14 de septiembre de 2012

EJECUCION HIPOTECARIA [ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD RECHAZADA]

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “RUBEN ARIEL MEZA C/ CELSO ZUAREZ S/ EJECUCION HIPOTECARIA ”.------------------

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO TRES


En Asunción del Paraguay, a los ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Presidente, Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA Ministros, Doctores Doctores, RAUL SAPENA BRUGADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, JERONIMO IRALA BURGOS, ELIXENO AYALA, CARLOS FERNANDEZ GADEA, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO Y ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, ante mi, el secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “RUBEN ARIEL MEZA C/ CELSO ZUARES S/ EJECUCION HIPOTECARIA”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Celso Zuarez Domínguez bajo patrocinio del Abogado Luis Agustín Brítez.------------------------------------------------
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: ---------------------------------------

C U E S T I O N:

Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.-------------------------
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, el mismo dio el siguiente resultado: OSCAR PACIELLO CANDIA, SAPENA BRUGADA, LEZCANO CLAUDE, IRALA BURGOS, AYALA, FERNANDEZ GADEA, PAREDES, RIENZI GALEANO Y SOSA ELIZECHE.--------------------------------
A la cuestión planteada, el Doctor PACIELLO CANDIA dijo: “Que el señor Rubén Ariel Meza promovió ejecución hipotecaria contra el señor Celso Zuarez Domínguez y cuando en el juicio respectivo se ordenó la venta en pública subasta del inmueble otorgado en garantía, se promueve la presente acción de inconstitucionalidad en la que, claramente, se aprecia un afán meramente dilatorio, puesto que no existe en la tramitación del juicio en cuestión, ninguna lesión constitucional, desde el momento que contra los pretensos vicios del proceso no se interpusieron en su momento los medios correctivos establecidos en la ley procesal. Se trata de un juicio ejecutivo que autoriza la promoción ulterior de un juicio ordinario y tampoco se ha negado la existencia de la obligación. En tales condiciones, por tanto, cuando corresponde es el rechazo de la acción de inconstitucionalidad y la imposición de la costas irrogadas en esta acción y aplicar lo establecido en el Art. 9 de la ley 1376. Así voto.-------------------------------------------------------------------------
A su turno los Doctores, RAUL SAPENA BRUGADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, JERONIMO IRALA BURGOS, ELIXENO AYALA, CARLOS FERNANDEZ GADEA, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO Y ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro, Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA, por los mismos fundamentos.-----------------------------------------------------------------------------
Con lo que se dió por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por ante mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

SENTENCIA NUMERO: 103
Asunción, 8 de junio de 1995
VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:
1.- RECHAZAR con costas, esta acción de inconstitucionalidad promovida por Celso Zuarez Domínguez en el juicio “Rubén Ariel Meza c/ Celso Zuarez s/ ejecución hipotecaria.-----------------------------------------------------------------
2.- REGULAR los honorarios profesionales del Ab. Eustacio Hermosilla, dejándolos establecidos en la cantidad de quinientos mil guaraníes (Gs. 500.000) y los del abogado Luis Agustín Brítez, estableciéndolos en la cantidad de doscientos cincuenta mil guaraníes (Gs. 250.000), por los trabajos cumplidos en la acción rechazada.----------------------------------------------------------------------------------
3.- ANÓTESE, regístrese y notifíquese.-------------------------------------

Ante mí:

LEY Nº 1.016/97 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE AZAR.

LEY Nº 1.016/97

QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE AZAR.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES - DEFINICIÓN 
Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en la presente ley establecen las regulaciones a que deben ajustarse las personas físicas o jurídicas que deseen instalar y operar los juegos de azar permitidos por la presente ley. 
A los efectos de esta ley se entiende por apuesta o juego de azar la adquisición de un bien o de un derecho como resultado de un acontecimiento futuro o de uno realizado, pero desconocido para las partes, por medios que no se decidan por la fuerza, la destreza o la inteligencia de los jugadores, o en la que estos atributos concurran en un porcentaje mínimo y no incidan decisivamente en el resultado. 
Artículo 2º.- Toda modalidad de juego, apuesta o participación en los mismos, deberá realizarse de conformidad con un reglamento de juegos que será dictado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar y que contendrá, además de las condiciones de los premios instituidos, los descuentos que incidirán sobre los mismos.

