31 de diciembre de 2012

DESESTIMACIÓN DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD


ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "FERIA RURAL S.A. C/ OSCAR ZACARIAS CUBILLA S/ JUICIO EJECUTIVO”.-----------


ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO.

En Asunción del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. señores: Ministros de la Sala Constitucional, y Doctores: RAUL SAPENA BRUGADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, y el Ministro de la Sala Penal, Doctor CARLOS FERNANDEZ GADEA, quién integra la Sala Constitucional, por inhibición de su Presidente Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “Feria Rural S.A. c/ Oscar Zacarías Cubilla s/ juicio ejecutivo” a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Yreneo A. Delgado.--------------
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

C U E S T I O N :

Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.--------------------

A la cuestión planteada el Dr. SAPENA BRUGADA dijo: “El Abogado Yreneo A. Delgado, en representación del Sr. Oscar Zacarías Cubilla, promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I. N° 1002 de fecha 26 de agosto de 1993, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno y contra la Resolución N° 51 de fecha 18 de marzo de 1994, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Primera Sala.----

Para fundar sus pretensiones el recurrente alega que el Auto en cuestión debió serle notificado por cédula hallándose el demandado recluido en la Penitenciaria Nacional, en su lugar de reclusión. Por este motivo la notificación realizada en autos, en distinta dirección no tendría valor jurídico alguno ...” razón por la cual dedujo el incidente de nulidad de actuaciones judiciales e interpuso los recursos de apelación y nulidad, que fueron tramitados y rechazados en ambas instancias. El A.I. N° 1002 del Juez de Primera Instancia, justamente, resuelve el punto rechazando el incidente de nulidad y en su trámite no se percibe, ni se alega, la existencia de alguna violación del debido proceso. Lo mismo puede decirse de la Resolución de segunda instancia.-------------------

Coincido con el Fiscal General del Estado, en cuanto afirma que las resoluciones impugnadas, que se encuentran fundadas en el Código Procesal vigente, no violan principios constitucionales que puedan hacer viable la acción instaurada. De las constancias de autos no se desprende que se haya violado algún precepto de orden constitucional relativo al debido proceso, como sostiene el accionante, observándose las normas procesales que regulan en procedimiento natural, con observancia de los principios de la defensa en juicio.------------------

Por estas consideraciones, voto por la desestimación de la acción de inconstitucionalidad deducida, con costas a la parte perdidosa.----------------------

A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE Y FERNANDEZ GADEA, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos.--------------------------------

Con lo que se dio por terminado el acto, firmado S.S.E.E., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

SENTENCIA NUMERO: 391.-
Asunción, 24 de noviembre de 1995.-
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala Constitucional
RESUELVE
DESESTIMAR la acción de inconstitucionalidad deducida.--------------
IMPONER las costas a la parte perdidosa.-----------------------------------
ANOTESE y notifíquese.-------------------------------------------------------

Ante mi:

30 de diciembre de 2012

SOLICITAR REMATE

OBJETO: promover acción de cumplimiento de sentencia de remate.


SEÑOR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL


GOVINDA ARIND, Abogado con Matrícula Nro: 685, por la intervención que tengo reconocida en los autos Nro. 23, Folio 45, Año 2003, caratulado: " Juan Roa c/ SEGUNDO DECOUD s/ preparación de acción ejecutiva", a V.S., como mejor proceda en derecho, digo:

HECHOS:

Que encontrándose firme y ejecutoriada la sentencia de remate dictada en este proceso, y habiéndose procedido antes de ahora, a la traba de embargo ejecutivo sobre la Finca Nro. 456, del Distrito de San Lorenzo, vengo a promover la acción de cumplimiento de la susodicha sentencia, a cuyo efecto, pido a V.S., se sirva proveer, cuanto sigue:

PETITORIO:

1.- Tenga por promovida la acción de cumplimiento de la sentencia de remate dictada en este proceso ejecutivo.

2. - Disponga se recabe informe certificado del Registro Público de Inmuebles acerca de los gravámenes y embargos que pudiera estar soportando la Finca embargada, así como las condiciones dominiales en que se encuentra el dicho bien.

3. - Ordene al ejecutado para que dentro del plazo de tres días presente los títulos de propiedad del inmueble embargado, bajo apercibimiento de que, si no lo hiciere, dentro de dicho plazo, se ordenará, que, a su costa sea extraída copias de la toma de razón de dicho inmueble, en la Dirección de los Registros Públicos (Sección correspondiente a inmuebles).

4. - Se recabe igualmente informe de1a Dirección General de Recaudaciones sobre la valuación fiscal del inmueble embargado, mediante la remisión del pertinente oficio,

PROVEER DE CONFORMIDAD,

Será Justicia

GOVINDA ARIND
Abogado

28 de diciembre de 2012

ESCRITO DE DENUNCIA PENAL POR MANDATO

1- ESCRITO DE DENUNCIA PENAL POR MANDATO


OBJETO: Efectuar Denuncia Penal

SEÑOR
AGENTE FISCAL EN LO PENAL.


Siddartha Govinda, Abogado con matricula Nº 1234 de la C.S.J., en representación de la Firma Comercial “MAR DEL SUR S. A.”, conforme lo justifico con el testimonio de Poder Especial para Denunciar y/o Querellar que anexo con esta presentación siendo domicilio real de mi mandante la casa Nº 1645 de la Av. Santísima Trinidad de la Ciudad de Asunción y Constituyendo domicilio a estos efectos en la Av. Dr. Blas Manuel Garay Nº 1234 c/ Av. Dr. Eusebio Ayala, de esta capital; respetuosamente y en la debida forma al Señor/a Agente Fiscal digo:

CONFORME a expresas instrucciones otorgadas por mi mandante, tal como lo corrobora el Poder Especial anexado y en virtud a lo previsto en el primer párrafo del articulo 285 del Código Procesal Penal, en nombre y representación de “MAR DEL SUR S. A.” sin perjuicio que dicha persona asuma, en su momento la condición de querellante adhesivo y tal como imponen los artículos 284 y 286 numeral 3 de la ley 1286/98, vengo a formular denuncia contra el ciudadano señor JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI con C.I.C. Nº 1.865.187., apodado “Pecho´i”, de nacionalidad argentina, soltero, de 45 años de edad, nacido el 29 de febrero de 1964, domiciliado en la calle El molino Nº 41 de esta capital por la perpetración de los delitos de Apropiación (articulo 160), y Lesión de Confianza (articulo 192) en carácter de autor, todo ello sin perjuicio de la ampliación de esta acción en cuanto a hechos, personas, circunstancias y tipos legales que serán desarrollados en la exposición de hechos y la calificación correspondiente, conforme vayan siendo impulsadas las diligencias durante el tramite de la investigación y la identificación de todos aquellos participantes que tienen dominio funcional de las circunstancias que fundamentan esta acción penal.

