31 de agosto de 2013

PROMOVER FORMAL QUERELLA AUTÓNOMA


PROMOVER FORMAL QUERELLA AUTÓNOMA


OBJETO: PROMOVER FORMAL QUERELLA AUTÓNOMA.





SEÑOR: JUEZ PENAL DE SENTENCIA:


     SIDDARTHA, abogado de la Matricula C.S.J. Nº 00.000., en representación del Sr. GOVINDA, conforme al poder especial que acompaño, siendo el domicilio real de mi mandante en la casa ubicada en la Avenida de la Victoria c/ La Conquista Nº 452 y constituyendo domicilio procesal a los efectos de esta presentación en la Avenida Curupayty Nº 1811 a V.S. respetuosamente digo: ----

CONFORME al artículo 291 “QUERELLA”, del Código Procesal Penal de la República, a través del presente escrito vengo ante el Juzgado a PROMOVER QUERELLA AUTÓNOMA en contra de la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILK con sobrenombre o apodo: “SADY”, de nacionalidad paraguaya, de 28 años de edad, nacida en la ciudad de San Lorenzo, en fecha 9 de diciembre de 1981, de estado civil soltera, con C.I.C. Nº 1.235.258.-, de profesión corredora de bolsa, con domicilio real en Av. De la Victoria y Nación Guaraní en la casa Nº 2023 de esta capital, por la comisión del HECHO PUNIBLE CONTRA EL HONOR Y LA REPUTACIÓN (CALUMNIA), articulo 150 del Código Penal vigente de conformidad a las disposiciones legales citadas, por los fundamentos de hechos y de derechos que paso a exponer en los siguientes términos: ---------------------------------------


1- RELATO DE LOS HECHOS


El presente hecho punible tiene sus antecedentes inmediatos en una denuncia que fuera formulada por la hoy querellada la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILKS, ante el Ministerio Público, y a consecuencia de esto en fecha 31 de octubre de 2003, la Abg. Leticia Mieres Agente Fiscal en lo Penal en la Segunda Unidad de la Capital comunica el inicio de las investigaciones sobre la comisión de hecho punible contra la propiedad de las personas tipificado en el artículo 160 inciso uno y dos del código penal. La denunciante en ese entonces, hace un relato de los hechos sindicando a mi mandante el Sr. GOVINDA como autor basando esta aseveración en que, según relata la hoy querellada en su escrito, el Sr. GOVINDA ha prestado un vehículo supuestamente de propiedad de la hoy querellada para el traslado de algunas cosas muebles dado que en aquel momento no tenía dinero alguno para pagar algún flete, para lo cual también solicito la autorización de su esposo pues su único interés consistía en ayudar a una persona necesitada. Siguiendo con su relato de los hechos, en la denuncia, la querellada manifestó que durante dos años el vehículo de su legítima propiedad no le fue devuelto a pesar de sus reiterados requerimientos al Sr. GOVINDA, lo que llevo a una total desvergüenza llegando a ser calificado como un embustero el Sr. GOVINDA. Finalmente la hoy querellada ha solicitado el castigo de mi mandante por el supuesto hecho punible contra la propiedad, específicamente el de apropiación.---------------------------------------

ASÍ MISMO la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILKS, ha comparecido ante la Unidad Fiscal a prestar la declaración testifical, la cual obra a fojas 30 de la Carpeta Fiscal, en dicho acto procesal se declaro víctima y se ratificó en todos los términos de la denuncia inclusive manifestó que el Sr. GOVINDA le compraría el citado vehículo pero que nunca cumplió con su palabra.--------------

ADEMÁS de la mencionada declaración, obran en la carpeta fiscal otras diligencias y actos de investigación promovidas por el Ministerio Publico a fin de esclarecer los hechos que fueron objeto de la presente denuncia, y entre estos podemos constar que la querellada ha llegado al punto de peticionar el secuestro del vehículo objeto de la investigación en fecha 1 de abril de 2004, escrito obrante en la carpeta fiscal, este acto demuestra el dolo y la mala fe de la querellada en la acción penal promovida por mi mandante el Sr. GOVINDA.----------------------------------------------

LUEGO DE VARIOS actos de investigación el Ministerio Publico ha solicitado la desestimación de la denuncia en contra del Sr. GOVINDA conforme requerimiento que obra en el expediente judicial y en la carpeta fiscal que ha originado el A.I. Nº. 88 de la fecha 3 de mayo del 2004, donde se tubo por desestimada la denuncia formulada por la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILKS fallo emitido por el Juez Penal de Garantías y por la Secretaria a cargo de la Abg. LUISA GAMARRA LORE, el mencionado fallo resulta muy ilustrativo pues en una parte del Considerando sostiene textualmente lo siguiente: “…Es claro que el hecho punible denunciado en autos, en cuanto hace la configuración de los elementos típicos del Art. 160 inc. Del código penal como ser la apropiación de una cosa mueble y desplazarlo en el ejercicio de sus derechos al propietario de un bien en autos, no se halla configurado, por el motivo, ya citado de existir contratos de compra-venta entre denunciante y denunciado, y cuya existencia, valides, etc. Deben ser discutidas en el fuero pertinente, no siendo el fuero penal el habilitado para el efecto…”. De lo expresado por el juzgado se infiere la temeridad, la mala fe y el dolo de la hoy querellada que ha sabiendas de la existencia de contratos de compra-venta provoca una investigación penal a todas luces improcedente a fin de obtener de esa forma un beneficio indebido en su provecho, por lo que mi mandante el Sr. GOVINDA, promueve la presente querella penal y se reserva el derecho de instaurar las acciones civiles que correspondiera.---------------------------------------------------------------

TODO ES CLARO, acerca de la comisión del delito de calumnia por parte de la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILKS, delito tipificado en el Art. 150 del código penal vigente; en los siguientes términos: -----------------------------------------------------

