21 de febrero de 2013

AMPARO. NULIDAD, VIAS PREVIAS Y COSTAS.


JUICIO “FÉLIX CÉSAR PICCO PORTILLO S/ AMPARO”------

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO CINCUENTA Y UNO


En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días de mes de mayo del año dos mil ocho, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, los señores miembros Dres. MARÍA MERCEDES BUONGERMINI P., NERI VILLALBA FERNÁNDEZ, y ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados y por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como más arriba se menciona, a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el Defensor del Pueblo y del Abog. Alfredo Ayala Alarcón, contra la S.D. Nº 1156 de fecha 31 de diciembre de 2007, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno.-----------------------

Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;--

C U E S T I O N E S:

¿ES NULA LA SENTENCIA APELADA?---------------
EN SU CASO, SE DICTÓ CONFORME A DERECHO?-----

Practicado el sorteo de ley, a fin de establecer el orden de la votación, resultó que debían votar los Sres. Miembros en el orden siguiente: DRA MARÍA MERCEDES BUONGERMINI P., DR. NERI VILLALBA y DR. ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO.-----------------------------------------------------------------

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA la DRA. MARÍA MERCERDES BUONGERMINI P. DIJO: CUESTION PREVIA: Del recurso de Nulidad. En los juicios de amparo no existe, como en los restantes juicios, un régimen de nulidades; sino que por el contrario, todos los vicios que pudieran producirse en su transcurso pueden y deben ser subsanados aún de oficio, por el juez de la causa.---------------------

Establecido este punto, pasaremos a estudiar la cuestión de fondo.------------------------------------------

A su turno, el DR ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO y el DR. NERI VILLALBA FERNÁNDEZ manifestaron que votan en igual sentido.---------------------------------------------------------------------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA DRA. BUONGERMINI PALUMBO DIJO: Por la sentencia apelada Nº 1156 de fecha 31 de diciembre de 2007, la a quo resolvió “RECHAZAR la acción de amparo promovida por el Señor Félix César Picco Portillo en contra de la Municipalidad de Lambaré, por improcedente. COSTAS en el orden causado. ANOTAR”. (fs.60/63 vlta.) (sic)----------------------------

De dicha sentencia el recurrente presenta su escrito de expresión de agravios, que obra a fs. 64/71 y manifiesta que la sentencia recurrida no se halla ajustada a derecho dado que la Municipalidad de Lambaré, luego de que quedara firme la sentencia del juicio de amparo de pronto despacho que la parte que representa inició ante el Juzgado de Liquidación y Sentencia Nro. 7, a cargo del Dr. Dionisio Frutos, se opuso expresamente a entregar la información que el Sr. Picco Portillo le había solicitado, entonces, dice que no habían trámites previos que agotar pues la instancia administrativa había sido completada. Arguye que la parte demandada, al presentar en autos el informe circunstanciado que prevé el Art. 572 del Cód. Proc. Civ., ratificó los términos de su presentación de fecha 31 de octubre de 2007 y sostuvo que la decisión de la Municipalidad se trataba de un acto administrativo que, según la demandada, sólo era susceptible de ser cuestionado por medio de la acción contencioso administrativa. Sostiene que la juez inferior no resolvió secundum allegata et probata por lo que debe ser declarada nula al vulnerar el principio de congruencia. Añade que el derecho de acceder a la información pública es un derecho constitucional y humano, y debe ser entregada sin dilaciones. A continuación, el recurrente cita el art. 134 de la Constitución Nacional y dice que la Constitución Nacional no deja lugar a dudas que los actos de las autoridades son susceptibles de ser cuestionados por la vía del amparo. Asimismo dice que no todo acto administrativo puede ser cuestionado por la vía del amparo, sólo podrán serlo si sedan los requisitos que establece el art. 134. Seguidamente cita a los Dres. Enrique A. Sosa y Salvador Villagra Maffiodo y luego cita jurisprudencia de diversas Salas del Tribunal de Apelación Civil y Comercial. Manifiesta que el derecho de acceso a la información pública tiene raíz constitucional e iusinternacionalista y a tenor de lo que dispone el art. 45 de la Constitución Nacional, la ausencia de ley reglamentaria en la materia no puede ser invocada para negarlo o menoscabarlo. Por todo lo argumentado señala que el acto administrativo particular de la Municipalidad de Lambaré por el cual ésta negó el Sr. Félix César Picco Portillo el derecho de acceder a la información que él solicitó por nota de fecha 26 de julio de 2007, es sin lugar a dudas cuestionable por la vía de la acción de amparo.-------------------------------------------------------------

Seguidamente sostiene que la actora justificó acabadamente la plena vigencia en el medio jurídico del derecho de toda persona a acceder a la información que obra en poder del Estado y la correlativa obligación de éste de poner a disposición de las personas esa información, a menos que se violen otros derechos humanos de igual jerarquía. Argumenta que la Municipalidad de Lambaré se negó en forma evidente a entregar la información pública que el Señor Picco Portillo le solicitó y no invocó no probó menoscabo a algún otro derecho de igual jerarquía como causal de justificación de su accionar.-------------

Arguye que en este caso hay una violación de un derecho constitucional y humano cuya violación es injusta per se ya que afecta la igualdad entre administradores y administrados en una sociedad democrática, impidiendo la participación ciudadana en el control de la gestión de la res publicae y menoscabando la libertad de elegir informadamente en las próximas elecciones a los nuevos mandatarios. Arguye que la lesión sufrida por el Sr. Picco Portillo es grave dado que el acceso a la información es un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración. Manifiesta que se ha tenido que judicializar una cuestión que ni siquiera debería ser discutida, que las personas tienen derecho a acceder a la información sobre cómo se utiliza el dinero de sus impuestos y que las agencias gubernamentales están obligadas a proporcionar esa información. Dice el recurrente que al carecer la pretensión de contenido patrimonial, no hay intereses compensatorios y moratorios que puedan volver las cosas al estado anterior de la lesión jurídica. Arguye que mediante el acceso a la información que el Sr. Picco Portillo solicitó, podría saber qué porcentaje del presupuesto se destinó al pago de salarios de funcionarios, si esos funcionarios eran o no necesarios, si se contaban o no con recursos para realizar las obras que necesita toda la comunidad lambareña, en suma, si la administración se estaba llevando a cabo conforme con las normas legales y si era o no efectiva. Sostiene que si la información que el Sr. Picco Portillo solicitó el día 27 de julio de 2007 no le es entregada antes de la rendición de cuentas de la Intendencia Municipal sea aprobada, después ya no tendrá el mismo valor, dado que la información que todavía hoy se puede denunciar, luego no servirá para nada. Por último dice que es la primera vez que el derecho constitucional de acceso a la información pública se debate en instancias de apelación por lo que solicita se declare la nulidad de la sentencia o bien se revoque haciendo lugar en todos sus términos a la presente acción de amparo.-----------

La contraria contesta el traslado en su escrito a fs. 73/74 y manifiesta que el amparista, por medio de la presente acción ataca un acto administrativo que en forma ficta deniega la expedición de copias del presupuesto correspondiente al año 2007 de la Municipalidad de Lambaré y pretende que el Poder Judicial desatienda lo establecido en el art. 134 de la Constitución Nacional que establece que la acción de amparo sólo procede cuando la cuestión no pueda remediarse por la vía ordinaria. Señala que la decisión de la Municipalidad de Lambaré es un acto administrativo, y en consecuencia, el procedimiento excepcional del Amparo resulta incapaz de substituir al procedimiento regular. Manifiesta nuevamente que el amparo debió ser planteado ante el Tribunal competente por acto administrativo, solicitando medidas cautelares en el Tribunal de Cuentas. Por último, cita el art. 232 de la Ley 1294/87 Ley Orgánica Municipal y el art. 30 del Cód. Org. Judicial que se encuentran vigentes y no han sido atacados de inconstitucionales por el amparista.--------------------------------------------------------------------------------------------------

