12 de agosto de 2010

Acuerdo y Sentencia Usucapión.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 240/02


JUICIO: "OCTAVIO DE JESÚS CACERES Y OTRA C/ JUAN VICTORIANO GONZALEZ Y OTRO S/USUCAPION".


En Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dos, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Excmos. Señores Ministros Antonio Fretes, Bonifacio Ríos Avalos y Enrique Sosa Elizeche por ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "Octavio Dejesús Cáceres y otra c/ Juan Victoriano González y otro s/ usucapión", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuesto por el abogado Oscar Osvaldo Ocampos A. contra el Acuerdo y Sentencia No 121 de fecha 22 de diciembre de 1999, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Primera Sala de la Capital.-


Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes:-


CUESTIÓNES:

Es nula la sentencia apelada?
En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: Fretes, Sosa Elizeche y Ríos Avalos.-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA el Ministro Antonio Fretes dijo: El recurso de nulidad no fue fundado, por lo que debe declararse desierto. Tampoco se observan vicios en la sentencia ni en el procedimiento anterior por lo que voto por la negativa de la primera cuestión.-

A SU TURNO LOS DOCTORES SOSA ELIZECHE Y RIOS AVALOS manifiestan que se adhieren al voto precedente por sus mismos fundamentos.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA el doctor Fretes prosiguió diciendo: Por S.D. No 36 del 13 de febrero de 1998, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la Capital, se resolvió hacer lugar a la demanda de usucapión promovida por Octavio Dejesús Cáceres Sosa y Carmen Cáceres de Areco, contra Juan Victoriano González Cañete y Jorge de Berón González, con relación al inmueble individualizado como Finca No 194 de la ciudad de Fernando de la Mora.-

Por Acuerdo y Sentencia No 121 del 22 de diciembre de 1999, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, resolvió revocar la S.D. No 36 del 13 de febrero de 1998, con costas en el orden causado.-

La usucapión entre condóminos es una cuestión que no presenta un criterio uniforme tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.-

El Código Civil francés, en el asunto, es claro. Después de establecer en un artículo que la partición de condominio puede pedirse siempre, agrega en el siguiente, el 816, que puede pedirse "aún cuando uno de los coherederos hubiere gozado separadamente de parte de los bienes de la sucesión, si no ha habido un acto de partición o posesión suficiente para adquirir por prescripción". (Vide: Alessandri A. Somarriva, M. Y Vodanovic, A. "Tratado de los Derechos Reales. Bienes". Tomo II, Quinta Edición, Editorial Temis, Editorial Jurídica de Chile, Tomo II, pág. 19). Es decir, se reconoce manifiestamente la posibilidad de los condóminos de adquirir la totalidad del bien por usucapión.-

Nuestro Código no contiene una norma idéntica ni análoga, por lo que debemos realizar un estudio particular para establecer su procedencia o no en derecho.-

Existen tres posiciones doctrinarias relativas al tema:

1) Tesis positiva: La prescripción adquisitiva entre comuneros tiene lugar cuando uno de ellos, desvinculándose de la comunidad o desconociéndola, empieza a poseer con ánimo exclusivo un bien en común, exteriorizando este ánimo con hechos inequívocos y concluyentes, sin que los demás comuneros, durante todo el tiempo necesario para escribir, pongan atajo a la situación mediante las acciones pertinentes, como, por ejemplo, la de partición. Se le critica a esta tesis no señalar el momento en que uno de ellos se desvincula de su calidad de tal para empezar su posesión exclusiva y se les acusa también de no precisar el medio por el cual se produce esa desvinculación; para todo esto no basta la sola voluntad de poseer como dueño absoluto, ya que cada comunero posee a nombre propio y de los demás. La respuesta de los sostenedores de la tesis positiva es que el momento de la desvinculación lo marca el primer hecho inequívoco y concluyente que delate la voluntad de poseer como dueño exclusivo y el medio de desvinculación depende de la especie. Por último, terminan, nadie piensa que baste la sola voluntad del comunero "separatista" para desvincularse de la coposesión, es necesario también que no surja en el debido tiempo la oposición de los demás comuneros a dicha voluntad (Vide: Alessandri y otros, op. Cit. Pág. 20).-