1º El que en contra de la verdad y a sabiendas afirmara o divulgara a un tercero o ante este un hecho referido otro, capaz de lesionar su honor, será castigado con multa…2º Cuando el hecho se realizara ante una multitud, mediante la difusión de publicaciones conforme al Art. 14 inc. 3º, o repetidamente durante un tiempo prolongado, la pena podrá ser aumentada a pena privativa de libertad de hasta dos años o multa…3º En vez de la pena señalada, o conjuntamente con ella, se aplicara lo dispuesto en el Art. 59”.---------------------------------------------------

EN su aspecto objetivo, la calumnia requiere el carácter falso de la imputación o hecho y su aspecto subjetivo, se requiere que el autor de la calumnia haya cobrado a sabiendas de tal falsedad, es decir que haya obrado con dolo, ambos aspectos en los que se halla perfectamente incurrida la conducta de la querellada, dado que como desde ya señalamos a las potestad jurisdiccional, la querellada ha promovido una acción penal que ha causado un gran daño y perjuicios a mi mandante el Sr. GOVINDA, a sabiendas que era falsa la imputación y en contra de la verdad y con el solo fin de satisfacer oscuros intereses, pues en el escrito de denuncia se ha referido a un hecho ilícito puntual a pesar de que la misma sabía que mi representado no ha cometido delito de naturaleza alguna y que al formular la denuncia dudosa ha ocasionado la investigación del ministerio público en base a una imputación falsa.-----------------

EN ESTAS circunstancias resulta de sobre manera importante que el peso de la ley caiga con todas sus fuerzas sobre quien ha inferido un gravísimo daño contra la persona de mi representado en consecuencia que la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILKS reciba las máximas penas previstas, un castigo ejemplificador teniendo en cuenta el dolo, con el que ha actuado, y decimos que existe el dolo "…Cuando el actor obro deliberada y libremente sin que nadie le mande o le obligue..", al decir existido en la acción criminal promovida en contra de la persona del Sr. GOVINDA, basada en imputaciones falsas, que concluyera con el auto interlocutorio que dispuso la desestimación de la denuncia en contra de mi representado, hallándose la misma firme y ejecutoriada, evidenciando esto de manera incontestable el dolo al que hicimos referencia otorgándole configuración definida legal y procesalmente.---------------------------------------------------------------

SEGÚN lo ya manifestado, y a manera de conclusión mi parte solicita que la justicia aplique a la acción nada las máximas penas previstas, para el delito cometido por la hoy querellada, quien con absoluta ligereza y temeridad le ha imputado a mi mandante delitos en una formal denuncia penal, a sabiendas de la falsedad de las afirmaciones mediando incluso contratos de compraventa entre los mismos, teniendo que sufrir mi representado injustamente que se les someta a una investigación penal, ocasionándole esto un estado de zozobra, y el evidente descrédito ante la sociedad, sufriendo un menoscabo en su honra, y es sabido que el bien jurídico que se pretende proteger por medio de la sanción del delito de calumnia es el honor el cual puede definirse como "el derecho que tiene toda persona a la propia estimación y a su buen nombre y reputación".---

2- ELEMENTOS PROBATORIOS

COMO PRUEBA que hace el derecho de mi parte ofrezco:

  • La carpeta de investigación fiscal que desde ya solicito sea traída a la vista.-
  • El expediente judicial donde concluye la investigación penal con la resolución de la desestimación de la investigación penal.-

ESTAS PRUEBAS documentales, cabe aclarar constituyen instrumentos públicos, conforme lo preceptuado por el Art. 375 inc. d estado del C.P.C a con ese sí ., ya que consisten en actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes judiciales las cuales avalan, sustentan y confirman la comisión del hecho de calumnia, y como instrumentos públicos a los mismos es aplicable la regla enunciada por el Art. 383 del C.P.C. al decir:

"El instrumento público hará plena fe mientras no fuere argüido de falso por acción criminal o civil, en juicio principal o en incidente, sobre la realidad de los hechos que él autorizarte enunciare como cumplidos por el o pasados en su presencia".-----

LOS INSTRUMENTOS enunciados al ser emanados de magistrado judiciales hacen plena fe, ya que no admiten dudas ni discusión alguna de cualquier naturaleza sobre la valides y autenticidad de los mismos, por lo que hacen plena prueba en juicio.--------------------------------------------------------------------------

3- ANALISIS JURIDICO:


PENAS SOLICITADAS: MULTA, COMPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN DE SENTENCIA

CONFORME a la disposición contenida en el Art. 150 inc. 1º de la ley1160/97, la pena principal que corresponde le sea aplicada a la querellada constituye la de multa, en concordancia con el Art. 52 del citado cuerpo legal, solicitando desde ya mi parte la aplicación del máximo permitido por la ley que este 360 días-multa. Asimismo el Art. 150 inc. 3º el código penal vigente, prevé la aplicación conjunta de las pena adicional de composición al decir del mismo "... En vez de la pena señalada o conjuntamente con ella, se aplicara lo dispuesto en el Art. 59...", la cual a su vez es solicitadas por mi parte se aplique conjuntamente con las pena de multa.--------------------------------------------------------------------------

EL MENCIONADO Art. 59 del C.P. prescribe: “En calidad de composición, y en los casos especialmente previstos por la ley, se adjudicara a la victima el pago de una determinada suma de dinero por parte del autor, cuando ello sirva al restablecimiento de la paz social…2º El monto del pago será determinado por el tribunal atendiendo a las consecuencias que el ilícito haya ocasionado a la víctima y la situación económica del autor…3º La adjudicación de una composición, no excluirá la demanda por daños y perjuicios.”---------------------------------------------------------