El Abog. Alfredo Ayala Alarcón, representante de la parte demandada expresa agravios a fs. 72 y manifiesta lo siguiente. En primer lugar señala que el inferior rechazó el amparo pero impuso las costas en el orden causado son expresar cuáles fueron los méritos. Señala que el art. 193 del Cód. Proc. Civ. dice que el juez podrá eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido expresando razón para ellos, pero que en este caso, el inferior o ha expresado los motivos, En segundo lugar dice que la parte actora, ante un acto administrativo que le fue adverso, recurrió a una acción de amparo, incurriendo en un error procesal notoriamente improcedente e inexcusable por lo que el juzgado tuvo que imponerle las costas en virtud del art. 192 del Cód. Proc. Civ.. Concluye solicitando se revoque el segundo apartado de la sentencia y en consecuencia se impongan las costas a la parte actora.------------------------------------------------------

Se trata de establecer la procedencia de una acción de amparo incoada por el que pretende acceso a la información respecto del personal y de la ejecución presupuestaria de un municipio.------------------------

La acción de amparo, es sabido está consagrada en un art. 134 de la Constitución Nacional, y establece que toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo, en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. Esta disposición ha sido interpretada tradicionalmente en la doctrina en el sentido de que el amparo es una medida extraordinaria que procede solo en caso de que no exista otra vía para reclamar la reparación del derecho lesionado, o, existiendo tal vía, ella resulta inidónea para satisfacer la pretensión, teniendo en cuenta el carácter urgente de la cuestión.--

La primera cuestión es, pues, establecer la existencia o necesariedad de las vías previas y la segunda, la existencia de un derecho constitucional violado.-------------------------------------------------------------

Por ser pertinente e ilustrativo traemos a colación en este caso la opinión del eminente tratadista Bidart Campos en su obra “Derecho de Amparo”, pág. 147/148, año 1961; al tratar la vía previa en el orden administrativo dice: “En rigor cuando hablamos de vía previa debemos entender no sólo la vía ordinaria de que disponer el interesado y que ha sido utilizado con anterioridad a la promoción del amparo, sino que la vía jerárquica que es necesario agotar para que el acto contra el que se reclama por medio del amparo quede firme antes de interponerse este. Así por ejemplo cuando se trata de un acto de la Administración Pública, es indispensable, como principio general, que se tramite por todas las instancias normales de revisión y apelación y que recién después de decidido en la última, sea atacado por vía de Amparo. De lo contrario si el amparo se deduce contra la primera resolución administrativa sin agotar las instancias ulteriores pendientes, se interrumpe la posibilidad de obtener satisfacción a la pretensión dentro del propio ámbito de la administración y se acude al amparo antes de que este remedio se torne necesario, con evidente desplazamiento de las defensas normales en el área funcional de la misma administración o de cualquier o de cualquier recurso ante otro órgano de alzada, no puede considerarse firme ni definitivo y, por ende, tampoco impugnable por la acción de amparo”. En resumen para que el amparo sea procedente, presupone la inexistencia de otro remedio legal (Ver jurisprudencia de la Corte Suprema de Buenos Aires en “El Juicio de Amparo”, José Luis Lazzarini, p. 134).--------------------------------------------------------

Como puede verse, las vías previas sólo están dadas en caso de que exista un cuestionamiento administrativo procedente. En este caso la negativa a proporcionar información no admite el contencioso administrativo: por una razón simple, el acto de negación de la información no es acto administrativo en sentido propio, ya que no implica un actuar de la administración en razón de sus competencias. Se trata tan solo del incumplimiento de un mandato constitucional. Por lo demás, el derecho a la información, como derecho fundamental, no toleraría, por su propia índole la dilación que procedente de un litigio contencioso –si hubiere una vía tal, que estimamos no hay-. En estas circunstancias, no existen, como lo afirma la demandada, medidas cautelares adecuadas que preserven el derecho en toda su integridad, puesto que la información, al ser denegada ilegítimamente, vulnera per se y con carácter de inmediatez la órbita de derechos del individuo. La urgencia se configura cuando el remedio que la vía pertinente ofrece no es capaz de reparar el daño causado o reestablecer el derecho lesionado sin que se produzca una pérdida irrecuperable. Dicho esto, podemos concluir que no existen, en el presente caso, vías administrativas previas o paralelas que tengan la entidad suficiente como para preservar el contenido sustancial del derecho denegado Así pues, esta razón para el rechazo de la acción debe ser desestimada. Ahora pasaremos a estudiar la viabilidad del reclamo en su faz sustancial.--------------------------------------------------------

El derecho en disputa es el derecho a la información de carácter público. Hemos de hacer un breve examen de éste, sus características y componentes para luego abocarnos al análisis sobre su posible vulneración en este caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------

La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la Constitución Nacional. Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de “lo público”, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática.-----------------------------------------------------------------------------------

Este derecho comprende tanto el de buscar, como el de recibir e incluso difundir la información obtenida, y sólo encuentra su limitación en otros derechos fundamentales, como la seguridad pública, la intimidad de las personas, etc.----------------------------------------------------------------------------------------------

El argumento de la accionada, de que el derecho a la información pública no está aún lo suficientemente regulado tampoco tiene andamiento. Primeramente porque existe un mandato constitucional expreso a este respecto, contenido en el art. 28 de la Constitución Nacional que literalmente dice: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a la misma, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”. Además no puede sostenerse que este derecho no haya sido regulado, pues se han dictado leyes sucesivas que hacen relación con él; la Ley de Información Privada Nº 1662/01, modificada por la Ley 1969 de fecha septiembre de 2002. Si bien la reglamentación en estas es escueta, no por ello es inexistente. Pero amén de ello, el derecho a la información sobre datos públicos relativos al Municipio ha sido objeto de una mucho más detallada regulación, emanada de la propia Municipalidad y contenida en la Ordenanza Nº 61 de fecha 24 de junio de 1999. Así pues, no es correcta la alegación de la accionada en cuanto a este punto.----------

Por su parte, la ley de Información Privada Nº 1662/01, modificada por la Ley 1969 de fecha septiembre de 2002, establece en su art. 2º “Toda persona tiene derecho a recolectar, almacenar y procesar datos personales para uso estrictamente privado. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Toda persona tiene derecho al acceso a los datos que se encuentren asentados en los registros públicos, incluso los creados por la Ley 879 del 2 de diciembre de 1981, la Ley Nº 608 del 18 de julio de 1995, y sus modificaciones” cuya fórmula es una repetición de la norma constitucional, con ciertas aclaraciones y precisiones, que no son restrictivas, sino por el contrario.---------------------------------------------------

Entonces, cualquier negativa a proporcionar información respecto de la estructura de la organización – incluso del personal- o de la aplicación de los recursos presupuestarios, que no caiga en una de las causales de reserva arriba reseñadas, constituye una medida injustificada y violatoria del derecho a la información consagrado en nuestra constitución. En este caso no ha sido argüida ninguna de las eximentes permitidas por la normativa.------------------------------------------------------------------------------------------------

Meramente obiter debemos decir que la circunstancia de que el demandado (actor) no haya expuesto el objeto o la finalidad de su pedido, esto es, la justificación de su interés en los datos, tampoco es óbice al otorgamiento de la solicitud; en efecto, una justificación semejante es impropia y ajena al ejercicio del derecho a la información, ya que éste se tiene y se justifica por sí mismo, según las finalidades genéricas de participación y control en la vida democrática, y no en relación con una motivación específica. Exigir al sujeto tal explicitación constituiría no sólo una trasgresión al derecho en cuestión, imponiendo requisitos no previstos por la norma para su ejercicio, sino que tendría un segundo efecto: también abriría la puerta para el ente o la persona solicitada pudiese evaluar la pertinencia o adecuación de los motivos de la solicitud, pues no otra finalidad podría deducirse y atribuirse a tal exigencia.------------------------------------------------