2) Tesis negativa: No cabe ninguna prescripción entre comuneros, ni extintiva ni adquisitiva; ésta última requiere una posesión exclusiva, y la de los comuneros no lo es, ya que cada uno posee no solo a nombre propio, sino también al de los demás (vide: Alessandri y otros, op. Cit. Pág. 21).-

3) Tesis que acepta excepcionalmente la usucapión entre comuneros: De acuerdo con otra opinión, si bien en principio la prescripción no opera entre comuneros, por excepción tiene cabida cuando hay un título que justifique la posesión exclusiva y no la sola voluntad del comunero prescribiente: Así ocurre cuando un copropietario transfiere una cosa dándose por dueño exclusivo de ella, el adquiriente no incorpora a su patrimonio sino la fracción o cuota del derecho que tenía el enajenante, porque nadie puede adquirir más derechos que los que tenía su causante; en consecuencia, el adquiriente pasa a ser comunero con los que no participaron en la transferencia, pero -entiéndase bien- comunero en la propiedad, y no en la posesión, ya que la posesión es el poder físico sobre la cosa de conformidad con la tesis sostenida por Ihering y adoptada a nuestro Código (art. 1925); el adquiriente empieza su propia y exclusiva posesión, que, si se prolonga por el tiempo exigido y con los demás requisitos legales, lo conducirá a la propiedad absoluta. El título justificativo de la posesión sería el contrato de compraventa celebrado entre el comunero que se hizo pasar por dueño exclusivo y el tercero comprador de buena fe. Otro ejemplo en que hay un título que justifica la posesión exclusiva es el de dos herederos que piden la posesión efectiva para si, ignorando la existencia de otro; luego hacen la partición y entre uno y otro se adjudican los bienes de la sucesión. Para la usucapión serviría de título justificativo de la posesión exclusiva precisamente la adjudicación. Y si el heredero omitido llega a reclamar su parte, los restantes podrían oponer la excepción de prescripción adquisitiva. (Vide Alessandri, op. Cit. Pág. 21 y ss).-

Adhiriéndome a esta opinión, considero que podría aceptarse la usucapión entre condóminos siempre que se dieran supuestos idénticos o análogos a los referidos en el párrafo anterior, confluyendo siempre la comprobación de los otros supuestos requeridos para la prescripción adquisitiva, como la determinación del tiempo del inicio de la posesión.-

Concuerda con este criterio Beatriz Areán en su libro "Juicio de usucapión" (Op. Cit. Hammurabi, Depalma, Bs. As., Tercera Edición, 1998, pág. 263) considerando fundamental la intervención del título por parte del condómino para que pueda usucapir de conformidad con la ley.-

En el caso que nos ocupa no puede determinarse una fecha cierta del inicio de la posesión exclusiva por parte de los actores, de la realización de actos posesorios exclusivos por parte de los mismos ni de la existencia de la intervención del título. En todo caso, la única prueba del inicio de la posesión exclusiva por parte de los mismos es el certificado de adjudicación obrante a fs. 8 de autos. Si bien ese documento, indica la transmisión de la posesión de la causante Lucila González de Cáceres (o Elida Lucila González de Cáceres), no se prueba tampoco desde cuando esta había tenido la posesión exclusiva.-

El art. 1936 del Código Civil establece: "Se juzga que la posesión sobre la cosa continúa, mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida. Esta se producirá: b) por abandono o, en su caso, por cesación del poder de hecho ejercido sobre ella. La interrupción ocasionada por impedimento transitorio no produce efecto; e) por desposesión, sea del poseedor mediato o del inmediato, cuando transcurriere un año sin que estos ejerzan actos de posesión, o sin turbar la del usurpador". El art. 1921 expresa: "Salvo prueba en contrario, se presume que la posesión conserva el mismo carácter con que fue adquirida. Nadie puede cambiar por si mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa y las cualidades o los vicios de su posesión. El que comenzó a poseer por si y como propietario de la cosa, continúa poseyendo como tal, mientras no se pruebe que ha comenzado a poseer por otro. El que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario...". Y continúa diciendo este artículo: "No habrá intervención del título por la sola comunicación al poseedor mediato, si ella no va acompañada de hechos que priven a este de su posesión o que no puedan ser ejecutados por el poseedor inmediato de la cosa de otro". En autos no han podido comprobarse desde cuando deben computarse algunos de estas u otras causales de pérdida de la posesión ni de la intervención del título.-

