20 de enero de 2017

Ley N° 5777 del 27 de diciembre de 2016, De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia.

Acápite: Ley N° 5777 del 27 de diciembre de 2016, De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia.

Fecha de Promulgación: Martes, 27 de Diciembre de 2016.

Número de Ley: 5777-2016.

Publicado en la Gaceta Oficial
el 29/12/2016.



LEY Nº 5.777/16 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES, CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

CAPÍTULO I 

OBJETO DE LA LEY Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2°.- Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplicará a las mujeres, sin ningún tipo de discriminación, frente a actos u omisiones que impliquen cualquier tipo de violencia descripta en esta Ley y que se produzca en los siguientes ámbitos: 

a) Dentro de la familia o unidad doméstica cuando exista una relación interpersonal de pareja presente o pasada, de parentesco o de convivencia entre el autor y la mujer agredida.
b) En la comunidad, sin necesidad de que exista una relación o vínculo de ningún tipo entre la persona o personas agresoras y la mujer.
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado, a través de sus agentes o terceras personas con su consentimiento en cualquier lugar que se produzca.

Artículo 4°.- Derechos Protegidos. La protección de la mujer en el marco de esta Ley establece los siguientes derechos: 

a) El derecho a la vida, a la integridad física y psicológica;
b) El derecho a la dignidad;
c) El derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
d) El derecho a la libertad y a la seguridad personal;
e) El derecho a la igualdad ante la Ley;
f) El derecho a la igualdad en la familia;
g) El derecho a la salud física y mental; 
h) El derecho a vivir en un medio ambiente seguro y saludable;
i) El derecho a la libertad de pensamientos, conciencia y expresión;
j) El derecho a la propiedad;
k) El derecho a la intimidad y la imagen;
l) El derecho a la planificación familiar y de la salud materno infantil;
m) Los derechos a la educación, al trabajo digno y la seguridad social;
n) El derecho a participar en los asuntos públicos;
ñ) El derecho al acceso a la justicia y a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales competentes, que la proteja; y,
o) El derecho a las garantías judiciales.
La enunciación de los derechos protegidos contenidos en este artículo no debe entenderse taxativamente, ni excluir otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente protegidos.

Artículo 5°.- Definiciones. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
a) Violencia contra la mujer:
Es la conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su condición de tal, en cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de relaciones desiguales de poder y discriminatorias.
b) Discriminación contra la mujer:
Toda distinción, exclusión o restricción contra la mujer que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, en las esferas: política, económica, social, cultural, civil y laboral, ya sea en el sector público o privado, o en cualquier otro ámbito.