La única cuestión, quizá, relevante en cuento a la posición de la accionada es el modo como ha de brindarse la información; pero, precisamente, la propia Municipalidad solicitada ha regulado el ejercicio de este derecho, a través de la Ordenanza Nº 61 de fecha 24 de junio de 1999, por la cual concede un modo de implementación de provisión de la información, que, en realidad, es más beneficioso para el solicitante que la
norma fundamental, pues permite la obtención de copias, materiales o informáticas, cuando el dato estuviera registrado en uno de esos soportes. Así, pues, la propia regla autornormada por la entidad no sólo admite –como no podría ser de otro modo- sino también amplía el derecho a la información consagrado en la Constitución Nacional.--------------------------------------------------------------------------------------

Se concluye pues que el amparo es procedente y debe ser admitido.----------------------------------------

En cuanto a las costas, corresponde su imposición a la parte perdidosa, de conformidad con lo establecido en el Art. 587 del Código Procesal Civil y en concordancia con el criterio de la imposición objetiva de costas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A su turno el Dr. ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO y el Dr. NERI VILLALBA FERNÁNDEZ manifestaron que votan en idéntico sentido.-----------------------------------------------------------------

Con lo que se terminó el acto, firmando los Sres. Miembros de conformidad y quedando acordada la sentencia que sigue a continuación, todo por ante mi, de lo que certifico.------------------------------------

María Mercedes Buongermini Palumbo, Miembro de Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala
Arnaldo Martínez Prieto Juez Miembro de Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala
Neri E. Villalba E., Trib. Apel. Civil y Comercial Tercera Sala
Ante mí: Abog. Pablo Costantini – Actuario Judicial

SENTENCIA Nº 51
Asunción, 2 de mayo de 2008
VISTO: El mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala; ----------------------------------

R E S U E L V E:

REVOCAR la sentencia apelada y en consecuencia admitir el amparo promovido.--------------
IMPONER las costas a la perdidosa.-----------
ANÓTESE, regístrese, y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.----------------------

María Mercedes Buongermini Palumbo Miembro de Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala

Arnaldo Martínez Prieto Juez Miembro de Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Tercera Sala

Neri E. Villalba E. Trib. Apel. Civil y Comercial Tercera Sala

Ante mí: Abog. Pablo Costantini – Actuario Judicial

13 de febrero de 2013

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA [HACER LUGAR]

ACUERDO Y SENTENCIA N° 53/10“ISIDRO HERIBERTO TREBASTONI C/ RES. N° 448/06 DEL 30/NOV/2006, DICT. POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL”.



En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días del mes de Mayo de dos mil diez, estando presentes los Excmos. Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, Ramón Rolando Ojeda, Arsenio Coronel Benítez y A. Martín Ávalos en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "ISIDRO HERIBERTO TREBASTONI C/ RES. N° 448/06 DEL 30/NOV/2006, DICT. POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió platear y votar la siguiente.

CUESTIÓN:

Esta ajustado a derecho el acto administrativo recurrido?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A. MARTÍN ÁVALOS, ROLANDO OJEDA Y ARSENIO CORONEL.

Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUNDA SALA, DR A MARTÍN ÁVALOS VALDEZ, DUO: Que en fecha 19 de Diciembre de 2006 (fs. 9 /13de autos) se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Sr. Isidro Heriberto Trebastoni por derecho propio, bajo patrocinio del Abog. Flaminio Sosa López, a promover demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 448/06 del 30 de noviembre de 2006, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Funda la demanda en los siguientes términos "Que, soy funcionario del Registro Electoral del Distrito de Lambaré - Departamento Central, cumpliendo la función de Auxiliar Técnico Administrativo en el citado Distrito. Que, la nulidad del Sumario y de la Resolución surge desde el momento en que las instrumentales de fs. 1 al 11 son SIMPLES COPIAS, que son manejados al antojo de las autoridades de la Justicia Electoral y de acuerdo a los intereses de los políticos de turno, quienes abiertamente ejercen sus influencias y son los que al final deciden sobre la suerte de los funcionarios, traigo a colación un solo caso de los muchos existentes, el Sr. ASUNCION VALLEJOS DENTELLA fue denunciado por tres personas, quienes ni siquiera desistieron de la denuncia y para salvar al mismo se hizo lugar al pedido de CADUCIDAD, procedimiento que no se implemento en mi caso, pues solicité la caducidad antes de que se dicte la resolución, es más, por disposición del Art. 78 último párrafo la declaración de caducidad se opera de pleno derecho, adjunto copia de la notificación y en su oportunidad solicito se traiga todos los antecedentes del sumario instruido al referido funcionario como prueba instrumental de mi parte. En fecha 05 DE MAYO DE 2006 el Juzgado de Instrucción tomó intervención por A.I. Nº 15 (fs. 12), con lo que tenemos que contando los 60 días hábiles desde esa fecha ya transcurrió dicho plazo legal, pues el 03 DE AGOSTO DE 2006 ya se completó los 60 días hábiles Mi parte solicitó la caducidad y para salvar la misma la Justicia Electoral antidató la fecha de su resolución consignando una fecha anterior, se adjunta escrito del pedido de caducidad, que ni siquiera fue agregado al expediente, según se podrá comprobar en su oportunidad.