COMO, se ha relatado y con las pruebas arrimadas se demostrara ante el Juez, la querella ha ocasionado grandes daños a mi representado mancillando su honor, y desacreditándolo ante la sociedad, acusándolo falsamente de un delito de tamaña gravedad como es el de apropiación, con lo que la confianza de terceros hacia el mismo, se halla minada y esto lo perjudica considerablemente tanto económicamente, ya que su vida laboral se ve afectada por el descrédito sufrido, así como moralmente debido a las vicisitudes que ha tenido que afrontar, tanto el Sr. GOVINDA como su familia, al ser señalado ante la sociedad como autor de un hecho punible.------------------------------------------------------------------------

MI PARTE a más de la pena principal de multa, solicita la aplicación de las penas adicionales tanto de la composición como la publicación de sentencia, previstas en el Art.37 del C.P.P., en concordancia con los Arts. 59 y 60 respectivamente del mencionado cuerpo legal.--------------------------------------------------

ADEMÁS V.S. deberá tener en cuenta para la aplicación del máximo de la pena de multa, así como la pena adicional de composición para la reparación del daño ocasionado a mi representado por la acción de la querellada las bases de medición de la pena establecidas en el Art. 65 del C.P. el cual establece que:…"1º La medición de la pena se basara en la reprochabilidad y será limitada por ella; se atenderán también los efectos de la pena en su vida futura en sociedad…2º Al determinar la pena el tribunal sopesara todas las circunstancias generales a favor en contra del autor y particularmente:”------------------------------------

2- La actitud frente al derecho; al respecto, cabe resaltar la actitud demostrada en todo momento por la querellada, la quien no sólo ha imputado falsamente a mi representado de un hecho punible, moviendo con sus argucias toda una maquinaria judicial, a fin de investigar la comisión de un supuesto hecho delictuoso a sabiendas de su inexistencia, no conforme con esto la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILKS, ha comparecido a prestar declaración testifical ratificándose en su denuncia falsa instando a que se prosiga con la investigación fiscal respecto al Sr. GOVINDA, exponiendo la él a un estado de incertidumbre respecto a su situación judicial así como un descrédito en su persona ante la sociedad, llegando hasta el punto de solicitar el secuestro del vehículo, el que fuera objeto de un contrato licito de compraventa.-

3- La intensidad de la energía criminal; surgen en forma incontestable la energía criminal utilizaba en la comisión del hecho punible de calumnia, ya que como dijimos se le han atribuido a mi mandante hechos de apropiación de cosa ajena, cuando era absolutamente falso en vista a la existencia de un contrato entre las partes, exponiéndolo al mismo a una investigación penal con todo lo que esto acarrea, así como a una pena que como dispone claramente el art. 160 del C.P. va hasta 5 (cinco) años de pena privativa en libertad, como se puede ver no sólo se buscó el desprestigio de mi representado sino que se lo expuso a la privación de un bien fundamental como lo es su libertad.-------------------------

4- La forma de la realización, los medios empleados, la importancia del daño ni del peligro, y las consecuencias reprochables del hecho; en este apartado, cabe hacer especial énfasis en algunos de los factores ya señalados, pero que por su importancia vale la pena reiterarlos, esto en vista a que en la forma de la realización debemos resaltar la temeridad ya que esta querella tiene su origen precisamente en una denuncia ante el ministerio público de caacupe, en el que se sindica al Sr. GOVINDA como autor en un hecho punible puntual, el de apropiación de la cosa ajena, y la importancia del daño que evidencia en el hecho de que no sólo se produjo el menoscabado al honor y la reputación de mi mandante ante la sociedad sino que se le ha sumergido en la zozobra de haberse expuesto a una sanción penal que podría consistir en pena privativa de libertad. El fundamental perjuicio que ha sufrido mi representado es precisamente el de haber sido falsamente acusado y expuesto ante la opinión pública, tanto él como su familia, al estar sindicado en un hecho que luego ha sido desestimado por la justicia, por su notoria improcedencia y falsedad manifiesta, pero esto no ha impedido el desprestigio y el menoscabado en el honor y reputación que ha sufrido mi mandante ante su comunidad.----------------------------------------------------------

5- La conducta posterior a la realización del hecho y en especial los esfuerzos para reparar los daños y reconciliarse con la víctima: en ningún momento la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILKS ha hecho intento alguno de acercarse, y reparar el daño ocasionado a mi mandante, ni desmentir acusación alguna que hubieren formulado en contra del Sr. GOVINDA.---------------------

ASÍ TAMBIÉN a fin de establecerse la pena aplicable en concepto tanto de multa como de composición, el juzgado deberá realizada en una estima de los ingresos de la querellada, y al efecto mi parte pone ha conocimiento que la misma se encuentra trabajando como empleada en la municipalidad de san Bernardino para lo cual deberá librar oficios a la misma a fin de recabar el monto exacto del salario que preside, así como también a la dirección general de los registros públicos a fin de que informe si la misma es propietaria de algún bien denuncia inmueble o mueble registrable, así como a las entidades bancarias de plaza con objeto de conocer si la misma es titular de alguna cuenta bancaria y esto en estricta aplicación de lo dispuesto por el Art. 52 inc. 3º del código penal.-----------------------------------------------------------------


FUNDAMENTACION

LA PRESENTE QUERELLA se haya fundada en el Art. 150 inc. 1 y 2 del código penal que describe el hecho punible de calumnia, en concordancia con el Art. 29 del mencionado cuerpo legal que se refiere a la calidad de autor y preceptuad:

"Será castigado como autor el que realice el hecho obrando por sí o valiéndose para ellos de otro. También será castigado como autor el que obre de acuerdo con otro de manera tal que mediante su aporte al hecho, comparta con el otro el dominio sobre su realización"------

ASÍ TAMBIÉN para la aplicación y medición de las penas se deberá estar como ya lo hemos expresado a las disposiciones de los Arts. 52,59, y 65 del C.P.---------------------------------------------------