A este respecto la doctrina y la jurisprudencia sostienen que cuando en el transcurso del tiempo se produjo un cambio en el carácter de la posesión de manera tal que ha comenzado a poseer para si, dejando de reconocer al dueño como tal, esa modificación del carácter se da en llamar intervención del título, debiendo probarse en forma "clara e inequívoca" no solamente la posesión actual, sino sobretodo el momento en que comenzó a poseer para si, pues sólo de ese modo puede desvirtuar la presunción legal contraria a la usucapión, como lo es el reconocimiento de poseer por otro (Vide: BORDA, Guillermo. "DERECHOS REALES". Tomo I Pág. 309), (Vide: Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, Acuerdo y Sentencia No 353 del 9 de noviembre de 1995, en el juicio: LETICIA MARIA ZENONA KOHN B. DE FRIEDMANN C/ CORNELIO ALVARIZA S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA).-

En el juicio de usucapión, es requisito fundamental la demostración de la posesión pública, pacífica, inequívoca y exclusiva, sin oposición por el transcurso de tiempo fijado por la ley. Por tanto, al no hallarse cumplido el requisito primordial de la demostración del tiempo de dicha posesión, corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia No 121 del 22 de diciembre de 1999, del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, en todos sus términos. Es mi voto.-

A SU TURNO EL MINISTRO SOSA ELIZECHE manifiesta que se adhiere al voto precedente por sus mismos fundamentos.-

AMPLIACIÓN DEL MINISTRO RIOS AVALOS: Comparto la opinión del Ministro preopinante, en cuanto a la confirmación de la sentencia recurrida, agregando lo siguiente: La posesión para poder usucapir debe ser excluyente. Los actos posesorios de conservación y mejora de los bienes en condominio realizados por los mismos, no pueden ser considerados en tal carácter, solo en caso de que tal goce se realice impidiendo a los demás condóminos el mismo derecho, podemos decir que la posesión es excluyente. La posesión debe ser animo domini, desconociendo en otros el carácter de propietario y comportándose como único dueño de la cosa. En autos las pruebas no han sido suficientes, en lo que hace relación a la antigüedad de la posesión, mejoras introducidas y demás elementos que demuestren la conducta del demandante en el inmueble en forma excluyente como lo requiere el art. 1989, por lo que por imperio de las disposiciones de nuestro Código Civil Paraguayo, entendiendo deberá mantenerse en pie la sentencia de segunda instancia.-Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

SENTENCIA NÚMERO: 240

Asunción, 9 de abril de 2.002.-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CIVIL Y COMERCIAL

RESUELVE:

DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto.

CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia No 121 del 22 de diciembre de 1999 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, en todos sus términos.-

ANÓTESE, regístrese y notifíquese.-

Ante mí:

A. I. REGULACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES


EXPEDIENTE: “REGULACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO ENRIQUE SOSA ARRUA EN EL JUICIO. VÍCTOR INSFRÁN DIETRICH C/CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS”

A.I. Nº: 1367


Asunción, 30 de agosto de 2002


VISTO: Los recursos de apelación y nulidad planteados por el Abogado Carlos Rubén Torres Martínez en contra del A.I. Nº 157 de fecha 7 de marzo del año en curso, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Enrique Sosa Arrúa en contra del precitado interlocutorio; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Abogado Carlos Roberto Torres Martínez, no ha fundado específicamente el recurso de nulidad deducido, por lo que se lo debe tener por desistido del mismo. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia desestimar este recurso.