Que, la Sra. FATIMA BEATRIZ ESTIGARRIBIA compareció ante el Juzgado a RECONOCER SU FIRMA obrante en el Formulario de Denuncia y de INSCRIPCION (fs. 26 )., situación reconocida en la Resolución Nº 448 de fecha 30.11 06 y sin embargo, igual se dispuso mi destitución, medida que no tiene sustento legal, sino más bien responde a los intereses políticos de la Justicia Electoral. COMPETENCIA: Que, por disposición del Art. 77 último párrafo de la Ley Nº 1626/00 la resolución del sumario administrativo es procedente la presente acción y la competencia del Tribunal está establecida en el Art. 86 del referido cuerpo legal, en concordancia con el Art 87. DE LA NULIDAD DEL SUMARIO: Que, mi parte sostiene que el Sumario Administrativo instruido en la instancia de la Justicia Electoral es nula al violar lo dispuesto en los Arts. 16 de la Constitución Nacional y 17 numeral 3 y 9 de la Constitución Nacional, pues el hecho de que se haya planteado inconstitucionalidad contra los Arts. de la Ley de la Fundón Pública no le autoriza a la Justicia Electoral actuar como parte interesada y Juez a la vez. Que, V.E. podrá notar en su oportunidad una series de irregularidades que se cometieron en el transcurso del sumario, que irremediablemente llevan a la declaración de nulidad, así tenemos que a fs. 30 SE DECLARA LA CUESTION DE PURO DERECHO, lo que implica que YA NO EXISTEN HECHOS QUE INVESTIGAR (Art. 242 C.P.C.), solo el queda por dilucidar el derecho aplicable. A fs. 31 consta la notificación de dicha resolución, que tiene como fecha 14.06.06. Sin embargo, fuera de toda lógica y pretexto legal en fecha 30.06.06 (fs. 33) el Juzgado después de haber ya decretado y notificado el cierre del debate dicta una providencia ordenando la realización de una pericia, situación totalmente fuera del contexto legal, pues una vez cerrado el periodo de prueba ya resulta inadmisible seguir diligenciamiento pruebas, tal como se pretende en el caso de autos, situación que no se compadece de lo establecido en el Art. 17 numeral 9 de la C.N. Aquí surge V.E. podrá notar la dirección ya tomó el sumario, ya estaba todo preparado para mi destitución. Esta medida y diligencia llevada a cabo se hizo a mi espalda, puesto que nunca me notificaron. Cabe resaltar que la revocatoria se hizo fuera del término legal y tampoco la providencia de fecha 30.06.06 designó el perito ni los puntos de la pericia. El perito calígrafo igualmente actuó a mi espalda, puesto que no me notificaron el acto de juramento y aceptación de cargo ni mucho menos el de presentación del dictamen. Continuando con las enumeraciones de irregularidades cometidas en el Sumario, tenemos a fe. 43 y vlto. Que se puso de manifiesto por 3 días el Dictamen del Perito, diligencia que NO FUE NOTIFICADA Inmediatamente consta a fs. 45 el Informe de la Actuaria donde NO FIGURA LA PRUEBA PERICIAL. Que, la misma Constitución Nacional (Art. 17) garantiza el "debido proceso", principio que el Juzgado de Instrucción violó groseramente por lo que corresponde declarar la nulidad del sumario por su notoria ilegalidad e inconstitucionalidad Igualmente se debe tener en cuenta que el Formulario de Denuncia confeccionado según RESOLUCION TSJE Nº 28/06 - numeral 3 del procedimiento NO ES UN INSTRUMENTO PUBLICO, puesto que el mismo es entregado a los APODERADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, por lo que resulta impasible creer en la verosimilitud de las supuestas denuncias y la Justicia Electoral no puede basar en día una grave acusación contra su funcionario, al respecto los Arts. 375 y 376 del Código Civil son claros y categóricos. Excmo. Tribunal estamos en presencia de un proceso llena de inexactitudes, desprolijidades y desorden total, donde se nota el absoluto desconocimiento del derecho por parte de los que propiciaron el sumario y las jueces sólo cumplen instrucciones de sus superiores y por ende no se puede esperar milagros de ellos, que hacen lo que le dejan hacer y nada más y es por dio, que corresponde declarar la nulidad del presente sumario y por ende la Resolución Nº 448/06. DE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN J.E. Nº 448 de fecha 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 Que, por disposición del Art. 77 de la Ley Nº 1626/00 LA RESOLUCION QUE RECAYESE EN EL SUMARIO ADMINISTRATIVO SERA FUNDADA...", que en el caso de autos NO SE OBSERVA, puesto que no atinó mencionar una sólo disposición legal para fundar la resolución El Art. 256 de la Constitución Nacional exige que las resoluciones estén fundadas en la misma y en las leyes, principio constitucional claramente violada por el Juzgado, es más, el Art. 15 inc. "b" del Código Procesal Civil sanciona con la Nulidad dicha transgresión. Los Arts. 133, 136 y 315 del Código Electoral no pueden ser tenidas como argumentos para sostener una sanción tan grave como la aplicada en el caso de autos, más aún cuando se trata de un trabajador con estabilidad. El Art. 159 del Código Procesal Civil en forma imperativa enumera los requisitos que deben tener una sentencia, al cual se equipara la Resolución recurrida, y en el caso que nos ocupa estos requisitos brillan por su ausencia razón más que suficiente para declarar la nulidad (Art. 117 y 404 C.P.C). Que, al declararse nula la Resolución J.E. Nº 448 de fecha 30.11.06 corresponde dictar una nueva resolución conforme dispone el Art. 406 del C.P.C., que en este caso al gozar de estabilidad se servirá el Excmo. Tribunal disponer mi reintegro al trabajo, así como el cobro de salarios caídos a partir del mes de mayo de 2006 inclusive, aguinaldo v vacaciones. DE LA REPOSICION EN EL CARGO Y COBRO DE SALARIOS CAIDOS Al comprobarse la nulidad del sumario y de la resolución recalda en la misma, corresponde que de conformidad a lo que dispone el Art. 44 de la Ley Nº 1626/00 se ordene mi reposición en el cargo y el cobro de los salarios caídos a partir del mes de mayo de 2006 inclusive, aguinaldo y vacaciones. Que, V.E. podrá notar que a partir del inicio del sumario la Justicia Electoral en forma ilegal ya me aplicó DOS SANCIONES cual es la de SUSPENSION EN EL CARGO y el NO PAGO DE SALARIO, lo que contraviene lo establecido en el Art. 79 - Ley Nº 1626/00, situación totalmente irregular en el accionar de las autoridades de la Justicia Electoral y por todo ello se impone la nulidad del sumario y en consecuencia se ordene mi reposición en el cargo y el pago de salarios caídos a partir del mes de mayo de 2006 inclusive, aguinaldo y vacaciones. CONCLUSION: Solicito se declare la nulidad del sumario iniciado por Resolución JE Nº 21/06, nulidad de la Resolución JE Nº 448/06 y en consecuencia la nulidad de la destitución y así disponer mi reposición en el caigo y cobro de salarios caldos a partir del mes de mayo de 2006 inclusive, aguinaldo año 2006 y vacaciones causadas (30 días). PRUEBAS: Ofrezco como prueba instrumental de mi parte los antecedentes del Sumario Administrativo iniciado por Resolución JE Nº 21/06 que obran en la Justicia Electoral; los antecedentes del Sumario instruido por Resolución JE Nº 455 de fecha 30.06.06 por el cual se RESUELVE HACER LUGAR AL PEDIDO DE CADUCIDAD Y FINIQUITO DE SUMARIO al funcionario ASUNCION VALLEJOS DENTELLA que radican en la Justicia Electoral que deberá presentar al Tribunal bajo apercibimiento de Ley. Se ofrece como prueba igualmente los demás medios de pruebas establecido en el C.P.C. DERECHO: Invoco como fundamentos de esta acción las disposiciones Constitucionales y legales citadas precedentemente, la Doctrina, la Jurisprudencia y las presunciones legales y judiciales".

Termina Solicitando, que previo los trámites de rigor, El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte Sentencia Definitiva, haciendo lugar a la presente demanda contencioso administrativa, con costas.

Que, en fecha 10 de mayo de 2.007 (fojas 85/87 de autos), se presentó ante este Tribunal de Cuentas. Segunda Sala, la Abog. Silvia Patricia Centurión Ortiz, en representación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a contestar la presente demanda contencioso administrativa Funda su contestación en los siguientes términos: "Niego cada uno de los hechos alegados por la adversa que no sean expresamente reconocidos en esta presentación No es verdad que las instrumentales agregadas a fs. 1 al 11 del expediente administrativo sean fotocopias simples (ver copias autenticadas de los antecedentes administrativos traídos a la vista), ni que el sumario haya sido manejado al antojo de las autoridades de la Justicia Electoral y de los intereses de los políticos de tumo. El sumario instruido al accionante no caducó, pues conforme a lo dispuesto por el A.I. Nº 96 del 20 de febrero de 2001 dictado por la Corte Suprema de Justicia en el juicio: "Acción de inconstitucionalidad contra normas de la Ley 1626/00 (promovido por el TSJE", el artículo 78 de la Ley de la Función Pública se encuentra suspendido respecto a mi instituyente Por consiguiente la circunstancia de que el sumario haya concluido luego de los sesenta días hábiles de su inicio, no tiene como consecuencia la caducidad de la instancia ni la conclusión automática de la causa. Se acompaña copia de la resolución judicial referida Las autoridades de la Justicia Electoral, bajo ningún aspecto anti dataron resolución alguna. La grave acusación de actor en ese sentido carece de toda razón o fundamento, y no está respaldada por ninguna prueba. Mi instituyente en uso de sus atribuciones legales (inciso y del artículo 6 de la ley 635/95), ha dispuesto el procedimiento a seguirse en casos de denuncia por traslados indebidos en el marco del proceso de Depuración y Actualización del Registro Cívico Permanente. La denuncia efectuada por la Sra. Fátima Estigarribia, se ajustó a las normas pertinentes y por ello tiene valor oficial. Para mayor ilustración se adjuntan copias autenticadas de las Resoluciones Nº 28 y 53 del año 2006 dictadas por mi representado. El hecho de que la denunciante durante el sumario se haya posteriormente contradicho, no podía tener como consecuencia necesaria el sobreseimiento de denunciado, pues la jueza de instrucción debía buscar la verdad real y la falta de coincidencia entre las firmas de la inscripta-denunciante en los diversos documentos agregados al expediente administrativo, hacían presumir que probablemente se habría cometido alguna irregularidad. El sumariado no contestó el sumario y por ello el juzgado de instrucción, declaró la cuestión de puro derecho. Pero posteriormente, haciendo uso de sus facultades ordenatorias y para despejarse toda duda dispuso una prueba pericial. En este punto cabe aclarar que no existió la mentada indefensión ni las desprolijidades procesales, que refiere el demandante. El sumario administrativo se rige supletoriamente por el Código Procesal Civil, en especial por las normas referentes a los juicios de menor cuantía. El juzgado de instrucción ha notificado por cédula al interesado todas sus resoluciones que conforme al artículo 133 del CPC, debían ponérsele a su conocimiento por ese medio. Las demás fueron notificadas automáticamente por imperio de la ley (artículo 131 del CPC). El accionante no puede alegar indefensión, pues a pesar de haber sido puesto en conocimiento del desarrollo del sumario y de su deber legal de colaborar con las investigaciones (artículo 57 inc. j de la Ley 1626/00); no lo contestó ni demostró el mínimo interés en las actuaciones. Mucho menos, propuso o acompañó diligencia alguna Por su parte la jueza de instrucción, actuando con absoluta independencia ha cumplido con su deber de buscar la verdad real. A tales efectos dispuso públicamente la prueba pericial caligráfica En la providencia del 05 de julio de 2006, designó a un profesional habilitado, señaló claramente cual era el objeto de la pericial y cumplió además con todos los requisitos pertinentes establecidos en los artículos 310 y 344del CPC. Entre la fecha de la providencia y la aceptación del cargo por parte del perito calígrafo, transcurrieron suficiente días como para que el sumariado formule sus objeciones si así lo hubiera entendido procedente, pero coherente con su actitud de desidia nada hizo. Lo mismo ocurrió cuando el informe pericial fue presentado y puesto de manifiesto en secretaría por todo el término legal. El trabajo del profesional designado ha sido sumamente pulcro y ajustado a derecho El mismo actor, no se ha atrevido a desmeritar el informe pericial. Ni siquiera ha atinado a señalar el más pequeño error. Nuestra parte no encuentra mayores defectos en el expediente administrativo, y si acaso existiera alguno, no tendría suficiente entidad como para justificar una anulación y mucho menos una declaración de nulidad. Con una simple mirada al considerando de la Resolución 448/06, se nota que es falso que no se mencionen las disposiciones legales en que se funda La violación a sus deberes legales (normas individualizadas por la resolución), por parte del encargado del Registro Electoral, reviste tal gravedad que justifica la medida disciplinaria impuesta al funcionario demandante. En ese contexto, los actos administrativos impugnados son regulares y válidos, por lo que la presente demanda debe ser rechazada Prueba documental acompañada: Copias autenticadas de las Resoluciones TSJE Nº 28 y 53 del año 2006 y del A.I. Nº 96 del 20 de febrero de 2001 dictado por la Corte Suprema de Justicia.