TITULO II 
JUEGOS AUTORIZADOS 

Artículo 3º.- Los juegos autorizados por esta ley son: 
1) Los de Casinos, que incluyen los juegos que operan, total o parcialmente, en sus instalaciones, tales como la ruleta, punto y banca, dados, naipes, black jack, juegos electrónicos y/o similares a la actividad. 
2) Loterías, que podrán ser diferidas o instantáneas: 
a) Se consideran loterías diferidas aquellos juegos en los que se conceden premios en dinero, en bienes muebles e inmuebles y en servicios, en los casos en que el número o números expresados en el billete o boleto en poder del jugador coincida en todo o en parte con el que se determina a través de un sorteo, debidamente fiscalizado y celebrado en acto público, en la fecha indicada en el billete o boleto; 
b) Serán también consideradas loterías diferidas las diversas variantes de juegos en los que se conceden premios en dinero, en bienes muebles e inmuebles y en servicios, en los casos en que el número o conjunto de números, expresados en un boleto o billete, coincida con los números premiados en uno o varios sorteos realizados por el procedimiento de extracción de bolillas o similares y que son publicados por medio de la radio, la televisión u otros medios de difusión pública; y 
c) Las loterías instantáneas son modalidades de juego que consisten en la adquisición por un precio cierto de un boleto, cartón, tickets o similares, que contiene números, símbolos, figuras o textos expresivos del premio asignado, que puede ser dinero, bienes muebles, inmuebles o servicios, cuyo resultado se obtiene removiendo, raspando o arrancando la película o capa de látex u otro material que cubre los números o caracteres insertos en aquellos. 
3) Rifas: son modalidades de juego que consisten en sorteos de sumas de dinero o de bienes muebles, inmuebles o servicios, celebrados entre los adquirentes de uno o varios boletos, tickets o similares, de un importe único y cierto, fraccionables o no, correlativamente numerados o de otra forma diferenciados entre sí. Tales instrumentos del juego deberán expresar la modalidad y la fecha del sorteo o premiación. 
4) Bingo: se trata de una lotería que contiene noventa números, del 1 al 90 inclusive, siendo la unidad de juego cartones o tarjetas integradas por quince números distintos entre sí, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una y nueve columnas verticales, en cualquiera de las cuales puede haber tres, dos o un número, pero sin que nunca haya una columna sin número, premiándose las siguientes combinaciones: 
4.1 Línea: se da cuando se completan los cinco números colocados horizontalmente; 
4.2 Cuadro: se da cuando se completan los cinco números de los cuadros; y, 
4.3 Bingo: se da cuando se completa todos los números que integran el cartón o la tarjeta. 
5) Quiniela: es un juego de apuestas directas, indirectas, combinaciones, terminaciones y/o invertidas, a números de tres, dos y una cifra, sin perjuicio de la cantidad de bolillas y extracción de premios que se usen en el sorteo y en virtud del cual el apostador, por un precio cierto, obtiene premios en dinero, con dividendos fijos, variables, mixtos y/o acumulados.
6) Combinaciones aleatorias o chance: es una modalidad de juego que consiste en el sorteo de dinero, muebles, inmuebles o servicios, realizado con fines publicitarios por una persona, entidad o empresa, entre los consumidores de los bienes o servicios objetos de la publicidad, al precio ordinario o menor, sin o con alguna contraprestación. 
7) Juegos electrónicos de azar: son aparatos manuales o automáticos, eléctricos o electrónicos, que habilitan el juego con fichas o monedas adquiridas por un precio, que posibilita la obtención de un resultado, remunerado o no y al que se arriba en función del azar o de la habilidad del jugador. 
8) Apuestas deportivas: son las actividades en las que se arriesga una cantidad de dinero sobre los resultados de un evento deportivo previamente determinado, de desenlace incierto y ajeno a las partes intervinientes. 
9) Carreras de caballos: son juegos cuyos resultados son determinados por las posiciones de llegada de los animales que intervienen en la disputa.
10) Telebingo: son sorteos que se realizan semanalmente por TV en directo. El juego consiste en un cartón con quince números sobre veinticinco posibles. El sorteo es semanal. 
Artículo 4º.- La planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad reglada por esta ley, serán ejercidos por la Comisión Nacional de Juegos de Azar, la que será integrada de la siguiente forma: 
- Un representante del Ministerio de Hacienda; 
- Un representante de las Gobernaciones, designado por mayoría simple de votos de los gobernadores; 
- Un representante de las municipalidades, designado por mayoría simple de votos de los intendentes comisionados por sus pares, uno por cada departamento; 
- Un representante del Ministerio del Interior; y 
- Un representante de la DIBEN. 
Artículo 5º.- La Comisión Nacional de Juegos de Azar funcionará bajo la dependencia administrativa del Ministerio de Hacienda, cuyo representante la presidirá. La misma dictará su propio reglamento de organización y sus recursos serán establecidos en el Presupuesto General de la Nación. 
Artículo 6º.- Serán funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar: 
a) elaborar los pliegos de bases y condiciones para las licitaciones públicas y/o concursos de antecedentes, a los fines del otorgamiento de las concesiones para la explotación de los juegos de azar autorizados para operar en toda la República; 
b) realizar los cálculos para la distribución de los cánones fiscales establecidos en los Artículos 40 y 41 de la Ley Nº 426/94; y 
c) proponer al Poder Ejecutivo la designación de los funcionarios de la Comisión, previo concurso de méritos y antecedentes. 
Artículo 7º.- La concesión para la explotación de los juegos de azar de carácter nacional se realizará exclusivamente por licitación pública, por el plazo de cinco años contados desde la fecha de celebración del contrato, salvo las excepciones previstas en esta ley. 
Artículo 8º.- Las concesiones serán otorgadas a la mejor oferta presentada y que se ajuste a las normas dictadas por la autoridad competente, entre las que se incluirá la facultad de incrementar el canon. Las decisiones de adjudicación de los juegos de azar de carácter nacional requieren la aprobación del Poder Ejecutivo. 
Artículo 9º.- Los pliegos de bases y condiciones contemplarán, entre los requisitos que deberán cumplir los oferentes, lo siguiente: 
a) fianza bancaria real o seguro de garantía que cubra el monto de la oferta por seis meses. La fianza deberá extenderse por todo el tiempo de la concesión; y 
b) canon mínimo mensual ofrecido o porcentaje sobre las recaudaciones o utilidades o en forma combinada, según se determine; las modalidades de pago, los sistemas de actualización o reajuste del canon y cualquier otra circunstancia necesaria para precautelar el interés público y la transparencia de los contratos y servicios prestados.
Artículo 10.- La convocatoria para el otorgamiento de juegos de azar de carácter nacional se hará a través de la publicación de avisos, por diez veces, por lo menos, en dos periódicos de circulación nacional, con una anticipación mínima de treinta días a la fecha de apertura de las ofertas. Los avisos detallarán el objeto de la licitación, costo de adquisición de los pliegos, plazo de vencimiento de presentación de las ofertas y día y hora de apertura de los sobres respectivos. 
Artículo 11.- La Comisión Nacional de Juegos de Azar examinará las ofertas y establecerá la mejor tomando en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: 
a) el monto del canon; 
b) la capacidad financiera; 
c) la capacidad jurídica; 
d) los antecedentes y experiencia en la actividad licitada; y 
e) la garantía ofrecida. 
Artículo 12.- Cuando el canon ofrecido se establezca en base a porcentajes sobre las recaudaciones o utilidades o en forma combinada, la Comisión Nacional de Juegos de Azar tendrá facultades de designar auditores para fiscalizar las cuentas de los concesionarios. 
Artículo 13.- El concesionario abonará el importe del canon establecido dentro de los cinco primeros días hábiles del mes posterior al que correspondan los ingresos, depositando su importe en las cuentas bancarias habilitadas por la Comisión Nacional de Juegos de Azar. 
Artículo 14.- El canon debe ser abonado en el plazo estipulado. La falta de pago en término autoriza la percepción de una multa del 1% (uno por ciento) del canon mensual por cada diez días de atraso. 
Al cumplirse un mes de mora, la Comisión podrá hacer efectivo el canon adeudado descontando del depósito de garantía constituido e intimará al concesionario para que dentro de los diez días subsiguientes reponga dicha garantía, bajo apercibimiento de duplicar los intereses punitorios hasta un plazo máximo de noventa días, a cuyo vencimiento podrá revocar la concesión.
Artículo 15.- La Comisión Nacional de Juegos de Azar verificará el funcionamiento de los diversos establecimientos dedicados a la actividad y está facultada a disponer la clausura preventiva inmediata de todo local no autorizado. Se considerará clandestina toda explotación de juegos de azar que no cuente con la autorización de autoridad competente o no la exhiba a requerimiento de los funcionarios autorizados. 
Artículo 16.- Verificado el carácter clandestino de un local de juego, la Comisión Nacional de Juegos de Azar solicitará la clausura del mismo al juez de primera instancia en lo criminal de turno o a la autoridad judicial competente de la jurisdicción. La resolución deberá dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas de solicitada y será apelable al solo efecto devolutivo. 
Artículo 17.- La explotación de juegos de azar no autorizados por la autoridad competente es delito económico contra el erario, equiparado al delito de estafa previsto en la legislación penal. La Comisión efectuará la denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de turno, acompañando los antecedentes del caso. 
Artículo 18.- De los premios. Los premios consistentes en bienes muebles deberán estar depositados o instalados en lugares donde el público pueda examinarlos y los consistentes en inmuebles en condiciones de libre disposición. Todos los premios deberán ser de propiedad del organizador o acreditar el mismo la facultad suficiente para transferir el dominio. En los casos de premios cuya transferencia de dominio debe efectuarse por escritura pública, deberá consignarse en el instrumento del juego la obligación de su organizador de realizar la transferencia de la propiedad del premio dentro del plazo máximo de siete días de la fecha del sorteo, sin cargo para el beneficiario.
Artículo 19. - Los premios deberán ser reclamados por los beneficiarios dentro de los sesenta días posteriores al sorteo. 
Los premios no entregados por no presentarse el ganador, serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas no pudiendo repetirse las donaciones a una misma entidad mientras no se haya asignado tal beneficio a las demás entidades de beneficencia reconocidas legalmente. 
Las loterías nacionales se hallan exceptuadas de esta disposición. 
Artículo 20.- Los juegos cuya explotación debe ser necesariamente concedida por licitación pública son los siguientes: 
a) casinos de juegos de azar; 
b) quiniela; 
c) bingo; 
d) lotería instantánea; 
e) lotería diferida en sus diversas modalidades; 
f) rifa de distribución general en todo el país; 
g) tele bingo; 
h) hipódromo; 
i) loto; 
j) apuestas deportivas; y 
k) quini seis. 
Artículo 21.- Los tipos de juegos de azar autorizados para su explotación con carácter de exclusividad en todo el país son: 
a) quiniela; 
b) lotería instantánea; 
c) lotería diferida en sus diversas modalidades; 
d) cuatro rifas (por un período igual, una por trimestre); 
e) tele bingo, uno por cada canal abierto; 
f) apuestas deportivas; y 
g) quini seis.
Artículo 22.- El número y tipos de juegos de azar autorizados para su explotación con exclusividad a nivel departamental son: 
a) un local para bingo; y 
b) hipódromo. 
Artículo 23.- El número y tipos de juegos de azar autorizados para su explotación con exclusividad a nivel municipal son: 
a) un local para bingo; 
b) locales para juegos electrónicos de azar; 
c) rifas de entidades sociales, deportivas, educacionales y religiosas del ámbito de su jurisdicción; 
d) un bingo radial; 
e) rifas comerciales de carácter local; y 
f) canchas de carreras de caballos. 
Artículo 24.- De los casinos. Se consideran casinos a los establecimientos destinados a la realización de juegos de azar tales como ruleta, punto y banca, naipes, dados, juegos electrónicos de azar y similares que funcionen en un mismo local. 
Artículo 25.- Se concederá la concesión para la explotación de casinos solamente en los siguientes lugares del país: Asunción y en los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Amambay, Cordillera, Misiones y Central. Sólo podrán funcionar más de un casino en la ciudad de Asunción y en los departamentos con más de 250.000 (doscientos cincuenta mil) habitantes. 
Artículo 26.- Hipódromos. La explotación de las carreras de caballos en distritos de más de 100.000 (cien mil) habitantes sólo podrá efectuarse en hipódromos habilitados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar, la que podrá, igualmente, autorizar el funcionamiento de oficinas de apuestas, dependientes de la administración del hipódromo, en las localidades que determine. El plazo de la concesión será determinado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar. 
Artículo 27.- Los departamentos y municipalidades que otorguen concesiones o permisos para la explotación de juegos de azar conforme a lo dispuesto en los Artículos 22 y 23 de esta ley, establecerán sus respectivas estructuras administrativas a los fines del control y supervisión pertinentes, así como para la recaudación de cánones a su cargo y su redistribución. 
Artículo 28.- Los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social, preferentemente en inversiones de capital y equipamientos. 
Artículo 29.- La contabilidad de las empresas concesionarias de casinos de juegos de azar que tengan por objeto otras actividades de carácter comercial, deberá ajustarse a las disposiciones legales vigentes y a aquellas que establezca la Subsecretaría de Estado de Tributación y/o la Dirección General de Grandes Contribuyentes, debiendo en forma obligatoria llevar contabilidad independiente para la actividad del casino o de los juegos de azar que explotaren. 
Artículo 30.- Los cánones percibidos por mes vencido por la Administración Central, por las gobernaciones o las municipalidades, según los casos, serán distribuidos conforme se especifica seguidamente: 
a) Juegos de azar de nivel nacional. El canon producido por los juegos a nivel nacional será distribuido conforme al porcentaje establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 426/94, de la siguiente manera: 
- 30 % (treinta por ciento) a los gobiernos municipales incluido el de Asunción. 
Para el respectivo cálculo se sumarán los ingresos totales que correspondan a los juegos, debiendo dividirse esta suma global por el total de habitantes del país, obteniéndose así el cociente por cada habitante. Los municipios recibirán el 30 % (treinta por ciento) de la siguiente forma: el 50% (cincuenta por ciento) de este porcentaje se distribuirá en partes iguales entre todos los municipios y el otro 50% (cincuenta por ciento) lo recibirán multiplicando el número de habitantes de cada municipio por el cociente obtenido según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. 
- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos departamentales. Para el respectivo cálculo también se tomará en cuenta el cociente por cada habitante. Los departamentos recibirán el 30% (treinta por ciento) que le corresponde de la siguiente manera: el 50% (cincuenta por ciento) del mismo se distribuirá en partes iguales entre todos los departamentos y el otro 50% (cincuenta por ciento) multiplicando el número de habitantes del departamento por el cociente obtenido. 
- 30% (treinta por ciento) y 10% (diez por ciento) a la DIBEN y al Tesoro Nacional, respectivamente. Para el cálculo se toma en cuenta el total recaudado dividido por el porcentaje asignado. 
b) Juegos de azar de nivel departamental. El ingreso del canon producido por los juegos de nivel departamental será distribuido por el porcentaje establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 426/94, de la siguiente manera: 
- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos municipales afectados por los juegos. Para el cálculo respectivo se sumarán los ingresos totales que correspondan a los juegos de ese departamento, debiendo dividirse esta suma global por el total de habitantes del departamento, obteniéndose así el cociente por cada habitante del departamento. Los municipios recibirán el 30% (treinta por ciento) de la siguiente forma: el 50% (cincuenta por ciento) de este porcentaje se distribuirá en partes iguales entre todos los municipios del departamento y el otro 50% (cincuenta por ciento) lo recibirán multiplicando el número de habitantes de cada municipio por el cociente obtenido. 
- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos departamentales, 30% (treinta por ciento) a la DIBEN, 10% (diez por ciento) al Tesoro Nacional. Para su respectivo cálculo se toma en cuenta el total recaudado por el porcentaje asignado. 
c) Juegos de azar explotados por el Municipio de Asunción. El ingreso del canon producido por los juegos de azar en el Municipio de Asunción se distribuirá conforme al porcentaje establecido en el Artículo 41 de la Ley Nº 426/94, de la siguiente manera: 
- 25% (veinticinco por ciento) a la Municipalidad de la Capital de la República. Para el cálculo respectivo se sumarán los ingresos y este total se dividirá por el porcentaje asignado. 
- 20% (veinte por ciento) a los gobiernos departamentales. 
Para el respectivo cálculo también se tomará en cuenta el cociente por cada habitante. 
Los departamentos percibirán el 20% (veinte por ciento) de la siguiente manera: el 50% (cincuenta por ciento) del mismo se distribuirá en partes iguales entre todos los departamentos y el otro 50% (cincuenta por ciento) multiplicando el número de habitantes del país por el cociente determinado. 
- 20% (veinte por ciento) a los gobiernos municipales de menores recursos. Los municipios de menores recursos serán previamente establecidos de acuerdo al Artículo 38 de la Ley Nº 426/94. Una vez determinado tales municipios, se procederá como sigue: se tomará el 20% (veinte por ciento) de los ingresos totales que corresponden a los juegos, debiendo dividirse esta suma global por la suma de habitantes de todos los municipios de menores recursos, obteniéndose así el cociente por habitante. Los municipios recibirán 20% (veinte por ciento) de la siguiente manera: el 50% (cincuenta por ciento) del mismo se distribuirá en partes iguales entre todos los municipios de menores recursos y el otro 50% (cincuenta por ciento) multiplicando el número de habitantes de cada municipio de menor recurso por el cociente así determinado. 
- 25% (veinticinco por ciento) a la DIBEN. 
- 10% (diez por ciento) a Rentas Generales. 
Para el respectivo cálculo se toma en cuenta el total recaudado dividido por el porcentaje asignado. 
d) Juegos de azar de nivel municipal. El ingreso del canon producido por los juegos de nivel municipal será distribuido conforme al porcentaje establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 426/94 de la siguiente manera: 
- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos municipales afectados por los juegos. Para el cálculo respectivo se sumarán los ingresos totales que corresponden a los juegos de los que se retiene el 30% (treinta por ciento) para ese municipio. 
- 30% (treinta por ciento) a los gobiernos departamentales donde se implementaron los juegos. 
- 30% (treinta por ciento) a la DIBEN y 10% (diez por ciento) al Tesoro Nacional. 
Para el respectivo cálculo se toma en cuenta el total recaudado dividido por el porcentaje asignado. 
Artículo 31.- Deróganse todas las leyes, decretos y resoluciones administrativas que contengan disposiciones contrarias a las de esta ley. 
Artículo 32.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Disposición Transitoria 

