30 de junio de 2012

REQUISITOS PARA AUXILIARES DE JUSTICIA

Obs: Los documentos se presentan en al Mesa de Entrada de la Corte (Planta Baja)
Para consultas,comunicarse a la Secretaría General (9° Piso-Torre Norte)
Teléfono: (021)424-311 Interno:3052

REQUISITOS PARA MATRICULA DE PROCURADOR
* 4to año de Derecho o Notario Concluido
* 2 años de ser Actuario Judicial
* Fotocopia Auntenticada del Certificado de Estudio
* Certificado de Antecedente Judicial (Original)
* Certificado de Antecedentes Policial (Original)
* Fotocopia Autenticada de Cédula de Identidad
2 (Dos) Foto tipo Carné

REQUISITOS PARA MATRICULA DE PERITOS
* Fotocopia Autenticada de Titulo Universitario (Si es extranjero debe ser revalidado por el Rectorado)
* Fotocopia Autenticada del Certificado de Estudios (Si es Extranjero debe estar revalidado por el Rectorado)
* Certificado de Antecedente Judicial Original
* Certificado de Antecedente Policial Original
* Fotocopia de Cédula de Identidad Policial Autenticada
* 1 (una) Foto Tipo Carné

REQUISITOS PARA MATRICULA DE TRADUCTOR PUBLICO
* Fotocopia Autenticada de Título / o dar Examen en el (M.E.C)
* Certificado de Estudios (Copia Autenticada)
* Certificado de Antecedente Judicial Original
* Certificado de Antecedente Policial Original
* Fotocopia Autenticada de Cédula de identidad Policial
* 1 (una) Foto Tipo Carné

REQUISITOS PARA REMATADORES
* Cuarto año de Derecho Concluido
* Certificado de Estudios Originales o Copia Autenticada por Escribania
* Certificado de Antecedente Judicial Original
* Certificado de Antecedente Policial Original
* Fotocopia Autenticada de Cédula de identidad Policial
* 1 (una) Foto Tipo Carné

REQUISITOS PARA OFICIAL DE JUSTICIA
* Cuarto año de Derecho Concluido
* Certificado de Estudios Originales o Copia Autenticada por Escribania
* Certificado de Antecedente Judicial Original
* Certificado de Antecedente Policial Original
* Fotocopia Autenticada de Cédula de identidad Policial
* 1 (una) Foto Tipo Carné

REQUISITOS PARA MATRICULAS DE ABOGADOS
- Fotocopia Autenticada de Título Universitario (Si es Extranjero debe ser revalidado por el Rectorado)
- Certificado de Estudios Fotocopia Autenticada (Si es Extranjero debe estar revalidado por el Rectorado)
- Certificado de Antecedente Judicial - Original
- Certificado de Antecedente Policial - Original
- Fotocopia de Cédula de Identidad Policial Autenticada
- 2 (Dos) Foto Tipo Carné
fuente: página del poder judicial de la República del Paraguay.

28 de junio de 2012

FORMULARIOS PARA USO EN LOS JUZGADOS


Aqui se pueden descargar los formularios correspondientes a:

-Juzgados de Primera Instancia del fuero Penal (Para uso en los Juzgados Penales de Garantías, Liquidación, Sentencia y Ejecución)

-Juzgados de Primera Instancia del fuero Civil y Comercial, Laboral y Niñez y la Adolescencia (Para uso en los Juzgados que cumplen funciones en uno sólo de los fueros detallados)

-Juzgados de Primera Instancia Multifueros (Para uso en los Juzgados que cumplen funciones en más de un fuero a la vez)

-Juzgados de Paz

Archivos Adjuntos
Juzgados Penales De Garantas Sentencia Liquidacion Ejecucion
Juzgados Penales De Garantas Sentencia Liquidacion Ejecucion
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Juzgados De Primera Instancia Civil Laboral Niez Y La Adolescencia
Juzgados De Primera Instancia Civil Laboral Niez Y La Adolescencia
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123 Kb
Juzgado De Primera Instancia Multifuero
Juzgado De Primera Instancia Multifuero
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98 Kb
Juzgado De Paz Ultima Version
Juzgado De Paz Ultima Version
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Fuente: Página del Poder Judicial de la República del Paraguay.