1.- EL RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS:

INICIADO el relato de los antecedentes en fecha 07 del mes de noviembre del año 2007 , el Sr. JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI, quien se desempeñaba hasta dicha fecha en la firma denunciante la función de Agente de Ventas, y que en ocasión de solicitársele rendición de cuentas en detalle de su gestión, elevo renuncia al cargo a través de comunicación manuscrita dirigida a la empleadora, lo cual llamo la atención de la Gerencia Administrativa de la empresa, por sumarse a dicha conducta, evasivas contestaciones a consultas y requerimientos que se le efectuaran, entregando en su ultima rendición parcial de cuentas dos cheques cargo Banco Unión S.A. (Agencia Lambaré), individualizados con los Nº 18111870 y 18651870, correspondientes a la cuenta Nº 007.23.1985/12 de la firma Importadora del rubro de electrodomésticos, “CASA ELECTRONIC HOUSE” POR VALOR DE GS. 24.000.000.- (GUARANÍES VEINTE Y CUATRO MILLONES), CADA UNO TOTALIZANDO LA SUMA DE GS. 48.000.000.- (GUARANÍES CUARENTA Y OCHO MILLONES) presentamos librados a nombre de “MAR DEL SUR S.A.” por tercero para su supuesta imputación a cobros efectuados y que fueran devueltos por orden de
no pago.-
Tales circunstancias dieron lugar a que “MAR DEL SUR S.A.” remitiera en fecha 13/11/2007, el Telegrama Colacionado Nº 007 intimando a nuestro agente de ventas para que en el termino de 48 (cuarenta y ocho) horas se apersone al domicilio de la firma a fin de efectuar rendición de cuentas en relación a cobranzas que estuvieran a su cargo bajo apercibimiento de darse inicio a acciones judiciales. En fecha 17/11/2007, “MAR DEL SUR S.A.” remitió al Sr. JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI el Telegrama Colacionado Nº 009, ampliando el texto del telegrama anterior y al reiterarse el pedido de rendición de cuentas se le intimo igualmente la restitución de facturas, recibos, planillas y demás papeles de comercio pertenecientes a la firma y obrantes en poder del ahora imputado.-

Ante el silencio del señor JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI la Gerencia Administrativa de la firma encomendó al Departamento de Auditoria Interna la facción de un informe de Auditoria, el cual fuera elaborado por la Lic. MARIANELA ALVAREZ GALEANO, REVELO UN FALTANTE DE GS. 74.000.000.- (GUARANIES SETENTA Y CUATRO MILLONES); desconociéndose la aplicación que pudo haber dado el denunciado a los demás documentos recibidos y no devueltos y rendidos. Se acompaña a la vez documentos signados por el denunciado, que acreditan la recepción pormenorizada de facturas y recibos pertenecientes a la firma a la cual represento, destacándose que las facturas y recibos en cuestión se hallaban preelaboradas (impresa) por el sistema informático de “MAR DEL SUR S.A.”.

A través del INFORME DE AUDITORIA INTERNA practicada en cuestión se manifiesta una relación pormenorizada sobre el procedimiento empleado para el análisis de la gestión del imputado, no sin antes dejar de resaltar la mención que la auditoria efectuada al consignar que el perjuicio patrimonial ocasionado a la empresa asciende a la suma de Gs. 74.000.000.-(GUARANIES SETENTA Y CUATRO MILLONES).

CONVIENE, igualmente poner de relieve el INFORME DE AUDITORIA INTERNA, realizado por la Lic. Marianella Álvarez, elevado al Sr. Jorge Runi, Director Administrativo de dicha firma, los cuales revelaron las adulteraciones de los recibos Nº 8765 correspondiente al cliente Ricardo Canesse, cuyo numero de contrato es el ES1016; el Nº 8755 correspondiente al cliente Alejandro Magno con numero de contrato ES0845; Nros. 7894, 7945, 8011, correspondiente al cliente Parzifal Rommell con contrato Nº ES0012. El mecanismo perpetrado por nuestro agente de ventas era el siguiente: al realizar los cobros que pueden realizarse desde una suma mínima hasta la posibilidad del cliente, como en el caso del cliente Alejandro Magno que realizo un pago de Gs. 3.000.000.- (GUARANIES TRES MILLONES), monto que fue reflejado únicamente en el recibo del cliente, en duplicado y triplicado del recibo utilizado por el Sr. JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI solo consigno el imputado la suma de Gs. 1.000.000.- (GUARANIES UN MILLON) que es el mínimo establecido para sus pagos, en este caso el faltante es de Gs. 2.000.000.-
( GUARANIES DOS MILLONES).

2- LOS ELEMENTOS DE PRUEBA.

2.1- TESTIMONIALES.-

2.1.1.- Lic. Marianella Alvarez, domiciliada en Av. Juan Domingo Peron Nº 3322, Asunción
2.1.2.- Sr. Jorge Runi, domiciliado en la Av. Republica de Venezuela Nº 4455, Asunción

2.2.- DOCUMENTALES.


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2.2.1.- INFORME DE AUDITORIA INTERNA, realizado por la Lic. Marianella Alvarez elevado al Sr. Jorge Runi, Director Administrativo de “MAR DEL SUR S.A.”
2.2.2.- LEGAJO DE PERSONAL DEL Sr. JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI
2.2.3.- ACTA DE CONSTITUCION DE LA FIRMA “MAR DEL SUR S.A.”
2.2.4.- PODER ESPECIAL OTORGADO POR DICHA FIRMA AL Abg. Siddartha Govinda para
Denuncia y/o Querellar.

3- CALIFICACION DE LA CONDUCTA.-

La conducta seguida por el Sr. JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI, se adecua en el contexto de las disposición prevista en el articulo 160 inciso segundo: “Apropiación”, teniendo en cuenta que el citado se desempeñaba en carácter de Agente de Ventas en la firma “MAR DEL SUR S.A.” y que en ocasión de solicitársele rendición de cuenta en detalle de su gestión, elevo renuncia al cargo a través de comunicación manuscrita dirigida a la empleadora, lo cual llamo la atención de la Gerencia Administrativa de la empresa, por sumarse a dicha conducta evasivas contestaciones a consultas y requerimientos que se le efectuaran, entregando en su ultima rendición parcial de cuentas dos cheques detallados en la exposición fáctica los cuales presentados, librados a nombre de “CASA ELECTRONIC HOUSE”, por tercero para su supuesta imputación a cobros efectuados y que fueran devueltos por orden de no pago, debía haber devuelto tales montos cobrados, no habiéndolo hecho aun bajo requerimientos concretos, haciéndoselo incluso intimado para la restitución de facturas, recibos, planillas y demás papeles de comercio pertenecientes a la empresa.

Existe igualmente un relación concursad con el articulo 197 del Código Penal Paraguayo, “lesión de confianza”, que reza: “1º El que en base a una ley, a una resolución administrativa o un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”. Conforme se pudo notar en el contexto de la situación generada, el denunciado. Sr. JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI tenia efectivamente el control de la acción que origino el resultado cumpliendo los presupuestos de la tipicidad objetiva, en cuanto a su posición de garante, habida cuenta de que el mismo se desempeñaba como Agente de Ventas, y que en ocasión de solicitársele rendición de cuenta en detalle de su gestión en “MAR DEL SUR S.A.”, y que debido al obrar de este, se produjo una cierta y concreta trasgresión de la responsabilidad asumida de proteger el interés patrimonial de la empresa, cuyo monto asciende al caudal establecido en dicha oportunidad.