Artículo 33.- Se considerarán canceladas todas las autorizaciones de explotación de cualquier tipo de juego de azar otorgada con anterioridad, salvo que las concesiones anteriores estén dentro de los seis meses finales de su explotación o prórroga. 

Artículo 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el uno de octubre del año un mil novecientos noventa y seis y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley, el tres de diciembre del año un mil novecientos noventa y seis. Aceptadas algunas objeciones, rechazadas otras y sancionada la parte no objetada, por la Honorable Cámara de Diputados, el trece de marzo del año un mil novecientos noventa y siete, y por la Honorable Cámara de Senadores, el veintidós de mayo del año un mil novecientos noventa y siete, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 208 de la Constitución Nacional. 

Atilio Martínez Casado 

Presidente 

H. Cámara de Diputados 

Miguel Abdón Saguier 

Presidente 

H. Cámara de Senadores 

Francisco Díaz Calderara 

Secretario Parlamentario 

Nilda Estigarribia 

Secretaria Parlamentaria 

Asunción, 30 de junio de 1997 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 

Juan Carlos Wasmosy 

Miguel Angel Maidana Zayas 

Ministro de Hacienda 
Reglamentado por:
Decreto Nº 6.206/99.
Leyes Relacionadas.
Ley Nº 4.716/12.
Ley N° 4.392/11.
Ley Nº 426/94.

PREPARACION DE ACCION EJECUTIVA [ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD --DESESTIMAR--]

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “FELIX QUINTANA PAREDES C/ CECILIA PAEZ S/ PREPARACION DE ACCIÓN EJECUTIVA”.------------------------------------------



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO SIETE


En Asunción del Paraguay, a los ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Presidente, Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA Ministros, Doctores, RAUL SAPENA BRUGADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, JERONIMO IRALA BURGOS, ELIXENO AYALA, CARLOS FERNANDEZ GADEA, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO Y ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, ante mi, el secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “FELIX QUITANA PAREDES C/
CECILIA PAEZ S/ PREPARACION DE ACCION EJECUTIVA”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Víctor Ilich Sánchez Cano.-----------------

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: --


C U E S T I O N:

Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.-----

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, el mismo dio el siguiente resultado: SAPENA BRUGADA, PACIELLO CANDIA,LEZCANO CLAUDE, IRALA BURGOS, AYALA, FERNANDEZ GADEA, PAREDES, RIENZI GALEANO Y SOSA ELIZECHE.--------------

A la cuestión planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: “Que, el Abogado Víctor Ilich Sánchez Cano, en nombre y representación del Sr. Félix Quintana Paredes, ha promovido acción de inconstitucionalidad contra el A.I. No. 357 del 6 de octubre de 1994, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Quinta Sala.------------------------------------------------------

Que, el Ministerio Público expresa en su Dictamen No. 2603, del 13 de Diciembre de 1994, que “en su escritorio de promoción de la presente acción de inconstitucionalidad, el agraviado expone su fundamento para rebatir la resolución atacada, en forma clara y razonable. Dichos fundamentos serian dignos de estudio detallado, si no fuera por el hecho de que, en el caso en estudio, declarar la inconstitucionalidad de la resolución recurrida, no tendrá ninguna eficacia jurídica. Dicha afirmación, la basamos, en el hecho de que el agraviado solamente interpuso la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la Cámara de Apelación, no así, en contra de la resolución dictada por el A-quo, dejando que esta última cause ejecutoria, es decir, pase en autoridad de cosa juzgada. Se trata, como se ve, de una decisión firme, inapelable, en la cual no aparecen transgredidas disposiciones de la Ley Fundamental.-----------------------