Que el Abogado Carlos Roberto Torres Martínez se agravia en contra de la referida resolución, señalando que en la misma se utilizan argumentos equivocados para la estimación y el cálculo de los honorarios regulados, en abierta contraposición a las disposiciones legales que regulan la materia. Añade que la cuestión que ha estado en discusión no versa sobre una situación a la cual se la pudiera valorar numérica o monetariamente, pués lo que se estaba discutiendo era la procedencia o improcedencia de una jubilación, y su correspondiente declaración o rechazo. Manifiesta que en estas condiciones los honorarios profesionales del Abogado Enrique Sosa Arrúa deberían haber quedado establecidos en un máximo de ciento veinte jornales (120), lo que numéricamente equivaldría a la suma de G. 3.609.600 (Tres millones seiscientos nueve mil seiscientos). Por último solicita se dicte resolución modificando el monto de la regulación de los honorarios establecidos en la resolución objeto de recurso.

Que a su vez el Abogado Enrique Sosa Arrúa funda el recurso de apelación en contra de la nombrada resolución, señalando que sus honorarios deben ser aumentados porque el Tribunal inferior no tomó en cuenta que el presente proceso era susceptible de apreciación pecuniaria y soslayó los criterios establecidos en el Art. 63 de la Ley Nº 1376/88. Destaca que el Tribunal inferior no consideró que en virtud de un proceso contencioso administrativo su representado accedió a una prestación periódica (jubilación por exoneración), cuyo monto mensual es de G. 7.849.416 (Siete millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis) conforme a las constancias de autos y de acuerdo a la Resolución Nº 8, Acta 73 de fecha 15-11-2000, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, que fuera dictada en cumplimiento de las resoluciones dictadas en este proceso. Añade el citado profesional que en estos casos los criterios para la estimación de honorarios están claramente establecidos en el Art. 63 de la Ley Nº 1376/88 que en su parte pertinente dice: “Cuando el monto consistiere en prestaciones periódicas, a los efectos del cálculo se tomarán las prestaciones correspondientes a un año...”. Manifiesta que tomando en cuenta el monto de la jubilación por exoneración señalado precedentemente, las prestaciones correspondientes a un año ascienden a la suma de G. 94.192.992 (Noventa y cuatro millones ciento noventa y dos mil novecientos noventa y dos) monto sobre el cual se calculan los honorarios aplicando el porcentaje del art. 32, conforme a lo dispuesto en el art. 63. Por lo expuesto, considera que existen suficientes méritos para hacer lugar al recurso de apelación que ha interpuesto y aumentar sus honorarios profesionales, tomando los parámetros establecidos en los art. 63, 32 y 21 de la Ley Nº 1376/88.

Que pasando a analizar la cuestión planteada, observamos que el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios por Resolución Nº 8, Acta Nº 73 de fecha 15 de Noviembre del 2001 (fs. 1), concedió al Sr. Víctor Eduardo Insfrán Dietrich una jubilación por exoneración de G. 7.819.416 (Siete millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos dieciséis) mensuales, en cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo y Sentencia Nº 812 del 2 de Noviembre de ese mismo año, dictado por esta Sala Penal. Consecuentemente, resulta indiscutible que el Administrado a accedido a una prestación periódica (jubilación por exoneración) en virtud de lo hemos resuelto en el expediente principal, hecho este que ha sido soslayado por el Ad-quem en la resolución impugnada.

Que, el Tribunal inferior calculó los honorarios del Abogado Enrique Sosa Arrúa como si el asunto debatido en el principal no es susceptible de apreciación pecuniaria, pues consideró que la cuantificación posterior emergente de un acto administrativo no puede ser tenida en cuenta. Esta interpretación no es compartida por esta Sala, pues nosotros consideramos que lo importante es que el litigio sea susceptible de ser cuantificado en el preciso momento en que el profesional solicita su regulación, con prescindencia de si esa estimación es producto de un acto administrativo posterior emitido en cumplimiento de una sentencia judicial, o derivada de una resolución dictada en la esfera contencioso administrativa.

Que en virtud de lo expuesto, para justipreciar la importancia económica de la presente litis, necesariamente debemos tomar para realizar el cálculo las prestaciones correspondientes a un año, de conformidad a lo estatuído por el Art. 63, 2º párrafo de la Ley Nº 1376/88. Siendo la Jubilación concedida al Sr. Víctor Insfrán Dietrich de G. 7.849.416 (Siete millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis) mensuales, debemos multiplicar esta suma por 12, lo que no da la cantidad de G. 94.192.992 (Noventa y cuatro millones ciento noventa y dos mil novecientos noventa y dos) cantidad ésta que constituye el monto total de este asunto. En consecuencia, este monto debe servirnos de parámetro para estimar la importancia económica de la presente litis.

