29 de agosto de 2012

CONSULTA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 29 DE LA LEY 2421/04 [DECLARADO INCONSTITUCIONAL]

CONSULTA: “REG. HON. PROF. DEL ABOG. ADAN HÉCTOR CAPURRO EN: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE ITAIPÚ C/ HUGO A. MIGNACO Y OTROS S/ ACC. PREP. DE JUICIO EJECUTIVO”. AÑO: 2008 – N° 1300.-----------------

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Diez y ocho días del mes de Mayo del año dos mil nueve, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor ANTONIO FRETES, Presidente y Doctores VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ y MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, quien integra la Sala por inhibición del Doctor JOSÉ V. ALTAMIRANO AQUINO, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: CONSULTA: REG. HON. PROF. DEL ABOG. ADAN HÉCTOR CAPURRO EN: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE ITAIPÚ C/ HUGO A. MIGNACO Y OTROS S/ ACC. PREP. DE JUICIO EJECUTIVO”, a fin de resolver la consulta sobre constitucionalidad realizada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital.-

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:----------------------------------------------

C U E S T I O N:

¿Es inconstitucional el Art. 29 de la Ley N° 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”?.------------------------------------------------------------

A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: 1) El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital, dispuso remitir por A.I.N° 764 de fecha 02 de setiembre de 2.008, estos autos en consulta a la Corte Suprema de Justicia, a los efectos que la misma declare si el Art. 29 de la Ley N° 2.421/04 es o no constitucional y aplicable al presente caso. El Tribunal realiza la citada consulta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil (fs. 44/48).---------------------

2) El objeto de estudio en el caso particular, se circunscribe para esta Corte, a determinar la constitucionalidad o no del Art. 29 de la Ley N° 2.421/04, que dispone: “En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3° de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50% (cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley N° 1376/88 “Arancel de Abogados y Procuradores”, conforme a esta disposición”.------------------------------------------------

3) Nuestra Constitución Nacional establece el principio de igualdad en el Art. 46: “De la igualdad de las personas. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.-------------------------------------------------------------------

3.1) Con relación al principio de igualdad conviene hacer las siguientes consideraciones: a) El Estado debe remover los obstáculos de tipo social, cultural, político y económico que limitan “de hecho” la libertad y la igualdad de todos los hombres; b) mediante tal remoción el Estado ha de hacer viable un orden socioeconómico justo que iguale las posibilidades de todos los hombres; c) se ha de promover con políticas adecuadas el acceso efectivo al goce de los derechos personales de las tres generaciones, para todos los hombres de todos los sectores sociales (Vide: BIDART CAMPOS, Germán J.; Compendio de Derecho Constitucional, EDIAR, Buenos Aires, 2.004, ps. 75 y ss.).----------

3.2) No dejo de reconocer que el espíritu de la norma cuestionada es justamente defender el patrimonio del Estado, considerando el desfalco económico del que hace ya un buen tiempo es víctima, consecuencia del actuar inescrupuloso de quienes deben cautelar los intereses de la cosa pública. Justamente, es por esa razón que los abogados que representan los intereses del Estado deben actuar con capacidad y honestidad en el cumplimiento de sus funciones, a fin de proteger el patrimonio del Estado. El hecho de resultar palpable que en los últimos tiempos el Estado terminaba, con demasiada asiduidad y coincidencia, parte perdidosa en las demandas en que intervenía, no puede justificar una salida que aumente la irresponsabilidad del Estado. Por ello, debe atacarse a la causa y no a sus efectos. Así puedo apuntar que la falta de seriedad en la selección rigurosa de profesionales capacitados para la defensa de los intereses de la Nación, como consecuencia del clientelismo perverso que ubica a estos profesionales en dichos estamentos, por pertenencia a grupos políticos o familiares, es evidentemente una de ellas.---------------------

3.3) Esta práctica no puede servir para exonerar al Estado, ni mucho menos a sus operadores de la incuria profesional, sino, la inocultada complicidad de los mismos. Se puede hablar de una responsabilidad directa de los abogados que intervienen en los juicios en representación del Estado y de una responsabilidad subsidiaria del Estado (Art. 106, C.N. y Art. 1.845, C.C.). Como consecuencia de todo ello, el Estado puede promover acciones, por intermedio de la Procuraduría General de la República, a los efectos de ser resarcido de todos los perjuicios ocasionados por el actuar negligente e irresponsable de sus abogados (Art. 246, num. 1º de la C.N.), por actuaciones excedidas o fuera de los límites del mandato (Arts. 343 y ss del C.C.).-------

4) La “desigualdad” cuestionada se presenta en la práctica profesional cuando acuden a los estudios jurídicos los particulares, con la pretensión de promover acciones contra el Estado, y atendiendo a la norma en estudio, resulta que los abogados en el hipotético caso de obtener un resultado favorable a sus pretensiones en el juicio respectivo, no percibirán el monto establecido en la Ley Nº 1.376/88 “De Honorarios de Abogados y Procuradores”, sino sólo la mitad de lo que legalmente les corresponde, lo cual sí constituye una desigualdad discriminatoria. La eficacia del principio de igualdad se proyecta, con mas fuerza, sobre el Estado; el cual se halla obligado a su cumplimiento, pues toda desigualdad discriminatoria resulta odiosa e inconstitucional.-------------------------------

5) Por lo expuesto, y en coincidencia con la Fiscalía General del Estado (Dictamen Nº 1.522 del 10 de octubre de 2008), corresponde que se tenga por evacuada la consulta realizada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Capital, concluyendo que el Art. 29 de la ley 2.421/04 resulta violatorio del principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución Nacional (Art. 46). Es mi voto.-------

A su turno el Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ dijo: Me adhiero a la opinión del Ministro preopinante, en cuanto concluye que el Art. 29 de la Ley N° 2421/04 resulta violatorio del principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución, tras la consulta realizada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, en los autos individualizados más arriba, y lo amplío sobre la base de las siguientes consideraciones:
La citada disposición legal establece: “En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3° de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50% (cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley N° 1376/88 “Arancel de Abogados y Procuradores”, conforme a esta disposición”.------------------------------------------------------------------------------------------

El Artículo 46 de Carta Magna, establece: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”. Y, el Art. 47 dispone: “El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes…”.-------------------

De tales garantías constitucionales, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los iguales en igualdad de circunstancias, y que no se pueden establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias.------------------------------------------------

Según Gregorio Badeni: “…la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras…”(Badeni Gregorio, obra “Instituciones de Derecho Constitucional”, AD HOC S.R.L., pag. 256).--------------------------------------------------------

En relación al tema sometido a consideración de esta Corte, podemos percibir que evidentemente la norma legal objetada, lesiona la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, desde el momento que establece la reducción hasta un 50% de los honorarios profesionales que corresponde legalmente al Abogado que litigue con El Estado o alguno de los entes enunciados en el Art. 3° de la Ley N° 1535/99. En efecto, el art. 29 de la Ley N° 2421/04, establece que en caso de que el Estado o sus entes fueren condenados en costas, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales del abogado de la contraparte, no podrá exceder el 50% del mínimo legal, hasta cuyo importe deben abstenerse los jueces para regular los honorarios. Es decir, que si las costas se imponen a la contraparte, la responsabilidad de ésta debe ser el 100% por los servicios profesionales del abogado del Estado o sus entes. Consideramos que esto es así, teniendo en cuenta que el texto de la norma habla de “….su responsabilidad económica…(haciendo referencia a El Estado y sus entes), …no podrá exceder del 50% del mínimo legal, ….para regular los honorarios a costa del Estado…”.--------------------------------------------

Si el Estado, como persona jurídica de derecho debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones para obtener el reconocimiento judicial del derecho reclamado o su restablecimiento. Y, el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho que corresponde a la contraparte de percibir lo que por ley le es debido. Sin embargo, la disposición legal objetada establece una desigualdad entre los profesionales abogados que litigan no solamente contra el Estado y sus entes, sino también en relación con los que litigan en casos similares en las que no son parte el Estado o sus entes, pues, en el primer caso sus honorarios se verán reducidos en un 50%, mientras que en el segundo caso podrán percibir los que la Ley de Arancel de Honorarios prevé para el caso específico. No cabe duda que con la citada normativa se establece una desigualdad injusta entre iguales en iguales circunstancias.--------------------------------------------------------------------------------------------

Dice Zarini, que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el art. 16, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: “igualdad jurídica”. Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante toda formación jurídica (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares)…”. (Zarini, Helio Juan, obra “Derecho Constitucional”, Editorial Astrea, Bs. As. año 1992, pag. 385).----------------------------------

Las citas doctrinarias sustentan nuestra tesitura en el sentido de que la garantía de igualdad ante ley, debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo sino también en el ámbito jurisdiccional. Sin embargo, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado en perjuicio de los Abogados que intervienen en las causas que aquel es parte, ya sea como demandante o demandado.-------------------------------------------------------

Por las consideraciones que anteceden, consideramos que es inconstitucional el Art. 29 de la Ley N° 2421/04, por lo que corresponde declarar su inaplicabilidad con relación al caso concreto, por ser violatoria de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de nuestra Carta Magna. Es mi voto.----------------------------------------------