Fundado en la opinión del Ministerio Público, voto por el rechazo, con costas, de la presente acción de inconstitucionalidad.---

A su turno los Doctores, OSCAR PACIELLO CANDIA, RAUL LUIS LEZCANO CLAUDE, JERONIMO IRALA BURGOS, ELIXENO AYALA, CARLOS FERNANDEZ GADEA, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO Y ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro, Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos.------------------

Con lo que se dió por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por ante mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:


SENTENCIA NUMERO: 107

Asunción, 8 de junio de 1995

VISTO:
Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESUELVE:

DESESTIMAR con costas, la acción de inconstitucionalidad deducida por el Abogado Víctor Ilich Sánchez Cano, en nombre y representación del Sr. FELIX QUINTANA PAREDES, contra el A.I. No. 357/94 dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial – Quinta Sala.-------------------------------

ANÓTESE, regístrese y notifíquese.--------------------------------------

Ante mí:

INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES [ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RECHAZADA]

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO”: INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, EN LOS AUTOS”: IRENE EMMA BRITEZ DE LOPEZ C/ ROSA MARIA CABALLERO BRACHO S/ DESALOJO”. ---------------------------------------------------------------


ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO DOCE.-


En Asunción del Paraguay, a los veinte y siete de junio de mil novecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Presidente, Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA Ministros, Doctores, RAUL SAPENA BRUGADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, JERONIMO IRALA BURGOS, ELIXENO AYALA, CARLOS FERNANDEZ GADEA, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO Y ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, ante mi, el secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, EN LOS AUTOS: “IRENE EMMA BRITEZ DE LOPEZ C/ ROSA MARIA CABALLERO BRACHO S/ DESALOJO”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Rosa María Caballero Bracho y bajo patrocinio del abogado Luis Nogués.--------------------

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, resolvió plantear y votar la siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

C U E S T I O N:

Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.------------------

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, el mismo dió el siguiente resultado: LEZCANO CLAUDE, SAPENA BRUGADA, PACIELLO CANDIA, IRALA BURGOS, AYALA, FERNANDEZ GADEA, PAREDES, RIENZI GALEANO Y SOSA ELIZECHE.-------------------------

A la cuestión planteada, el Doctor LEZCANO CLAUDE dijo: “La señora Rosa María Caballero Bracho, con patrocinio de abogado, plantea acción de inconstitucionalidad contra la S.D. No. 478, de fecha 1 de agosto de 1994, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del undécimo Turno; contra el A.I. No. 324 de fecha 25 de octubre de 1994, contra el A.I. No. 12, de fecha 7 de febrero de 1995, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala.--------------------------

Esta acción se funda en la presunta arbitrariedad de las resoluciones judiciales cuestionadas en la violación del derecho a la defensa en juicio consagrado en el articulo 16, de la Constitución.--------------------------

Examinadas las constancias de estos autos, no se observa violación de lo preceptuado en el citado articulo, ni en ninguna otra disposición de rango constitucional. En efecto, tanto la actora como la demandada en la presente acción tuvieron oportunidad en el juicio principal de defender sus derechos en cada etapa procesal y la situación en conflicto fue juzgada por magistrados competentes en la materia, aplicando las normas jurídicas apropiadas.----------------------------------------------------------------------------------------

En estas circunstancias, reexaminar cuestiones ya debatidas en instancias inferiores, equivaldría a crear una tercera instancia en que se pretende se vuelva a estudiar el caso.--------------------------------------------

Además, la accionante debió interponer el recurso de queja por apelación denegada contra el A.I. No. 12, de fecha 7 de febrero de 1995, quedenegó los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el A.I. No. 412, de fecha 21 de diciembre de 1994. Al no hacerlo, no agotó las vías procésales ordinarias, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 556, inciso a) y 561, del Código Procesal Civil, cuando se tratare de resoluciones judiciales que por si mismas sean violatorias de la Constitución, la acción de inconstitucionalidad sólo podrá deducirse cuando se hubieren agotado los recursos ordinarios---------------

En consecuencia, sobre la base de los precedentemente expuesto, voto por el rechazo de esta acción de inconstitucionalidad, con imposición de costas a la perdidosa.-----------------------------------------------

A su turno los Doctores, OSCAR PACIELLO CANDIA, RAUL SAPENA BRUGADA, JERONIMO IRALA BURGOS, ELIXENO AYALA, CARLOS FERNANDEZ GADEA, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO Y ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro, Doctor LUIS LEZCANO CLAUDE, por los mismos fundamentos.---

Con lo que se dió por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por ante mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:------------------------------------------------------------

Ante mí:


SENTENCIA NUMERO: 112
Asunción, 27 de junio de 1995

VISTO:
Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESUELVE:

RECHAZAR, la presente acción de inconstitucionalidad, con costas.---------------------------------------
ANÓTESE, notifíquese y regístrese.------------------------------------------------------------------------

Ante mí:

13 de septiembre de 2012

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN UNA EJECUCIÓN DE SENTENCIA [DESESTIMAR]

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO”: EJECUCION DE SENTENCIA PROMOVIDA POR AB. HILDA CANDIA BAEZ POR LA REG. ,HON. PROF. DEL EXPTE. : “BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ ALCIDES E. BAEZ MALDONADO S/ JUICIO EJECUTIVO, PRENDARIO E HIPOTECARIO”. ------------

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: CIENTO ONCE.-

En Asunción del Paraguay, a los veinte y siete de junio de mil novecientos noventa y cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Presidente, Doctor OSCAR PACIELLO CANDIA Ministros, Doctores, RAUL SAPENA BRUGADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, JERONIMO IRALA BURGOS, ELIXENO AYALA, CARLOS FERNANDEZ GADEA, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO Y ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, ante mi, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “EJECUCION DE SENTENCIA PROMOVIDA POR AB. HILDA CANDIA BAEZ POR LA REG. HON. PROF. DEL EXPTE.:”BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ ALCIDES E. BAEZ MALDONADO S/ JUICIO EJECUTIVO, PRENDARIO E HIPOTECARIO”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la abogada Hilda Candia Báez.-------------------------------------------------------------------------------
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, resolvió plantear y votar la siguiente: --------------------------------------------------
C U E S T I O N:
Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.------------------
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, el mismo dió el siguiente resultado: SAPENA BRUGADA, LEZCANO CLAUDE, PACIELLO CANDIA, IRALA BURGOS, AYALA, FERNANDEZ GADEA, PAREDES, RIENZI GALEANO Y SOSA ELIZECHE.------------------------------------------------
A la cuestión planteada, el Doctor SAPENA BRUGADA dijo: “Se articula de inconstitucionalidad contra el A.I. No.386 de fecha 28 de diciembre de 1993, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Quinta Sala.--------------------
La acción, la promueve la abog, Hilda Candia Báez por su derecho en los autos mas arriba individualizados.---------------------------------------------------------------------
Alega la recurrente como fundamento de la acción en su escrito de promoción, que el A-quem ha cometido un error al basar el cálculo para la regulación de los honorarios en los arts. 22, 32, y 34 de la ley 1376/88, pues la primera de las disposiciones está referida al justiprecio de los honorarios profesionales para los incidentes, por tanto la resolución recurrida por vía de la inconstitucionalidad es arbitraria.------------------------------------------------------------------------------------------
Analizadas las constancias de estos autos, se advierte que contrariamente a lo aseverado por la accionante, el fallo impugnado no aparece afectando precepto de orden constitucional alguno, la aplicación de las disposiciones legales por parte de los magistrados intervinientes en la causa, se encuentran perfectamente encuadrados dentro de los limites que la norma concede para su aplicación a los casos similares sometido a jurisdicción de los jueces.---------------------------------------------------------
Por lo demás, esta Corte en numerosos fallos viene sosteniendo que no actúa como tribunal de tercera Instancia para decidir y valorar si con las sentencias de los jueces y Tribunales, se han cometido errores de procedimientos o de interpretación, en su caso, sino que se limita a su función jurisdiccional, a determinar si hubo lesión de normas constitucionales que implique violación de principios, derechos y garantías consagrados en la constitución nacional.------------------------------------------------------
Por las consideraciones vertidas precedentemente y las concordantes del ministerio público, la acción de inconstitucionalidad deducida debe ser desestimada, con costas por su orden dada la naturaleza del caso.----------------------------------------
A su turno los Doctores, OSCAR PACIELLO CANDIA, LUIS LEZCANO CLAUDE, JERONIMO IRALA BURGOS, ELIXENO AYALA, CARLOS FERNANDEZ GADEA, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO Y ENRIQUE ANTONIO SOSA ELIZECHE, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro, Doctor RAUL SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos.--------------------------------------------------------------------------------------
Con lo que se dió por terminado el acto, firmando S.S.E.E. todo por ante mi, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Ante mí:
SENTENCIA NUMERO: 111
Asunción, 27 de junio de 1995
VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:
DESESTIMAR, la presente acción de inconstitucionalidad.----------------
IMPONER las costas en el orden causado.------------------------------------
ANÓTESE, notifíquese y regístrese.-------------------------------------------
Ante mí:

4 de septiembre de 2012

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “C. G. A. R. C/ ART. 60 DE LA LEY Nº 1626/2000”.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “CESAR G. AYALA RUIZ DIAZ C/ ART. 60 DE LA LEY Nº 1626/2000”. AÑO: 2008 – Nº 1109.------


ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Once días del mes de Julio del año dos mil doce, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Presidente y Doctores GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y ANTONIO FRETES, Miembros, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “CESAR G. AYALA RUIZ DIAZ C/ ART. 60 DE LA LEY Nº 1626/2000”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el abogado César G. Ayala Ruiz Díaz, por derecho propio.--------------

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:----------------------------------------------

C U E S T I O N:

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.----------------------------

A la cuestión planteada el Doctor NUÑEZ RODRIGUEZ dijo: El abogado César G. Ayala Ruiz Díaz por derecho propio, se presenta a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el Art. 60 incs. 1) y m) de la Ley N° 1626/2000 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", por violación de los Arts. 46, 47, 86, 88, 92, 102, 105 y 137 de la Constitución Nacional.----------------------------------------------------------------------

La Ley N° 1626/2000 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" en su Art. 60 establece: "Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que establezca en los reglamentos respectivos..." inc. 1) "...efectuar o patrocinar para terceros trámites y/o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo su representación"; y el inc. m) "…dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la administración en el orden estatal, departamental o municipal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas... ".-----------------------------------------------

Manifiesta el accionante que la disposición legal atacada lesiona los Arts. 46, 47, 86, 88, 92, 102, 105 y 137 de la Constitución Nacional, reclamando básicamente el derecho de igualdad y a la no discriminación, expresando su inquietud en que la Ley de la Función Pública "Ley 1626/2000" no le permite trabajar con libertad en la profesión de Abogado. La presente acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada.---------

Considero plenamente justificada la incompatibilidad mencionada con cualquier trabajo que pueda menoscabar el estricto cumplimiento de las obligaciones de un funcionario público, teniendo en cuenta las importantes funciones a su cargo que deben ser cumplidas con responsabilidad e imparcialidad. Incluso, está plenamente justificado desde una perspectiva de justicia social en el reparto del empleo público.--------------

El problema, en realidad, podría ser otro: la exigüidad de la compensación económica en la función pública, que compele al servidor público a buscar otros ingresos con los que satisfacer las exigencias de la vida, en el particular entorno que le corresponde vivir. Pero, obviamente, este no es tema puesto a decisión.------------ 

Así y en concordancia con el Art. 102 de la Constitución Nacional "De los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos. - Los funcionarios y empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos" que legitima constitucionalmente a la Ley N°.1626/2000 en la parte que dispone: "De los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados público.- Los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras, dentro de los límites establecidos por la ley... ", considero que la presente acción debe ser rechazada por no afectar a ningún mandato constitucional.---------

En cuanto a la profesión de abogacía, la Constitución Nacional dispone...". El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia...”. El Poder Judicial es el encargado de la administración de justicia y conforme el Art. 3 del C.O.J.: "Son complementarios y auxiliares de Justicia ... los Abogados; los Procuradores;... ". La importancia del ejercicio de la abogacía supone entre otras cosas dedicación y eficiencia, además de la innegable importancia de mantenerla independiente de presiones que puedan comprometer la imparcialidad de la justicia, por lo que, en conclusión, conforme a las consideraciones que anteceden y al Dictamen Fiscal N° 1488 de fecha 07 de octubre de 2.008, voto por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad, dado que la disposición legal que establece la incompatibilidad del ejercicio de la Abogacía o Procuración con la Función Pública no afecta normas constitucionales.-----------------------------------------------------------

A su turno la Doctora BAREIRO DE MODICA dijo: El Abogado César Ayala Ruiz Díaz, por sus propios derechos, en su calidad de funcionario permanente del Instituto de Previsión Social (IPS), promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 60 Incs. 1) y m) de la Ley N° 1626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".------------------------------------- 

Alega el accionante, entre otras cosas, que la norma impugnada viola los Arts. 46, 47, 86, 87, 88, 92, 102 y 137 de la Constitución Nacional ya que le impide su crecimiento personal y profesional, le discrimina impidiéndole ejercer la profesión que eligió con otros clientes que no sean el ente que lo incorporó para las mismas funciones, etc.------- 

 El Art. 60 de la Ley N° 1626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", dispone en sus Incisos 1) y m): "Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos respectivos: a) ...; b)....; ... 1) efectuar o patrocinar para terceros trámite o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo su representación; m) dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la Administración en el orden estatal, departamental o municipal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas; n ...”.---------------------

En primer lugar considero oportuno señalar que la incompatibilidad impuesta al ejercicio de la función del recurrente, es una exigencia derivada de la importancia y dedicación que el cargo público exige. Rohr señala que es necesaria una ética especial que presione el comportamiento de los funcionarios públicos, ya que administran al pueblo en su nombre (Rohr, J. A.: Ethics for Bureacrats, Indiana, 1978.). La prohibición es una garantía para el cumplimiento imparcial, transparente y confiable de la función; y a la vez, una valla ante posibles conflictos de intereses. En el caso de autos, al accionante no se le prohibe trabajar. Puede trabajar en muchísimas actividades lícitas (Art. 14 C.T.), pero la ley puede impedir la ejecución de aquellos en los que están comprometidos los intereses generales de la nación o derechos de terceros preestablecidos por la ley.--

Analizada la acción planteada por el Abogado César Ayala Ruíz Díaz, los argumentos esgrimidos como sustento de la misma, las normas legales en las que se apoya, y habiendo realizado un breve trabajo de hermenéutica jurídica, arribamos a la conclusión que la misma debe ser rechazada por su manifiesta improcedencia. En efecto, los fundamentos que dan sustento a la misma no son conducentes para hacer lugar a sus pretensiones, resultando más que evidente su disconformidad con la incompatibilidad establecida para el ejercicio de la función pública porque le impide fungir de abogado y tener un ingreso distinto al presupuestado por el cargo público.-------------------

El accionante es funcionario público, según consta en autos; es decir, ejerce una función encomendada por el Estado bajo unas características propias y leyes propias que regulan dicha relación laboral: "Los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país" (Art. 101 Primera Parte, Constitución Nacional). Es este el fundamento principal en torno al cual gira la situación de los funcionarios: son nombrados y remunerados para cumplir una función pública en exclusividad. Gozan de los derechos reconocidos por la Constitución y por la ley que reglamenta las distintas carreras, y en tal sentido, compelidos al cumplimiento de sus funciones dentro del marco legal de limitada discrecionalidad.-------------------------

El régimen jurídico de la función pública es un género distinto al del trabajador privado. En este sentido, el trabajador del sector privado tiene su origen, sus obligaciones y sus derechos, principalmente derivadas de un contrato; sin embargo, la función pública se origina fundamentalmente, en un acto o condición que bien puede ser un acto electivo o un nombramiento. Además el ejercicio de la función pública se desenvuelve bajo las siguientes características: 1) Está al servicio del Estado y la comunidad (Art. 101 C.N.), 2) ejerce sus funciones en la forma prevista en la Constitución y las leyes, 3) no puede desarrollar funciones distintas a las previstas en la Constitución y las leyes (principio de legalidad); y 4) su responsabilidad por desempeño en el cargo se determina por la Constitución y las leyes.-----------------------------------------------------------

 Lo pretendido por el accionante es una situación del todo irregular, y atenta abiertamente con el desempeño de una función pública, en desmedro directo de las obligaciones que el cargo incumbe; pudiendo llegar a crear situaciones de conflicto entre intereses públicos y privados. Es decir, entre los intereses del Estado, sus dependencias o instituciones, y los intereses particulares representados por el funcionario desleal. Así vemos que el mismo, puede ser juez y parte de los intereses que representa. Distinto sería que el accionante hubiese demostrado formar parte de la Asesoría Jurídica del Instituto de Previsión Social, en cuyo caso se beneficiaría con lo establecido en el inciso c) del Art. 97 del Código de Organización Judicial, Ley N° 879/81.------------------------------------------ 

 El derecho al trabajo es protegido a nivel constitucional, al igual que se garantiza a los habitantes de la República el derecho a elegir libremente su trabajo, profesión u oficio, cuando dispone: "Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia...", con lo cual podemos avizorar una alternativa al reclamo del accionante.-----------------------------------------------------------------------------------------------

En otros términos, el régimen de incompatibilidades establecido por nuestro sistema jurídico, lejos de ser inconstitucional, es absolutamente racional, lógico, ético y práctico. Por un lado, busca no acumular en un mismo agente dos o más empleos considerados inconciliables por la norma respectiva, y por otro lado, preservar la imposibilidad de ejercer correctamente dos empleos públicos o uno público y otro privado; salvo la docencia.---------------------------------------------------------------------------------------