25 de junio de 2012

Mercosur: La Cláusula Democratica en el Protocolo de Ushuaia

Mercosur: La Cláusula Democratica en el Protocolo de Ushuaia

Los antecedentes de este importante documento fueron, en primer término, la Declaración Presidencial de las Leñas del 26 y 27 de junio de 1992 referida a que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia y desarrollo del MERCOSUR” y la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR suscrita el 25 de junio de 1996 que tiene que ver con el ejercicio efectivo de la democracia representativa y a la incompatibilidad de las alteraciones al orden democrático con la continuidad del proceso de integración con respecto al Estado miembro afectado ya que en 1996 la continuidad institucional del gobierno legítimo del Paraguay se vio amenazada por la grave crisis que lo azotó. Sin embargo, y como parte de la reacción de la comunidad internacional frente a la crisis institucional, el MERCOSUR tuvo una sugestiva participación expresada de diversas formas, entre otras con la presencia en Asunción de los cancilleres de Argentina, Brasil y Uruguay. De esta manera, la presión demostrada por los restantes miembros del MERCOSUR dio sus frutos, lográndose sofocar las tensiones. Dos meses después, los presidentes del MERCOSUR, reunidos en San Luis, suscribieron el «Compromiso democrático » que posteriormente daría lugar al Protocolo de Ushuaia.

Así la Reunión del Consejo del Mercado Común de julio de 1998, los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y de las Repúblicas de Bolivia y Chile suscribieron el "Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático", por medio del cual los seis países reconocen que la vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia y desarrollo de los procesos de integración, y que toda alteración del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración regional el cual se aplicaría en 1999 ante una nueva crisis institucional en el Paraguay.

El Protocolo consiste en una reafirmación de los principios y objetivos del Tratado de Asunción, sus protocolos y de los acuerdos de integración celebrados entre el MERCOSUR y sus estados asociados, así mismo reitera lo expresado en la Declaración Presidencial de las Leñas de 1992, y ratifica la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR.

El Protocolo en si resguarda "la plena vigencia de las instituciones democráticas" y ademas agrega que "es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados partes", ademas contempla "la ruptura del orden democrático" como causal de aplicación del instrumento y del procedimiento establecido, el cual consiste en un sistema de consultas entre los Estados miembros como con el país en el cual se ha interrumpido el sistema democrático. A esos fines, se prevé que en caso que las consultas resulten infructuosas, podrán aplicarse medidas –de diferente tenor- al Estado en el cual se ha subvertido el orden, desde la suspensión del derecho a participar en los órganos del MERCOSUR, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de los Tratados Constitutivos, quedando a criterio de los Estados la graduación de las medidas, que deberán ser aplicadas por consenso excluyendo al estado afectado. Asimismo, el cese de las mismas tendrá lugar sólo cuando se haya restablecido el orden en el país afectado, debiéndose también adoptarse por consenso.

De acuerdo a lo establecido en la Decisión CMC Nº 18/04, los países de la ALADI interesados en asociarse al MERCOSUR deberán adherir al "Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático", y a la "Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR".
Por otra parte cabe señalar que, mediante la Decisión CMC Nº 05/07, se creó el Observatorio de la Democracia del MERCOSUR (ODM), cuyos objetivos generales son: contribuir para el fortalecimiento de los objetivos del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR.

Actualmente la adhesión al Protocolo es una de las condiciones esenciales para la admisión de un país como miembro pleno del grupo, aunque es importante aclarar que la misma aun no ha sido reglamentada. En este tenor hoy día se encuentra pendiente de aprobación por el Congreso Nacional del Paraguay, el ingreso como miembro pleno de la República Bolivariana de Venezuela, objetada por un sector mayoritario alegando que el gobierno de su actual presidente Hugo Chavez no cumple los objetivos y condiciones del Protocolo de Ushuaia para su ingreso, por lo cual no aprueban su ingreso.