Termina solicitando que previo los trámites de estilo, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, dicte Sentencia, rechazando la presente demanda contencioso administrativa, con costas.

Y DEL MIEMBRO MAGISTRADO ALEJANDRO MARTIN ÁVALOS VALDEZ PROSIGUIÓ DICIENDO: Que, Isidro Heriberto Trebastoni demanda al Tribunal Superior de Justicia Electoral por nulidad de sumario y Resolución N° 448/06, nulidad de destitución y reposición en el trabajo y cobro de salarios caídos. Argumenta que fue objeto de un sumario administrativo ordenado por la Resolución Administrativa JE N° 21/2006, de fecha 28 abril de 2006, que tuvo origen en la denuncia de traslado sin consentimiento formulada por la señora Fátima Beatriz Estigarribia, en el formulario de denuncia para Actualización y Depuración sobre las inscripciones del Registro Cívico Permanente N° 04443, de fecha 8 de abril de 2006, designándose como Juez Instructor a la Abogada Rosa Riveras, con lo cual se violó el principio de "imparcialidad" estableado en la Constitución Nacional que garantiza el debido proceso y de la defensa en juicio, así como también se incurrió en la expresa prohibición establecida en el art. 100 y 74 de la Ley N° 1.626/00. Agregan además que la sanción aplicada en virtud de dicho sumario administrativo fue injusta, arbitraría y desproporcionada, considerando que la calificación de las conductas de los sumariados fue realizada inapropiadamente, así también la sanción impuesta fue desproporcionada con relación al hecho ocurrido investigado.

Que al contestar la demanda, el Tribunal Superior de Justicia Electoral argumentó que el sumario administrativo impugnado por el demandante fue realizado dentro del marco legal, estableciendo que conforme a lo dispuesto por el A.I. N° 96 del 20 de febrero de 2001 dictado por la Corte Suprema de Justicia en el juicio: Acción de inconstitucionalidad contra normas de la Ley 1626/00, promovido por el TSJE, el Art. 78 de la Ley de la Función Pública se encuentra suspendido respecto al referido órgano, y que la sanción derivada del mismo se ajustó estrictamente a las probanzas de hechos y a las normas aplicables a las conductas antijurídicas desplegadas por el actor que motivaron la instrucción del sumario administrativo en cuestión, justificando así la medida disciplinaria impuesta al funcionario demandante.

Que, así las cosas, corresponde analizar en primer lugar si el sumario administrativo instruido al demandante se ajusta o no a las formalidades establecidas en la ley y en la Constitución Nacional para luego entrar a considerar sobre el fondo de la cuestión en caso de encontrarse ajustada a derecho el procedimiento denunciado como irregular en el marco del citado sumario.

Que. al no haberse obrado del modo comentado, llego a la conclusión de que el sumario administrativo impugnado se encuentra viciado de nulidad, puesto que en el mismo, la parte demandada incurrió en violación grave de las formalidades previstas en la Constitución Nacional como derechos inalienables e irrenunciables (art. 16 y 17 inc. 3). De dichas normativas surgen claramente la forma en que debe precederse a la designación del Juez Instructor; así como también el modo con que debe llevarse adelante el sumario, actuando uno como parte actora y otro como demandada, debiendo seguirse para ello el procedimiento establecido supletoriamente por el trámite previsto en el Código Procesal Civil, en el capítulo de juicios de menor cuantía considerando la inhabilidad del procedimiento de la Ley N° 1626/00 para el caso de autos.

Que, en el caso en estudio la parte demandada incurrió en el error de aplicar disposiciones de la derogada Ley N° 200/70 "Que establece el Estatuto del Funcionario Público", en particular el Art. 53, cuyas normativas contienen vestigios del proceso inquisitivo, donde el mismo acusador actúa como Juez; es decir, la parte interesada se convierte en juez y parte al mismo tiempo, violando los principios de imparcialidad, independencia, competencia y juez natural consagrados en la Constitución Nacional en sus artículo: 16 y 17; como así también la anhelada Justicia Administrativa que como diría el principii magister legum del derecho administrativo paraguayo, el Prof. Salvador Villagra Maffiodo, constituye "la garantía necesaria para la vigencia de todos los demás principios fundamentales de la Administración,", afectando en consecuencia el debido proceso y el derecho a la defensa de los sumariados en cuyo caso el acto impugnado conlleva la sanción de nulidad absoluta, por arbitrario e injusto.

En las condiciones apuntadas se torna innecesario el estudio de la cuestión de fondo, por lo que lo que concluyo que el fallo administrativo impugnado (Res. N° 448/06, del 30 de noviembre de 2006, dictada por TSJE) debe ser anulado debiendo aplicarse al actor los arts. 44 y 45 de la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", que no fueron suspendidos en sus efectos por el A.I. N° 96/2001 de la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto a las costas, ellas deben ser impuestas a la perdidosa de conformidad al principio general establecido en elart. 192 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A su turno, los Miembros Magistrados Rolando Ojeda y Arsenio Coronel Benítez, dijeron: Que se adhieren al voto del miembro preopinante por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación del mismo, firman los Excmos. Miembros del Tribunal de Cuentas Segunda Sala por ante mí: el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:

Acuerdo y Sentencia N° 53/10

Asunción, 10 de Mayo de 2010.

VISTO: El mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS,

SEGUNDA SALA

RESUELVE:

1.- HACER LUGAR a la demanda Contenciosa Administrativa promovida por el señor ISIDRO HERIBERTO TREBASTONI contra la Res. 448/06 del 30 de noviembre de 2006, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y en consecuencia.

2.- ANULAR, la Resolución N° 448/06, de fecha 30 de noviembre de 2.006, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, de conformidad y con los alcances referidos y mencionados en el exordio de la presente Resolución.