La doctrina señala que, no mediando una clara incompatibilidad entre la norma impugnada y la Ley Fundamental, toda duda debe resolverse a favor de la aplicación de la ley, la cual, como dijimos, se presume constitucional. Manifiesta Linares Quintana, haciendo colación a un fallo de la Corte Suprema de Argentina, que "para que una ley debidamente sancionada y promulgada sea declarada ineficaz por razón de inconstitucionalidad, se requiere que las disposiciones de una y otra ley sean absolutamente incompatibles... Lo contrario significaría desequilibrar el sistema institucional de los tres Poderes, fundado, no en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe obstruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado..." (LINARES QUINTANA, Tratado de Interpretación Constitucional, Pág. 588-589).------------------------------------------------------

De lo expuesto podemos deducir que los actos públicos se presumen constitucionales en tanto y en cuanto, mediante una interpretación razonable de la Constitución, puedan ser armonizados con ésta. Y entendemos por razonable a lo opuesto a lo arbitrario, y significa: conforme a la razón, justo, moderado, prudente, todo lo cual puede ser resumido: con arreglo a lo que dicte el sentido común. El principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor justicia, y ello en un doble sentido: tanto en cuanto justicia material, como en cuanto ese valor justicia está incorporado formalmente a la Constitución.-------------------------------------

Que en suma, no encuentro fundamentos suficientes que autoricen a suponer la inconstitucionalidad de los incisos impugnados porque los mismos no constituyen una violación de ninguna garantía ni principio de rango constitucional, razón por la cual voto por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad.------------

A su turno el Doctor FRETES manifestó que se adhiere al voto del Ministro preopinante, Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ, por los mismos fundamentos.-------------------

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:----------------------------


Ante mí:



SENTENCIA NUMERO: 798.-

Asunción, 11 de Julio de 2.012.-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
R E S U E L V E:

RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad planteada, por improcedente.--------
ANOTAR, registrar y notificar.---------------------------------------------------------------

FDO.: Doctor VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Presidente y Doctores GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y ANTONIO FRETES. ANTE MÍ: HÉCTOR FABIÁN ESCOBAR DÍAZ (Secretario Judicial I).-

Ante mí:

1 de septiembre de 2012

LEY Nº 1.879/02 DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

LEY Nº 1.879/02

DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

TITULO I

DEL ARBITRAJE

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará al arbitraje privado, nacional e internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados suscritos y ratificados por la República del Paraguay.

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional. Lo dispuesto en los Artículos 11, 20 y 44 al 48 se aplicará aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional.

Artículo 2°.- Objeto de arbitraje. Toda cuestión transigible y de contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firme y ejecutoriada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera la intervención del Ministerio Público.

El Estado, las entidades descentralizadas, las autárquicas y las empresas públicas, así como las municipalidades, podrán someter al arbitraje sus diferencias con los particulares, sean nacionales o extranjeros, siempre que surjan de actos jurídicos o contratos regidos por el derecho privado.

Artículo 3°.- Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entenderá por:

a) Acuerdo de arbitraje: el pacto por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, sea o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente.

b) Arbitraje: a cualquier procedimiento arbitral, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de administrarlo.

c) Arbitraje internacional: aquel en el cual:

1. las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en estados diferentes; o

2. el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto de litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos.

A los efectos de este artículo:

i) si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento a ser tenido en cuenta será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje;

ii) si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.

d) Tribunal arbitral: el integrado por árbitro o árbitros designados por las partes para decidir una controversia.

e) Costas: los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los árbitros; costos de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral; costos de representación y asistencia legal de la parte vencedora si las partes acordaron el reclamo de dicho costo durante el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto es razonable; y retribuciones y gastos de la institución que haya designado a los árbitros.

Artículo 4°.- Reglas de interpretación. Cuando una disposición de la presente ley:

a) deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión, excepto en los casos previstos por el Artículo 32.

b) se refiera a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje a que dicho acuerdo remita.

c) se refiera a la demanda, se aplicará también a la reconvención, y cuando se refiera a la contestación de la demanda, se aplicará asimismo a la contestación de la reconvención, excepto en los casos previstos en el inciso a) del Artículo 28 y el Inciso b) numeral 1 del Artículo 37; sin perjuicio de la decisión de los árbitros sobre su competencia para conocer de la demanda y de la reconvención.

Artículo 5°.- Recepción de comunicaciones escritas. Salvo acuerdo en contrario de las partes:

a) se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario, o que haya sido entregada en su establecimiento o residencia habitual o en el domicilio especial constituido por las partes.

b) la comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega.

Las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones efectuadas en un procedimiento ante un tribunal judicial.

Artículo 6°.- Cómputo de plazos. Para los fines del cómputo de plazos establecidos en la presente ley, dichos plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta.

Si el último día de ese plazo es feriado oficial o no hábil en el lugar de residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, dicho plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

Los demás días feriados oficiales o no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo, se incluirán en el cómputo del plazo.

Artículo 7°.- Renuncia al derecho a objetar. Se considerará que la parte ha renunciado al derecho de objetar cuando, conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley o algún requisito del acuerdo de arbitraje, no exprese su objeción a tal incumplimiento dentro del plazo estipulado. Si las partes no hubiesen estipulado plazo para tal efecto, éste será de cinco días hábiles, a contar del día siguiente al momento en que se tomó conocimiento del hecho.

Artículo 8°.- Improcedencia de la intervención del órgano judicial. Salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por la presente ley, no procederá la intervención judicial.

Artículo 9°.- Autoridad para el cumplimiento de determinadas funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. Cuando se requiera la intervención judicial será competente para conocer el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje.

Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional, conocerá del reconocimiento y de la ejecución del laudo el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de la ubicación de los bienes.

CAPITULO II

ACUERDO DE ARBITRAJE

Artículo 10.- Forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas o telegramas colacionados, en los que conste dicho acuerdo; o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo y sus términos, sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.

Artículo 11.- Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un juez. El Juez al cual se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, al presentarse el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.

Si se ha entablado la acción judicial a que se refiere el párrafo anterior, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez, siempre que las partes antes de dictarse el laudo desistan de la instancia.

CAPITULO III

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Artículo 12.- Número de árbitros. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, el cual deberá ser impar. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres.

Artículo 13.- Nombramiento de los árbitros. Para el nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente:

a) salvo acuerdo en contrario de las partes, ni la nacionalidad ni el domicilio serán obstáculos para el nombramiento de los árbitros. Para el ejercicio de su función los árbitros extranjeros serán admitidos al país como extranjeros no residentes, por el plazo de seis meses, pudiendo éste ser prorrogado por períodos similares y percibirán remuneración por las tareas desempeñadas.

b) sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos d) y e) del presente artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.

c) A falta de tal acuerdo:

1. en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días, contados desde su nombramiento, la designación será hecha por el juez, a petición de cualquiera de las partes, en el plazo de siete días. El tercer árbitro presidirá el tribunal arbitral.

2. en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el juez, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior.

d) cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, una de ellas no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros no puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o bien, un tercero, incluida una institución, no cumpla alguna función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que haga cumplir lo convenido por las partes adoptando las medidas necesarias, en el plazo de siete días, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo.

e) toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al juez en los Incisos c) o d) del presente artículo será inapelable.

f) al nombrar un árbitro, el juez tendrá en cuenta las condiciones requeridas estipuladas entre las partes para un árbitro por el acuerdo y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. Cuando se trate de un arbitraje internacional y el árbitro sea único o se trate del tercer árbitro, el juez tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.

Artículo 14.- Motivos de recusación. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.

Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las calificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado, por causas que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación.

Artículo 15.- Procedimiento de recusación. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros.

A falta de tal acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la constitución del tribunal arbitral o de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el Artículo 14 de esta ley, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre ésta.

Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento acordado por las partes o en los términos del presente artículo, la parte recusante podrá pedir al juez, dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza la recusación, que en el plazo de siete días resuelva sobre la procedencia de la recusación, decisión que será inapelable.

Artículo 16.- Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones. Cuando un árbitro se vea impedido de jure o de facto en el ejercicio de sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo de treinta días, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del juez una resolución que declare la cesación en el ejercicio de sus funciones, resolución que será dictada en el plazo de siete días y que será inapelable.

Artículo 17.- Suplentes de árbitros. Por el mismo procedimiento y en la misma oportunidad que se designen los árbitros que integrarán el tribunal arbitral, las partes podrán designar igual número de suplentes de árbitros, quienes sustituirán a aquéllos cuando por cualquier motivo dejen de ejercer sus funciones.

Los requisitos para ser suplente de árbitro serán los mismos que para ser designado árbitro.

Los suplentes de árbitros no percibirán remuneración alguna mientras no substituyan al titular.