A su turno el Doctor BAJAC ALBERTINI manifestó que se adhiere a los votos de los Doctores FRETES y NÚÑEZ RODRÍGUEZ, por los mismos fundamentos.-------------

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

SENTENCIA NUMERO: 352.-

Asunción, 18 de Mayo de 2.009.-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
R E S U E L V E:

DECLARAR la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley N° 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal” y su inaplicabilidad en el presente caso.-----------------------------

ANOTAR, registrar y notificar.---------------------------------------------------------------

Ante mí:

28 de agosto de 2012

JURISPRUDENCIA DE CORTE: [DECLARAR DESIERTO LOS RECURSOS DE APELACION Y NULIDAD, COSTAS AL APELANTE] EN UN CASO DE RESCISION DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

JUICIO: “GLORIA ESTRAGO B. C/ LORENZO A. LLANES D. S/ RESCISION DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”.------------------------------------------------------



ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

En Asunción del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de julio del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, Doctores: Antonio Fretes, Enrique Sosa Elizeche y Bonifacio Ríos Avalos, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “GLORIA ESTRAGO B. C/ LORENZO A. LLANES D. S/ RESCISION DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ”, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Abog. Juan F. Santos contra el Acuerdo y Sentencia No 77 del 29 de mayo de 2001, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Primera Sala.-----------------------------------------

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes: ----------------------------------------

C U E S T I Ó N E S:
Es nula la sentencia apelada?.-------------------------------------------------------
En su caso se ella ajustada a derecho?.----------------------------

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RIOS AVALOS, SOSA ELIZECHE Y FRETES.----------------------------

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL MINISTRO RIOS AVALOS dijo: El recurrente no fundó el recurso de nulidad, por lo que debe declararse desierto. Tampoco se advierte que la sentencia recurrida contenga defectos o vicios que justifiquen su anulación de oficio conforme con las previsiones de los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia, debe declararse desierto este recurso. Es mi voto.-----------------------------------------------------------

A SU TURNO LOS MINISTROS SOSA ELIZECHE Y FRETES manifestaron que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.--------------------

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL MINISTRO RIOS AVALOS, dijo: Gloria Estragó Bieber promovió juicio ordinario por rescisión de contrato e indemnización de daños y perjuicios contra el Arquitecto Lorenzo A. Llanes, señalando que con este firmó un contrato de construcción de pileta de natación, que fue concluida en forma deficiente, que por lo que según la actora, deberá demolerse la obra y construir una nueva. La actora solicitó al Juzgado condene al demandado a pagar la suma de G. 36.303.629 (guaraníes treinta y seis millones trescientos tres mil seiscientos veinte y nueve), por los siguientes rubros: 1) Devolución de sumas entregadas: 12.000.000; 2) Sobrecosto de obra nueva; 9.721.429; 3) Gastos Adicionales: 1.350.000; 4) Mora del constructor: 3.232.200; 5) Daño Moral: 10.000.000.------------------

Por S.D. No 76 del 15 de febrero de 2000 el Juzgado de Primera Instancia hizo lugar parcialmente a la demanda condenando al demandado a pagar los siguientes rubros: 1) Devolución de sumas entregadas: 12.000.000; 2) Sobrecosto de obra nueva: 9.500.000; 3) Gastos Adicionales: 1.350.000; 4) Mora del constructor; 450.000 5) Daño moral: 6.000.000. Ambas partes recurrieron la sentencia, y el Tribunal de Apelaciones por Acuerdo y Sentencia No 77 del 29 de mayo de 2001, confirmó con costas la resolución recurrida pero modificó algunos montos quedando de la siguiente manera: 1) Devolución de sumas entregadas: 12.000.000; 2) Sobrecosto de obra nueva: 23.000.000; 3) Gastos Adicionales; 1.350.000; 4) Mora del constructor: 450.000; 5) Daño moral: 8.000.000. contra esta sentencia se alza el demandado expresando agravios a fs. 364/7.---------------------------------------------

En la controversia sometida a consideración de esta Corte debe analizarse previamente si la fundamentación de los recursos fue realizada conforme a las exigencias del art. 419 del CPC. En efecto, esta previsión legal exige al recurrente realizar una análisis razonado de la resolución y exponer los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose estos requisitos, se declarará desierto el recurso. Me adelanto en señalar que la fundamentación no se realizó conforme a esta exigencia legal. Como puede notarse tanto en primera como en segunda instancia se acogió favorablemente la demanda, lo que le priva a esta Corte analizar nuevamente su improcedencia. Los únicos rubros modificados por el Tribunal de Apelación fueron el sobrecosto que en primera instancia se estableció en 9.500.000 u en segunda instancia se elevó a 23.000.000; y el rubro de daño moral que en primera instancia se estableció en 6.000.000 u en segunda se elevó a 8.000.000. Es decir, que en esta instancia solamente se podía controvertir el aumento en estos rubros, por quedar firme los demás ante su confirmación.-----------------------------------------

Que además debe recordarse la disposición del art. 403 del CPC que prescribe la procedencia de la apelación ante la Corte Suprema, estableciendo que se concederá dicho recurso contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelación que revoque o modifique la de primera instancia, y que en este último caso solo será materia de recurso lo que hubiere sido objeto de modificación y dentro del limite de lo modificado. En estas condiciones la Corte no puede analizar aquellos rubros que fueron objetos de confirmación por parte del Tribunal de Apelación. ----------------

El recurrente no expresó agravios contra las sumas establecidas por el Tribunal en concepto de sobrecosto y daño moral , por lo que no cabe otra alternativa que declarar desierto el recurso de apelación.---------------

La expresión de agravios es el acto mediante el cual, fundado la apelación, el recurrente refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas por la sentencia en lo que concierne a la apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas (Palacio, Lino enrique, Alvarado Velloso, Adolfo. Código Procesal Civil y comercial de la Nación, Tomo VI, pág. 386 y sigtes). La jurisprudencia es conteste en afirmar que si bien la expresión de agravios no requiere de formulas sacramentales para que se pueda considerar cumplida la carga procesal respectiva, se requiere que sea una crítica concreta y razonada que ataque la línea de razonamiento del a-quo indicando concretamente los puntos con los cuales el apelante está disconforme, a tal fin el interesado debe precisar punto por punto los errores de hecho o de derecho, cual puede ser la defectuosa aplicación de la ley o la equivocación en el proceso mental y lógico del pensamiento de juez, concretamente puntualmente cada una de las quejas y las razones en que se apoya, indicando con argumentos y pruebas donde se encuentra el error de juicio del juez, y expresando cual es la solución que se pretende del tribunal ad quem (Véanse: LL, 1980-D-190; LL, 1981-D-158; ED, 95-427; ED, 80-378).----

En conclusión, los agravios expuestos por el recurrente resultan insuficientes para analizar el recurso de apelación deducido, por referirse a cuestiones que fueron juzgadas en instancias anteriores, y cuya posibilidad de revisión se encuentra vedada a la Corte Suprema de conformidad con el art. 403 del CPC. --------------

Por último la actora también solicitó se declare el ejercicio abusivo del derecho y litigante de mala fe al demandado y su abogado, por planteamientos de todo tipo y sin argumentaciones, con el único fin de evitar una sentencia condenatoria. En cuanto a este punto considero que aún cuando la expresión de agravios no contenga una exposición crítica y razonada de la sentencia recurrida, esta circunstancia no puede justificar la declaración solicitada. Además analizando los actos procesales obrantes en autos no concurren los presupuestos previstos en los artículos 52 y 53 del C.P.C para proceder a la petición formulada. Es mi voto.-

A SU TURNO LOS MINISTROS SOSA ELIZECHE Y FRETES manifestaron que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-------------------

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:-----------------

Ante mi:

SENTENCIA N° 695
Asunción, 18 de julio del 2002

VISTO: El mérito del acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CIVIL Y COMERCIAL
RESUELVE:

1) DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad.------------------------------
2) DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abog. Juan F. Santos contra el Acuerdo y Sentencia No 22 del 29 de julio de 1997, dictado por el tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Itapúa, Primera Sala.------------------------------------------------------
3) IMPONER COSTAS al apelante.—
4) ANOTESE y registrese.---------------

Ante mí:

RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO CONTRA ACUERDOS Y SENTENCIAS [DESESTIMAR RECURSO Y COSTAS A LA PERDIDOSA]

Expediente: “Víctor Insfrán Dietrich c/ Resolución N° 44, del 3 de febrero de 2000, dictada por el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios”.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: UN MIL SETENTA

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo alacuerdo el expediente caratulado: “Víctor Insfrán Dietrich c/ Resolución N° 44, del 3 de febrero de 2000, dictada por el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios”, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad, interpuestos contra los Acuerdos y Sentencias Nros. 11 y 37 de fechas 8 de marzo y 9 de mayo, ambos del año 2001, dictados por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes
CUESTIONES:

¿Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS y PAREDES.

A la primera cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO dijo: Que la recurrente fundamenta el recurso de nulidad, aduciendo: 1) que los Acuerdos y Sentencias recurridos son nulos porque se apartan de la Carta Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios N° 73/91, al otorgar doble jubilación por exoneración; y 2) que el Tribunal de Cuentas no se ha pronunciado sobre el incidente de redargución de falsedad deducido por la actora.