POR TANTO, en consideración a los fundamentos de hecho expuestos, así como a las disposiciones legales enunciadas a V.S. dirijo el siguiente:

PETITORIO:

  1. SE TENGA por reconocida mi personería en el carácter invocado y POR constituido mi domicilio en el lugar señalado y se me otorgue la correspondiente intervención de ley.------------

  2. SE TENGA por promovidas y se admitan la presente querella contra la Sra. SANDRA KOSTIANOVS DE HILKS, como autora del hecho punible contra el honor y reputación de las personas de calumnia inmerso en el Art. 150 del código penal.--

  3. SE CONVOQUE a las partes a la audiencia de conciliación, prevista en el Art. 424 del C.P.P. y al efecto ordénese la correspondiente notificación.-----------------------------------------

  4. OPORTUNAMENTE y previo los trámites de rigor, ordene la apertura a juicio, y abierto este, desde ya solicito se condene a la querellada a sufrir el máximo de la pena que por ley corresponde y el resarcimiento de los daños y perjuicios que corresponden. Protesto costas.----------------------------------------


PROVEER DE CONFORMIDAD

ES JUSTICIA






Abg. Siddartha 
Matricula CSJ Nº 00.000


22 de agosto de 2013

LEY Nº 4.867/13 QUE MODIFICA EL ARTICULO 173 DE LA LEY N° 1337/88 “CÓDIGO PROCESAL CIVIL”.

LEY Nº 4.867/13

QUE MODIFICA EL ARTICULO 173 DE LA LEY N° 1337/88 “CÓDIGO PROCESAL CIVIL”.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- Modificase el Artículo 173 de la Ley N° 1337/88 “ CÓDIGO PROCESAL CIVIL”, cuyo texto queda redactado como sigue:


“Art. 173.- Cómputo. El plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o de la resolución o actuación del juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento, según corresponda. Correrá durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición judicial; asimismo, si el expediente hubiere sido remitido a la vista por petición de un juez o tribunal.

El cómputo de los plazos no correrá durante la feria judicial.

En el procedimiento contencioso administrativo, el plazo de caducidad se operará de pleno derecho a los tres meses, con exclusión del tiempo que correspondiere a la feria judicial.”

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a quince días del mes de noviembre del año dos mil doce, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil doce, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Víctor Alcides Bogado González
Presidente
H. Cámara de Diputados 
Jorge Oviedo Matto
Presidente
H. Cámara Senadores

Atilio Penayo Ortega
Secretario Parlamentario 
Mario Cano Yegros
Secretario Parlamentario


Asunción, 19 de Febrero de 2013

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Luis Federico Franco Gómez

Maria Lorena Segovia Azucas
Ministro de Justicia y Trabajo

LEY N° 1337/ 1999 DE DEFENSA NACIONAL Y DE SEGURIDAD INTERNA

LEY N° 1337/ 1999

DE DEFENSA NACIONAL Y DE SEGURIDAD INTERNA.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

TÍTULO I
DE LA DEFENSA NACIONAL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º.- El presente Título I establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, ejecución y control tendientes a asegurar la defensa nacional.

Artículo 2º.- La defensa nacional es el sistema de políticas, procedimientos y acciones desarrollados exclusivamente por el Estado para enfrentar cualquier forma de agresión externa que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República, o el ordenamiento constitucional democrático vigente.

Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley, se entenderá:

Por soberanía: el poder supremo del Estado por sobre cualquier otra institución u organización de cualquier naturaleza, sin más límite que lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes.

Por independencia: la existencia de la República del Paraguay en la comunidad internacional como un Estado regido única y libremente por su Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Constitución Nacional, sus leyes y sus autoridades.

Por integridad territorial: la inviolabilidad e inajenabilidad del territorio, de las aguas territoriales y del espacio aéreo de la República del Paraguay.

Por autoridades legítimamente constituidas: por aquéllas electas o designadas de acuerdo con el ordenamiento constitucional y democrático vigente.

Artículo 4º.- La defensa nacional constituye un derecho y un deber de todos los paraguayos en la forma y términos que establecen la Constitución Nacional y las leyes.

Artículo 5º.- La política de defensa nacional, como parte integrante de la política general del Estado, definirá los objetivos de la defensa nacional y establecerá los recursos y acciones para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2º.

Artículo 6º.- La política militar, un componente esencial de la política de defensa, determinará la organización, preparación y actualización del potencial militar, constituido por las Fuerzas Armadas de la Nación (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), y tomará en cuenta la totalidad de las potencialidades nacionales e institucionales, con relación a las necesidades de la defensa nacional.

Artículo 7º.- La política de defensa nacional tendrá las siguientes finalidades:

a) estudiar, planificar y adoptar recaudos tendientes a la aplicación del potencial nacional para la preservación, conservación y protección de los intereses nacionales precisados en el artículo 2º;
b) estudiar las hipótesis de defensa, prever para cada una de ellas los medios a emplear y diseñar las hipótesis de confluencias que posibiliten detectar las acciones conducentes para resolver convenientemente la emergencia de las hipótesis;
c) formular los planes que posibiliten una adecuada preparación de toda la nación ante cualquier conflicto bélico, así como fortalecer la conciencia del pueblo paraguayo sobre la importancia de los problemas inherentes a la vigencia del estado de derecho, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República del Paraguay;
d) asesorar a la conducción de las Fuerzas Armadas y a los sectores del país afectados por un conflicto bélico, en el nivel estratégico militar y operacional, y elaborar los planes para la conducción de los niveles de defensa nacional correspondientes a la estrategia militar y a la operacional; y,
e) preparar y recomendar las medidas de movilización nacional.