En la actualidad los Estados Asociados al MERCOSUR y que se han adherido al Protocolo son Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Así mismo hoy día la intención de incluir la cláusula democrática de la Unasur en lugar de la del MERCOSUR, es decir el Protocolo de Ushuaia, distinta a la misma que incorporaría al derecho comunitario una serie de medidas atentatorias a la soberanía nacional en especial de los países de menor desarrollo relativo y más a un a los países sin litoral como Paraguay y Bolivia, ya que el artículo 4 del "Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia", suscrito en noviembre del año pasado en Guyana, pero que aún no ha sido ratificado por el Congreso de nuestro país establece que en caso de ruptura o “amenaza de ruptura del orden democrático” en un país miembro, se aplicarán las siguientes sanciones contra el mismo: “Cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros” indicó el miembro del Parlasur Alfonso Gonzalez Nuñez.

En síntesis podemos concluir que La clausula democrática del MERCOSUR en el Protocolo de Ushuaia es un elemento jurídico comunitario de alto valor para el mantenimiento del orden social, político, económico y jurídico en forma armónica y libre, ya que se constituye en una garantía y medio valido de acción para revertir situaciones que podrían peligrar el normal desarrollo de los países y del propio MERCOSUR y su proyección a niveles superiores de integración regional, respetando adecuadamente la propia independencia y soberanía de las naciones que se adhieren a ella.


Autor: Blog Escritos de Derecho.
Octubre 2011





PROTOCOLO DE USHUAIA (CLÁUSULA DEMOCRÁTICA)


PROTOCOLO DE USHUAIA
(CLÁUSULA DEMOCRÁTICA)


La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia yla República de Chile, denominados en adelante Estados Partes del presente Protocolo,
REAFIRMANDO los principios y objetivos del Tratado de Asunción y sus Protocolos, y de los Acuerdos de integración celebrados entre el MERCOSUR y la República de Bolivia y entre el MERCOSUR y la República de Chile,
REITERANDO lo expresado en la Declaración Presidencial de las Leñas el 27 de Junio de 1992 en el sentido de que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia y el desarrollo del MERCOSUR,
RATIFICANDO la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR y el Protocolo de Adhesión a esa Declaración por parte de la República de Bolivia y dela República de Chile,
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
ARTICULO 1. La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo.
ARTICULO 2. Este Protocolo se aplicará a las relaciones que resulten de los respectivos Acuerdos de integración vigentes entre los Estados Partes del presente Protocolo, en caso de ruptura del orden democrático en alguno de ellos.
ARTICULO 3. Toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados Partes del presente Protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos en los artículos siguientes.