Pasando a estudiar la cuestión debatida no se observan en la resolución recurrida, vicios o defectos que ameriten la declaración de nulidad en los términos autorizados por el Art. 404 del Código Procesal Civil. No es materia del recurso de nulidad la eventual aplicación errónea del derecho o la valoración de la prueba. En cuanto a que los Acuerdos y Sentencias han omitido el tratamiento de la redargución de falsedad interpuesta por la actora, el recurrente debió formular su reclamación previamente por la vía del recurso de aclaratoria (Art.387 inc. c) del Código Procesal Civil), para que pueda estudiarse la supuesta omisión y revisarse en esta instancia. Por otra parte, siendo la redargución de falsedad una petición de la parte actora, el recurrente no puede invocar agravios ajenos para fundar el recurso de nulidad. Corresponde en consecuencia desestimar este recurso.

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada, el Doctor RIENZI GALEANO prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 11 de fecha 8 de marzo del año en curso, resolvió: “HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida por el Sr. VÍCTOR INSFRÁN DIETRICH... y en consecuencia, ...REVOCAR las resoluciones N° 44 de fecha 3 de febrero de 2000, dictada por el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios; N° 467 de fecha 9 de agosto de 1999 y la N° 754 de fecha 24 de setiembre de 1999, dictada por el interventor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución... IMPONER LAS COSTAS, a la parte vencida, a la parte demandada”. Con posterioridad, el representante de la parte actora interpuso recurso de aclaratoria solicitando se aclare el período de cómputo de antigüedad a los efectos jubilatorios, dictando el Tribunal de Cuentas el Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 9 de mayo de 2001, que acogió favorablemente dicho recurso.

El Abogado Carlos Roberto Torres Martínez se agravia contra el Acuerdo y Sentencia N° 11 y contra el Acuerdo y Sentencia N° 37, expresando que la Resoluciones N° 467 y 754 han quedado firmes, operándose la Cosa Juzgada Administrativa, al no haber recurrido en tiempo y forma, como exige el Art. 64 de la Ley N° 73/91, dentro del plazo de cinco días. Añade que el Señor Víctor Insfrán Dietrich, por el solo hecho de aportar y recibir una remuneración presupuestada como Presidente del Consejo de Administración, no reúne las condiciones para ser considerado funcionario de la Caja. Cuestiona además que la cesantía en su cargo, acaecida por el intervención decretada por el Poder Ejecutivo, no constituye una causal de exoneración en los términos del Art. 30 de la ley de la Caja, pues dicha intervención de debió a irregularidades administrativas. En lo que respecta a la Resolución N° 44 de la Caja, dice el apelante que el Señor Víctor Insfrán nunca fue funcionario bancario del BUSAIF hoy SSB Banco S.A. en liquidación. En primer término, hace notar que existe un informe o nota de contenido falso presentado a la Caja fechada el 3 de setiembre de 1997 en la cual reza su nombramiento. Funda la falsedad de este informe en el examen de las actas de directorio de la entidad, en las cuales no se ha encontrado el nombramiento al que hace referencia la misma. En segundo lugar, alega que el contrato es laboralmente inexistente o inhábil, porque nunca tuvo principio de ejecución y no es vinculante para la Caja, por cuanto la entidad bancaria no realizó aporte alguno. Por último, el susodicho se ratifica en la impugnación de los aportes realizados por el Señor Insfrán Dietrich, después de su renuncia como funcionario del Lloyds Bank, en fecha 5 de setiembre de 1997.

Pasando a analizar la cuestión debatida, en primer término se debe determinar si existe o no Cosa Juzgada Administrativa con respecto a la impugnación de las Resoluciones Nros. 476 y 754. Sobre el particular, cabe decir, que la parte actora redarguyó de falsedad los telegramas colacionados de notificación de la Resolución N° 754 porque no fueron diligenciados en su domicilio real. Esta circunstancia fue probada fehacientemente con el informe de la ANTELCO, obrante a fs. 455, tomo III de autos, en el cual dicha institución admite que los telegramas no fueron entregados porque no se había encontrado el domicilio del destinatario. Consecuentemente, faltando la notificación de la resolución mencionada, no puede hablarse de actos administrativos firmes y ejecutoriados ni de Cosa Juzgada Administrativa.

En cuanto a la procedencia de la jubilación por exoneración a favor del actor, debe analizarse si se han cumplido los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Ley 73/91 inc. c) que establece: “Se concederá esta jubilación al afiliado que tenga como mínimo veinte años de servicios..., la cual se otorgará en los siguientes casos: 1. Por despido o cesantía del funcionario; por exoneración a causa de la clausura o cierre de la Casa Central o sucursales; expiración del término legal o contractual de las mismas; adquisición, transferencia o cesación de actividades por liquidación total o parcial del activo”. El Sr. Víctor Insfrán había solicitado la jubilación por exoneración alegando haber cumplido con la antigüedad requerida y haber sido despedido de su cargo como presidente de la Caja, antes del fenecimiento del plazo legal establecido en la Ley N° 73/91, con motivo de la intervención decretada por el Poder Ejecutivo. Invocó también su vinculación laboral con el Banco BUSAIF (SSB Banco) y la cesación de actividades de esta entidad bancaria, acaecida por la liquidación extrajudicial.

La antigüedad del Sr. Víctor Insfrán está reconocida por la propia Caja de Jubilaciones en los informes obrantes a fs. 226, 219 y 227/228 y 185/186. Por tanto, el argumento del apelante referido al desconocimiento de los años de servicio prestados por el Sr. Insfrán, carece de sustento alguno.

Comparto con el Tribunal inferior en asentar que el actor fue funcionario de la Caja en su carácter de Presidente de la Institución, considerando que este cargo está incluido en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Por otra parte, el artículo 7 de la Ley 73/91 establece expresamente el carácter de afiliados de la Caja de los empleados de la institución, cualquiera sea su categoría, tipo de trabajo y forma de nombramiento. Además, en su condición de Presidente de la Caja, el actor aportaba regularmente a la institución conforme lo dispone el artículo 20 de la citada ley.

El hecho de que el actor haya sido despedido en virtud de la intervención decretada por el Poder Ejecutivo, no constituye un motivo para denegar la jubilación. En efecto, el Artículo 30 inc. c), parágrafo 1, dispone expresamente que la jubilación se otorgará por despido o cesantía del funcionario, sin hacer distinción sobre las causales que motivaron el despido. Por otro lado, la intervención decretada por el Poder Ejecutivo no constituye un juzgamiento de la responsabilidad del Presidente de la Institución, sino una medida administrativa de control. Cualquier sanción debe ser impuesta ineludiblemente en el marco del debido proceso, conforme lo consagra el artículo 17 de la Constitución Nacional.

En estas circunstancias, suscribo la decisión del Tribunal inferior, pues lo determinante es que el actor haya reunido todos los requisitos establecidos en el precitado artículo 30 de la ley 73/91 para acceder a la jubilación por exoneración.

Determinada la procedencia de la jubilación por exoneración del Sr. Insfrán Dietrich por los elementos señalados precedentemente, es cierto, como lo sostiene el Tribunal Inferior, que resulta ocioso discutir su vinculación laboral con el Banco BUSAIF. No obstante, debe señalarse que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios no puede desconocer la existencia de un contrato laboral que vincula al Banco con el Sr. Insfrán, por la ausencia de una decisión del Directorio de la Institución Bancaria que apruebe su nombramiento. En efecto, el artículo 25 del Código Laboral establece lo siguiente: “Serán considerados como representantes del empleador y, en tal concepto obligan a éste en sus relaciones con los demás trabajadores: a) Los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y, en general, las personas que ejerzan funciones de dirección o administración, con el asentimiento del empleador;”. En este caso, obra en autos un contrato laboral suscripto por el mismo Presidente del Banco (fs. 176/177), y el ingreso del Señor Víctor Insfrán fue comunicado a la Caja en fecha 3 de setiembre de 1997 por la propia institución bancaria (fs. 179). Además, el liquidador del SSB Banco SAECA reconoció la relación laboral, conforme consta en la nota obrante a fs. 174 y 237 de autos.

En base a lo expuesto, la Resolución N° 44 dictada por la Caja de Jubilaciones es arbitraria y también debe confirmarse su revocación. Ello no implica otorgar doble jubilación, sino una consecuencia de la irregularidad del acto administrativo.
Por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, y las disposiciones constitucionales y legales referidas en el exordio de esta resolución, soy de la opinión que los Acuerdos y Sentencias Nros. 11 y 37, deben ser plenamente confirmados en todos sus puntos, con la expresa imposición de costas a la parte perdidosa. ES MI VOTO.

A su turno, los Doctores IRALA BURGOS y PAREDES manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos y Felipe Santiago Paredes.
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial.

SENTENCIA NÚMERO: 1070

Asunción, 21 de diciembre de 2001.
VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

DESESTIMAR el recurso de nulidad.
CONFIRMAR los Acuerdos y Sentencias apelados.
COSTAS a la parte perdidosa.
ANOTAR y NOTIFICAR.

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Jerónimo Irala Burgos y Felipe Santiago Paredes.
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial.

27 de agosto de 2012

HABEAS CORPUS GENERICO Y/O REPARADOR

 “ADOLFO VILLASANTI VERDÚN S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO Y/O REPARADOR”.


ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: TRESCIENTO CINCUENTA Y DOS


En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de julio del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores FELIPE SANTIAGO PAREDES, JERÓNIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, la Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “ADOLFO VILLASANTI VERDÚN S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO Y/O REPARADOR,”, a fin de resolver la garantía planteada, de conformidad al art. 133 inc. 2º de la Constitución Nacional y a las disposiciones de la Ley N° 1.500/99.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente

CUESTIÓN:

A la cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO, dijo: “Que la garantía constitucional, la tercera deducida a favor del Cnel. DEM ADOLFO VILLASANTI VERDÚN, prácticamente se fundamenta de nuevo en los mismos términos que en las dos peticiones de Hábeas Corpus ya rechazados, es decir, en presuntas irregularidades procesales y en la supuesta detención indebida ordenada en el ámbito de la Justicia Militar.

Que, de este modo, la cuestión ahora planteada con los mismos fundamentos ya fue rechazada, por esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en resoluciones del 30 de mayo de 2001 y del 21 de junio de 2001, dictadas respectivamente en los expedientes “ADOLFO VILLASANTI VERDÚN S/ HÁBEAS CORPUS REPARADOR Y ADOLFO VILLASANTI VERDÚN S/ HÁBEAS CORPUS GENÉRICO Y/O REPARADOR”, por ser los mismos absolutamente improcedentes, particularmente, por la abierta contradicción entre lo manifestado en la solicitud de la Garantía Constitucional y lo expresado por el Cnel. Villasanti Verdún en la audiencia pertinente (fs. 1, 32 y 41/42 del expediente agregado a éste).

Que, siendo ello así, la presente acción no tiene otra alternativa sino de su desestimación, tal como ocurrieron con los dos Hábeas Corpus planteados con anterioridad.

Por otro lado, al basarse nuevamente su pretensión en los mismos fundamentos de las rechazadas acciones anteriores, el recurrente esta desconociendo claras disposiciones legales que le imponen el deber de actuar con buena fe, sin ejercer abusivamente los derechos que le conceden las leyes (Art. 51 C.P.C.); circunstancia que, de repetirse obligaría a esta Sala Penal a dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 27 del Código de Organización Judicial.
A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES manifestaron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que sigue:

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos

Ante mi: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial

SENTENCIA NÚMERO: 352


Asunción, 5 de julio de 2001.
VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

RECHAZAR NUEVAMENTE el Hábeas Corpus Genérico y/o Reparador planteado a favor del Cnel. D.E.M. ADOLFO VILLASANTI VERDÚN, por improcedente .

ANOTAR , registrar y notificar.

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos

Ante Mí: Héctor Fabián Escobar Díaz, Secretario Judicial.

DESESTIMAR RECURSO DE NULIDAD, REVOCAR ACUERDO Y SENTENCIA, EN UN HECHO DE ABIGEATO

EXPEDIENTE: “ABIGEATO EN ISLA TACUARAS (SAN MIGUEL MISIONES)”.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: DOSCIENTOS TREINTA

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES Y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “ABIGEATO EN ISLA TACUARAS (SAN MIGUEL MISIONES)”, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad, interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 19 de fecha 21 de Agosto del 2.000, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral, Tutelar y Correccional del Menor de la Circunscripción Judicial de Misiones.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes

CUESTIONES:

Es nula la sentencia apelada?.
En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a derecho?.

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES.

A la primera cuestión planteada el Doctor RIENZI GALEANO dijo: El recurrente, en su expresión de agravios, ni siquiera menciona este recurso. Por lo demás, a pesar de la infinidad de irregularidades observables en el proceso, ninguno de ellos tiene la categoría ni la solidez suficiente para hacer viable la aplicación del Art. 499 del Código de Procedimientos Penales, lo que me lleva a la conclusión de que el recurso de nulidad interpuesto debe ser desestimado y, mi voto, es en ese sentido.

A su turno los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestion planteada el Doctor RIENZI GALEANO prosiguió diciendo: La presente causa criminal se inició con la instrucción del sumario ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del Menor de San Juan Bautista de las Misiones, en virtud de la querella criminal por un supuesto hecho de abigeato en Isla Tacuara, jurisdicción de San Miguel de las Misiones, promovida por la Sra. BATILDE VILLALBA DE FRANCO (9 y 6 respectivamente). Posteriormente el sumario fue ampliado, única y exclusivamente, para decretarse la detención de Pedro Céspedes (fs. 81), por lo que cualquier diligencia practicada en estos autos para la averiguación de otros hechos presuntamente delictuosos, que no sea el de abigeato, no tiene valor alguno, de conformidad con lo que disponen los artículos 137, 15 y concordantes del Código de Procedimientos Penales, vigente en el momento de la promoción de la querella y, hasta hoy, parcialmente.

Por otro lado, si bien es verdad que la querellante nunca pudo probar con certidumbre la propiedad de los animales, objetos del supuesto abigeato; la defensa del procesado, a quien se le dio intervención en ese carácter desde el 24 de Mayo de 1.995 (fs. 95), no puede a esta altura y en esta instancia, a casi SEIS AÑOS de su intervención en el proceso, plantear repentinamente la cancelación de la personería de la querellante, cuando que ella misma reconoce expresamente que la accionante debió acreditar, prima facie, su calidad de particularmente ofendida por el supuesto delito. El reconocimiento de la personería de la querellante no causa estado y pudo haber sido discutida y cancelada por la vía de la excepción de falta de acción, en forma de artículo previo y especial pronunciamiento, según el Art. 428 inc. 3° del Código de Procedimientos Penales. Y tuvo tiempo suficiente para deducirla, mas de trece meses (fs. 289 y 290), puesto que de acuerdo a lo que dispone el Art. 430 del Código citado esta excepción, como las otras, “podrán oponerse en cualquier estado el sumario, o dentro de lo seis días de notificado el auto que mande elevar la causa a plenario”. Evidentemente, la defensa no utilizó este derecho y hoy su pedido deviene absolutamente extemporáneo.

Existen otras muchas, situaciones y circunstancias procesales anormales, como la concesión de recursos interpuestos por la defensa fuera del término establecido por el Art. 491 del Código de Procedimientos Penales (ver fs. 335 y 337); las declaraciones informativas que debieron ser testificales, conforme al Art. 233 del Código de Procedimientos Penales; el incumplimiento del Art. 238 del Código de Procedimientos Penales (fs. 167 y 189); el incumplimiento, particularmente, del inciso 2° del Art. 263 del mismo Código (fs. 106, 107, 108) y varias otras.

No obstante lo señalado y no existiendo irregularidades muy graves que vuelvan nulas las sentencias inferiores y, fundamentalmente, en razón del principio de la celeridad procesal, esta causa ya debe ser finiquitada. No olvidemos que el abigeato es uno de los delitos denominados de acción penal pública, acción que, precisamente por ser de esa naturaleza, puede ser ejercitada tanto por el Ministerio Público o de oficio por el propio Juzgado, de acuerdo a lo indicado por el Art. 16 del Código de Procedimientos Penales. Estas acciones no se extinguen por la cancelación de la personería del o de la querellante o mismo por la renuncia de la parte ofendida, pues aun así, el proceso debe seguir su curso y mas en éste, donde la querella no fue cuestionada hasta llegar el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

Aclarado cuanto precede, pasando seguidamente al fondo de la cuestión, encontramos que el imputado, y luego procesado, PEDRO CESPEDES, en su declaración indagatoria, que lógicamente la prestó exonerado del juramento y de la promesa de decir verdad, manifestó ser dueño o propietario de las dos vaquillas que motivaron la acción y el consiguiente proceso, asegurando que las había adquirido de su padre NARCISO CESPEDES, aunque se hallaban con la marca de su tío Salvador Díaz (fs. 98/99).

Sin embargo antes, cuando el Juzgado recibió su declaración informativa, que la prestó “previa las formalidades legales” (se presume que se refiere al juramento), expresó que esas dos vaquillas las “había comprado de su tío el Señor SALVADOR DIAZ con la marca del Señor Salvador Díaz” (fs. 52) y no de su padre, como dijo en su indagatoria, presentado en esa ocasión una copia de la boleta de Marcas y Señales de la Dirección General de los Registros Públicos, con el que trató de justificar lo referido al Juzgado (fs. 51), sin darse cuenta que dicha boleta se hallaba “en desuso por no haberse reinscripto”, desde hacia mas de VEINTE AÑOS.

También su tío, Salvador Díaz, prestó declaración informativa, aclarando que “posee una marca con la letra SD Y QUE NO POSEE SEÑAL”, agregando que no recordaba haberle vendido a Pedro Céspedes ganado vacuno, pero que si “le suele prestar su marca” (fs. 71), y que no recordaba “hasta que año tuvo los animales y que aproximadamente sería unos veinte años” (fs. 71 vlto.), contradiciendo así lo afirmado por Pedro Céspedes en cuanto a la compra venta de las vaquillas.