3.- IMPONER, las costas a la parte perdidosa.

4.- ANOTAR, notificar, registrar y remitir a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

Arsenio Coronel.
Ramón Rolando Ojeda.
A. Martín Ávalos Valdez.Ante mí:
Diego Mayor Gamell.

12 de febrero de 2013

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AMPARO [HACER LUGAR]


ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "HUMBERTO LEÓN RUBÍN S/ RECURSO DE AMPARO" ------------------------------------------



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO CIENTO OCHENTA



En Asunción del Paraguay, a los veintiocho días del mes de Mayo del año mil novecientos noventa y seis, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, Presidente y Ministros, Doctores: OSCAR PACIELLO CANDIA Y LUIS LEZCANO CLAUDE, ante mí, el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Humberto León Rubín s/ recurso de amparo", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Sr. Humberto León Rubín por derecho propio y bajo patrocinio del Ab. Juan Ernesto Villamayor.---------------------------------------------------------------- -----


Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala
Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: --------------------------------------

C U E S T I 0 N :

Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.------------------------

A la cuestión planteada, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: El señor Humberto León Rubín, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I. Nº 597, del 9 de setiembre de 1987, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Décimo Turno, y contra el A.I. Nº 270, del 19 de noviembre del año 1987, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Primera Sala, en los autos individualizados arriba.-----------

El accionante sostiene que las resoluciones judiciales dictadas por los Juzgadores de primera y segunda instancias son violatorias del artículo 77 de la Constitución de 1967, vigente en el momento de promoción de la acción, y que regula el derecho de promover un amparo -----------------------------------------------

Las resoluciones judiciales cuestionadas denegaron el amparo solicitado por el accionante, con una notable falta de fundamentos razonables. En efecto, la sentencia dictada en primera instancia, se pregunta "cuál es el perjuicio causado a los derechos del amparista por el hecho de que no pueda entrar gente a un panel organizado por el mismo". Es decir, sostiene una premisa errada e ¡lógica: "para que un panel se realice no es necesaria la concurrencia de personas", llegando por ende a una conclusión injusta e inconstitucional" ----

La sentencia dictada por el Tribunal de Apelación confirma la sentencia dictada por el A-quo, fundándose en el no agotamiento previo de las vía administrativas, sin estudiar realmente si el daño o lesión en los derechos constitucionales del amparista se había producido, y si debido a la urgencia del caso, el recurrir a las vías administrativas hubiera hecho ineficaz la defensa de sus derechos Es sabido que el agotamiento previa de las vías ordinarias no debe ser exigido cuando ello fuere imposible por la urgencia del caso. En el presente caso, la urgencia del mismo impidió recurrir previamente a las vías administrativas, y esta circunstancia, habilitó la vía del amparo. Casos como el presente en que el recurso a las vías ordinarias puede tornar inútil el reconocimiento de un derecho por su extemporaneidad, son los que han determinado la creación de la garantía constitucional del amparo, con la cual se busca subsanar este inconveniente mediante
la protección inmediata de los derechos de las personas, por una vía breve y sumaria--

Por lo demás, y tal como lo afirmó el agraviado en su escrito de promoción de la acción, lo más probable es que ni siquiera haya existido una "orden escrita de autoridad competente" que impugnar. Es decir que sentencia de segunda instancia, a sabiendas, le exigió al amparista un requisito de imposible cumplimiento, actitud que no podemos dejar de considerar arbitraria .---------------------------------------------------

En suma, las sentencia atacas son evidentemente arbitrarias ya que no cuentan con un mínimo de razonabilidad .---------------------------------------------------------------

Sobre la base de lo precedentemente expuesto y dada la clara transgresión de normas constitucionales en que incurren las sentencias impugnadas, corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, declarando, en consecuencia, la nulidad de las mismas. Es mi voto .--------------------

A su turno el Doctor PACIELLO CANDIA, dijo: Que adhiero a las conclusiones del Magistrado preopinante, si bien, dado el tiempo transcurrido, la decisión a la que ahora se arriba casi tiene un mero valor simbólico. No obstante ello, considero oportuna la ocasión para realizar alguna puntualizaciones que hacen al buen orden constitucional que trato de resumirlas en los siguientes términos:

1. - En primer término, quiero resaltar que la institución del amparo está arbitrada, básicamente, para precautelar de manera expédita la vigencia y ejercicio de derechos humanos que hacen a la dignidad de las personas. De suerte que, aún constituyendo un procedimiento de naturaleza excepcional, no puede ser considerado y juzgado con el ritualismo propio de otro tipo de procedimientos .-----------------------------

2. En especial quiero mentar, ya que he aludido a los derechos humanos, la innovación explícita que trae la Constitución Nacional de 1992. Bajo el régimen de constituciones anteriores se.daba la misma situación, si bien no de manera tan explícita ni clara, dando pié a rebusques o interpretaciones retorcidas que preterían una realidad esencial para la convivencia en sociedad. En nuestra actual Constitución, desde el Preámbulo, se establece claramente que toda la normativa de la Constitución parte de un supuesto fundamental: la dignidad de la persona humana. Este es el basamento liminar de todo el orden constitucional. Lo que traducido en expresiones más simples significa que el Estado se constituye con el propósito, con la finalidad de tornar vigentes y operantes los derechos humanos, y no, como no pocos sostenían, que es el Estado el dispensador de derechos, razón por la que se debía pedir "permiso" para ejercerlos. Esta es una concepción
totalitaria. Alguna Constituciones hasta hoy mantienen aquello de que "los derechos se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio"; infeliz expresión esta que ha sido borrada de nuestro máximo texto por el constituyente de 1992 ---------------------------------------------

3.- Y el caso que ha constituido materia de este amparo ilustra acabadamente estas concepciones radicalmente opuestas: la democrática y la autocrática. El amparo ha sido rechazado en instancias anteriores so pretexto de que se debía contar con "permiso" y de que en caso de no contar con este requisito administrativo se debía ocurrir por la vía de los contencioso o cualquier otro para revocar cualquier denegatorio .---------------------------------------------------------------------------------------

Semejante concepción repugna al buen orden democrático. El derecho de reunión, sin violentar el orden público de convivencia ciudadana, no puede ser pretendo por ninguna supuesta "autoridad" ya que carece de competencia alguna para poner trabas o cortapisas a un derecho reconocido no otorgado ni autorizado nada menos que por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 de las Naciones Unidas. El único límite que reconoce este derecho, es el límite elemental de los derechos de terceros. Pero si este derecho de terceros, no se entorpece ni se traba, tanto más que la reunión en cuestión era realizada en un local cerrado, no existiendo en la tierra nadie que pudiera prohibirlo, ya que los derechos humanos no dependen de nadie para su vigencia -

Con estas breves precisiones, me adhiero al voto precedente.-----------------

A su turno el Doctor SAPENA BRUGADA manifestó que se adhiere al voto del Ministro Preopinante, Doctor LEZCANO CLAUDE por los mismos fundamentos.--

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

SENTENCIA NUMER0: 180

Asunción, 28 de mayo de 1996

VISTOS : Los méritos del Acuerdo que antecede, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad deducida, y en consecuencia, declarar la nulidad del A.I. Nº 597, del 9 de setiembre de 1987, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Décimo Turno y el A.I. Nº 270, del 19 de noviembre del año 1987, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Primera Sala ---------------------------------------------------------------

ANOTAR, registrar y notificar.----------------------------------------------------

Ante mí:

JURISPRUDENCIA JUICIO EJECUTIVO [DESESTIMAR EJECUCIÓN]


JUICIO: "BANCO REGIONAL S.A. C/ CANCIO ALEXIS CACERES OZUSA Y OTRA S/ JUICIO EJECUTIVO".--------


S.D.N°_____02/02

Encarnación, de junio de 2002.-
VISTO: el presente juicio ejecutivo promovido por Banco Regional S.A. contra Cancio Alexis Cáceres Ozuna y María Geraldine San Martín Oddone, y de los cuales;---------------------