ARTICULO 4. En caso de ruptura del orden democrático en un Estado Parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado.
ARTICULO 5. Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.
ARTICULO 6. Las medidas previstas en el artículo 5 precedente serán adoptadas por consenso por los Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos y comunicada al Estado afectado, el cual no participará en el proceso decisorio pertinente. Esas medidas entrarán en vigencia en la fecha en que se realice la comunicación respectiva.
ARTICULO 7. Las medidas a que se refiere el artículo 5 aplicadas al Estado Parte afectado, cesarán a partir de la fecha de la comunicación a dicho Estado del acuerdo de los Estados que adoptaron tales medidas, de que se ha verificado el pleno restablecimiento del orden democrático, lo que deberá tener lugar tan pronto ese restablecimiento se haga efectivo.
ARTICULO 8. El presente Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción y de los respectivos Acuerdos de integración celebrados entre el MERCOSUR y la República del Bolivia y el MERCOSUR y la República de Chile.
ARTICULO 9. El presente Protocolo se aplicará a los Acuerdos de integración que en el futuro se celebren entre el MERCOSUR y Bolivia, el MERCOSUR y Chile y entre los seis Estados Partes de este Protocolo, de lo que deberá dejarse constancia expresa en dichos instrumentos.
ARTICULO 10. El presente Protocolo entrará en vigencia para los Estados Partes del MERCOSUR a los treinta días siguientes a la fecha del depósito del cuarto instrumento de ratificación ante el Gobierno de la República del Paraguay. El presente Protocolo entrará en vigencia para los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia o la Repúblicade Chile, según el caso, treinta días después que la Secretaría General de la ALADI haya informado a las cinco Partes Signatarias correspondientes, que se han completado en dichas Partes los procedimientos internos para su incorporación a los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales.
HECHO en la ciudad de Ushuaia, República Argentina, a los veinticuatro días del mes de Julio del año mil novecientos noventa y ocho, en tres originales, en idiomas español y portugués, siendo todos los textos igualmente auténticos.
POR LA REPUBLICA ARGENTINA CARLOS SAUL MENEM- GUIDO DI TELLA; POR LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -LUIZ FELIPE LAMPREIA; POR LA REPUBLICA DEL PARAGUAY JUAN CARLOS WASMOSY- RUBEN MELGAREJO LANZONI; POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY JULIO MARIA SANGUINETTI- DIDIER OPERTTI BADAN; POR LA REPUBLICA DE BOLIVIA HUGO BANZER -JAVIER MURILLO DE LA ROCHA; Y POR LA REPUBLICA DE CHILE EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE  Y JOSE MIGUEL INSULZA.

PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA EN EL MERCOSUR (USHUAIA II)


VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democratico en el MERCOSUR y las Decisiones Nº 18/04 y 28/04 del Consejo del Mercado Común.


CONSIDERANDO:

Que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración.

Que el compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, son condiciones indispensables para el desarrollo del proceso de integración y para la participación en el MERCOSUR.


EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:

Art. 1.- Aprobar el texto del “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el MERCOSUR (Ushuaia II)” que se adjunta a la presente Decisión.

Art. 2 - El Consejo del Mercado Común recomienda a los Estados Partes del MERCOSUR la suscripción del Protocolo mencionado en el Artículo anterior.

Art. 3 -  La vigencia del Protocolo adjunto se regirá por lo que establece su Artículo 11.

Art. 4 - La presente Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados (Partes).


PROTOCOLO DE MONTEVIDEO
SOBRE COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA EN EL MERCOSUR
(USHUAIA II)


La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, Estados Asociados del MERCOSUR, en adelante las Partes,
CONSIDERANDO que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes.
REITERANDO el compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo del proceso de integración y para la participación en el MERCOSUR. 


ACUERDAN:

ARTICULO 1

El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos. 


ARTICULO 2

Cuando se produzca alguna de las situaciones indicadas en el artículo anterior,  los Presidentes de las Partes o, en su defecto, los Ministros de Relaciones Exteriores se reunirán en sesión extraordinaria ampliada del Consejo del Mercado Común, a solicitud de la Parte afectada o de cualquier otra Parte. Dicha reunión se realizará en el territorio de la Parte en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore.

En caso que la Parte afectada se encuentre en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, la reunión indicada en el parágrafo anterior tendrá lugar -en principio- en el territorio de la Parte a la que le corresponda el próximo turno de dicha Presidencia. 


ARTÍCULO 3

Los Presidentes de las Partes o, en su defecto, los Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común promoverán, a través de la Presidencia Pro Tempore, consultas inmediatas con las autoridades constitucionales de la Parte afectada, interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones diplomáticas para promover el restablecimiento de la democracia en el país afectado.

En caso de que las consultas mencionadas resultaren infructuosas o que las autoridades constitucionales de la Parte afectada se vieran impedidas de mantenerlas, los Presidentes de las demás Partes, o en su defecto, sus Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a ser aplicadas de forma consensuada, en base a lo establecido en el artículo 6.