Se suma a ello, la relación causal entre el accionar del denunciado y el resultado en el tipo legal objeto de la presente denuncia, el cual es corroborada con las diligencias periciales efectuadas y las conclusiones vertidas en torno al perjuicio patrimonial irrogado, en concordancia con el articulo 29 “Autoría”, del mismo cuerpo legal, como se puede colegir a partir de las diligencias ya efectuadas a la fecha.-

4- PETITORIO:


POR TANTO, y en merito a lo precedentemente expuesto y con arreglo a los artículos 68 “derechos de la victima”, 284 “Denuncia”, y el articulo 285 “Forma y Contenido”, todos de nuestra ley penal de fondo, al Agente Fiscal en lo Penal solicito:

1- TENGA, por promovida la presente Denuncia Penal, conforme a los términos del Poder Especial por la presunta comisión de los delitos de Apropiación (articulo 160), y lesión de confianza (articulo 192), en contra del Sr. JOSE SEGUNDO DECOUD PIATTI, en carácter de autor, todo ello sin perjuicio de la ampliación de esta acción en cuanto a hechos, personas, circunstancias y tipos legales que serán desarrollados en la exposición de hechos y la calificación correspondiente, conforme vayan siendo impulsadas las diligencias durante el tramite de la investigación y la identificación de todos aquellos participantes que tienen dominio funcional de las circunstancias que fundamentan esta acción penal.-

2- ORDENE, la agregación del Poder Especial y los documentos que se acompañan a la presente denuncia;

3- EFECTUE, todas las diligencias tendientes a la dilucidación y comprobación del hecho punible comunicado, así como la determinación de los autores y/o participes; y,

4- OPORTUNAMENTE, y previo los tramites de rigor, formule requerimiento Fiscal de Acta de Imputación respectiva.-

Será Justicia.-
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27 de diciembre de 2012

ACTA DE DECLARACIÓN TESTIFICAL

Objeto: Acta de Declaración Testifical


Asunción, capital de la República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de agosto del año 2004, siendo las 9 hs. Y estando presente S.S., el Juez de 1 Instancia en lo Civil y Comercial del 3 Turno en su Sala de Audiencias y Publico Despacho. Por Ante Mi el Secretario Autorizante, comparece el Sr. Juan Manuel Melgarejo, soltero, C I: 2.005.489 de 28 años de edad, policía nacional , dando cumplimiento al proveído de fecha 7 de julio del año 2004, dictado en los autos caratulados: "Lucas Manuel Gómez c/ Julio Martín Puertas s/ Indemnización por daños y perjuicios", a objeto de prestar declaración testifical, previo Juramento de Ley de Decir la Verdad, pasa a ser interrogado por su S.S. a tenor del interrogatorio obrante en fojas 28 al 30 ---------------------------------------------------

A LA PRIMERA DIJO llamarse: Juan Manuel Melgarejo, de nacionalidad paraguaya, soltero, policía nacional, de 28 años de edad y cédula de identidad número 2.102.524 domiciliado en oliva 451 de esta capital--------------------------------------------------------------

A LA SEGUNDA DIJO no hallarse comprendidas en las generales de la Ley y que solamente conoció a las partes en el momento del accidente--------------------------------------

A LA TERCERA DIJO que tiene conocimiento del accidente ocurrido el 14 de mayo 2004, que sabe y le consta , y que se encontraba en la parada de colectivos esperando un ómnibus de la línea 27, cuando ocurrió la colisión ------------------------------------------------------------

A LA CUARTA DIJO que le consta que la distancia fue de cinco metros----------------------

A LA QUINTA DIJO que el actor circulaba a 20 Km. / hz. y el demandado se encontraba detenido en doble fila obstaculizando la circulación de vehículos, que en una oportunidad le había llamado la atención para que prosiguiera su marcha y cuando se disponía a apercibirlo personalmente la señorita abrió la puerta del auto de forma imprudente y se produjo la colisión----------------------------------------------------------------------------------------

A LA SEXTA DIJO que a consecuencia de la colisión el automóvil del señor Lucas Manuel Gómez sufrió una abolladura en la puerta trasera derecha y rotura del zócalo, así también pude observar que la puerta se desencuadró porque a pesar de nuestros intentos no pudimos cerrarla luego de abrirla----------------------------------------------------------------------

A LA SÉPTIMA DIJO que el día estaba despejado y soleado. La visibilidad era buena y con temperatura de 30 grados---------------------------------------------------------------------------

A LA OCTAVA DIJO que el actor se desplazaba a 20 km/hora y el demandado se encontraba detenido en doble mano sobre el margen derecho del asfalto------------------------

A LA NOVENA DIJO que lo relatado le consta por haber presenciado el accidente----------

Preguntando si desea agregar algo mas a su declaración dijo nada mas--------------------------

Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación de su contenido del Acta--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma el compareciente los abogados conjuntamente con S.S. por Ante Mi certifico---------

Ante Mi
José Gamarra Juan Manuel Melgarejo
Secretario Testigo

26 de diciembre de 2012

LESIÓN DE CONFIANZA Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 2/08

“GONZÁLEZ BALBUENA, ELIZARDO Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS”.

En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días trece del mes de febrero del año dos mil ocho, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, primera sala, Tomas Cárdenas.- Gustavo A. Ocampos González.- Carlos A. Bray Maurice, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “González Balbuena, Elizardo y otros s/ Lesión de Confianza y Producción de Documentos no Auténticos”.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación en lo Penal, primera sala, resolvió plantear y votar las siguientes.

CUESTIONES:

1ª) ¿Es competente el Tribunal para entender en la presente causa?
2ª) ¿Es admisible el recurso o se impone su rechazo?
3ª) ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia impugnada?

1ª cuestión: El Dr. Cárdenas Ibarrola dijo: Traídos a la vista del Tribunal, los autos de la causa: "Elizardo González Balbuena y otros s/ Lesión de confianza y producción de documentos no auténticos", tenemos que el Tribunal Colegiado de Sentencia, conformado por la Jueza María Lourdes Cardozo de Velázquez, como Presidenta y Miguel Said Bobadilla y Blanca Gorostiaga Bejarano como Miembros Titulares, ha dictado la SD N° 270, de fecha 17 de septiembre de 2007 (fs. 227/235) y, el recurso de apelación especial promovido por el Abog. F. E. S. N. (fs. 237/241) tenemos que a tenor del art. 40 inc. 1° en concordancia con el art. 466, ambos del CPP, este Tribunal de Apelación es competente para entender en la misma. Voto en forma afirmativa por esta primera cuestión.

Los Dres. Ocampos González y Bray Maurice manifestaron: Adherirse al voto del preopinante por los mismos fundamentos.

2ª cuestión: El Dr. Cárdenas Ibarrola dijo: Seguidamente corresponde el examen de la legitimación de la interposición del recurso de apelación especial en la presente causa; así, la doctrina lo denomina presupuesto de "admisibilidad", en tal sentido, el Capítulo II del Título III "De la apelación" del CPP, en su art. 466 establece: "Sólo podrá deducirse el recurso de apelación especial contra las sentencias definitivas dictadas por el Juez o el Tribunal de Sentencia en el juicio oral", estableciéndose de este modo el objeto del recurso. En referencia a los motivos que la hacen procedente, están expresamente establecidos en el art. 467 del CPP, y así, sólo podrán ser deducidos contra sentencias definitivas en las que se haya incurrido en inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado, constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o hecho la reserva de recurrir, salvo que se trate de nulidad absoluta o de vicios de la sentencia.

Establecido de este modo el marco conceptual de la admisibilidad, pasamos a verificar si el recurso interpuesto se encuadra o no dentro de los presupuestos formales exigidos en los artículos antes mencionados. En efecto, la resolución impugnada es la SD N° 270, de fecha 17 de septiembre de 2007, dictada por un Tribunal de Sentencia Colegiado, recaído en un Juicio Oral y Público, con lo cual se halla cumplido lo dispuesto en el art. 466 del CPP.