Es mas, el hecho de que la Boleta de Marca de Salvador Díaz se hallaba en desuso, se encuentra confirmado por el informe de la Dirección General de los Registros Públicos de fs. 126, dado que en él, la Sra. Alcira Montanari, Jefa de la Sección Marcas y Señales, entre otras cosas, aclara al Juzgado que la Boleta de Marca de Salvador Díaz se hallaba en desuso y consecuentemente “NO TIENE VALIDEZ PARA LOS TRAMITES RELATIVOS A VENTA Y GUIAS DE TRASLADO” (fs. 126 vlto.).

Si a todo esto le sumamos el hecho de que la guía de traslado para las dos vaquillas en cuestión son del 11 de mayo de 1.995 (fs. 109); cuando que dichos animales ya fueron objetos de inspección ocular por el propio Juzgado, y fotografiados, el 10 DE FEBRERO DE 1.995 (fs. 9 al 13), no puede discutirse la existencia en autos de evidencias que comprometen seriamente la responsabilidad de Pedro Céspedes en el hecho querellado.

Y esta sospecha se vuelve certeza cuando el tío del procesado, Don Salvador Díaz, tratando de salvar la responsabilidad de SU SOBRINO, se presenta ante el Director General de Recaudaciones y declara “bajo juramento de ser propietario de... animales y solicita GUIA por trasferencia de (2) dos animales a favor de: Pedro Céspedes”, los que debían ser “trasladados” de San Miguel... “a la localidad de San Bautista” (fs. 153); localidad a la que evidentemente, nunca fueron “trasladadas” dichas vaquillas, Además, pese a lo que dice el Señor Salvador Díaz, buscando favorecer a su sobrino, las firmas obrantes al pie de estas solicitud no tiene nada que ver con la firma obrante en su declaración informativa, prestada ante un Juzgado de Primera Instancia (fs. 71 (vlto). Naturalmente, las guías así obtenidas, en base a mentiras y documentos ya sin validez alguno, no puede ofrecerse como pruebas en un juicio, sin que perjudique al oferente. Y si a esto le agregamos el informe de Senacsa (fs. 135), de que Salvador Díaz no se halla inscripto en su registro, la certeza de que las dos vaquillas no son de propiedad del procesado se vuelve incontroversible y esto, que surge de documentos públicos no cuestionados por la defensa ni por la fiscalía, no puede ser destruido por declaraciones informativas o testificales, y más cuando ellas son de amigos y parientes. En síntesis, la defensa no ha aportado en autos elementos de juicio que hayan podido variar la responsabilidad penal del procesado que surge, vuelvo a repetir, de los instrumentos públicos individualizados y de las declaraciones contradictorias del mismo y de su tío Salvador Díaz.

Asimismo y por lo expuesto, no puedo sustraerme a la tentación de hacer mías las ilustradas consideraciones vertidas sobre el caso por la Dra. María Victoria Rivas de Adlan, Fiscal Adjunta, al señalar en su Dictamen de fecha 14 de Diciembre del año 2.000 (fs. 404) que “la guía de traslado presentada por el Sr. Pedro Céspedes, como justificativo de la titularidad de los animales en cuestión, no pueden ser tomados como argumento válido para justificar la propiedad de los mismos, pues la fecha de expedición de la guía (11 de mayo de 1995, fs. 154), es muy posterior a la instrucción del sumario criminal (10 de febrero de 1995, fs.9). Evidentemente, y con el ánimo de confundir los antecedentes del caso, se presenta también una solicitud de guía de traslado, (fs. 153), firmado por el vendedor, no así por el comprador, también en fecha 11 de Mayo de 1.995, y llama poderosamente la atención que el Sr. Salvador Díaz, titular de la marca estampada en los animales, no poseía registro de animales a su nombre (informe de Senacsa, fs. 135) y su marca ya no estaba en vigencia, por ende no era válida para transacciones de compraventa (informe de Registros Públicos, fs. 126 vlto.), estos informes son contundentes respecto a la responsabilidad del encartado, y es alarmante la forma en que se expidió la guía de traslado, para la venta de animales, pues no se puede expedir guía alguna, sin los documentos habilitantes al respecto (informe de Senacsa y certificación Municipal, Ley 99/91 Art. 19), por lo que hay una abierta responsabilidad del funcionario de la Dirección General de Recaudaciones, respecto a la confección irregular de la guía mencionada. Además de estos apuntes, hay que resaltar lo establecido en el Art. 2.069 del Código Civil, que dice: “... la marca o señal en el ganado mayor o menor que la lleve, constituye título de propiedad a favor de la persona o entidad que la tenga debidamente inscripto en el Registro de Marcas y Señales...”, evidentemente esto es contundente, respecto a descartar toda posibilidad de acreditar la titularidad por la sola marca estampada en los animales, pues la marca del Sr. Díaz, ya no era válida, al tiempo de la supuesta venta a favor del incoado. Ante todas estas pruebas irrefutadas por la defensa tenemos los presupuestos básicos, para llegar a tener la certeza de la comisión del hecho de abigeato, por parte del Sr. Pedro Céspedes, bajo la modalidad de tenencia de animales sin justificar la propiedad de los mismos, por cuya actividad ilícita fue condenado en sede de Primera Instancia, y revocada en disidencia por los Jueces Adquem”. (fs. 405/6).

Luego de la transcripción de afirmaciones tan contundentes sobre el hecho delictuoso y el responsable del mismo, para culminar con este análisis de las probanzas de autos y del delito en cuestión, no quiero hacerlo sin destacar lo señalado por el eminente Prof. Doctor TEODOSIO GONZALEZ, en su libro Derecho Penal, al comentar el Art. 387 del Código Penal de 1914, que se refiere al abigeato o cuatrerismo, delito que se le atribuye al procesado Pedro Céspedes. “La causa de la agravación de la responsabilidad en este hurto, es la misma que la que acabamos de ver en el artículo anterior: la debilidad forzosa de la defensa privada sobre cosas que, fatalmente, han de permanecer lejos de la vigilancia del propietario y de la policía, esparcidas en campos desiertos, de una extensión considerable. La ley aumenta aquí la tarifa de la pena; hace bien; el cuatrerismo, a causa del desierto, de la falta de policía y de la pobreza general del país, es un verdadero azote, una calamidad pública en el Paraguay, y, por tanto, ES NECESARIO REPRIMIRLO CON RIGOR” (las mayúsculas son mías). Tomo III, Pág. 161.

En conclusión, Pedro Céspedes tenía en su poder dos vaquillas del que decía ser propietario, pero nunca pudo demostrar o justificar fehacientemente esa titularidad, aunque trató de hacerlo sin mucho miramientos, cuidado y consideración del aspecto legal, con lo que fue agravando cada vez más su situación jurídica. En consecuencia, hallándose probado el cuerpo del delito y la responsabilidad del procesado en el marcaje (distintos) y la señal (borrosa) de las dos vaquillas de, por otro lado, dudoso origen (ver pericias de fs. 67 y 68 no cuestionados), considero correcta la calificación del hecho, indudablemente perpetrado, en lo previsto y castigado por el inciso 8° del Art. 387 del Código Penal, vigente en el momento del hecho, cuya pena promedio, conforme a la indiscutida avaluación de los animales de fs. 279, es de nueve (9) meses de penitenciaría, pena de la que debe descontarse la atenuante prevista en el inciso 5° del Art. 30 del Código Penal y sumarse las agravantes indicadas en los incisos 9°, 10 y 13 del Art. 31 del mismo cuerpo legal; circunstancias que me permite concluir que la condena correcta y justa para el procesado Pedro Céspedes, por la comisión del delito de abigeato, es la de diez (10) meses de penitenciaría.

Mi opinión, entonces, es que la resolución dictada, en disidencia, por el Tribunal de Apelación, Acuerdo y Sentencia N° 19 del 21 de Agosto de 2.000 (fs. 378), debe ser revocada por no ajustarse a las constancias de autos y, consecuentemente, condenar, con costas, al procesado Pedro Céspedes a sufrir la pena de DIEZ MESES DE PENITENCIARIA que, a la fecha, ya la tiene suficientemente compurgada. Es mi voto.
A su turno, los Doctores IRALA BURGOS Y PAREDES, manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor RIENZI GALEANO, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue:

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos.
Ante mí: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial.

SENTENCIA NÚMERO: 230

Asunción, 28 de mayo de 2.001.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la;
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1. DESESTIMAR el recurso de nulidad.

2. REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 19 de fecha 21 de Agosto de 2.000, dictado por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de San Juan Bautista de las Misiones; y en consecuencia CONDENAR, con costas, al procesado Pedro Céspedes a la pena de DIEZ MESES DE PENITENCIARIA, pena que a la fecha, ya la tiene suficientemente compurgada.

3. ANOTAR Y NOTIFICAR.

Ministros: Wildo Rienzi Galeano, Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos.
Ante mí: Alfredo Benitez Fantilli, Secretario Judicial.