ARTÍCULO 4

Cuando el gobierno constitucional [u1] de una Parte considere que está ocurriendo  en su jurisdicción, alguna de las situaciones indicadas en el artículo 1 podrá solicitar a los Presidentes de las Partes o, en su defecto, a los Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común, a través de la Presidencia Pro Tempore,  colaboración para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.


(Este articulo le otorga arbitrariamente a Lugo calificar y decidir si esta siendo “amenazado” o no por otros órganos del Estado, como el Poder Legislativo o el Judicial. )

ARTÍCULO 5

En base a los requerimientos del Gobierno constitucional de la Parte afectada y con su consentimiento, los Presidentes de las Partes o, en su defecto, los Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común podrán disponer, entre otras, la constitución de:

a.- Comisiones de apoyo, cooperación y asistencia técnica y especializada a la Parte afectada.

b.- Comisiones abiertas para acompañar los trabajos de mesas de diálogo [u1] entre los actores políticos, sociales y económicos de la Parte afectada.

En las comisiones mencionadas en los literales a) y b) podrán participar, entre otros, miembros del Parlamento del MERCOSUR, del Parlamento Andino, de los Parlamentos Nacionales, el Alto Representante General del MERCOSUR y representantes gubernamentales designados por las Partes a tal efecto.

  [u1](Esto representa una abierta INTROMISION en asuntos internos del país, crearan un estado TUTELADO por otros estados del MERCOSUR. Tal como se hizo en Haiti con la MINUSTAH en 2004.)

ARTÍCULO 6

En caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático [u1] en una Parte del presente Protocolo, los Presidentes de las demás Partes -o en su defecto sus Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común-, podrán establecer, entre otras, las medidas que se detallan a continuación:

a.- Suspender el derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del MERCOSUR.

b.- Cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros.

c.- Suspender a la Parte afectada del goce de los derechos y beneficios emergentes del Tratado de Asunción y sus Protocolos, y de los Acuerdos de integración celebrados entre las Partes, según corresponda.

d.- Promover la suspensión de la Parte afectada en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales. Promover ante terceros países o grupos de países la suspensión a la Parte afectada de derechos y/o beneficios derivados de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte.
[u2] 
e.- Respaldar los esfuerzos regionales e internacionales, en particular en el marco de las Naciones Unidas, encaminados a resolver y a encontrar una solución pacífica y democrática a la situación acaecida en la Parte afectada. 

f.- Adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales.

Las medidas guardarán la debida proporcionalidad con la gravedad de la situación existente; no deberán poner en riesgo el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales en la Parte afectada; respetarán la soberanía e integridad territorial de la Parte afectada, la situación de los países sin litoral marítimo y los tratados vigentes.



ARTÍCULO 7

En la aplicación de las medidas indicadas en el artículo 6 los Presidentes de las demás Partes -o en su defecto sus Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común- velarán, a través de los medios apropiados, por el cumplimiento por la Parte afectada de sus obligaciones en el marco de los acuerdos de integración celebrados entre las Partes.


ARTÍCULO 8

Conjuntamente con la adopción de las medidas señaladas en el artículo 6°, los Presidentes de las Partes o, en su defecto, los Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones diplomáticas para promover el restablecimiento del orden democrático y constitucional, el legitimo ejercicio del poder y la plena vigencia de los valores y principios democráticos en el país afectado. Dichas acciones se llevarán a cabo en coordinación con las que se realicen en aplicación de otros instrumentos internacionales sobre la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos.


ARTÍCULO 9

Las medidas a que se refiere el artículo 6°, aplicadas a la Parte afectada, entrarán en vigor en la fecha en que se adopte la respectiva decisión. Las mismas cesarán a partir de la fecha en que se comunique a la Parte afectada la decisión de las demás Partes en tal sentido, una vez que las causas que motivaron su adopción hayan sido plenamente subsanadas. 


ARTÍCULO 10

El presente Protocolo es parte integrante [u3] del Tratado de Asunción y de los respectivos Acuerdos de integración celebrados entre el MERCOSUR y sus Estados Asociados.