R E S U L T A N:----------------------------------

Que, el 03 de octubre del 2002, se presenta el Abog. Artemio Ojeda Aquino por el Banco Regional S.A a promover juicio ejecutivo en contra de los señores Cancio Alexis Cáceres Ozusa y María Geraldine San Martín Oddone, basado en los siguientes fundamentos:-------------------------------------------
" Mi principal es acreedor de los señores Cancio Alexis Cáceres Ozusa y María Geraldine San Martín Oddone, por la suma de Guaraníes ciento un millones ochocientos veinte y un mil seiscientos treinta y uno (G.101.821.631), mas sus intereses, costos y costas del juicio, documentados con el saldo definitivo sobregirado en cuentas corrientes cerradas, suscrito por el Presidente Vicepresidente del Banco Regional S.A, la solicitud de sobregiros en Cuentas Corrientes, suscrito por los demandados que constan a fs. 22,23 y 32 de autos, los extractos de Cuenta Corriente obrante a fs.7/20. El saldo definitivo sobregirado en cuentas corrientes cerradas, de conformidad a lo previsto en la Ley 861/96 - General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos, que dispone: Art.92.- "Cierre de cuenta corriente. Cerrada la cuenta corriente, de conformidad con las disposiciones del Código Civil y leyes concordantes, el saldo definitivo establecido por el banco acreedor que lleve la firma de la persona legal y estatutariamente autorizada de dicho banco, será título ejecutivo contra el deudor, salvo que éste se haya opuesto por escrito y fundadamente a la liquidación practicada" y concordantes con el art. 448 inc.h) del C.P.C. constituye título ejecutivo, y como tal trae aparejada ejecución.-----------------------

El 20 de noviembre del año 2001, el Abog. Joel Omar Maidana Vega, en representación de los ejecutados se presenta oponiéndose a la promoción de la presente acción por medio de la excepción de inhabilidad de título, aduciendo cuanto sigue:-------

El documento que pretende hacer valer el Banco Regional S.A. contra mis mandantes, con carácter de titulo ejecutivo es absolutamente inhábil, porque se omitieron, requisitos legales fundamentales para el cierre de la cuenta corriente, la certificación del saldo, para que la misma pueda constituirse por mandato de la Ley indicada en un Título Ejecutivo.
5.-En efecto, el Título que pretenden hacer valer como Ejecutivo, señala que la cuenta ha sido cancelada según las disposiciones del Código Civil, y expresan que se encuentra agregado en autos el telegrama Colacionado respectivo. En principio y fundamentalmente debieron ser dos telegramas colacionados, o comunicaciones escritas fehacientes, pero como el Banco actor, habla de telegrama colacionado, seguidamente señalamos las omisiones legales en que incurrió la actora. Niego categóricamente que mis mandantes hayan recibido un telegrama Colacionado, en el cual se les comunica el cierre de su Cuenta Corriente (clara disposición del art.1425 del Código Civil). De hecho, el actor, no adjunta copia de ningún telegrama Colacionado que debieron remitir a mis mandantes, dándoles un aviso de 30 días para efectuar el cierre de su Cuenta Corriente. Por lo tanto, no existe comprobante escrito de haber el actor remitido a mis mandantes el Telegrama Colacionado de que hablan en el documento de fs. 22 y desde luego reitero la negatividad de los mismos en haber recibido tal comunicado. A esta insalvable omisión legal, que sin embargo el Banco dice haberlo cumplido sin adjuntar ningún tipo de comprobantes, se debe agregar otra fundamental, previsto precisamente en la parte final del art. 92 de la Ley 486, que de haber sido notificado del saldo negativo de la Cuenta Corriente cerrada; mis mandantes hubieran tenido la posibilidad de oponerse por escrito y fundadamente a la liquidación practicada. Con inocultable sorpresa pretendemos encontrar el Extracto de Cuenta Corriente, donde conste el saldo final sobregirado a cargo de mis mandantes, como reza el documento emitido por el actor, y recorremos Señoría de G. 7 a 20, donde rolan los Extractos de Cuenta Corriente emitidos por el Banco Regional S.A., que corresponden a la Cuenta Corriente de mis mandantes y agregados por el Banco a estos obrados, que van del mes de diciembre año 2000 fs. 20, en orden decreciente a mes de marzo del año 2001 fs. 7. Es particularmente llamativo que a fs. 8, role el Extracto de Cuenta Corriente emitido por el Banco Regional a nombre de mis poderdantes, donde el mismo actor el 29 de marzo del año 2001 estableció que la cuenta tenía un saldo 0,00 no existe otro Extracto de cuenta posterior al indicado, por lo tanto, esa es la fecha del cierre, ya que el título de fs. 22 no dice cuando fue cerrado la cuenta corriente. Por lo tanto Señoría, no existe como dice el Banco Regional en los documentos que nos han corrido traslado, un Extracto donde conste el sobregiro solicitado cuyo pago reclaman, y menos aún, en estos extractos, puedan verificarse cuales fueron las cantidades que nos debitaron por intereses, comisiones, y cargos por servicios correspondientes, mayor impropiedad e incorrección en el manejo de esta Cuenta Corriente, no se puede pedir. LA FAMOSA SOLICITUD DE SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE; como si ya fuera poco, todas las anormalidades y deficiencias apuntadas en el documento que el Banco Regional, al amparo de la Ley 856 hacer valer como título ejecutivo, seguidamente pasamos a señalar a V.S. lo que creemos ya rebosa el ámbito Civil, para incursionar dentro de las violaciones de claros preceptos del Código Penal. Mis mandantes reconocen haber suscripto en blanco, el documento de fs. 23 bis, denominado: Solicitud de Sobregiro en Cuentas Corrientes. Podrá notar V.S. que ese documento no lleva la fecha, el lugar ni el año donde fue suscrito, pero si curiosamente se encuentra estampada el monto exacto hoy reclamado (mayor pericia contable y financiera no se puede pedir), en el título de fs.22. posteriormente, al 30 de octubre del cte. año, fecha de presentación de la demanda de este documento, el Banco a través de su representante convencional, a fs. 33 procede a llenar este documento, poniéndole con máquina la fecha del 9 de octubre del año 2001, que mis mandantes niegan haberlo suscrito en esa oportunidad. Señoría, según el documento de fs. 22, el 7 de setiembre del 2001 se certifico la cuenta con un saldo negativo de G. 101.821.631, este documento emitido por el Banco Regional S.A. debió bastarse por sí mismo de haberse cumplido con los trámites previstos en el ordenamiento jurídico vigente, pero como el Banco no dio cumplimiento a los procedimientos legales, y tampoco presentó al Juzgado el extracto de la Cuenta Corriente cerrada con el saldo negativo y con los cargos que hacen a tan abultada suma, pretende hacer uso indebidamente de un documento que le fuera firmado en blanco por mis mandantes, y lo llenan chapuceramente con una fecha posterior (9 de octubre de 2001) a la del instrumento base de la Ejecución. En otras palabras Señoría, mis mandantes concurrieron 40 días después del cierre de su cuenta a solicitar un sobregiro, y esto no es así, y la negativa se apoya precisamente en las 2 solicitudes de sobregiro presentada, una a fs. 23 con lugar y fecha en blanco, y otra a fs.33, llenados con lugar y fecha posterior a la emisión del Título Ejecutivo".------------

El 3 de Diciembre del año 2001, el abog. Artemio Ojeda se presentó a contestar el traslado en los siguientes términos:

"Que, el título ejecutivo presentado corresponde al saldo definitivo sobregirado en cuentas corrientes cerradas, de conformidad a la solicitud de crédito presentada que en su inciso d) última parte; la mora autoriza al Banco a dar por decaídos todos los plazos de nuestras obligaciones y a exigir el pago total de las mismas, sin necesidad de interpelación alguna, ni del previo cumplimiento de cualquier otra formalidad judicial o extrajudicial, los ejecutados otorgaron su conformidad para todos estos procedimientos, conforme V.S. lo puede constatar. Que, a pesar de lo pactado, acordado entre las partes, en fecha 15 de marzo de 2001 se procedió a remitir un colacionado, cuya copia acompaño y ofrezco como prueba, donde se le ha intimado por el plazo de 48 horas el pago de su sobregiro vencido N° 01-56-2600053, cuyo monto asciende al día 15 de marzo del 2001 a G. 77.711.172, se le informa que en caso contrario se iniciaría la demanda judicial correspondiente. En fecha 02 de abril del 2001, el señor Cancio Alexis Cáceres remite una nota, posterior a la recepción del telegrama colacionado de fecha 15 de marzo del 2001, donde textualmente expresa: "mi parte a la fecha posee deudas pendientes de pago con Uds., derivada de un crédito personal y de sobregiro a mi cuenta corriente bancaria". Manifiesta su interés de solucionar el pago de dichas cuentas, solicita se conviertan ambas deudas - previo descuento de los pagos efectuados- en su solo crédito. Solicita también establecer un sistema de pago mensualizado en la suma de G. 2.000.000.- Ofrece como garantía real, hipoteca en segundo rango de la finca N° 8.399 del distrito de Encarnación cuyo valor estima en la suma de G. 500.000.000.- informa que la citada finca posee una hipoteca de primer rando en el Banco Itapúa S.A. por un monto de G. 108.189.144.- termina diciendo que lo hace con el fin de poder pagar y así evitar consecuencias mayores con el Banco. Que, el 7 de mayo del 2001 el señor Cancio Alexis Cáceres manifiesta: "Mi parte actualmente en mora con Uds. Por cuentas varias asumidas según contrato de cuenta corriente bancaria; se halla abocada a la venta de bienes inmuebles familiares, razón por la que ruego al Banco puedan otorgarme una espera de 30 días a partir de la fecha para poder efectivizar lo adeudado y saldar mi cuenta. Asimismo, mi parte pone a consideración de Uds. en su caso, el pago parcial por lo menos y a través de diferentes bienes inmuebles familiares". Que, como se puede apreciar por las notas presentadas por el principal deudor el Sr. Cancio Alexis Cáceres Ozusa el mismo reconoce plenamente su deuda, no se opuso a la liquidación que se le ha remitido, todo lo contrario, a propuesto forma de pago, posibles soluciones que en verdad no fueron realizadas por falta de cumplimiento del deudor, de modo que como reza el título ejecutivo el Banco ha complementado todo lo relacionado a las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico. Que, no procede la excepción de inhabilidad de título cuando el ejecutado reconoce la deuda, como esta plenamente probado con las notas remitidas al Banco por el Sr. Cancio Alexis Cáceres, cuya solicitud de agregación solicito, donde consta el ofrecimiento de pago de la deuda por el ejecutado, que viene a excepcionar y reconoce en ella la existencia y el monto de lo adeudado, solicitando una espera y fraccionamiento en cuotas mensuales. Que, como puede notar V.S. mi mandante no ha incumplido ningunos de los requisitos exigidos por el art. 92 de la Ley 861/96, como tampoco a violado el principio constitucional del derecho a la defensa. El contrato de cuenta corriente bancaria es un contrato de adhesión y cada una de las partes puede separarse de ella en cualquier momento especialmente cuando el cuentacorrentista ha caído en insolvencia, haya sobregirado por el encima del monto preestablecido, el Banco haya tenido noticia de algún embargo efectuado en contra del mismo. El Sr. Cáceres ha sobregirado por el encima de lo pactado, a mas de que se le ha notificado por todos los medios emplazándolo a hacer el pago de la deuda pendiente como también se le ha informado el monto total de la deuda en cada fecha de notificación.- el art. 1402 establece que el resumen de cuenta transmitido a un cuenta correntista se entiende aprobado si no es impugnado dentro del plazo pactado, o en su defecto, dentro de los 15 días, como puede notar V.S. el demandado o consentido y no ha impugnado ni se ha opuesto en tiempo oportuno, por lo que corresponde desestimar la pretensión de los demandados. DEL EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE LA SOLICITUD DE SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA: Que, los demandados, a través de su representante convencional, señalan que el saldo 0,00 indicado en el extracto de cuenta acompañado demuestra que en el extracto de Cuenta no consta el Sobregiro solicitado cuyo pago reclama mi mandante.- esta afirmación, no tiene sustento alguno, debido a que, el Sr. Alexis en sus notas remitidas al Banco en forma expresa manifiesta y confiesa que posee deudas pendientes de pago derivadas de crédito corriente, se procede al asiento legal contable y se emite un Extracto Provisorio, porque la red informática no permite cerrar contablemente la cuenta sin este paso previo, de modo que la figura de saldo 0,00 a que hace referencia los representantes del ejecutado, no significa que el señor Cáceres haya saldado su cuenta sobregirada.- En tal sentido presento a forma prueba de lo dicho un Extracto de

El 19 de diciembre del 2001, a fs. 64 se informa que la finca de referencia se halla actualmente a nombre de Fulgencio Romero López (quien adquirió de Cancio Alexis Cáceres Ozuna) motivo por el cual no se dio curso al presente.-------------------

Por proveído del 30 de abril del 2002, obrante a fs. 65 de autos se dispuso el desglose y devolución de los documentos presentados por la parte ejecutante con la contestación del traslado de la excepción, por secretaría, llamándose autos para sentencia, y -----------------------------------------------------

C O N S I D E R A N D O:-----------------------------

Que, contra el progreso de la presente ejecución se ha interpuesto la excepción de inhabilidad de título por parte de los ejecutados quienes sostienen en líneas generales que el título con que se promueve esta ejecución es absolutamente inhábil ya que se omitieron requisitos legales fundamentales para el cierre de la cuenta corriente y la certificación del saldo, como para que ella pueda constituirse por imperio de la ley en titulo ejecutivo.--------------------------------------------------------
En efecto, partiendo del hecho que el título que sirve de base a la presente ejecución consiste en el saldo definitivo girado en cuenta corriente, debe tomarse en consideración que para que ésta tenga carácter de titulo ejecutivo es necesario, atento a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley N°861, que concurran los siguientes requisitos a) la existencia de una cuenta corriente bancaria a nombre del ejecutado; b) que la misma haya sido cerrada de conformidad a lo dispuesto en el Código Civil y leyes concordantes, vale decir la comunicación del cierre y los saldos finales, con el correspondiente plazo de impugnación, de conformidad con los arts. 1422, 1401 y 1402 del C.Civil; c) que la certificación del saldo lleve la firma de la persona legal y estatutariamente autorizada de dicho banco, y d) que el deudor no se haya opuesto por escrito y fundamente a la liquidación practicada.-----
En el presente caso, se han acompañado copias simples de supuestos extractos de cuentas corrientes, correspondientes a los meses diciembre del 2000 a marzo del 2001, glosados de fs. 7/20 de autos, y una copia autenticada de un inventario de los sobregiros obrante a fs. 21; una certificación formulada por el Presidente y Vicepresidente del Banco Regional de la existencia del saldo deudor, una copia de la manifestación de bienes del ejecutado y una copia de la solicitud de sobregiros en cuenta corriente obrante a fs. 23.--------------------------------

La documental presentada por la parte ejecutante no justifica que dicha parte haya dado cumplimiento a los requisitos para dar ejecutividad al título presentado y por consiguiente la ejecución es improcedente, debiendo admitirse la excepción de inhabilidad de título planteada por la parte ejecutado, con imposición de las costas al ejecutante.------------

Por tanto el juzgado, de conformidad a lo precedentemente expuesto, ----------------------------------------

R E S U E L V E:---------------------------------


ADMITIR, la excepción de inhabilidad de título planteada por Cancio Alexis Cáceres Ozusa y María Geraldine San Martín Oddone, por los fundamentos expuestos.---------------------

DESESTIMAR la ejecución seguida por el Banco Regional S.A. contra Cancio Alexis Cáceres Ozusa y María Geraldine San Martín Oddone, por los fundamentos expuestos.-----------------

IMPONER las costas al ejecutante.-----------------

ANOTAR, registrar, notificar, y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.---------------------------------

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