En relación al art. 467 del CPP, es decir, a los únicos motivos que deben ser esgrimidos y que posibilitan el juicio favorable de admisibilidad, han sido cumplidos por los impugnantes, tal como se puede constatar con la simple lectura del fundamento del recurso y, así, los recurrentes alegan que ha habido fundamentación contradictoria debido a que no se ha observado las reglas de la sana crítica con respecto a los medios o elementos probatorios de valor decisivo, por lo que se reúne lo establecido en el art. 403 inc. 3 del CPP.

En cuanto a la forma y tiempo de la interposición del recurso, tenemos que el art. 468 del CPP, manda imperativamente que sea deducido por escrito fundado y, en el término de diez días luego de notificada la sentencia, los que se hallan cumplidos examinando las constancias de autos. En consecuencia, los impugnantes han individualizado en su escrito recursivo, lo que a criterio de la misma, corresponde la inobservancia o errónea aplicación de preceptos legales en la sentencia impugnada y, por tanto al reunirse los requisitos formales del art. 467 del CPP, el recurso deviene admisible. Voto en el sentido expuesto.

Los Dres. Ocampos González y Bray Maurice manifestaron: Adherirse al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

3ª cuestión: El Dr. Cárdenas Ibarrola dijo: El Tribunal Colegiado de Sentencia como resultado del juicio oral y público, resolvió: "1.- Declarar la competencia del Tribunal de Sentencia Colegiado integrado por la Jueza María Lourdes Cardozo de Velásquez como Presidente del mismo, y como Miembros Titulares, a los Jueces M.S.B. y B.G.B., para entender en el presente Juicio; como asimismo la procedencia de la Acción Penal. 2. Declarar comprobada la existencia de los hechos punibles de lesión e confianza y producción de documentos no auténticos en juicio. 3. Declarar como autor material de los hechos punibles citados al acusado Elizardo Jesús Ildefonso González Balbuena. 4. Calificar, la conducta del acusado Elizardo Jesús Ildefonso González Balbuena, incursándola dentro de las previsiones de los arts. 192 inc. 1° y 246 inc. 1°, en concordancia con el art. 29, inc. 1° del Código Penal. 5. Declarar la reprochabilidad del acusado Elizardo Jesús Ildefonso González Balbuena, por su conducta típica y antijurídica 6. Condenar al acusado Elizardo Jesús Ildefonso González Balbuena,… a la pena privativa de libertad de 03 (tres) años,… 7. Mantener las medidas sustitutivas de la prisión preventiva otorgadas a favor del acusado Elizardo Jesús Ildefonso González Balbuena, hasta que quede firme y ejecutoriada la presente resolución. Imponer las costas del juicio al condenado. Librar oficio…". (sic.).

El Tribunal de Sentencia Colegiado argumentó en apoyo de la resolución en alzada, entre otros, lo siguiente: "…Es indudable que se vislumbra la existencia de más de una persona como responsables de la citada irregularidad en el manejo del patrimonio de la empresa Capasa. Sin embargo es deber de este Tribunal ceñirse al análisis de lo que respecta al acusado Elizardo González Balbuena. Al haber asumido el cargo para el cual fuera designado (Interventor) en dicha empresa, asumió asimismo la administración de sus bienes y por sobre todo la responsabilidad de proteger su patrimonio. El acusado Elizardo González Balbuena, en su carácter de interventor de Capasa, en uso de sus atribuciones de administrador de la misma, procedió a la designación de los vendedores externos, entre los que no figuraba Cándido Cabral, sin embargo, procedió a dar su visto bueno para el efectivo cobro de las comisiones por supuestas ventas realizadas por aquella persona, como se constata con las liquidaciones de comisiones a vendedores externos y las órdenes de pago. Es innegable que el acusado, estando en pleno conocimiento del hecho de la inexistencia de un vendedor externo de la empresa con el nombre de Cándido Cabral, consintió la efectivización de los pagos por comisión sin la correspondiente prestación de dicho servicio, y así, no solo evitando, sino causando un perjuicio en el patrimonio de la empresa a su cargo, por la suma antes mencionada…" (sic).

Prosigue más adelante: "…Esa conducta desplegada por el acusado se adecua sin lugar a dudas a lo descrito en el art. 192 del CP en su inc. 1° que reza: "El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial…" Elizardo González Balbuena, mediante Decreto del Poder Ejecutivo, asumió el cargo de interventor de Cañas Paraguayas S.A. Capasa, en el período de tiempo ya especificado más arriba, y con ello, la responsabilidad de proteger el patrimonio de dicha empresa, no cumpliendo con dicho cometido, y aún más, colaborando para que mediante maniobras irregulares, la empresa a su cargo sufriera una pérdida en su patrimonio, incurrió en la comisión de hecho punible citado. Ello, a pesar a la argumentación de la defensa técnica sobre la inexistencia elementos de convicción que pudieran acreditarnos el supuesto perjuicio patrimonial sufrido por Capasa; pues a criterio este Tribunal, a la luz de la documentación arrimada a autos e introducida durante esta audiencia, a las que ya hicimos suficiente alusión, se ha comprobado la erogación de las arcas de Cañas Paraguayas S.A. de la suma de Gs. 403.649.393, por un servicio no prestado, no precisándose para llegar a esta conclusión de ninguna pericia contable o de otra índole…". (sic.).


Prosiguió diciendo el Tribunal de Mérito: "…En lo que guarda relación al segundo hecho típico acusado, el de producción de documentos no auténticos, al analizar la conducta descrita en el art. 246 del CP que dice: "El que produjera o usara un documento no auténtico con intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, será castigado con pena de libertad de hasta cinco (5) años o con multa"; encontramos que la acción llevada a cabo por el acusado Elizardo González Balbuena, es decir, utilizar documentos (órdenes de pago números 008711, 008736, 008729, del mes de enero del 2002 y 008624 del mes de noviembre del 2001) que no provenían de su autor (Cándido Cabral, con C.I. N° 1.737.667), pues se ha probado que el citado no perteneció a la empresa Capasa como vendedor externo, en total y absoluto conocimiento de tal extremo pues el acusado procedió (en el uso de sus atribuciones como interventor -administrador- de dicha empresa) a la designación de los vendedores externos de la institución a su cargo; decíamos que esta acción llevada a cabo por Elizardo González se adecua perfectamente a lo descrito en el art. 246 del CP reseñado precedentemente, por lo que ha incurrido en la comisión del hecho típico citado. Por todo lo manifestado precedentemente, este tribunal encuentra comprobada la existencia tanto de los hechos típicos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, así como la autoría de los mismos que recae en la persona del acusado Elizardo González Balbuena…" (sic).

En relación a la reprochabilidad, el Tribunal llegó a concluir en que existe tipicidad, antijuricidad y reprochabilidad en la conducta desplegada por el acusado ya que: "…No hay dudas para los miembros de este Tribunal que el acusado no posee algún tipo de trastorno mental, repetimos, el mismo, tanto hoy día como al momento de cometer los hechos punibles comprobados en este juicio, es y fue capaz de conocer la antijuricidad del hecho y de determinarse conforme a este conocimiento. No existiendo ninguna causa de justificación que ampare al acusado, ni incapacidad proveniente de la aplicación de las reglas del art. 23 del Código Penal, la conducta de Elizardo González Balbuena es típica, antijurídica, reprochable y en consecuencia punible…" (sic.).