Artículo 18.- Arbitro sustituto. Si las partes no hubieran procedido de acuerdo con lo que dispone el Artículo 17, cuando por cualquier motivo deje de ejercer sus funciones un árbitro, procederán a designar un árbitro sustituto, conforme al mismo procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de reemplazar.

CAPITULO IV

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Artículo 19.- Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria.

La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación de la demanda. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada la demora.

El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el presente artículo como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar al juez que resuelva la cuestión, el cual deberá hacerlo en el plazo de siete días, siendo la resolución inapelable.

Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones, pero no podrá dictar un laudo.

Artículo 20.- Facultad del tribunal arbitral de ordenar medidas cautelares provisionales. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de ellas, ordenar la adopción de las medidas cautelares provisionales que estime necesarias respecto del objeto del litigio. El tribunal arbitral exigirá al peticionante una contracautela apropiada con relación a esas medidas.

Las medidas cautelares dispuestas por el tribunal arbitral serán efectivizadas por orden judicial adoptada inaudita parte dentro de tercero día de solicitado por dicho tribunal.

Antes de la constitución del tribunal arbitral las medidas cautelares provisionales serán peticionadas al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y resueltas por él. Las medidas cautelares provisionales concedidas judicialmente caducarán dentro de los siete días de haberse constituido el Tribunal Arbitral; pudiendo éste confirmarlas, levantarlas o modificarlas, desde el mismo momento de su constitución.

CAPITULO V

SUSTANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES

Artículo 21.- Trato equitativo a las partes. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.

Artículo 22.- Determinación del procedimiento. Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.

A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley y noticia a las partes, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.

Artículo 23.- Lugar del arbitraje. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos.

Artículo 24.- Iniciación de las actuaciones arbitrales. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a arbitraje.

Artículo 25.- Idioma. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo que en los mismos se haya especificado otra cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.

El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral.

Artículo 26.- Demanda y contestación. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá expresar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y las pretensiones de la demanda, y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. Las partes deberán presentar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.

Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente dicha alteración en razón de la demora con que se ha hecho.

Artículo 27.- Audiencias y actuaciones por escrito. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas.

Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.

De todas las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demás informaciones que una de las partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte.

Artículo 28.- Rebeldía de una de las partes. Salvo acuerdo en contrario de las partes cuando, sin invocar y acreditar causa suficiente:

a) el demandante no presente su demanda dentro del plazo señalado en el Artículo 26, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones.

b) el demandado no presente su contestación dentro del plazo señalado en el Artículo 26, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante.

c) una de las partes no comparezca a una audiencia, no ofrezca pruebas o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga.

Artículo 29.- Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias técnicas o científicas determinadas, concretas y solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito o le presente para su inspección o le proporcione acceso a todos los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes.

Artículo 30.- Obligación del perito posterior al dictamen. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una de ellas lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que informen sobre los puntos controvertidos.

Artículo 31.- Asistencia del juez para la práctica de pruebas. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá pedir la asistencia del juez competente para la práctica de pruebas, quien deberá resolver tal solicitud en el plazo de siete días. El juez podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba.

CAPITULO VI

PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO Y FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Artículo 32.- Normas aplicables al fondo del litigio. El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese estado y no a sus normas de conflicto de leyes.

Si las partes no indicaran la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables.

El tribunal arbitral decidirá en equidad sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así. En el arbitraje de equidad, o de amigable composición, los árbitros no se encuentran obligados a resolver en base a las normas de derecho, sino que pueden hacerlo "en conciencia" o "según su leal saber y entender".

En todos los casos, el tribunal decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso.

Artículo 33.- Adopción de decisiones cuando haya más de un árbitro. En las actuaciones arbitrales en las cuales haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal.

Artículo 34.- Transacción y acuerdo conciliatorio. Si durante las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una transacción o a un acuerdo conciliatorio que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará un laudo o sentencia arbitral, en el que los homologará.

El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 36 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.

Las transacciones y acuerdos conciliatorios homologados por un tribunal arbitral, tendrán autoridad de cosa juzgada.

Artículo 35.- Suspensión de las actuaciones. Las partes tienen el derecho, en cualquier momento antes de dictarse el laudo, de decidir de común acuerdo suspender por un plazo cierto y determinado las actuaciones arbitrales.

Artículo 36.- Forma y contenido del laudo o sentencia arbitral. El laudo o sentencia arbitral se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros.

En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas.

El laudo del tribunal arbitral deberá ser fundado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al Artículo 34.

Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el Artículo 23. El laudo se considerará dictado en ese lugar.

Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el presente artículo.

Artículo 37.- Conclusión de las actuaciones. Las actuaciones arbitrales terminan:

a) con el laudo o sentencia arbitral.

b) por disposición del tribunal arbitral, cuando:

1. el demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva del litigio. Dicha terminación impedirá al demandante reiniciar en el futuro el mismo proceso arbitral.

2. las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.

3. el tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en los Artículos 38, 39 y 43 de esta ley.

Artículo 38.- Corrección e interpretación del laudo arbitral y laudo adicional. Dentro de los quince días siguientes a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral:

1. Que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar. El tribunal arbitral podrá corregir cualquiera de los errores mencionados por su propia iniciativa, dentro de los quince días siguientes a la fecha del laudo.

2. Si así lo acuerdan las partes, dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo.

Si el tribunal arbitral lo estima justificado, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo.

Artículo 39.- Laudo arbitral adicional. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los quince días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas en el laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de treinta días.

El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo en el cual efectuará una corrección, dará una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el Artículo 38 de la presente ley.

Lo dispuesto en el Artículo 36 se aplicará a las correcciones o interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales.

CAPITULO VII

IMPUGNACIÓN DEL LAUDO O SENTENCIA ARBITRAL

Artículo 40.- El recurso de nulidad. Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo, mediante el recurso de nulidad, conforme al presente capítulo.

Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados cuando:

a) la parte que interpone la petición pruebe que:

1. Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación paraguaya;

2. No ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;

3. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o

4. La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o,

b) El tribunal compruebe que, según la ley paraguaya, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público internacional o del Estado paraguayo.

Artículo 41.- Plazo. El recurso de nulidad deberá ser interpuesto dentro de un plazo de quince días, contados a partir de la fecha de la notificación del laudo o sentencia arbitral o si la petición se ha hecho con arreglo a los Artículos 38 y 39, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.

Artículo 42.- Procedimiento de la nulidad. El que planteara la nulidad deberá fundarla clara y concretamente en los hechos y en el derecho, y ofrecer toda la prueba de que intente valerse. La prueba documental deberá acompañarla con el escrito, y si no la tuviese deberá individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre.

El tribunal dará traslado por cinco días a las partes, quienes al contestarlo deberán ofrecer sus pruebas, procediendo con la documental del modo indicado por el párrafo anterior. El traslado se notificará por cédula dentro de tercero día de dictada la providencia que lo ordenare.

Vencido el plazo, haya o no contestación, el tribunal abrirá el recurso a prueba, por no más de diez días, cuando la nulidad se refiera a cuestiones de hecho. En caso contrario resolverá sin más trámite, en el plazo de diez días.

La prueba pericial, si correspondiere, se llevará a cabo por un solo perito designado por el tribunal. No se admitirán más de tres testigos por cada parte, y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la sede del tribunal, cualquiera fuera el domicilio de aquellos.

Contestado el traslado o vencido el plazo sin que ninguna de las partes hubiera ofrecido prueba, o recibida la prueba, el tribunal resolverá la nulidad planteada, sin más trámite, en el plazo de diez días.

Contra las resoluciones de trámite o de fondo, que emita el tribunal en la substanciación del recurso de nulidad, no cabe recurso alguno.

Artículo 43.- Suspensión del trámite de nulidad. El Tribunal de Apelaciones, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda y así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad. En este caso, se aplicarán, en lo que sea compatible, las normas contenidas en el Artículo 38.

CAPITULO VIII

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES

Artículo 44.- Normas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el país, de conformidad con los tratados ratificados por la República del Paraguay sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

En el caso de que más de un tratado internacional sea aplicable, salvo acuerdo en contrario entre las partes, se aplicará el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un convenio y laudo arbitral.

En defecto de la aplicabilidad de cualquier tratado o convención internacional, los laudos extranjeros serán reconocidos y ejecutados en la República de conformidad a las normas de la presente ley y las disposiciones específicas de este capítulo.

Artículo 45.- Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Un laudo arbitral, cualquiera sea el Estado en el cual se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al órgano judicial competente, será ejecutado de conformidad a las disposiciones del presente capítulo. Será competente, a opción de la parte que pide el reconocimiento y ejecución del laudo, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del domicilio de la persona contra quien se intente ejecutar el laudo, o, en su defecto el de la ubicación de los bienes.

La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el Artículo 10 o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuvieran redactados en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción oficial a este idioma por un traductor oficial.