CAPÍTULO II
Del Consejo de Defensa Nacional

Artículo 8º.- El Consejo de Defensa Nacional será el órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa nacional. Tendrá la estructura y funcionamiento que establece esta ley.
Serán miembros del Consejo de Defensa Nacional:
a) el Presidente de la República, quien lo presidirá;
b) el Ministro de Defensa Nacional;
c) el Ministro de Relaciones Exteriores;
d) el Ministro del Interior;
e) el Oficial General que ejerza el cargo más elevado dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación;
f) el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación;
g) el Funcionario a cargo del organismo de inteligencia del Estado; y,
h) el Secretario Permanente del Consejo de Defensa Nacional.
Podrán participar de sus deliberaciones las personas, autoridades y funcionarios especialmente convocados por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, en las ocasiones que éste lo determine.

Artículo 9º.- Son funciones del Consejo de Defensa Nacional:
a) emitir dictámenes y producir informes sobre los asuntos sometidos a consulta por el Presidente de la República en todo lo concerniente a la defensa nacional;
b) preparar y elevar al Presidente de la República las propuestas que estimen convenientes y oportunas en todos aquellos asuntos relacionados con la defensa nacional que exijan una respuesta global; y,
c) asistir al Presidente de la República en la dirección de la defensa nacional en caso de conflicto armado.

Artículo 10.- El Consejo de Defensa Nacional tendrá la colaboración de una Secretaría Permanente y del Colegio Nacional de Guerra.
La Secretaría Permanente estará organizada de la siguiente forma:
a) Direcciones Generales de:
Asuntos Políticos;
Asuntos Económicos;
Asuntos Psicosociales;
Asuntos Militares;
Asuntos Científico - Tecnológicos; y,
Movilización;
b) Direcciones de Apoyo:
Técnica; y,
Administrativa;
c) Comisiones Permanentes.

Artículo 11.- El Consejo de Defensa Nacional se reunirá en forma ordinaria una vez al mes con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y en forma extraordinaria cuando su Presidente lo convoque, o a pedido de la mayoría de sus miembros. En este caso, será para tratar asuntos específicos y urgentes. El Secretario Permanente comunicará con anticipación a los miembros del Consejo de Defensa Nacional, los temas que serán sometidos a debate en la próxima sesión.

Artículo 12.- Las deliberaciones del Consejo de Defensa Nacional serán reservadas. El Presidente del Consejo de Defensa Nacional determinará, en cada caso, los temas a ser tratados en cada reunión que puedan darse a publicidad.

Artículo 13.- Los asuntos tratados en las reuniones del Consejo de Defensa Nacional serán asentados en minutas reservadas, que serán firmadas por el Presidente, el Secretario Permanente y dos miembros presentes.

CAPÍTULO III
De la Secretaría Permanente del Consejo de Defensa Nacional

Artículo 14.- La Secretaría Permanente del Consejo de Defensa Nacional, tendrá las siguientes funciones:
a) constituir el órgano ejecutivo y administrativo del Consejo de Defensa Nacional, con la obligación de informar al Presidente acerca de las actividades de dicho Consejo;
b) asistir al Presidente del Consejo de Defensa Nacional en la preparación y coordinación de las sesiones de trabajo;
c) coordinar las actividades del Consejo de Defensa Nacional;
d) realizar estudios sobre asuntos que le sean requeridos por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional; y, por propia iniciativa, llevar adelante aquéllos que consideren necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales, con cargo de rendir cuenta a aquél;
e) acopiar información y documentación de interés para la defensa nacional;
f) elaborar y proponer el programa de estudios e investigaciones de carácter científico-técnico que se vinculen con los fines y objetivos de la defensa nacional;
g) elaborar borradores y formular sugerencias para la elaboración del plan y la política nacionales de la defensa, y los correspondientes planes sectoriales que se deriven del mismo, para discutirlos en el seno del Consejo de Defensa Nacional;
h) elaborar el anteproyecto de presupuesto de la institución, correspondiente a cada ejercicio fiscal, y someterlo a consideración del Presidente del Consejo de Defensa Nacional;
i) redactar los proyectos de reglamentos internos y manuales que regirán el funcionamiento de la institución y someterlos a la aprobación del Consejo de Defensa Nacional;
j) redactar las minutas reservadas de las reuniones del Consejo de Defensa Nacional y refrendarlas luego de su aprobación y suscripción por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional;
k) proponer al Poder Ejecutivo, quien los designa, el nombramiento de los funcionarios permanentes del Consejo de Defensa Nacional;
l) custodiar el archivo y tramitar la correspondencia; y,
m) realizar las demás funciones que les sean encomendadas por el Presidente o por el Consejo de Defensa Nacional.

Artículo 15.- Leyes especiales establecerán la estructura y funcionamiento de los órganos estatales de informaciones e inteligencia y de los órganos de defensa civil, los que aportarán conocimientos específicos imprescindibles para la defensa nacional.

CAPÍTULO IV
Del Estado de Defensa Nacional en Situaciones de Conflicto Internacional

Artículo 16.- El Presidente de la República en caso de agresión externa y previa autorización del Congreso, podrá declarar el Estado de Defensa Nacional para disponer, integrar y movilizar todos los recursos nacionales orientados a la defensa nacional.

Artículo 17.- Declarado el Estado de Defensa Nacional, el Presidente de la República podrá establecer y delimitar geográficamente teatros de operaciones.

El Presidente de la República podrá designar a un oficial superior de las Fuerzas Armadas de la Nación que tendrá a su cargo el comando de un teatro de operaciones, sujeto en forma directa e inmediata a las órdenes de aquél.

Artículo 18.- Las autoridades constitucionales y legales mantendrán la plena vigencia de sus atribuciones en el ámbito geográfico de los teatros de operaciones, sin perjuicio de la adecuación de sus actividades al Estado de Defensa Nacional y a las necesidades de la defensa nacional.

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo, con la aprobación previa del Congreso, podrá declarar zona militar a determinados ámbitos que, por resultar necesario para la defensa nacional, deban ser sometidos a custodia y protección militar, en caso de conflicto armado internacional.