RECURSO DE REVISIÓN EN UN HECHO DE ABIGEATO [NO HACER LUGAR]

CAUSA: “RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por los Abogs. Luis Alberto Barrios G. y Rubén Riveros en los autos: “MINISTERIO PÚBLICO C/ CRESCENCIO AMARAL VAZQUEZ S/ ABIGEATO EN LA ESTANCIA “BUENA VISTA” – NARANJATY - HORQUETA”

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO MIL OCHENTA Y CINCO

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y cinco días, del mes de noviembre del año dos mil cinco, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, WILDO RIENZI GALEANO y SINDULFO BLANCO, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: “RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por los Abogs. Luis Alberto Barrios G. y Rubén Riveros en los autos: “MINISTERIO PÚBLICO C/ CRESCENCIO AMARAL VAZQUEZ S/ ABIGEATO EN LA ESTANCIA “BUENA VISTA” – NARANJATY - HORQUETA”, a fin de resolver el Recurso de Revisión interpuesto por el Abog. Luís Alberto Barrios Gayoso, como defensor del condenado Crescencio Amaral, contra la S.D. Nº 30 de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegido, integrado por los Jueces Penales JUAN PABLO CARDOZO NOTARIO, como Presidente, RAMON ANGEL MARTINEZ CAIMEN y FELIX ENRIQUE GONZALEZ NUÑEZ, como Miembros y el Acuerdo y Sentencia Nº 51 de fecha 31 de octubre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción y Alto Paraguay.-------------------------

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes; 

C U E S T I O N E S :
¿Es admisible el Recurso de Revisión planteado?.
En su caso, ¿resulta procedente?.

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RIENZI GALEANO, BLANCO y PUCHETA DE CORREA.-----------------------

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. RIENZI GALEANO dijo: Que de conformidad a las disposiciones del Art. 481 del Código Procesal Penal, el recurso de revisión procede únicamente contra Sentencia ejecutoria y pasada en autoridad de “cosa Juzgada”, solamente en favor del condenado y sin plazo procesal alguno. En el presente proceso, las sentencias impugnadas se hallan debidamente ejecutorias, la interposición del recurso es en favor del procesado y con un plazo “sine Díe”, invocándose las causales establecidas en los inc. 3) y 4) del Art. 481 del C.P.P., esbozando el revisionista múltiples cuestionamientos, que merecen un previo análisis para determinar la procedencia o nó para su estudio.-------------------------

La admisibilidad para el estudio del recurso impetrado; corresponde señalar que el recurrente ha esbozado múltiples tipos de impugnaciones, que debemos considerar si esas fórmulas impugnativas están dentro de lo que doctrinariamente debe encuadrarse para que la esencia del recurso, como instituto procesal, no sea desnaturalizado. Así, resulta importante decir que la temática sometida a consideración para la canalización de una revisión, ejercida por ésta vía impugnativa, se dirige directamente a que, con los ataques, se puede rever sentencias pasadas en autoridades de cosa juzgada, es decir, que se está en presencia de una conjugación de valores procesales fundamentales, como la seguridad jurídica que prodiga las sentencias firmes, que podría ser desmembrada y hasta revocada o Nulificada, cuando concurren situaciones inequívocas desde el exterior del proceso como aporte de nuevas pruebas que hacen al fondo mismo del proceso, de comprobaciones de desvíos institucionales, como prevaricatos y otras fórmulas irritantes a la misma justicia, salida de proyecciones ilícitas, comprobaciones de falsos testimonios, de vicios fundamentales que rompan el equilibrio procesal fundado en garantías constitucionales, como indefensión manifiesta, salto procesal en sus etapas formales, legales y no susceptibles de cumplimiento, es decir, que se esté violando el debido proceso, salidos de tales circunstancias fácticas, todos los cuales deben ser debidamente probados, cuya aportación corresponde a quién intenta o interpone el recurso.------------------------------------------

En el caso presente no se ha aportado en absoluto nuevas pruebas, evidencias de falsedades testimoniales, prevaricatos, cohechos, etc., que, de alguna manera, quiebre la estructura del proceso que esta siendo objeto de ésta impugnación recursiva especial, posterior a la sentencia ejecutoriada. El recurrente tacha a la S.D. de Primera Instancia, que ha arribado a la ejecutoriedad, por el Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Apelación que no admitió el Recurso de Apelación Especial, titulando sus ataques como “NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES. INEXISTENCIA DE PRUEBAS. PRUEBAS NULAS”. Para sostener la nulidad dice de la inexistencia de la orden de allanamiento, cuyos efectos sirvieron de base estructural a la Sentencia. Ello resulta absolutamente errada, pues, esa Orden de Allanamiento existió y fue cumplido con la presencia del Agente Fiscal en lo Penal de la Unidad 1, Región 8, Concepción, Abog. Luís Ramón Grance, la que fue dispuesta por el Juez de Paz de Horqueta, Abog. Rigoberto Lezcano, Secretaria María R. Soria Duarte, cuyos antecedentes fueron elevados al Juez Penal de Garantías de Turno. Esto significa que no hubo la omisión que dice ser fundamental el revisionista, por lo que semejante forma de ataque no tiene la suficiente relevancia y seriedad. En otro orden de cosas las “inexistencia de pruebas y existencia de pruebas nulas”, de por sí, no son susceptibles de análisis en ésta vía recursiva, pués en los estadios correspondientes debieron ventilarse o examinarse, resultando de ello de la facultad nacida de la Inmediatez, la contradicción y concentración, que son atributos de los Jueces intervinientes en el Juicio Oral y Público, donde debió haberse planteado o, por lo menos, reservado para la apelación especial, que corresponde como recurso ordinario.--

En otro orden, la parte recurrente acepta la condena y solo requiere para sí una rebaja de la pena, de cinco a un año, lo que está demostrando que la condena en sí no está cuestionada y no es materia de esté recurso, de donde sobresale que la condenación en si misma está siendo admitida y no cuestionada, por lo que parece una grave contradicción en lo que hace a la articulación de la nulidad, pués, lo que se acepta no es susceptible de anulación, por todo lo cual, dentro estos simples análisis, el recurso de revisión interpuesto resulta no admisible para su estudio y así debe ser declarado. Es mi voto.----------------------------------------------

A SU TURNO, el señor Ministro BLANCO dijo: El colega preopinante llega a una primera y final conclusión de que no es admisible el estudio del recurso de revisión interpuesto.-----------------------------------------

Por mi lado, opino lo contrario. En efecto, existe una sentencia condenatoria de Primera Instancia (Nº 30/22/08/2003) que fue apelada. Y el Tribunal de Apelación de Concepción y Alto Paraguay decidió la inadmisibilidad de los recursos interpuestos contra aquella, por Acuerdo y Sentencia Nº 51 del 31/10/2003. Está firme y ejecutoriada. Y para plantear el recurso de revisión no rige plazo alguno (Art. 481 CPP).--------

La legitimidad del condenado Crescencio Amaral Vásquez está prevista en el Art. 482 num. 1 del Código Procesal Penal. Además. El recurso fue interpuesto por escrito ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conteniendo eferencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales que el revisionista cree aplicable (Art. 481, numerales 3 y 4 del C.P.P. – Art. 17 incs. 4 y 9 C.N.). Por tanto, concurre los requisitos que permiten estudiar el recurso de revisión. Es mi voto.----------------------------------------------------------
A SU TURNO, la Señora Ministra PUCHETA DE CORREA, manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Sindulfo Blanco, por los mismos fundamentos.--------------------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Señor Ministro RIENZI GALEANO prosiguió diciendo: No corresponde su estudio por lo resuelto en la primera cuestión. Es mi voto.--------------------------------

A SU TURNO, el señor Ministro BLANCO dijo: La causal del Art. 481 num. 3 podría ser “La argumentación fraudulenta” de la Sentencia confirmada, por haberse denunciado que no se expidió orden de allanamiento del domicilio del condenado, reclamándose en consecuencia la nulidad de todo lo actuado con posterioridad.-----------------

Pero según la misma norma, su existencia debe ser declarada en fallo posterior firme, prueba omitida en autos. Por otro lado surge la verdad, pués en el Acta de allanamiento (Fs. 6) consta que la orden de allanamiento Nº 49 del 1 de octubre de 2001 fue expedida por el Juez de Paz de Horqueta, por cuyo motivo la pretensión del revisionista resulta inconsistente.--------

Respecto al numeral 4, Crescencio Amaral Vásquez fue sorprendido por la comitiva Judicial – Policial en el momento del faenamiento de un animal ajeno (Flagrancia), según se prueba con el Acta de entrega de evidencias y fotografías de fs. 7, 8 y 9 del expediente. Luego, no puede alegarse supuestos hechos nuevos de que el hecho no existió, o que el condenado no lo cometió. Tampoco concurren méritos para aplicar una norma más favorable. Al respecto enseña Javier Llovet Rodríguez: “es menester que el gestionante ofrezca y acredite nuevos hechos o nuevas pruebas que justifiquen aplicar otra norma. La correcta delimitación de “una Ley más favorable” debe apreciarse en cada caso concreto, pero partiendo siempre de los hechos y las pruebas nuevas”.-------------------------

No hay en el expediente una causa de antijuridicidad o de inculpabilidad, o violación de norma constitucional, que permita disminuir o excluir la reprobabilidad y su punición. Por tanto, no corresponde hacer lugar a la revisión interpuesta. Es m voto.------------------------------

A SU TURNO, la Señora Ministra PUCHETA DE CORREA, manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Sindulfo Blanco, por los mismos fundamentos.--------------------

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:--

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO 1085
Asunción, 25 de noviembre de 2005.-
VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
R E S U E L V E:

DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el recurso de revisión interpuesto en estos autos.