ARTICULO 11

El presente Protocolo estará abierto a la firma de las Partes hasta el 1 de marzo de 2012.

El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del MERCOSUR. En la misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados que lo hubieren ratificado anteriormente.

Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa fecha, entrará en vigor el mismo día en que se deposite el respectivo instrumento de ratificación.

Los derechos y obligaciones derivados del Protocolo solamente se aplican a los Estados que lo hayan ratificado.

En las materias reguladas por el presente Protocolo, las relaciones entre las Partes que lo hayan ratificado y aquellos que aún no lo hayan ratificado y de éstos últimos entre sí continuarán rigiéndose por el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Una vez que todos los Estados signatarios y adherentes del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, Bolivia y Chile, hayan ratificado el presente Protocolo, el primero quedará terminado a todos sus efectos.



ARTICULO 12 

La República del Paraguay será Depositaria del presente Protocolo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes las fechas de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.



HECHO en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los 20 días del mes de diciembre de 2011, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.


 [u2] (Es notable la falta de determinar como se realizarán los bloqueos y embargos, en caso de “amenaza” de ruptura del orden democrático ademásde determinar los criterios para considerar como tal dicha amenaza.


 [u3] (Si es parte integrante del Protocolo y es modificado obligatoriamente debe ser aprobado por el Congreso Nacional)

LIBELO ACUSATORIO DEL JUICIO POLITICO AL PRESIDENTE FERNANDO LUGO


ESTE ES EL LIBELO ACUSATORIO DEL JUICIO POLITICO AL PRESIDENTE FERNANDO LUGO


LIBELO ACUSATORIO
ANEXO
ARTÍCULO 1° INC. C) - RESOLUCIÓN H. CÁMARA DE DIPUTADOS N° 1431/2012



1. OBJETO.



El Líbelo Acusatorio contra el Presidente de la República Fernando Lugo Méndez, se funda en las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos seguidamente a exponer:



Nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 225, establece: 



"El Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros del Poder Ejecutivo, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria".



2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACUSACIÓN
2.1 ACTO POLÍTICO EN EL COMANDO DE INGENIERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS



En el año 2009, con autorización del Presidente Lugo, se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, el que fue financiado por instituciones del Estado, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyreta. Fernando Lugo, reconoció que la Entidad Binacional Yacyretá financió el encuentro de jóvenes socialistas de la región, llevado a cabo en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.
Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón patrio.

Ese acto de naturaleza netamente política y con los exabruptos ampliamente difundidos por los medios de prensa solo pudo ser realizado con la autorización del Comandante en Jefe y prueba de que el Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos dentro del cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares. 



2.2 CASO ÑACUNDAY



Fue el Gobierno del Presidente Lugo el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. La falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice.

El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza. Sin embargo, esos trabajos eran acompañados por dirigentes de la Asociación de Carperos, quienes abiertamente dirigían la labor de los técnicos y de los integrantes de las fuerzas militares, que han dado lugar a interminables denuncias de los propietarios y también incontables publicaciones periodísticas referidas a esa situación.

Y mientras esas invasiones se producían y se daban a conocer amenazas de otras más en otros departamentos de la República, el Presidente Lugo se mostraba siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones, como es el caso de José Rodríguez, Victoriano López, Eulalio López, entre otros, dando un mensaje claro a toda la ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos de violencia y de comisión de delitos que eran propiciados y desarrollados a través de esas organizaciones.

Fernando Lugo ha sometido las fuerzas militares a los denominados carperos, quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos a la propiedad privada, a la vista de las fuerzas públicas, quienes no actuaron por la indisimulada complicidad del Presidente de la República con esos agresores.

Los miembros de esta Cámara recordarán lo ocurrido con la Intendente Municipal de Santa Rosa del Monday, María Victoria Salinas Sosa, quien fue víctima de un violento ataque de carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el vehículo en el que se desplazaba. 



2.3 CRECIENTE INSEGURIDAD



El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.