Artículo 20.- Declarado el Estado de Defensa Nacional previa autorización del Congreso Nacional, el Presidente de la República podrá disponer el aislamiento temporal de zonas y áreas, así como requisiciones de servicios o de bienes y convocatorias para satisfacer las necesidades de la defensa nacional. En la reglamentación de la presente ley se dispondrán los procedimientos y los mecanismos de aplicación de esta disposición.

Artículo 21.- Terminado el Estado de Defensa Nacional se restituirán los bienes requisados a sus propietarios, en el estado en que se encuentren, sin perjuicio de la indemnización debida por el uso o goce de los mismos o la remuneración pendiente por los servicios prestados. En los casos en que los bienes requisados no pudieren ser restituidos, o se trate de bienes fungibles o perecederos, se pagará, el valor total de dichos bienes calculados con base al precio que los mismos tenían en el momento de la requisición.

CAPÍTULO V
De la Movilización Nacional

Artículo 22.- La movilización nacional es el conjunto de previsiones y acciones emprendidas por el Estado durante la vigencia del Estado de Defensa Nacional con el objeto de optimar el poder nacional requerido para la defensa nacional, frente a un conflicto armado internacional inminente o fáctico, comprendiendo los planes y operaciones necesarios para adecuar los recursos de la nación a las necesidades de la defensa nacional, y la movilización de los ciudadanos de las reservas de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Artículo 23.- Vigente la movilización nacional, el Presidente de la República podrá ordenar la colaboración y vigilancia de las Fuerzas Armadas de la Nación para asegurar el regular funcionamiento de los servicios públicos o de las empresas básicas que activen la vida socioeconómica de la nación.

Artículo 24.- Los ciudadanos paraguayos que no estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas de la Nación, podrán ser convocados, según sus aptitudes y facultades, a prestar servicios donde sean más eficaces para la defensa nacional. La prestación de este servicio es obligatoria.

Artículo 25.- Las disposiciones inherentes a la movilización nacional podrán aplicarse a los extranjeros con radicación permanente en el territorio nacional, con excepción de aquellas personas excluidas en virtud de tratados o convenios internacionales celebrados por la República del Paraguay con los países de donde sean nacionales los extranjeros radicados.

Artículo 26.- Cuando cesen las causas que motivaron la movilización nacional, el Congreso Nacional autorizará la desmovilización y el Poder Ejecutivo lo pondrá en ejecución. Los gastos a que den lugar la movilización y desmovilización se consideran inherentes a la defensa nacional.

CAPÍTULO VI
De las Sanciones

Artículo 27.- El que requerido por el Consejo de Defensa Nacional para suministrar datos, informaciones o estadísticas estrictamente vinculados y necesarios para la defensa nacional no lo hiciera dentro del plazo fijado por aquél, o se rehusara a hacerlo, o proporcionara intencionalmente datos, informaciones o estadísticas falsos o incompletos, será castigado con prisión de dos meses a dos años.
La pena será de cuatro meses a cuatro años, si el requerido fuese personal militar, policial o funcionario público.

Artículo 28.- El que divulgara datos, informaciones o estadísticas pertenecientes al Consejo de Defensa Nacional, que hayan llegado a su conocimiento de cualquier manera y por cualquier medio, será castigado con prisión de uno a dos años. La pena será de dos a cuatro años si el que lo divulgara fuese la misma persona que lo proporcionó al Consejo de Defensa Nacional, o si fuese miembro de éste, o si hubiese tomado parte en sus deliberaciones, o si hubiese llegado a tener conocimiento de los datos, informaciones o estadísticas en razón de sus funciones en el Consejo de Defensa Nacional.

Artículo 29.- Los integrantes de la reserva del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que, llamados para enfrentar las situaciones de amenazas o conflictos internacionales, previa aprobación del Congreso Nacional, no concurriesen al llamamiento que se les hiciese, serán castigados con prisión de uno a tres años.

Artículo 30.- Vigente el Estado de Defensa Nacional ante la inminencia de conflicto armado internacional o durante su desarrollo, el que instigue, organice huelgas; propicie la desobediencia civil que entorpezca la defensa nacional, la movilización o la defensa civil, o perturbe seriamente la organización y el funcionamiento de algún servicio público, será castigado con prisión de uno a tres años.

Artículo 31.- Las sanciones previstas en la presente ley son de acción penal pública y serán aplicadas por:
a) los jueces y tribunales ordinarios, cuando los infractores fuesen civiles o militares en situación de retiro o miembros de las fuerzas policiales y sean cometidos en tiempo de paz;
b) los tribunales militares, si se tratare de militares en servicio activo; y,
c) los tribunales militares, en caso de conflicto armado internacional y vigente el Estado de Defensa Nacional.

CAPÍTULO VII
De los Aspectos Internacionales de la Defensa

Artículo 32.- La organización y mantenimiento de la defensa en sus aspectos internacionales, se rigen por los principios establecidos en el artículo 143 de la Constitución Nacional:
a) la independencia nacional;
b) la autodeterminación de los pueblos;
c) la igualdad jurídica entre los Estados;
d) la solidaridad y la cooperación internacionales;
e) la protección internacional de los derechos humanos;
f) la libre navegación de los ríos internacionales;
g) la no intervención; y,
h) la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo.

Artículo 33.- La República del Paraguay puede prestar ayuda militar, o cooperación técnico-militar, a otros países, en virtud de tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso Nacional, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, de acuerdo con el artículo 141 de la Constitución Nacional. Similar procedimiento regirá para cualquier tratado internacional sobre cuestiones de defensa.

Artículo 34.- La República del Paraguay, cumplimentando los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional en materia de tratados y pactos internacionales, puede proponer la formación o la incorporación a pactos, alianzas y otros procedimientos o instituciones de defensa colectiva, de naturaleza subregional, regional, hemisférica o global, con otros estados que defiendan un orden internacional asentado sobre valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del pluralismo.