Por último, en relación a la medición de la sanción penal, el Tribunal analizó conforme los parámetros del art. 65 del Código Penal la conducta asumida por el acusado al momento y posterior a la realización de los hechos punibles de los que fuera encontrado reprochable y, aplicando al caso el art. 70, incs. 1 y 2 del CP (concurso de hechos punibles), aplicó una sola sanción (consunción), estableciendo la pena de (3) tres años de pena privativa de libertad.

Por su parte, el Abog. F.S.N. (fs. 237/40), en síntesis, expresó: 1) No existe elemento de prueba ni indicio siquiera sobre la participación de su defendido en los hechos; 2) El Tribunal de Sentencia fuera de toda lógica tuvo por probada la inexistencia de funciones de su defendido y a fin de justificar, se amparó en la Ley 154 de Quiebras para atribuirle "sus funciones"; 3) No se comprobó el perjuicio patrimonial, pues no se realizó ninguna pericia contable; 4) La sentencia adolece de fundamentación y es arbitraria, amén de ausencia total de pruebas en contra de su defendido. Solicita la anulación del juicio oral y público y se disponga el reenvío para la realización de un nuevo juicio, o en su defecto, la revocatoria de la sentencia impugnada y se absuelva de culpa y pena a su representado.

A su turno, el Agente Fiscal en lo Penal, Abog. G.G.P. (fs. 242/245), en síntesis, alegó que: 1. El Tribunal de sentencia tuvo plena convicción de la existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos y, de la autoría de dichos tipos penales, Elizardo González Balbuena; 2. Para fundar su decisión, el Tribunal tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales de Cándido Cabral y del testigo Angel Sebastián Villalba Cuevas; 3. En cuanto a supuestos vicios de la sentencia, el Tribunal motivó y fundó su sentencia conforme el principio de la sana crítica; 4. El Tribunal colegiado por unanimidad declaró en forma afirmativa todas las cuestiones planteadas y, conforme el art. 65 CP midió y aplicó la sanción penal dejando establecida la pena privativa de libertad de tres años. Finalmente solicitó la confirmación de la sentencia impugnada.

Entrando a analizar la cuestión planteada, tenemos que el Tribunal de mérito, por la sentencia impugnada, al considerar los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documento no auténtico, se apoya en las declaraciones testimoniales de Cándido Cabral y Ángel Sebastián Villalba Cuevas, además de documentaciones concretas incautadas que pertenecen a la firma Capasa, producidas durante el tiempo en que el acusado actuaba como interventor. Como se comprueba, el Tribunal ha valorado conforme las reglas de la sana lógica, en conjunto, todo el material probatorio, asignándole un valor a cada prueba, las que sirvieron a su vez para fundar el fallo. En este orden de ideas no existe ningún elemento de juicio para concluir en alguna irregularidad en la aplicación del sistema de valoración de la prueba (sana crítica) y, al contrario, se comprueba que el Tribunal las ha analizado una por una, encintando los hechos conforme dichas pruebas producidas ante su presencia (inmediación).

El Tribunal de mérito a quo declaró la comprobación de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos; calificó definitivamente la conducta de Elizardo González Balbuena dentro de lo dispuesto en los arts. 192 inc. 1° y 246 inc. 1°, en concordancia con el art. 29 inc. 1° del Código Penal. Además, declaró la conducta típica del citado acusado como antijurídica y reprochable. En base a dichos elementos de juicio, condenó al citado acusado a la pena privativa de libertad, de tres (3) años.

En cuanto a la aplicación de la sanción penal, tenemos que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado a medir la que corresponda, conforme surja de la valoración de las pruebas y circunstancias de hecho, que según el mismo, ameritan la aplicación de tal o cual sanción penal. Consecuentemente, es el órgano jurisdiccional quien juzga, valora y mide la sanción que corresponde aplicar, desde que el Fiscal hace una pretensión o requerimiento en el acta de acusación, bastando que sostenga la misma hasta el final del debate y, es en calidad de parte que solicita una pena en concreto en su discurso final. De igual manera la defensa hace su valoración final en el debate oral y, a mérito de la misma, solicita como en este caso, una calificación más favorable a su defendido, pero, es el Tribunal de Mérito quien juzga y aplica la pena, conforme lo alegado y probado en el juicio oral y público por las partes.
En cuanto a la medición de la sanción penal, el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente el art. 65 del CP, ajustándose a los parámetros establecidos en dicho artículo y, a las circunstancias particulares del hecho y del autor de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

No resulta ocioso volver a repetir que este Tribunal de Apelación se encuentra absolutamente impedido de cambiar la calificación, ameritando nuevamente todas las circunstancias de hecho y de derecho expuestas en el juicio oral, tal como lo hiciera el Tribunal a quo, dado que la apelación especial otorga competencia al Tribunal de Apelación, sólo en cuanto a la aplicación del derecho (tanto de forma como de fondo) y no para cambiar las circunstancias de hecho, revalorando las pruebas, en aplicación de los principios de inmediación y concentración.

A mayor abono, lo que parece ser o constituir agravio del impugnante, apunta a modificar, no solo la sanción penal, sino también la calificación del hecho atribuido al acusado, alegando la existencia de otras circunstancias que no fueron acogidas por el tribunal sentenciador; pero, repetimos, este tribunal no puede volver a apreciar y revalorar las pruebas, porque las mismas no se produjeron en su presencia (inmediación, bilateralidad y concentración) y sólo fueron producidas en forma oral en la instancia originaria del juicio, oral y público, ante el tribunal de sentencia, en consecuencia, único órgano jurisdiccional capaz de valorar y ameritar las pruebas encriptando definitivamente los hechos, la calificación y la medición de la sanción penal, conforme dicha valoración.

En síntesis, de acuerdo a lo expresado antecedentemente, se confirma: 1) Que el Tribunal de Sentencia ha valorado todos los medios de prueba ofrecidos y substanciados en dicha audiencia de juicio oral y público y, lo hizo conforme las reglas de la sana crítica; 2) En el transcurso del proceso, se pudo probar idóneamente los hechos punibles por los que fue condenado el acusado Elizardo González Balbuena, siendo los medios probatorios en los que se basaron los jueces del tribunal de mérito, obtenidos sin violación alguna de garantías constitucionales, por lo que la sentencia a la que arribó el Tribunal, fue una consecuencia de las situaciones de hecho y de derecho planteadas, alegadas y probadas; y 3) El Tribunal de Sentencia ha tomado en consideración las pruebas ofrecidas y diligenciadas por la defensa técnica, analizándolos en conjunto, llegando a la conclusión de que el imputado es autor de los hechos punibles de los que fuera acusado.

Finalmente, en mérito de todo lo antecedentemente expuesto, soy del parecer de que la sentencia en alzada, está plenamente ajustada a derecho, razón por la cual, la misma debe ser confirmada.

Los Dres. Ocampos González y Bray Maurice, manifestaron: Adherirse al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Señores Miembros el Tribunal de Apelación en lo Penal, primera sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:

SENTENCIA Nº 2
Asunción, 13 de febrero de 2008
VISTO: Por los méritos que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos,
EL TRIBUNAL DE APELACIÓN EN LO PENAL,
PRIMERA SALA DE LA CAPITAL,
RESUELVE:

DECLARAR LA COMPETENCIA de esta Sala del Tribunal de Apelación para entender en los mecanismos de impugnación deducidos.

DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación especial interpuesto.

CONFIRMAR la SD N° 270, de fecha 17 de setiembre de 2007, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado bajo la presidencia de la Jueza María Lourdes Cardozo de Velázquez y como Miembros Titulares los Jueces Miguel Said Bobadilla y Blanca Gorostiaga Bejarano.

ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
Ante mí:

Blanca Ramírez.- Sec.
Tomas Damián Cárdenas.-
Gustavo A. Ocampos González.-
Carlos A. Bray Maurice.-

INICIAR JUICIO DE INSANÍA

INSANIA.

Enajenación mental.
Esta denominación reúne todo tipo de anormalidad psíquica que produce descontrol de la actividad intelectual y volitiivs, en forma general y temporalmente estable. Interesa al derecho en cuanto influye en la capacidad civil y en la imputabilidad penal de quienes la padecen. Declaración de incapacidad. (D. J. Ossorio)


OBJETO: INICIAR JUICIO S/ INSANÍA


SEÑOR JUEZ:


LILIAN FLORES, por mis propios derechos y bajo el patrocinio de la Profesional Abogada DIANA MAREA, constituyendo domicilio en la casa de la calle Mayor Fleitas 126 de esta ciudad, que lo es también de la Abogada patrocinante, siendo mi domicilio real en la casa de la calle Manuel Domínguez 664 de esta ciudad, a V.S. respetuosamente digo:-------------
Que, vengo a promover juicio de INSANIA de mi hijo legítimo EBEL RODRIGO GAONA FLORES, de 24 años de edad, conforme lo justifico con las Partidas de Nacimiento y Matrimonio que acompaño a las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer:----------------------

HECHOS

Mi citado hijo, que ejerce el comercio desde el 12 de Abril de 1.994, en el mismo lugar donde tengo mi domicilio real, ha venido demostrando en estos últimos meses signos de anormalidad en su entendimiento, que se manifiesta en constantes errores de cálculo para realizar pago de mercaderías, o devolver saldo de dinero, o en la entrega de mercaderías, que día a día fue agravándose, repercutiendo negativamente en la marcha del negocio de mini supermercado o autoservicio que le tengo instalado en el mencionado lugar.-----------------
De esta situación se han percatado ya numerosas personas, quienes no han dudado de aprovecharse y obtener de ese modo máximas ventajas, y esta es la hora en que el citado descendiente mío, no me permite siquiera aproximarme a dicho negocio, con el consiguiente perjuicio patrimonial que recibo, debido a dicha situación.----------------------------------------------
Por ello, y siguiendo el procedimiento establecido en estos casos, recurro ante el Juzgado de V.S., a fin de solicitar me designe CURADOR AD LITEM, designando al mismo tiempo dos Facultativos Médicos para que examinen y se expidan sobre la salud mental del citado hijo, así como la disposición de inventariar todos sus bienes y ponerlos bajo segura custodia, hasta la declaración definitiva del Juzgado.-----------------------

DERECHOS. DOCTRINA

Funda la acción en el C.C. Art. 36(capacidad de hecho), art. 37, inc c) (de los enfermos mentales) y art. 40 (de los enfermos mentales sometidos a interdicción.)---------------------------

PETITORIO

• I- TENER POR RECONOCIDA mi personería en el carácter invocado y por constituido mi domicilio en el lugar señalado; así como el de mi Abogada patrocinante.------------------------
• II- TENER por iniciado el presente juicio de INSANA de mi hijo EBEL RODRIGO GAONA FLORES, dando intervención en el mismo al Defensor de incapaces.----------------------------

• III- NOMBRARME curadora AD-LITEM, para luego de declararse insano, se me nombre curadora definitiva, con facultad de cuidar de su persona y administrar sus bienes.----------

• IV- ORDENAR el inventario de todos los bienes del denunciado.-------------------------------

• V- NOMBRAR dos Facultativos Médicos para que previo examen del paciente determinen la existencia o no de la deficiencia mental denunciada.-------------------------------------------

• VI- DICTAR oportunamente y previo los trámites de rigor, Sentencia Definitiva, haciendo lugar a la acción promovida.---------------------------------------------------------------------------
PROVEER DE CONFORMIDAD Y SERA JUSTICIA.-

DIANA MAREA
LILIAN FLORES
ABOGADA

25 de diciembre de 2012

ACCIÓN DE ÍNCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES C/ LAURO BECKER Y OTRA S/ EJECUCIÓN PRENDARIA"

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 748/10

"BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES C/ LAURO BECKER Y OTRA S/ EJECUCIÓN PRENDARIA".


En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Presidente y Doctores ANTONIO FRETES y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, quien integra la Sala en remplazo del Doctor JOSÉ V. ALTAMIRANO AQUINO, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE ÍNCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES C/ LAURO BECKER Y OTRA S/ EJECUCIÓN PRENDARIA", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Santiago Gadea Prado, en representación del Sr. Lauro Becker.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?

A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: El Abogado Santiago Gadea Prado, en representación del Sr. Lauro Becker, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 14 de fecha 17 de febrero del 2003 y contra el Acuerdo y Sentencia N° 33 de fecha 27 de febrero de 2003, ambas dictadas por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala.

El Tribunal de Apelación en virtud del Acuerdo y Sentencia N° 14 confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la excepción de prescripción deducida y resolvió llevar adelante la ejecución promovida Por el Acuerdo y Sentencia N° 33, el Tribunal hizo lugar al recurso de aclaratoria interpuesto.

La recurrente señala que las resoluciones del Tribunal son arbitrarias pues han sido dictadas en abierta violación a los elementales principios constitucionales de igualdad y defensa en juicio. Son notoriamente arbitrarias pues contienen una absurda apreciación de los hechos y de la prueba producida en autos. El tribunal juzgó la litis sin tener en cuenta el documento en el cual se instrumentó la obligación y sobre la base del cual se confeccionó el titulo que fue utilizado como base de la acción ejecutiva. El pagaré está mencionado en la escritura pública que instrumenta el mutuo y constituye la garantía prendaria, además la propia parte actora presentó el pagaré y ha reconocido expresamente que la deuda que se reclama fue instrumentada en dicho pagaré, el cual había vencido con exceso según sus propias manifestaciones. Funda la acción en los artículos 17, 46, 132, 137, 259, 260 y concordantes de la Constitución Nacional.

Atento a las constancias de autos, se precia que el Tribunal (voto en mayoría) confirmó la resolución de primera instancia por considerar que el pagaré supuestamente prescripto no fue utilizado como base de la demanda y por tanto no puede declararse su prescripción sin resolver ultra petita, por una acción no instaurada y aunque la base de la ejecución fuera el pagaré, éste no está prescripto porque el mismo como documento que instrumenta el contrato de crédito tiene continuidad en la cuenta corriente bancaria documentada por su vigencia en el certificado de deuda no impugnado. El Tribunal señala que el certificado de deuda no fue impugnado y significa que el mismo nene ejecutividad por sí mismo por imperio de la ley. Al no ser objetado como título hábil el certificado de deuda, este documento es la base de la ejecución y no puede prescribirse la acción en base a un documento que no fue utilizado como tal. Por el Acuerdo y Sentencia N° 33 el Tribunal hizo tugar al recurso de aclaratoria deducido al haberse incurrido en un error material al momento de individualizar la resolución de primera instancia en la parte resolutiva del fallo aclarado.

