. 19.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Hacienda.

Art. 20.- Comuniqúese, publíquese e insértese en el Registro Oficial



ANEXO DEL DECRETO N° 453
ACTIVIDADES INDUSTRIALES SUJETAS A EIA o EDE

CODIGO CIIU (CLASIFICACION INTERNACIONAL DE INDUSTRIAS UNIFORME
MICRO IND.
PEQUE IND.
MEDIA IND.
GRAN IND.
3000
INDUSTRIA MANUFACTURERAS




3100
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO




3110
FABRICA CION DE
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS




3111
Matanza de ganado, preparación y conservación de carne
EDE
EDE
EDE
EIA
3112
Fabricación de productos lácteos
NO
NO
EDE
EDE
3113
Envasado de frutas y legumbres
NO
NO
EDE
EDE
3114
Elaboración de pescado y otros productos marinos
EDE
EDE
EDE
EDE
3115
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
EDE
EDE
EDE
EDE
3116
Productos de molinería
NO
NO
EDE
EDE
3117
Fabricación de productos de panadería
NO
NO
NO
EDE
3118
Fábricas y refinerías de azúcar
NO
EDE
EDE
EIA
3119
Fabricación de cacao, chocolate y art. de confitería
NO
NO
EDE
EDE




3121
Elaboración de productos alimenticios diversos
NO
NO
EDE
EDE
3122
Elaboración de alimentos preparados p/ animales
EDE
EDE
EDE
EDE
3130
INDUSTRIAS DE BEBIDAS




3131
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas
NO
NO
EDE
EIA
3132
Industrias vinícolas
NO
EDE
EDE
EDE
3133
Bebidas malteadas y malta
NO
EDE
EDE
EDE
3134
Industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas
NO
NO
EDE
EDE
3140
Industria del tabaco
NO
EDE
EDE
EDE
3200
TEXTILES PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO




3210
FABRICACION DE TEXTILES




3211
Desmonte, hilado, tejido y acabado de textiles
NO
NO
NO
NO
3212
Artículos confeccionados de materiales textiles
NO
NO
NO
NO
3213
Fabricación de tejidos de punto
NO
NO
NO
NO
3214
Fabricación de tapices y alfombra
NO
NO
NO
NO
3215
Cordería
NO
NO
NO
NO
3216
Fabricación de otros textiles
NO
NO
NO
NO
3220
Fabricación de prendas de vestir
NO
NO
NO
NO






3230
INDUSTRIA DEL CUERO Y MANUFACTURAS




3231
Curtiduría y talleres de acabado
EDE
EDE
EDE
EIA
3232
Industria de la preparación y teñido de pieles
EDE
EDE
EDE
EIA
3233
Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero
NO
NO
NO
EDE
3240
Fabricación de calzados de cuero
NO
NO
NO
EDE
3300
INDUSTRIA DE LA MADERA YPROD. DELA MADERA MUEBLES




3310
INDUSTRIA DE LA MADERA YPROD. DELA MADERA




3311
Aserraderos y otros talleres para la madera
NO
EDE
EDE
EDE
3312
Fabricación de envases de madera y de caña
NO
NO
NO
EDE
3319
Fabricación de otros productos de madera
NO
NO
EDE
EDE
3320
Fabricación de muebles y accesorios
NO
NO
NO
EDE
3400
FABRICA CION DE PAPEL , IMPRENTAS Y EDITORIALES




3410
FABRICA CION DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL




3411
Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón
EDE
EDE
EDE
EIA
3412
Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón
NO
NO
EDE
EDE




3419
Fabricación de otros artículos de pulpa, papel y cartón
NO
NO
EDE
EDE
3420
Imprentas, editoriales e industrias conexas
NO
NO
NO
EDE
3500
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS YPROD. QUÍMICOS




3510
FABRICACION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES




3511
Fabricación de sustancias químicas industriales básicas
EDE
EDE
EDE
EIA
3512
Fabricación de abonos y plaguicidas
EDE
EDE
EDE
EIA
3513
Fabricación de resinas sintéticas
EDE
EDE
EDE
EDE
3520
FABRICACION DE PRODUCTOS QUÍMICOS




3521
Fabricación de pinturas, barnices y lacas
EDE
EDE
EDE
EDE
3522
Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos
EDE
EDE
EDE
EDE
3523
Fabricación de jabones y productos de limpieza, perfumes, cosméticos
EDE
EDE
EDE
EDE
3529
Fabricación de otros productos químicos
EDE
EDE
EDE
EIA
3530
Refinería de petróleo
-
-
EIA
EIA
3540
Fabricación de productos derivados y del carbón
EDE
EDE
EDE
EIA
3550
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO




3551
Industrias de llantas y cámaras
NO
EDE
EDE
EDE
3559
Fabricación de productos de caucho
NO
EDE
EDE
EDE
3560
Fabricación de productos de plásticos
EDE
EDE
EDE
EDE
3600
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS




3610
Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana
NO
NO
NO
EDE
3620
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
NO
EDE
EDE
EDE
3691
Fabricación de productos de arcilla para construcción
NO
NO
EDEEDE
3692
Fabricación de cemento, cal y yeso
EDE
EDE
EDEEIA
3699
Fabricación de otros productos no metálicos
EDE
EDE
EDE
EIA






3700
INDUSTRIAS METALICAS BÁSICAS




3710
Industrias básicas de hierro y acero
EDE
EDE
EDE
EIA
3720
Industrias básicas de metales no ferrosos
EDE
EDE
EDE
EIA
3800
FABRICA CION DE PROD. METÁLICOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPO




3810
FABRICACION DE PRODUCTOS METÁLICOS




3811
Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos de ferretería
NO
EDE
EDE
EDE
3812
Fabricación de muebles y accesorios metálicos
NO
EDE
EDE
EDE
3813
Fabricación de productos metálicos estructurales
NO
EDE
EDE
EDE
3819
Fabricación de otros productos metálicos
NO
EDE
EDEEDE
3820
CONSTR UCCION DE MAQUINARIA, EXCEPTUANDOLA ELECTRÓNICA




3821
Construcción de motores y turbinas
NO
EDE
EDEEDE
3822
Construcción de maquinaria y equipo p/ la agricultura
NO
EDE
EDE
EDE
3823
Construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera
NO
EDE
EDE
EDE
3824
Construcción de maquinaria y equipos especiales para las industrias
NO
EDE
EDE
EDE
3825
Construcción de maquinarias de oficina, cálculo y contabilidad
NO
EDE
EDE
EDE
3829
Construcción de otras maquinarias y equipos
NO
EDE
EDE
EDE



3830
CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS




3831
Construcción de maquinarias y aparatos industriales eléctricos
NO
NO
EDE
EDE
3832
Construcción de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
NO
NO
EDE
EDE
3833
Construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico
NO
NO
EDE
EDE
3829
Construcción de otros aparatos suministros electrónicos
NO
NO
EDE
EDE
3840
Construcción de material de transporte
NO
NO
EDE
EDE
3841
Construcciones navales y reparación de barcos
NO
EDE
EDE
EDE
3842
Construcción de equipo ferroviario
-
-
EDE
EDE
3843
Fabricación de vehículos automóviles
-
-
EDE
EDE
3844
Fabricación de motocicletas y bicicletas
NO
EDE
EDE
EDE
3845
Fabricación de aeronaves
-
-
EDE
EDE
3849
Construcción de otros materiales de transporte
NO
EDE
EDE
EDE
3850
Fabricación de equipo profesional y científ, instrum., de medida y control
NO
EDE
EDE
EDE


3900
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS




3901
Fabricación de joyas y artículos conexos
NO
NO
NO
EDE
3902
Fabricación de instrumentos de música
NO
NO
NO
EDE
3903
Fabricación de artículos de deporte
NO
NO
NO
EDE
3909
Otras industrias manufactureras
NO
EDE
EDE
EDE
4000
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA




4100
ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR




4101
Luz y fuerza eléctrica
*
*
*
*
4102
Producción fraccionamiento y distribución de gas
EDE
EDE
EDE
EIA
4103
Suministro de vapor y agua caliente
EDE
EDE
EDE
EIA
4200
Obras hidráulicas y suministro de agua
*
*
*
*
6000
COMERCIO AL POR MAYOR, MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES




6100
Comercio al por mayor
NO
NO
NO
NO
6200
Comercio al por menor
NO
NO
NO
NO






6300
RESTAURANTES Y HOTELES




6310
Restaurantes, cafés y otros establecimientos
NO
NO
EDE
EDE


6320
Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de alojamiento
NO
NO
EDE
EDE
7000
TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO Y COMUNICA CION ES




7100
TRANSPORTE TERRESTRE




7111
Transporte ferroviario
*
*
*
*
7112
Transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros
*
*
*
*
7113
Otros servicios terrestres de pasajeros
*
*
*
*
7114
Transporte de carga por carretera
*
*
*
*
715
Transporte de oleoductos o gasoductos
*
*
*
*
7116
Servicios relacionados con el transporte terrestre
NO
NO
EDE
EDE
7120
TRANSPORTE POR A GUA




7121
Transporte oceánico o de cabotaje
*
*
*
*
7122
Transporte por vías de navegación interior
*
*
*
*
7123
Servicios relacionados con el transporte por agua
EDE
EDE
EDE
EDE
7130
Transporte aéreo
*
*
*
*
7190
SERVICIOS CONEXOS




7191
Servicios relacionados con el transporte
NO
NO
EDE
EDE
7192
Depósito y almacenamiento
NO
NO
EDE
EDE
7200
comunicaciones
NO
NO
NO
NO







9000
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES




9200
Servicios de saneamiento y similares
EDE
EDE
EDE
EIA
9300
SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS COMUNALES CONEXOS




9331
Servicios médicos y odontológicos y otros servicios de sanidad
NO
NO
EDE
EDE
9332
Servicios de veterinaria
NO
NO
EDE
EDE
9400
SERVICIOSDE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO




9410
Películas cinematográficas y otros servicios de esparcimiento
NO
NO
EDE
EDE
9420
Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos
NO
NO
EDE
EDE
9490
Otros servicios de diversión y esparcimiento
NO
NO
EDE
EDE
9500
SER VICIOS PERSONALES Y DEL HOGAR




9510
OTROS SER VICIOS DE REPARACIÓN




9511
Reparación de calzados y otros artículos de cuero
NO
NO
NO
EDE
9512
Talleres de reparaciones eléctricos
NO
NO
EDE
EDE
9513
Reparación de automóviles y motocicletas
NO
NO
EDE
EDE
9514
Reparación de relojes y joyas
NO
NO
NO
NO





9519
Otros servicios de reparación
NO
NO
EDE
EDE
9520
Lavanderías y servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido





OTRAS INDUSTRIAS




Quema de huesos
EDE
EDE
EDE
EDE
Recubrimientos metálicos
EDE
EDE
EDE
EDE





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