Artículo 35.- En el marco de lo establecido en el artículo 34, la República del Paraguay puede participar con sus instituciones castrenses en las misiones de paz que promuevan organizaciones internacionales de las que aquélla forme parte.

TÍTULO II
DE LA SEGURIDAD INTERNA
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 36.- El presente Título II establece las bases jurídicas orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, ejecución y control tendientes a salvaguardar la seguridad interna. La seguridad interna es competencia exclusiva del Estado.

Artículo 37.- A los efectos de la presente ley se entenderá por seguridad interna la situación de hecho en la cual el orden público está resguardado, así como la vida, la libertad y los derechos de las personas y entidades y sus bienes, en un marco de plena vigencia de las instituciones establecidas en la Constitución Nacional.

Artículo 38.- La seguridad interna implica el empleo de elementos humanos y materiales de los organismos encargados de su salvaguarda.

Artículo 39.- La seguridad interna tiene como ámbito espacial todo el territorio de la República del Paraguay, sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo.

CAPÍTULO II
De los Fines y Organización de la Seguridad Interna

Artículo 40.- El sistema de seguridad interna tiene como finalidad determinar las políticas de seguridad así como planificar coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional de policía dirigido al cumplimiento de esas políticas.

Artículo 41.- Forman parte del sistema de seguridad interna:
a) el Presidente de la República;
b) el Ministro del Interior;
c) el Ministro de Defensa Nacional;
d) la Policía Nacional;
e) las gobernaciones departamentales;
f) el Consejo de Seguridad Interna;
g) los organismos estatales de inteligencia; y,
h) la Prefectura General Naval.

Artículo 42.- El Ministerio del Interior, sin perjuicio de otras áreas de su competencia, ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de policía y coordinará el accionar de los organismos y fuerzas entre sí, dentro de los alcances que esta ley determina.

A los fines del ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos precedentes, contará con un Viceministro de Seguridad Interna.

El Ministro del Interior tendrá a su cargo la dirección superior de los organismos encargados de la seguridad interna.

La facultad referida en el párrafo precedente implica las siguientes atribuciones:

a) formular las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interna, y elaborar la doctrina y planes y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interna, con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Interna;
b) dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Nacional; como también del perteneciente a la Prefectura General Naval a través de la Armada Nacional;
c) entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Nacional; e intervenir en dichos aspectos con relación a la Prefectura General Naval, en este último caso exclusivamente a los fines establecidos en la presente ley; y,
d) disponer en caso de necesidad, de los elementos de la Policía Nacional y, en su caso, de la Prefectura General Naval, y emplearlos con el auxilio de los órganos establecidos en la presente ley.

Artículo 43.- Créase el Consejo de Seguridad Interna con la misión de asesorar al Ministro del Interior en la elaboración de las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interna; como asimismo de elaborar los planes para la ejecución de las acciones tendientes a garantizar el máximo nivel de seguridad interna.

Artículo 44.- Para el cumplimiento de la misión asignada, el Consejo de Seguridad Interna tendrá como funciones:

a) proponer las políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delincuencia en aquellas formas que afectan de un modo cualitativa y cuantitativamente más grave a la población;
b) elaborar la doctrina y los planes para la coordinación e integración de las acciones y operaciones policiales;
c) asesorar en cuanto a los suministros de apoyo personal y medios que las acciones y operaciones policiales requieran;
d) asesorar en todo proyecto de reglamentación de las disposiciones de la presente ley;
e) requerir de los organismos de información e inteligencia del Estado toda información que le sea necesaria, la que deberá ser suministrada;
f) supervisar la aplicación de los convenios internacionales vigentes en materia de seguridad interna;
g) incrementar la capacitación profesional de los recursos humanos del sistema, tendiendo a su integración con el sistema educativo nacional;
h) establecer la cooperación necesaria con el Consejo de Defensa Nacional; e,
i) promover la adecuación del equipamiento de la Policía Nacional para el mejor cumplimiento de lo establecido en el punto b).

Artículo 45.- El Consejo de Seguridad Interna estará integrado por miembros permanentes y no permanentes. Ellos serán:

Permanentes:
a) el Ministro del Interior, quien lo preside;
b) el Viceministro de Seguridad Interna;
c) el Comandante de la Policía Nacional;
d) el Prefecto General Naval;
e) el Director de Orden Público de la Policía Nacional;
f) el titular del organismo de inteligencia interna; y,
g) el Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas.
No permanentes:
a) el Ministro de Defensa Nacional;
b) el Ministro de Justicia y Trabajo; y,
c) los gobernadores departamentales.

Artículo 46.- El Consejo de Seguridad Interna se dará su propio reglamento interno de funcionamiento y organización. A sus reuniones pueden ser llamados a participar con fines de asesoramiento todos aquellos funcionarios públicos e invitar a otras personas cuya concurrencia resulte de interés a juicio del Consejo de Seguridad Interna.

Artículo 47.- En el ámbito del Consejo de Seguridad Interna, cuando lo decida el Ministro del Interior frente a situaciones de extrema gravedad, se constituirá una Comisión de Crisis cuya misión será ejercer la conducción política y la supervisión operacional de las fuerzas empeñadas en el restablecimiento del orden público legal y de la seguridad interna en cualquier lugar del territorio nacional.

La Comisión de Crisis estará integrada por el Ministro del Interior en calidad de presidente, el Viceministro de Seguridad Interna, el Comandante de la Policía Nacional y el Prefecto General Naval.

En caso de darse los supuestos previstos en los artículos 54 y 56, se incorporarán a la Comisión de Crisis el Ministro de Defensa Nacional, como co-presidente, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Artículo 48.- El Viceministro de Seguridad Interna será el órgano operativo del Consejo de Seguridad Interna y de la Comisión de Crisis, a cuyo efecto contará en su estructura con un Centro de Planeamiento y Control como órgano de asesoramiento y asistencia, y recibirá la colaboración de los organismos encargados de la inteligencia interna.