Analizadas las resoluciones cuestionadas del Tribunal, no se advierte en las mismas algún vicio que permita calificar a los fallos como arbitrarios. En efecto, los integrantes del Tribunal de Apelación han realizado un estudio acabado de la cuestión sometida a su decisión, dando razones suficientes que avalan el sentido de sus fallos. Los magistrados han aplicado las disposiciones que rigen la materia conforme a su leal saber y entender. En las condiciones señaladas por tanto, no cabe hablar de arbitrariedad, "la cual queda reservada para aquellos casos en que el juzgador sin brindar razón alguna y fundado en su sola opinión personal, se pronuncia haciendo caso omiso de los extremos fácticos y legales del caso, arribando a una conclusión jurídicamente inadmisible, provocando por ende un daño a una de las partes o bien a ambas " (De Santo, Víctor, "Tratado de los Recursos, Tomo II, p. 313).

Es menester puntualizar que los agravios señalados en esta acción - la interpretación efectuada en cuanto a la prescripción del pagaré -, ha sido objeto de debate y pronunciamiento en las instancias correspondientes. Esta Corte en reiterados fallos ha sostenido que no corresponde volver a examinar aquellas cuestiones que ya han sido oportunamente discutidas y resueltas, por no ser Tribunal de Tercera Instancia. "La acción de inconstitucionalidad no es el campo establecido para reabrir el debate sobre cuestiones que han sido ampliamente consideradas, debatidas y resueltas en instancias inferiores conforme el leal saber y entender de los magistrados intervinientes, tanto más que no se advierte el coartamiento de ningún principio de orden constitucional que haya menguado tas posibilidades del libre ejercicio de sus derechos por los litigantes" (Acuerdo y Sentencia N° 375 del 19 de setiembre de 1996 - C.S.J).

Por lo tanto, conforme a lo expresado precedentemente, y no existiendo vicio ni lesión alguna que reparar, corresponde que la acción de inconstitucionalidad interpuesta sea desestimada Costas a la parte vencida. Es mi voto.

A su tumo el Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ dijo: 1) El Abog. Santiago Gadea Prado (Mat. N° 8.237), en nombre y representación del Sí: Lauro Becker y la Sra. Marina Gladys Wolf de Becker, bajo patrocinio del Abog. César M. Diesel Junghanns, promovió acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 14 del 17 de febrero de 2.003, y el Acuerdo y Sentencia N° 33 de fecha 27 de febrero de 2.003, dictados por el tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, en los autos citados más arriba.

2) Por la primera de las resoluciones impugnadas por esta vía se resolvió: 1) DESESTIMAR el recurso de nulidad planteado por la parte demandada; 2) DECLARAR desierto el recurso de nulidad planteado por la parte actora; 3) CONFIRMAR, con costas, los puntos primero y tercero, de la S.D. N° 87 de fecha 29 de agosto de 2.001, por los fundamentos y con los alcances señalados en el exordio de esta resolución; 4) CONFIRMAR, con costas, los puntos segundo y cuarto, de la S.D. N° 87 de fecha 29 de agosto de 2.001 por los Fundamentos y con los alcances señalados en el exordio de esta resolución El Ad-quem, en mayoría, sostuvo que el certificado de deuda elaborado por el Banco (parte actora) constituía el titulo ejecutivo presentado en autos y no, el pagaré suscripto por los demandados. Consideró que la validez del certificado de deuda surge del Art. 68 de la Ley N° 1.229/86 y del Art 448, inc. j) del C.P.C., por lo que constituye titulo válido Sostuvo la existencia, entre las partes, de un contrato de cuenta corriente bancaria y en este sentido, consideró que la acción emergente del mutuo instrumentado en el pagaré tiene continuidad de ejecución en la cuenta corriente y por tanto, no puede presumirse la inactividad del demandante, sino hasta el cierre de la misma, porque la cuenta corriente es la ejecución del préstamo instrumentado en el pagaré.

2.1) En virtud de la segunda resolución impugnada el Ad-quem resolvió: HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado en los términos del considerando de la presente resolución, estableciendo la confirmación, con costas, de los referidos puntos de la S.D. N° 474 de fecha 10 de junio de 2.002.

2.2) Recordemos que por S.D.N° 474 de fecha 10 de junio de 2.002, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, resolvió rechazar la excepción de prescripción opuesta y, consecuentemente resolvió llevar adelante la ejecución prendaria.

3) El accionante sostiene que las resoluciones impugnadas han sido dictadas en abierta violación a los elementales principios constitucionales de igualdad y defensa en juicio, y además el pronunciamiento mismo es inconstitucional e incongruente. En suma, las mismas son notoriamente arbitrarias, pues contienen una absurda apreciación de los hechos y de la prueba producida en autos. Señala, en efecto, que el Tribunal ha omitido considerar y resolver cuestiones oportunamente planteadas, y por otro lado se ha pronunciado sobre cuestiones no propuestas, además ha aplicado pautas de excesiva amplitud en sustitución de normas positivas que directamente corresponden, ha prescindido de prueba decisiva y ha invocado la inexistente, y sus argumentos contradicen abiertamente las constancias del expediente. Por otro lado, resulta conveniente señalar que el accionante también realiza una crítica contra el fallo dictado en Primera Instancia, indicando que el mismo es arbitrario, sin embargo la presente acción no fue dirigida en contra de dicha resolución (fs. 12/18).

3.1) Corrido traslado, el Abog. Juan Zenón Torres Martínez (Mat. N° 5.703), manifiesta que el deudor ejecutado con la presente acción pretende abrir una tercera instancia no permitida por nuestra legislación vigente, pues el escrito de promoción, si bien cita normas constitucionales, no argumenta cuales serían las lesiones constitucionales que pudo haber ocasionado las resoluciones atacadas de inconstitucional. Concluye su presentación, solicitando el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad (fs.23/27).

4) El Fiscal Adjunto, Abog. Marco A. Alcaraz, se expidió en los términos del Dictamen N° 2.282 del 3 de setiembre de 2.003, señalando que en la presente causa se ha violado el Art. 256 de la Constitución Nacional que establece que toda resolución judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley, y el principio de la defensa en juicio, consagrado en nuestra Carta Magna, concluyendo que corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad (fs. 29/32).

5)De la atenta lectura de las constancias de los autos principales, surge que la parte actora promovió demanda de ejecución prendaria en fecha 05 de setiembre de 2.001, presentando como titulo ejecutivo un certificado de deuda, un pagaré y una Escritura Pública de préstamo con garantía prendaria, formalizada entre Lauro Becker Dietze y el Banco Nacional de Trabajadores. La parte demandada, ante la pretensión de la parte adora de llevar adelante la ejecución, opuso excepción de prescripción, fundado en que el pagaré que dio origen al certificado de deuda expedid a por el Síndico de Quiebras, se hallaba prescripto.

6) La cuestión a ser resuelta por esta vía extraordinaria se centra en determinar si el ad-quem ha incurrido o no en la causal de arbitrariedad alegada por el accionante, como fundamento de su pretensión. En esta sentida se debe analizar si se han aplicado correctamente las normas jurídicas que rigen la materia y los hechos expuestos por las partes, así como las probanzas, puestos a consideración del Tribunal.