Artículo 46.- Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera sea el Estado en que se haya dictado, cuando:

a) la parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente que:

1. una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el Artículo 10 estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a ese respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado el laudo.

2. no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

3. el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras.

4. la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del Estado donde se efectuó el arbitraje.

5. el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por un juez del Estado en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo.

b) cuando el juez compruebe que, según la legislación paraguaya, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público internacional o del Estado paraguayo.

Artículo 47.- Aplazamiento de la resolución y requerimiento de garantías. Si se solicitó a un juez del Estado en que conforme a su derecho fue dictado el laudo arbitral, su nulidad o suspensión, el juez al que se solicite el reconocimiento o la ejecución del laudo podrá, si lo considera procedente, aplazar su resolución, y a instancia de la parte que solicita el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garantías suficientes.

Artículo 48.- Procedimiento. Promovido el reconocimiento y ejecución de un laudo o sentencia arbitral, el juez correrá traslado a la persona condenada por el laudo, por el plazo de cinco días, debiendo notificársele por cédula.

El condenado sólo podrá oponerse a la ejecución planteada, con base a las causales establecidas en el Artículo 46, ofreciendo toda la prueba de que intentare valerse. La prueba documental deberá acompañarla con el escrito, y si no la tuviese deberá individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre.

Si no concurriere ninguna de dichas causales, el juez en el plazo de cinco días dictará auto resolviendo la ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso.

En caso de oposición, se aplicarán las normas de los incidentes previstos en el Código Procesal Civil, en lo pertinente.

La resolución sobre el reconocimiento y ejecución del laudo no será objeto de recurso alguno. Si se dispusiese la ejecución del laudo solicitado, ésta se tramitará conforme a las disposiciones legales sobre ejecución de sentencias nacionales previstas en el Código Procesal Civil.

CAPITULO IX

DE LAS COSTAS

Artículo 49.- Acuerdo sobre costas. Las partes tienen facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a un reglamento de arbitraje, reglas relativas a las costas del arbitraje. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicarán las disposiciones del presente capítulo.

Artículo 50.- Cuantía. Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable, teniendo en cuenta el monto de la disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso. Los honorarios de cada árbitro se indicarán por separado y los fijará el propio tribunal arbitral.

Artículo 51.- Oportunidad de la fijación. Salvo pacto en contrario de las partes, cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las partes, fijará las costas del arbitraje en el texto de esa orden o laudo.

El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, rectificación, por completar su laudo o dictar un laudo adicional.

Artículo 52.- Depósito de las costas. Una vez constituido, el tribunal arbitral requerirá a cada una de las partes que deposite una suma igual, para responder a los honorarios de los integrantes del tribunal arbitral, gastos de viaje y demás expensas, y del costo de asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.

En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adicionales de las partes.

Si transcurridos treinta días desde la comunicación del requerimiento del tribunal arbitral los depósitos requeridos no se han abonado en su totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a las partes a fin de que se efectúe el depósito requerido. Si este depósito no se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje.

Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de cuenta de los depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado.

TITULO II

DE LA MEDIACIÓN

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 53.- Definición. La mediación es un mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos, a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias, con la asistencia de un tercero neutral y calificado, denominado mediador.

Artículo 54.- Asuntos mediables. Podrán ser objeto de mediación todos los asuntos que deriven de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica, o se vinculen a ella, siempre que dichos asuntos sean susceptibles de transacción, conciliación o arbitraje.

Artículo 55.- Efectos de la audiencia de mediación. Si antes de sustanciarse la audiencia de conciliación prevista en las normas procesales las partes decidieran recurrir a la mediación, el informe escrito del mediador o del Centro de Mediación en el que exprese que las partes han concurrido al menos a una audiencia de mediación, tendrá los mismos efectos legales que la audiencia de conciliación establecida en dichas normas procesales.

Artículo 56.- Momento. La audiencia de mediación podrá realizarse en cualquier momento antes de la promoción de una demanda, o en cualquier estado del juicio antes de dictada la sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada.

Artículo 57.- Confidencialidad. La mediación tendrá carácter confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan no incidirán en el juicio, si tuviera lugar. El mediador no podrá ser llamado como testigo o en otro carácter en ningún juicio posterior entre las mismas partes o por el mismo objeto.

Articulo 58.- Solicitud. Las partes podrán recurrir conjunta o separadamente a la mediación, mediante la presentación de una solicitud escrita al mediador que elijan o al Centro de Mediación que determinen.

Artículo 59.- Trámite. Salvo pacto en contrario de las partes, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la presentación de una solicitud de mediación, el centro nombrará el o los mediadores y convocará a las partes en fecha y hora determinadas para efectuar la sesión de mediación.

Artículo 60.- Acuerdos. En el transcurso de las audiencias el mediador colaborará con las partes para determinar con claridad los hechos alegados, así como las posiciones y los intereses en que se fundan, para elaborar conjuntamente las fórmulas de avenimiento que podrán o no ser aprobadas por las partes interesadas.

Las partes colaborarán de buena fe con el mediador y, en particular, se esforzarán en cumplir solicitudes de éste y asistir a las audiencias cuando éstas fueran convocadas.

Artículo 61.- Efectos. El acuerdo de mediación obliga a las partes desde el momento que ellas y el mediador suscriban el acta de mediación que lo documente, y tendrá los efectos de cosa juzgada desde el momento en que el juez competente lo homologue.

Si el acuerdo de mediación tuviera lugar existiendo un juicio pendiente, será competente para homologarlo el juez de la causa, y la homologación producirá además el efecto de terminar el proceso.

Si el acuerdo de mediación fuera parcial, se dejará constancia de ello en el acta de mediación y las partes podrán discutir en juicio las diferencias no mediadas.

Artículo 62.- Terminación. El trámite de la mediación concluye por:

a) la suscripción de un acta de mediación que contenga el acuerdo alcanzado por las partes según lo previsto en el Artículo 61.

b) la suscripción de un acta por medio de la cual el mediador y las partes dejan constancia de la imposibilidad de alcanzar una mediación.

c) la certificación expedida por el centro ante el cual se presentó la solicitud de mediación, en el sentido de que existió imposibilidad de celebrar la audiencia por la ausencia de una o más de las partes citadas a la audiencia.

CAPITULO II

CENTROS DE MEDIACIÓN

Artículo 63.- Centros de Mediación. Los Centros de Mediación serán organismos dotados de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite de las mediaciones y para la capacitación de los mediadores.

Artículo 64.- Copias Autenticadas. Los Centros de Mediación deberán organizar y mantener un registro de actas que contengan los acuerdos logrados, y las que contengan la constancia de no haberse podido obtener acuerdo entre las partes, y podrán expedir copias autenticadas de las mismas a las partes.

CAPITULO III

EL MEDIADOR

Artículo 65.- Requisitos. El mediador deberá ser persona de reconocida honorabilidad, capacitación e imparcialidad y su labor será la de dirigir libremente el trámite de la mediación, guiado por los principios de imparcialidad, equidad y justicia.

Como requisito previo al ejercicio de sus funciones el mediador deberá participar de un curso de capacitación especial dictado por un Centro de Mediación.

Artículo 66.- Inhabilidades. Quien actúe como mediador quedará inhabilitado para intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, testigo, perito, asesor o apoderado de una de las partes, o en cualquier otro carácter.

Los Centros de Mediación no podrán intervenir en casos en los cuales se encuentren directamente interesados su directiva o sus funcionarios.

Artículo 67.- Excusación y recusación. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como mediador deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El mediador, desde el momento de su nombramiento y durante la mediación, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas. Un mediador podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia. La parte que desee recusar a un mediador enviará al Centro de Mediación, dentro de los tres días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del nombramiento del mediador, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el mediador recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al Centro de Mediación decidir sobre ésta. El Director del Centro decidirá sobre ellas.

TITULO III

DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS

Artículo 68.- Procesos arbitrales en trámite. Los procedimientos arbitrales pendientes al entrar en vigor esta ley se tramitarán y resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Libro V "Del Proceso Arbitral" de la Ley N° 1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal Civil".

Artículo 69.- Derogación de disposiciones legales. Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales:

1. Artículos 774 a 835 del Libro V "Del Proceso Arbitral" de la Ley N° 1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal Civil".

2. Artículo 536 de la Ley N° 1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal Civil".

3. En general, todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Artículo 70.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a un día del mes de noviembre del año dos mil uno, y por la Honorable Cámara de Senadores, a once días del mes de abril del año dos mil dos, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional.

Juan Darío Monges Espínola Juan Roque Galeano Villalba
Presidente H. Cámara de Diputados

Presidente H. Cámara de Senadores
Juan José Vázquez Vázquez Nidia Ofelia Flores Coronel
Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria
Asunción, 24 de abril de 2002

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Luis Ángel González Macchi

Diego Abente Brun
Ministro de Justicia y Trabajo

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