Por tanto, teniendo en consideración lo manifestado precedentemente, y lo dispuesto por el Art. 63, 2ª Parte en combinación con los Arts. 32, 21 y 25 in-fine de la Ley Nº 1376/88, la,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL
RESUELVE:

TENER por desistido al Abogado Carlos Roberto Torres Martínez del recurso de nulidad planteado

ESTIMAR la importancia económica del litigio, dejándolo fijado en la suma de G. 94.192.992 (Noventa y cuatro millones ciento noventa y dos mil novecientos noventa y dos).

REVOCAR el A.I. Nº 157 de fecha 7 de Marzo del año en curso, dictado por el Tribunal de Cuentas, 1ª Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de esta resolución, y EN CONSECUENCIA RETASAR los honorarios profesionales del Abogado Enrique Sosa Arrúa por los trabajos realizados en la instancia inferior en el expediente de referencia en su doble carácter de Abogado y Procurador, dejándolos fijados en la suma de G. 17.700.000 (Diecisiete millones setecientos mil)
ANOTAR, REGISTRAR.

Ministros: Wildo Rienzi, Jerónimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes.
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial.

JUICIO: “FERNANDO BARBOZA CAÑETE s/ SUCESIÓN”.-


JUICIO: “FERNANDO BARBOZA CAÑETE s/ SUCESIÓN”.-

A.I. Nº 1574

Asunción, 12 de octubre de 2001.-

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Silverio Bogado contra el A.I. Nº 825, del 4 de diciembre de 1999, dictado por el Tribunal de Apelaciones, Tercera Sala, y-------

CONSIDERANDO:

Recurso de Nulidad: El recurso de nulidad fue fundado en los siguientes términos: “a) Mi parte, al ser afectada con la acumulación de autos dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno, por A.I. Nº 1396, del 20 de setiembre de 1996, ha interpuesto los recursos de apelación y nulidad (fs. 74) contra la referida resolución, habiéndole sido concedidos por el inferior, por proveído de fecha 4 de octubre de 1996, elevado al superior el 1º de noviembre de 1996 y remitido, esa misma fecha, al Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Tercera Sala (fs. 74, vlto.); b) De conformidad con lo establecido por el art. 433 del Código Procesal Civil, dentro de cinco días de notificada la providencia de autos, el apelante debe presentar un escrito sintetizando los fundamentos del recurso o declarando desierto éste y, si no lo hiciere, la resolución apelada quedará firme y se ordenará la devolución de los autos; c) En autos, el Excmo. Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, ni siquiera ha dictado la providencia de autos, pero, sin embargo, declaró la caducidad de la instancia. En efecto, en estos autos, nunca ha comenzado a correr el plazo procesal para la caducidad y, de conformidad con lo establecido por el ritualismo civil, el plazo no correrá cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarle fuere imputable al Juez o Tribunal, como en este caso, por lo que la resolución cuya nulidad se pide, causa perjuicios irreparables a mi mandante (sic)”.----------------------------------------------------------------------------
Al analizar los fundamentos esgrimidos, sosteniendo la pretensión nulificante, se advierte que dichos agravios podrán ser estudiados y resueltos por la vía de la apelación, por lo que debe desestimarse dicho recurso.------------------------------------------------------------------------------------
Recurso de Apelación: El recurrente, al fundamentar el recurso de apelación, sostiene: “Que, los daños y perjuicios que causaría a mi representada la resolución, si quedara firme, serían incalculables, ya que el Tribunal de Apelaciones, al declarar arbitrariamente la caducidad, deja totalmente indefensa a mi representada en el caso de la acumulación de expedientes, dispuesto por el A.I. Nº 1396, del 20 de setiembre de 1996, que ordena la agregación de un expediente totalmente finiquitado y que nada tiene que ver con la presente sucesión, cuya resolución también fue recurrida en tiempo y forma, sin poder fundamentar los recursos de apelación y nulidad interpuesta, porque el Tribunal no ha dictado la providencia autos, como corresponde en derecho, conforme se desprende claramente de las actuaciones obrantes en estos autos. Que, bien sabido es que no se opera la caducidad cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla sea por culpa imputable al Juez o Tribunal. Se notificará por cédula la providencia del Tribunal que dispone fundar el recurso interpuesto y su traslado, por lo que corresponde se proceda a revocar la resolución recurrida por ser totalmente extemporáneo e ilegal (sic)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que, el Abogado Clemente Barrios Monges contestó el traslado en su escrito que rola a fs. 88/89 y el Agente Fiscal, en su dictamen obrante a fs. 19/92.--------------------------------------------
Que, analizadas las constancias de autos, encontramos que, a fs. 72 de autos, obra el A.I. Nº 1396 del 20 de setiembre de 1996, en el cual el Juzgado ordena la acumulación del expediente caratulado: FERNANDO BARBOZA CAÑETE c/ EMILIANA BARBOZA RAMÍREZ s/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, al expediente caratulado: FERNANDO BARBOZA CAÑETE s/ SUCESIÓN; el Abogado Juan Silverio Bogado recurrió el mencionado auto interlocutorio (fs. 74), remitiéndose al Tribunal de Apelaciones y recayendo su estudio en la Tercera Sala, en fecha 1º de noviembre de 1996. Posteriormente, se presentó el Abogado Clemente Barrios M. a solicitar caducidad de la instancia (fs. 79), expidiéndose el Tribunal en el A.I. Nº 825 del 29 de diciembre de 1999, que declara caduca la instancia.-----------------------------
Que, el Código Procesal Civil, en su art. 172, dispone: “Se operará la caducidad de la instancia en toda clase de juicios, cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis meses. Dicho plazo será el fijado por las leyes generales para la prescripción de la acción, si éste fuere menor. El impulso del procedimiento por uno de los litis consortes beneficiará a los restantes”.---
Que, si bien en el expediente faltaba la providencia de autos, ello no exonera a los litigantes de instar el procedimiento. En efecto, la caducidad de instancia correspondiente al proceso ante el Tribunal de segundo grado, afecta únicamente al procedimiento originado a raíz de un determinado recurso. Ahora bien, la cuestión planteada por la doctrina procesal y por el recurrente, es, desde qué momento comienza la segunda instancia, a efectos de la perención. En la actualidad, se admite sin vacilaciones, que la concesión de los recursos abre la segunda instancia, en consecuencia, el término debe correr a partir de que el a quo ha concedido los recursos, perdiendo jurisdicción por dicho efecto. En la obra de Loutayf Ranea, Roberto y otro, sobre la caducidad de instancia, se expresa: “La jurisprudencia ha señalado reiteradamente que la segunda instancia se abre con la concesión del recurso”. La doctrina nacional también ha señalado que la segunda instancia se abre a partir de la fecha de concesión del recurso de apelación. Parry dice que la segunda instancia se abre con la resolución que concede los recursos interpuestos. Palacio expresa: “El acto que determina la apertura de la segunda instancia o de las instancias extraordinarias es la resolución que concede el recurso”. Alsina, por su parte, señala en un primer momento que, interpuesto el recurso, la perención debe alegarse en segunda instancia, pero, posteriormente, dice: “Si la sentencia ha sido recurrida por alguna de las partes y no se han elevado los autos al superior, a éste corresponde pronunciarse sobre la incidencia y, el plazo, se cuenta desde que se concedió el recurso”.-------------------------------------------------------------------
En estas condiciones, no cabe duda que, en autos se ha operado la caducidad de la instancia, respecto al procedimiento a verificarse ante el Tribunal de segundo grado.----------------
Por tanto, la---------------------------------------------------------------------------------------------
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CIVIL Y COMERCIAL
RESUELVE:
NO HACER LUGAR al recurso de nulidad.------------------------------------------------------
CONFIRMAR, con costas, el A.I. Nº 825 del 29 de diciembre de 1999, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Tercera Sala.----------------------------------------
ANOTAR y registrar.--------------------------------------------------------------------------------

Ministros: Bonifacio Ríos Ávalos, Enrique Sosa Elizeche, Luis Lezcano Claude
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial

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