6.1) El Ad-quem, en mayoría, sostuvo la existencia de un Contrato de Cuenta Corriente bancaría entre las partes y con ese fundamento entendió que no puede hablarse de inacción de la parte actora hasta el cierre de dicha cuenta corriente bancaría, ni mucho menos de prescripción, cuando que en realidad lo que aconteció es que las partes han convenido, en la Escritura respectiva, un Contrato de Préstamo Bancario con garantía prendaría. En la citada Escritura Pública se deja constancia que el deudor suscribe un pagaré por el valor del préstamo a la orden del Banco y la cláusula quinta establece que a exclusiva opción del Banco, el Certificado de Deuda y/o titulo comprobatorio de la deuda que en cada caso instrumente una obligación del deudor acompañada de la Escritura, constituirá título ejecutivo, sea que la obligación esté documentada en pagarés.

6.2) Como quedó señalado en el Dictamen Fiscal, el Certificado de Deuda expedido por el Banco en virtud de la facultad establecida en la Ley N°1.229/86no puede sustituir al título preexistente. Admitir que la prescripción no quedó operada en la causa, llevaría a sostener que para el Banco no corre el plazo de prescripción pues, el mismo amparado en la Ley Orgánica, podría crear títulos ejecutivos posteriores, subsanando así la inacción que pueda afectar a otros documentos obligacionales preexistentes.

6.3) Por otro lado, resulta conveniente señalar que el Certificado de Deuda le otorga autenticidad o indubitabilidad a una deuda que existe válidamente por sí misma, no crea la obligación que es preexistente. Tratándose de mutuos fraccionados en pagarés debe regir el plazo de prescripción de los títulos al portador, que es de cuatro años, de conformidad con lo previsto en el Art. 661, inc. c) del Código Civil.

6.4)De lo transcripto, se observa una evidente inacción por parte de la ejecutante, quien debió iniciar la ejecución mientras tenía vigencia el título ejecutivo (pagaré), y no a través de un certificado de deuda creado para suplir la negligencia del acreedor originario, a mas de adolecer de falencias y de ser incompleto.

7)Esta circunstancia hace que la resolución judicial impugnada resulte violatoria de la Constitución Nacional, específicamente en lo que se refiere al derecho a la defensa y del debido proceso (Arts. 16 y 17, CN), en razón de que la excepción opuesta es el medio que permite evidenciar la falta de requisitos formales inherentes al ejercicio de la acción. El fallo impugnado incurre en la causal de arbitrariedad, que se contrapone al principio de protección a quienes acuden a los estrados judiciales ante decisiones que no tienen otro fundamento que la voluntad de quienes las suscriben, no pudiendo ser consideradas verdaderas sentencias judiciales. El sustento de la declaración de arbitrariedad está en la gravedad de la lesión al servicio de justicia por la magnitud del desacierto de la decisión. Toda resolución judicial debe ser una derivación razonada que respete los hechos y el derecho debatidos en la causa.Es una obligación fundamental en un sistema jurisdiccional democrático: la motivación adecuada de los fallos es la mayor garantía de que la administración de justicia cumple con los postulados del Estado de Derecho. La doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las resoluciones de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

8) A la luz de las consideraciones expuestas, concluyo que los fallos impugnados resultan arbitrarios e incompatibles con el debido proceso y con el derecho a la defensa en juicio, violando los Arts. 16, 17 y 256 de la Carta Magna. En consecuencia, voto por la acogida favorable de la acción intentada, declarando la nulidad del Acuerdo y Sentencia N° 14 del 17 de febrero de 2.003, y el Acuerdo y Sentencia N° 33 de fecha 27 de febrero de 2.003, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, en los autos citados más arriba, y atento a lo dispuesto en el Art. 560 del C.P.C se deberá remitir el presente juicio al Tribunal que le sigue en orden de turno.Las costas deben ser impuestas a la parte vencida. Es mi voto.

A su turno la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: Me adhiero al voto emitido por el ilustre Ministro Dr. Antonio Fretes y agrego las siguientes cuestiones:

El objeto de estudio en el caso particular, se circunscribe para esta Corte, en determinar si se ha quebrantado o no la garantía constitucional contenida en el artículo 17, sobre el debido proceso; el artículo 47, de la garantía de la igualdad de las partes, y la enunciada en el artículo 256, segunda parte, referente al deber que tienen los magistrados de fundar sus resoluciones de acuerdo con sus disposiciones y con la Ley, para así no caer en el dictado de resoluciones comúnmente denominadas, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como "sentencias arbitrarias".

Tenemos que él accionante ha tenido intervención en todos los actos que hacen al proceso, conforme a las prescripciones legales. Tampoco se advierte merma del derecho a la defensa en los trámites realizados en segunda instancia, por lo que no existe violación al derecho a la defensa ni conculcación de derechos procesales. En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la igualdad entre las partes, la mera aplicación de distintos criterios por los juzgadores de las instancias ordinarias no puede ser considerada como conculcación a dicha garantía.

En cuanto a la arbitrariedad alegada, de un minucioso examen de las resoluciones impugnadas, se constata que las mismas han sido dictadas dentro del margen de discrecionalidad que la ley otorga a los magistrados al evaluar los hechos e interpretar la norma aplicable al caso. En efecto, no surge que los magistrados hayan fundado la resolución en su mero parecer o apreciación personal, como así tampoco en alguna ley inexistente o derogada, o desconociendo las circunstancias del caso. No se puede por tanto considerar arbitraria ni violatoria de derecho constitucional alguno.

De la atenta lectura del escrito de promoción de la acción en estudio se evidencia, sin lugar a dudas, la intención de convertir a esta Corte en un Tribunal de Tercera instancia, lo cual es inadmisible.

La apertura de esta instancia constitucional es sólo y exclusivamente una vía extraordinaria, excepcional, previa para corregir la conculcación a normas de máximo rango. No es una instancia ordinaria, o una tercera instancia de revisión de las decisiones judiciales que se estimen equivocadas o injustas. La discrepancia con el criterio sustentado por los juzgadores, no constituye argumento suficiente para la procedencia de una acción de la naturaleza en estudio y menos aún cuando dicha interpretación no resulta antojadiza, o basada en el sólo parecer de los magistrados. En este sentido, numerosos fallos emanados de esta instancia, han sostenido que la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto precautelar los principios, derechos y garantías contenidos en la norma fundamental, y esto no implica revisión de sentencias, si las mismas han sido dictadas en virtud de los principios de bilateralidad, contradicción de ambas partes, del debido proceso y las facultades discrecionales que la ley otorga a los Jueces.

"La Acción de Inconstitucionalidad no es el campo establecido para reabrir el debate sobre cuestiones que han sido ampliamente consideradas, debatidas y resueltas en instancias inferiores conforme el leal saber y entender de los magistrados intervinientes, tanto más que no se advierte el coartamiento de ningún principio de orden constitucional que haya menguado las posibilidades del libre ejercicio de sus derechos por los litigantes" (Ac. y Sent. N° 375 del 19 de setiembre de 1996).

Por tanto, ante la inexistencia de vulneración a normas garantías constitucionales, voto por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad intentada, con imposición de costas a la perdidosa. Es mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

SENTENCIA NUMERO: 748/10.

Asunción, 29 de diciembre de de 2.010.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA CONSTITUCIONAL 
RESUELVE:

NO HACER LUGAR, a la acción de inconstitucionalidad deducida.

COSTAS, a la vencida.

ANOTAR, registrar y notificar.

Ante mí:
Alicia Pucheta de Correa.
Víctor M. Núñez R.
Antonio Fretes.
Héctor Fabián Escobar Díaz.

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