El Centro de Planeamiento y Control estará integrado por personal superior de la Policía Nacional y de la Prefectura General Naval y por otros funcionarios que sean necesarios, designados por el Ministro del Interior, dentro de los márgenes del Presupuesto General de la Nación.

Artículo 49.- El Viceministro de seguridad interna tendrá las siguientes funciones:

a) asesorar al Ministro del Interior en todo lo atinente a la seguridad interna;
b) planificar, coordinar y apoyar las operaciones policiales;
c) supervisar en coordinación con otras instituciones policiales extranjeras, el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales vigentes en el país sobre seguridad interna;
d) asistir al Ministro del Interior, en la fijación de la doctrina, organización, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Nacional; y,
e) controlar que el accionar policial se ajuste a las disposiciones de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos.

CAPÍTULO III
De la Policía Nacional y otros organismos de apoyo a la seguridad interna

Artículo 50.- Será obligatoria la cooperación con la Policía Nacional, en el límite de sus competencias y dentro del marco legal, de todas las autoridades del país, para que aquella cumpla su cometido.

Artículo 51.- La Policía Nacional cumplirá un servicio permanente. Sus miembros ejercerán sus funciones de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes; conforme al principio de adecuación y proporción de los medios que utilicen en cada ocasión específica, y evitando en lo posible que su accionar afecte la integridad física y psíquica de las personas o cause daño a sus bienes. En ningún caso sus cuadros podrán ser empeñados en acciones u operaciones no previstas en las leyes y reglamentos.
Igual prescripción rige para las actividades que de modo local, excepcional o transitorio cumplan, dentro del marco de esta ley, la Prefectura General Naval o unidades de las Fuerzas Armadas de la Nación, en tareas de preservación o restablecimiento de la seguridad interna.

CAPÍTULO IV
De la complementación de otros organismos del Estado

Artículo 52.- El Consejo de Seguridad Interna establecerá los contactos necesarios con el resto de los organismos nacionales cuyos medios se prevea en esta ley emplear en las operaciones de seguridad interna, a fin de coordinar su asignación en forma y oportunidad.

Artículo 53.- La Prefectura General Naval, además de sus otras competencias, tiene a su cargo, en colaboración y coordinación con la Policía Nacional, la seguridad interna en ríos y puertos.

Artículo 54.- El Ministerio de Defensa Nacional dispondrá, en caso de requerimiento de la Comisión de Crisis, que las Fuerzas Armadas de la Nación apoyen las operaciones de seguridad interna mediante la afectación de sus servicios y arsenales, intendencia, sanidad, remonta y veterinaria, y elementos de ingeniería militar y de comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control del Viceministerio de Seguridad Interna.

Artículo 55.- Cuando acciones manifiestamente ilegales y peligrosas o graves alteraciones del orden público afecten también a unidades o instalaciones militares, el Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Seguridad Interna coordinarán sus acciones en lo atinente a la preservación o restauración de la seguridad interna en el ámbito castrense afectado.

Artículo 56.- Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del Estado de Excepción, y frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interna prescripto en esta ley resulte manifiestamente insuficiente, el Presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, exclusivamente dentro del ámbito territorial definido por decreto y por el tiempo estrictamente necesario para que la Policía Nacional o, en su caso, la Prefectura General Naval, estén en condiciones de hacerse nuevamente cargo por sí solas de la situación.

En esa circunstancia, el Presidente de la República tendrá la conducción de todas las fuerzas militares y policiales afectadas, y podrá designar un comandante de las operaciones de esas fuerzas, en cuyo caso éstas le quedarán subordinadas exclusivamente en el ámbito territorial y por el tiempo definido en el decreto respectivo.

Tratándose de una forma excepcional, temporal y localizada, de empleo de elementos de combate, élla no incidirá en la doctrina, disciplina, cadena de mandos, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas de la Nación, ni autorizará acciones fuera de la ley o que de alguna manera entorpezcan el regular funcionamiento de los poderes del Estado.

Dentro de las cuarenta y ocho horas el Presidente de la República dará cuenta al Congreso Nacional de su decisión de emplear transitoriamente elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, con adjunción de copia autenticada del decreto respectivo, pudiendo el Congreso decidir la cesación de ésa intervención operativa de las Fuerzas Armadas.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Finales

Artículo 57.- Deróganse todas las disposiciones contrarias a la presente ley, con excepción de la Ley Nº 9 del 27 de agosto de 1968, de creación del Colegio Nacional de Guerra.

Artículo 58.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores el once de junio del año un mil novecientos noventa y ocho y por la Honorable Cámara de Diputados, el quince de setiembre del año un mil novecientos noventa y ocho, quedando sancionado el mismo de conformidad al Artículo 204 de la Constitución Nacional. Objetada totalmente por el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 756 del veintitrés de octubre del año un mil novecientos noventa y ocho y rechazadas las objeciones ratificándose la sanción inicial por la H. Cámara de Senadores el treinta de diciembre del año un mil novecientos noventa y ocho y por la H. Cámara de Diputados el cuatro de marzo del año un mil novecientos noventa y nueve, de conformidad al Artículo 209 de la Constitución Nacional.

Walter Hugo Bower Montalto
Presidente
H. Cámara de Diputados

Juan Darío Monges Espínola
Secretario Parlamentario

Luis Angel González Macchi
Presidente
H. Cámara de Senadores

Ada Solalinde de Romero
Secretaria Parlamentaria

Asunción, 14 de abril de 1999
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Luis Ángel González Macchi

Nelson Argaña Contreras
Ministro de Defensa Nacional

Walter Hugo Bower Montalto
Ministro del Interior

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