En estos 4 años de Gobierno, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron proveídos por el Congreso Nacional para potenciar a la fuerza pública, los resultados han sido no solo insatisfactorios sino también ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir al Ejercito del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en el azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro.

Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno, muchas veces con gran cobertura periodística, han tenido como único resultado el total fracaso. Nunca en la historia de este país, la Policía Nacional ha tenido tantas víctimas cobardemente asesinadas por los integrantes del EPP y, a pesar de ello, la conducta complaciente del Presidente siguió inalterable.
Todos los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el Presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP.

Los costosos operativos dispuestos por el Gobierno durante los dos estados de excepción no han dado resultado alguno y, por el contrario, solo ha generado una mayor fortaleza de ese grupo terrorista armado a través del descrédito y las humillaciones a las que fueron sometidas las fuerzas militares y policiales asignadas al operativo.

El Presidente Lugo es el responsable de la creciente inseguridad y es responsable también por haber mantenido por tanto tiempo como Ministro del Interior a una persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo. Esa ineptitud, sumada a la indisimulada relación cómplice entre el Presidente Lugo y los líderes de la asociación de carperos y otras organizaciones que fueron protagonistas de innumerables invasiones de tierras y otros tipos de agresiones son los que han propiciado y facilitado el lamentable suceso que costara la vida a 17 compatriotas, 6 de ellos pertenecientes a la Policía Nacional y que fueron cruelmente asesinados y a sangre fría por auténticos criminales, que también han incitado y manipulado a campesinos del lugar.

Luego de esa triste jornada, de la que felizmente se tienen importantes datos y filmaciones que han sido generosamente difundidas por distintos medios de prensa, solo se ha tenido una posición absolutamente equívoca del Presidente de la República en relación a lo ocurrido.

Fernando Lugo Méndez y varios de sus ministros, y en especial Miguel López Perito y Esperanza Martínez, han pretendido tratar por igual a los policía cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de esos crímenes. El derecho a reclamar está consagrado por la Carta Magna pero nadie está autorizado a cometer crímenes so pretexto de reclamar derechos y, menos aún acabar con la vida de policías desarmados.

Esta misma actitud, se manifestó en la conferencia de prensa brindada por Fernando Lugo con relación a lo ocurrido en la estancia Morumbi, en donde ni siquiera tuvo la delicadeza de prometer el castigo de los asesinos de esos policías y de quienes instigaron a los campesinos a tomar las armas so pretexto de luchar por sus derechos.

El Presidente Fernando Lugo está propiciando y fomentando, a través de algunos miembros de su gabinete y de sus cómplices que fungen de dirigentes carperos y otras organizaciones campesinas, un conflicto social de dimensiones impredecibles y que por su comprobada incapacidad no podrá luego solucionar.

Personalmente, desde luego, manifiesto mi convicción de que el camino de la crisis y el conflicto social y armado no será el producto de negligencia o simple impericia del Presidente sino directamente el objetivo que el mismo ha buscado durante el tiempo que fue obispo y que hoy pretende desarrollar para proyectar y consolidar su anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del Siglo XXI.

Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho de todos los ciudadanos pero resulta inadmisible e injustificable que pretendan poner en pie de igualdad a los criminales y a sus víctimas, a los asesinos y a los policías que fueron cobardemente asesinados.
Mientras los familiares lloran por sus muertos, Fernando Lugo debe estar reuniéndose con los cabecillas e instigadores de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Curuguaty y no se visualiza posibilidad alguna de que Fernando Lugo rectifique su conducta, que ya ha costado decenas de vidas de compatriotas que han caído víctimas de la inseguridad que él mismo se ha encargado y esforzado de generar. 



2.4 PROTOCOLO DE USHUAIA II.



Este documento constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay y ha sido suscrito por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República.



Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, destacándose la falta de transparencia en el procedimiento que dio lugar a la firma del documento y a su contenido al punto que hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no lo ha remitido al congreso para su conocimiento y consideración. A través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay.

El documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para remplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros.