NO HACER LUGAR al Recurso de Revisión interpuesto por la defensa del condenado Crescencio Amaral, contra la S.D. Nº 30 de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegido y el Acuerdo y Sentencia Nº 51 de fecha 31 de octubre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción y Alto Paraguay.-------------

ANOTAR, registrar y notificar.---------------------------------------------------

Ministros: Alicia Pucheta de Correa, Wildo Rienzi Galeano, Sindulfo Blanco
Ante mí: Karinna Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “A. M. P. S/ PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD” [RECHAZAR]

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “A. M. P. S/ PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD”. AÑO: 2003 – Nº 4202.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: MIL SEIS.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de Octubre del año dos mil cinco, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor ANTONIO FRETES, Presidente y Doctores JOSÉ V. ALTAMIRANO AQUINO Y MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, quien integra la Sala por ausencia del Doctor VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “A. M. P. S/ PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por los Sres. A. R. de D. y W. D., por derecho propio y bajo patrocinio de la abogada E. G. de F. F. de B..
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

C U E S T I Ó N:

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.
A la cuestión planteada el Doctor ALTAMIRANO dijo: La presente acción de Inconstitucionalidad la promueven los Sres. A. R. de D. y W. D., por derecho propio y bajo patrocinio de la abogada E. G. de F. F. de B. contra la S.D.N° 326 del 22 de octubre del año 2002, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Tercer turno apartado tercero y el Acuerdo y Sentencia Nº 80 del 18 de agosto del año 2003, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y de la Adolescencia apartado cuarto y sexto. Ambas resoluciones han rechazado la pretensión de declaración de Pérdida de Patria Potestad instaurada contra la Sra. A. J. P. DE M., en los autos caratulados: “A. P. S/ PERDIDA DE PATRIA POTESTAD” N° 98 año 1998.

1- Los recurrentes plantean que las resoluciones impugnadas son violatorias de los artículos 16, 17 inc. 8, y 54 de la Constitución Nacional, así como el art. 3º de la Convención de los Derechos del Niño y el art. 3º de la Ley 1680/01; Código de la Niñez y de la Adolescencia, manifestando: “… Las sentencias recurridas han sido dictadas infringiendo principios constitucionales elementales y de procedimiento, constituyendo actos normativos contrarios a la Carta Magna y convenios internacionales suscriptos y ratificados por nuestro país y las leyes vigentes en materia de la Niñez y Adolescencia y procedimental…”; “…Lastimosamente, a pesar de la claridad de la norma citada, las resoluciones recurridas se apartan por completo de la consideración y la imposición del carácter prevaleciente del derecho del niño en cuestión, A.M.P., disponiendo que luego de 4 años de convivencia con nosotros y de ser parte integrante de nuestra familia deba ser abandonado y verse forzado a pasar a convivir con su madre biológica, con quien prácticamente no ha tenido trato alguno durante todo este tiempo…”; “…Inclusive el daño a producirse por decisión del voto en mayoría del Tribunal, de consentirse esta injusticia irá mas allá, pues ignorando y obviando las recomendaciones de una psicóloga,…donde claramente recomienda que no era conveniente someterle a ningún tipo de cambio, dada las consecuencias perjudiciales que podría acarrearle en su proceso de formación y crecimiento la diversidad de problemas de fondo y forma en su entorno familiar inmediato, que es lo que finalmente provoca la resolución del Tribunal de Apelaciones. Y lo que es aún peor, hizo caso omiso a la situación física que ya manifestaba el menor A.M.P., sustentada por su pediatra tratante…”; “…Debemos concluir pues, que en caso del menor A., todas la probanzas arrimadas en el juicio y que daban plena fe a la tesis sustentada en la demanda fueron desestimadas por los Juzgadores en ambas instancias inferiores, quienes, en la resolución recurrida dieron carácter prevalente a los intereses de los adultos, contrariando y violando al interés superior del niño, sujeto del derecho y amparado por la doctrina de la protección integral. Todo esto permite afirmar tajantemente que las sentencias atacadas de inconstitucionalidad son arbitrarias y contrarias a derecho pues prescinden de pruebas decisivas en la cuestión debatida y contradice abiertamente las constancias obrantes en autos…”; “…Los fallos recurridos por la presente acción no han aplicado las prescripciones de la Carta Magna pues no se basan en el principio fundamental del interés superior del niño…”; “…Como quedó demostrado, lejos de aplicarlo, fue obviado por los Juzgadores, dejando prevalecer los intereses de la madre biológica, por sobre los del niño A.…quien se caracterizó por su ausencia en la primera infancia del niño…”.
En consideración a lo dispuesto en la norma procesal para esta materia, se corrió traslado a la otra parte, y posteriormente se dio intervención legal al representante del Ministerio Público, quien por Dictamen Nº 2824 del 21 de octubre del 2004, aconsejo el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad, al no verificarse en autos la violación de principios, derechos ni garantías constitucionales a ser reparados por la vía de la inconstitucionalidad.

2- Pues bien, debemos considerar el contenido de las resoluciones impugnadas a los efectos de cotejar con el agravio sostenido por los accionantes, en este sentido la S.D.N° 326 del 22 de octubre del año 2002, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Tercer turno apartado tercero dispuso: “…No hacer lugar a la demanda de pérdida de la patria potestad promovida por los…///…
…///…señores A. R. DE D. y W. D. contra la Sra. A. J. P. C. EN RELACION A SU HIJO A.M.P., por no hallarse merito suficiente en el presente proceso…” y el Acuerdo y Sentencia Nº 80 del 18 de agosto del año 2003, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y de la Adolescencia apartado cuarto y sexto que dijo: “…4.- CONFIRMAR el tercer apartado de la S.D.Nº 326 de 22 del octubre de 2002…6.- HACER LUGAR a la restitución solicitada por la Señora A. J. P. contra los señores A. R. de D. y W. D. en relación al niño A.M.P.…”.

3- No Procede la Acción de Inconstitucionalidad.

4- Debido a la complejidad y a la sensibilidad que soporta el caso sometido a estudio, motivado por causas de diversa índole, pero en gran parte por el cariño y afectación que genera un niño en la vida de los adultos, y en este caso, por un lado de aquella que le dio la luz de un mundo, y la otra que le dio el cotidiano existir, la disputa es la misma y ancestral, incluso el Rey Salomón lo ha resuelto y en este sentido esta Corte Suprema de Justicia en atención a lo sensible de la afectación que debe ser resuelta y mas que nada en atención al interés superior del niño enmarcado dentro de las normas legales, creo oportuno resolver en los siguientes términos:
4.1.- La madre biológica de niño, la Sra. A. J. P. C. y los Sres. A. de D. y W. D., por acta de fecha 13 de octubre del año 1998 fueron beneficiados conjuntamente con la guarda y custodia del menor A.M.P. (ambos, tanto la madre como el niño, al tiempo eran menores).La consideración del Juzgado respecto a la guarda a favor de los Sres. D. tenía relación con el hecho de que 1.- la madre era menor; 2.- la Sra. A. era pariente de la Sra. A. y 3.- La Sra. A. D. es madrina del niño A.M.P.
A los efectos del relato es preciso considerar que el niño A.M.P. nació el 26 de noviembre del año 1997.
* Seguidamente la Sra. A. de D. inicio juicio de Pérdida de la Patria Potestad en contra de la Sra. A. P., en fecha 15 de febrero del 2001. Según afirmaciones de la demandante la madre biológica abandono a su hijo en el mes de marzo de año 1999 (a los 1 año y 4 meses aproximadamente). La demandante inició el juicio de Pérdida de la Patria Potestad un año después de producido el supuesto abandono del menor A.M.P.
* Por otro lado la Sra. A. J. P., inició en fecha 29 de abril de 1999, (un mes después del supuesto abandono del menor), mediante la gestión de la Defensoría de Pobres, juicio de tenencia contra el padre del menor A., el Sr. E. D. M., en ese escrito (fs.54 y 55) la misma menciona que los Sres. D., “…son el sostén de ella y su menor hijo...”. Por S.D.Nº 1028 de fecha 22 de setiembre de 1999, el juzgado resuelve hacer lugar a la Tenencia del menor A.M.P. a favor de su madre A. J. P..
* En fecha 9 de marzo del 2001, corrido el traslado de la demanda de Pérdida de la Patria Potestad, se presenta la Sra. A. a contestar la misma, manifestando que en varias ocasiones había solicitado a los Sres. D., la entrega de su menor hijo y que en forma sistemática le fue negada la misma, incluso recibiendo amenazas de muerte, por parte del Sr. D., la que hizo constar en acta policial Nº 253 de la Comisaría Nº 16 Metropolitana.
* Tomando como puntal de análisis, los hechos detallados mas arriba y el tiempo de la producción de cada uno de ellos, queda demostrado que en realidad no hubo un lapso razonable de abandono de la madre A. con relación a su menor hijo A.M.P., no solo por el hecho de no existir ausencia prolongada de la madre en el cuidado y atención del niño, sino porque los Sres. D. habían sido designados guardadores y custodios tanto del niño A.M.P. y la Sra. A. P., por la condición de menores de ambos, por tanto en ¿que sentido podemos estar ante la figura del “abandono”? sobre todo como causal de Pérdida de la Patria Potestad.
Por otro lado, la madre biológica, ha demostrado interés en sus hijo en todo momento, ha participado de todas las intervenciones judiciales posibles, y ha obtenido la tenencia sobre su menor hijo, en el juicio promovido contra su marido y padre biológico del menor el Sr. E. D. P..
Si bien es cierto la sensibilidad y los afectos dolorosos de pérdida y desgaste por constantes intervenciones judiciales, en un lapso aproximado de cinco o mas años, creo oportuno, aconsejar la paz familiar y la reconciliación tomando en cuenta que la integralidad de un niño con su futuro esta en juego, por ello quiero proponer en virtud a las facultad que otorga la Constitución Nacional en el art. 54 cuanto sigue:

1.- No encuentro elementos doctrinarios ni legales que permitan sostener que las resoluciones de primera y de segunda instancia hayan sido dictadas, bajo el presupuesto de la arbitrariedad, considerando de que estas se dan cuando se sustentan en afirmaciones dogmáticas o en fundamentos sólo aparentes, así como cuando no constituye una derivación razonada del derecho vigente, sino que es producto de la voluntad individual de los jueces, de una interpretación antojadiza de los mismos, apartándose de las prescripciones legales; sin embargo tales circunstancias no se dan en el fallo impugnado. Por ello considero de que efectivamente debe procederse a la RESTITUCIÓN DEL MENOR A.M.P. A SU MADRE BIOLÓGICA A. J. P.. …///…
…///…2.- En virtud del acta de fecha 13 de octubre del año 1998, mediante la cual el A-quo interviniente dispuso la guarda y custodia de los menores de entonces la madre biológica y su menor hijo A.M.P., fundado en el parentesco y la calidad de madrina de la Sra. A. D. con relación al niño, creo oportuno mencionar la investidura que otorga socialmente y moralmente el ser madrina manifestando que: “… El Código de Derecho Canónico que rige a la Iglesia Latina, nos habla del “Padrino” o de los “Padrinos” únicamente en relación a los sacramentos de la Iniciación Cristiana (cfr. canon 842 § 2), a saber: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. La función propia del padrino la encontramos en el canon 872, indicando que es una función de asistencia en la iniciación cristiana del adulto que se bautiza; en el caso que sea un infante quien recibe el bautismo tiene la función de presentarlo juntamente con sus padres, y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Anexo a estas funciones, en el canon 855 se indica que juntamente con los padres del bautizado y el párroco, es quien procura que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Quien pensaba que ser padrino o madrina es algo sencillo, con la indicación de estas funciones comprobará que no es así. Las mismas funciones requieren a una persona que tenga la calidad de vida cristiana de acuerdo al compromiso que asume, pues, aunque no se expresa como tal en el Código de Derecho, es un verdadero representante de la Comunidad que de manera especial “vigila” y “acompaña” en el crecimiento de la fe. Insistiendo en el acompañamiento de la iniciación cristiana, el canon 892 nos habla del padrino de quien va a ser confirmado, cuya labor es procurar que el confirmado se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. El canon siguiente en su primer parágrafo exige los mismos requisitos del canon 874; por eso sugiere la conveniencia de que el mismo padrino de bautismo sea el de confirmación, reforzando el canon 872, pero no es determinante que tenga que ser el mismo. En relación con el Sacramento de la Eucaristía no se indica de manera expresa en el apartado, sino solamente en el canon 842 § 2, como ya vimos con antelación…”.
CON ESTO QUIERO CONCLUIR QUE LA MADRINA ES RESPONSABLE SUBSIDIARIAMENTE CON LA MADRE DE LA CRIANZA, EDUCACIÓN Y CUANTO AFECTE AL NIÑO, POR ELLO CREO QUE EL NIÑO DEBERÁ EFECTIVAMENTE VIVIR CON SU MADRE, PERO QUE LA SRA. A. D. Y SU ESPOSO PODRAN SEGUIR ACOMPAÑANDOLO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR SIENDO ESTOS CO-RESPONSABLES CON LA MADRE, Y DEBIENDO POR TANTO TRATAR DE ARMONIZAR SUS INTERESES PERSONALES Y TENER SOLO EN CUENTA EL INTERES SUPERIOR DEL MENOR A.M.P., PUES QUIEN AMA, SOLO DESEA LO MEJOR.-

FINALMENTE A LOS EFECTOS DE HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS DE AMBAS PARTES CON RELACION AL NIÑO, LA MADRINA PODRÁ SOLICITAR JUDICIALMENTE LA APLICACIÓN DEL ART. 95 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, el que dispone el Régimen de Relacionamiento : “…A los efectos de garantizar el derecho del niño… a mantenerse vinculado con los demás miembros de su familia con los que no convive, cuando las circunstancias lo justifiquen será aplicable la regulación judicial. El régimen de reracionamiento establecido por el Juzgado puede extenderse…. Así como a terceros no parientes, cuando el interés del niño y sus necesidades asi lo aconsejen…” Esta disposición se complementa con el art. 8 de la Convención por los Derechos del Niño.
5- A los efectos de concluir con el presente creo que la Corte Suprema de Justicia es la que verdaderamente define la orientación final de las políticas del país, así como da un corte definitivo a los conflictos sometidos a resolución jurisdiccional, por lo que la responsabilidad y la necesidad de mantener un estándar jurídico coherente y estable hacen que permanentemente sostengamos al derecho sobre los pilares de las pautas del deber ser, por lo que al calificar de inconstitucional o no un acto normativo, reglamentario o una resolución judicial la tesis que sostenga la conclusión siempre será “el Margen de la Constitucionalidad” por tanto el deber ser no sólo se limitará a determinar el alcance o no de la constitucionalidad de lo planteado, sino también el sentido y límite que “debería darse” al caso en cuestión en atención a la necesidad de sostener la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia para todos.

El caso sometido a estudio debe ser resuelto en base a los principios contenidos en el Capítulo IV de la Constitución Nacional, esto es, sobre la consideración de la “Familia en el Estado Paraguayo” y en particular sobre los arts. 49 y 54 respectivamente, en este sentido queda claro que la familia es aquella constituida por …la unión estable del hombre y la mujer, los hijos y la comunidad que se constituya en su caso con cualquiera de los progenitores…esto es, por el vínculo biológico fundamentalmente y subsidiariamente por los institutos previstos por ley cuando el presupuesto constitucional deviene imposible en su constitución debido a la posible la ausencia de aquellos, al abandono, u otras causas que deberán en cualquiera de los casos ser resueltos por la autoridad judicial competente a los efectos de determinar la mejor conveniencia del niño con relación a su desarrollo pleno y armónico.

En este sentido la Ley 57/90 que aprueba y ratifica de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, dispone en su art. 3 “…En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las institucionales públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que atenderá será el interés superior del niño…”; art. 7: “…El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento…, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

6- La lectura de las constancias procesales traídas a la vista, permite apreciar que las resoluciones cuestionadas están basadas en las constancias de autos, en estas condiciones no es posible hablar de arbitrariedad, como ya lo mencionara anteriormente. Las consideraciones vertidas en el escrito de promoción, revelan la pretensión del accionante de que esta Sala Constitucional actúe como tribunal de tercera instancia para la revisión de los criterios de valoración de las pruebas producidas en la etapa oportuna por parte del Ad-quo como por el Ad-quem. En este sentido numerosos fallos emanados de esta instancia, han sostenido que la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto precautelar los principios, derechos y garantías contenidos en la norma fundamental, y esto no implica revisión de sentencias, si las mismas han sido generadas dentro de los mandatos legales del debido procesos y las facultades discrecionales que la ley otorga a los Jueces, lo que verificadamente se ha dado en el presente caso.

7- Por las consideraciones que anteceden y en coincidencia con el Dictamen del Ministerio Público, opino que las resoluciones impugnadas no son violatorias de ninguna norma constitucional, por lo que debe ser rechazada la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por los Sres. A. R. de D. y W. D., contra la SD N° 326 del 22 de octubre de 2002, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Tercer Turno, apartado tercero y el Acuerdo y Sentencia N° 80 del 18 de agosto del año 2003, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia apartado cuarto y sexto. Dar cumplimiento a las consideraciones expuestas en el numeral CUARTO. Las costas deberán ser soportadas en esta instancia en el orden causado. Es mi voto.

A su turno los Doctores FRETES y BAJAC ALBERTINI, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor ALTAMIRANO AQUINO, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia de inmediatamente sigue:

Firmado: José V. Altamirano, Antonio Fretes y Miguel Oscar Bajac, Ministros.
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario.


SENTENCIA NÚMERO: 1006
Asunción, 25 de octubre de 2005.-
VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
RESUELVE:

RECHAZAR, la acción de inconstitucionalidad promovida por los Sres. A. R. de D. y W. D., contra la SD N° 326 del 22 de octubre del año 2002, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Tercer Turno apartado tercero y el Acuerdo y Sentencia N° 80 del 18 de agosto del año 2003, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia apartado cuarto y sexto.

DAR CUMPLIMIENTO a las consideraciones expuestas en el numeral CUARTO de la presente resolución.

IMPONER las costas en esta instancia en el orden causado.

ANOTAR, registrar y notificar.

Firmado: José V. Altamirano, Antonio Fretes y Miguel Oscar Bajac, Ministros.
Ante mí: Fabián Escobar, Secretario.

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