La principal características del Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la "defensa de la democracia", defenderse unos a otros.

2.5 CASO MATANZA CURUGUATY. Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en los Campos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones ante la Cámara de Senadores.

Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la perdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual Presidente de la Republica, quien desde que asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho.
No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios.

El incidente no surgió espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestra amada Patria.

Ya desde la Honorable Cámara de Diputados se levantaban voces de advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una realidad, la perdida de vidas humanas.

Hoy, podemos afirmar que este es el final que deseaba Fernando Lugo, este fue siempre el plan ideado por el mismo, con la única finalidad de crear las condiciones de crisis social y, conmoción interna que justifiquen un asalto del presidente Fernando Lugo y sus seguidores a las instituciones de la República, con el propósito de instalar un régimen contrario a nuestro sistema Republicano. Este deseo desmedido, hoy nos hace lamentar las perdidas de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista en la historia contemporánea de la República del Paraguay.

Todas las evidencias, que son públicas, nos demuestran que los acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de una circunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el contrario, fue un acto premeditado, donde se embosco a las fuerzas del orden publico, gracias a la actitud cómplice del Presidente de la Republica, quien hoy no solo debe de ser removido por juicio político, sino que debe de ser sometido a la Justicia por los hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de lección a futuros gobernantes.



Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, se fortalecieron día a día gracias a la incompetencia y complacencia de Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obligación, los recibía y apadrinaba. No cabe la menor duda que Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes hoy no solo desafían y amenazan abiertamente a los ciudadanos honestos, sino que llegan a lo más bajo que puede caer un ser humano, que es atentar contra la vida de otro. Tan poco hoy importa al Presidente Lugo el Estado de Derecho y la vida humana, que en lugar de enderezar rumbos, se mantiene en su posición, manifestando que seguirá reuniéndose con estos criminales. 



Fernando Lugo es el directo responsable de que hoy nuestro país este viviendo días de luto. Tanto él como su incapaz ex Ministro del Interior Carlos Filizzola, deben responder ante la ciudadanía por los trágicos acontecimientos registrados en el Departamento de Canindeyú.

No existe voluntad alguna de combatir estas formas de violencia, que tanto daño ya ha causado a nuestra sociedad, es por ello que debemos de cumplir con nuestra obligación Constitucional, e iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño contra el Presidente de la República, quien desde que asumió el Gobierno ha instado al incumplimiento de órdenes judiciales de desalojo, así como a la promoción de mensuras judiciales sin mediar juicio entre las partes, o abasteciendo de provisiones y enseres a los ocupantes de tierras han sido los signos que marcaron las acciones y el temperamento de este Gobierno.



3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN



Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente.



4. CONCLUSIÓN.



El Presidente de la Republica Fernando Lugo Méndez ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política en toda la Republica, generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde de nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz.

La causal de mal desempeño en sus funciones aparece en su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas, socavando los cimientos del Estado Social del Derecho proclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuar lo hace cómplice por acción y omisión en todos los casos antes citados, que legitiman la presente acusación.



5.- DERECHO



Se funda la presente acusación por mal desempeño de funciones de conformidad a lo establecido en el Articulo 225 de la Constitución Nacional.



6. PETITORIO.



6.1.- Definitivamente, la gestión del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez ha perjudicado enormemente los intereses supremos de la Nación, que de continuar, apeligra gravemente la convivencia pacífica del pueblo paraguayo y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, por lo que se halla sobradamente justificada hacer lugar a la presente acusación contra el presidente Fernando Armindo Lugo Méndez por la Honorable Cámara de Senadores, por mal desempeño de funciones.



6.2.- En mérito a los argumentos precedentemente señalados dicten resolución, declarando culpable al presidente Fernando Armindo Lugo Méndez, y en consecuencia, separarlo del cargo que ostenta, de conformidad a lo establecido en el Artículo 225 de la Constitución Nacional.



6.3.- En consecuencia remitir los antecedentes a la Justicia Ordinaria.


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