Artículo 6°.- Promoción de políticas públicas. Formas de violencia. Las autoridades de aplicación de la presente Ley establecerán, promocionarán y difundirán políticas públicas dirigidas a prevenir, disminuir y eliminar las siguientes formas de violencia perpetradas contra la mujer:
a) Violencia feminicida. Es la acción que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa o intenta causar la muerte de la mujer y que está motivada por su condición de tal, tanto en el ámbito público como privado.
b) Violencia física. Es la acción que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño en su salud o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física.
c) Violencia psicológica. Acto de desvalorización, humillación, intimidación, coacción, presión, hostigamiento, persecución, amenazas, control y vigilancia del comportamiento y aislamiento impuesto a la mujer.
d) Violencia sexual. Es la acción que implica la vulneración del derecho de la mujer de decidir libremente acerca de su vida sexual, a través de cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.
e) Violencia contra los derechos reproductivos. Es la acción que impide, limita o vulnera el derecho de la mujer a:
1. Decidir libremente el número de hijos que desea tener y el intervalo entre los nacimientos;
2. Recibir información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida del mismo, parto, puerperio y lactancia;
3. Ejercer una maternidad segura; o,
4. Elegir métodos anticonceptivos seguros o que impliquen la pérdida de autonomía o de la capacidad de decidir libremente sobre los métodos anticonceptivos a ser adoptados. 
El reconocimiento de los derechos reproductivos, en ningún caso, podrá invocarse para la interrupción del embarazo.
f) Violencia patrimonial y económica. Acción u omisión que produce daño o menoscabo en los bienes, valores, recursos o ingresos económicos propios de la mujer o los gananciales por disposición unilateral, fraude, desaparición, ocultamiento, destrucción u otros medios, así como el negar o impedir de cualquier modo realizar actividades laborales fuera del hogar o privarle de los medios indispensables para vivir.
g) Violencia laboral. Es la acción de maltrato o discriminación hacia la mujer en el ámbito del trabajo, ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía a través de:
1. Descalificaciones humillantes;
2. Amenazas de destitución o despido injustificado;
3. Despido durante el embarazo;
4. Alusiones a la vida privada que impliquen la exposición indebida de su intimidad; 
5. La imposición de tareas ajenas a sus funciones;
6. Servicios laborales fuera de horarios no pactados;
7. Negación injustificada de permisos o licencias por enfermedad, maternidad, o vacaciones;
8. Sometimiento a una situación de aislamiento social ejercidas por motivos discriminatorios de su acceso al empleo, permanencia o ascenso; o,
9. La imposición de requisitos que impliquen un menoscabo a su condición laboral y estén relacionados con su estado civil, familiar, edad y apariencia física, incluida la obligación de realizarse pruebas de Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA y a la prueba de embarazo.
h) Violencia política. Es la acción realizada contra la mujer que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la misma participe de la vida política en cualquiera de sus formas v ejerza los derechos previstos en esta Ley.
i) Violencia intrafamiliar. Es la acción de violencia física o psicológica ejercida en el ámbito familiar contra la mujer por su condición de tal, por parte de miembros de su grupo familiar.
Se entiende por “miembros de su grupo familiar” a los parientes sean por consanguinidad o por afinidad, al cónyuge o conviviente y a la pareja sentimental. Este vínculo incluye a las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.
j) Violencia obstétrica. Es la conducta ejercida por el personal de salud o las parteras empíricas sobre el cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante su embarazo, y las etapas relacionadas con la gestación y el parto. Es al mismo tiempo un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de las mujeres.
k) Violencia mediática. Es la acción ejercida por los medios de comunicación social, a través de publicaciones u otras formas de difusión o reproducción de mensajes, contenidos e imágenes estereotipadas que promuevan la cosificación, sumisión o explotación de mujeres o que presenten a la violencia contra la mujer como una conducta aceptable. Se entenderá por “cosificación” a la acción de reducir a la mujer a la condición de cosa.
l) Violencia telemática. Es la acción por medio de la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios, videos u otros que afecten la dignidad o intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de información y comunicación, incluido el uso de estos medios para promover la cosificación, sumisión o explotación de la mujer. Se entenderá por “cosificación” a la acción de reducir a la mujer a la condición de cosa. 
m) Violencia simbólica. Consiste en el empleo o difusión de mensajes, símbolos, iconos, signos que transmitan, reproduzcan y consoliden relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
n) Violencia Institucional. Actos u omisiones cometidos por funcionarios, de cualquier institución pública o privada, que tengan como fin retardar o impedir a las mujeres el acceso a servicios públicos o privados o que en la prestación de estos se les agreda o brinde un trato discriminatorio o humillante.
ñ) Violencia contra la Dignidad. Expresión verbal o escrita de ofensa o insulto que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta la dignidad de las mujeres, así como los mensajes públicos de autoridades, funcionarios o particulares que justifiquen o promuevan la violencia hacia las mujeres o su discriminación en cualquier ámbito.

Artículo 7°.- Principios rectores.
Para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, se adoptan los siguientes principios:
a) Enfoque de integralidad. La violencia hacia las mujeres como problema estructural será abordada en sus diferentes manifestaciones a partir de medidas preventivas, de atención, de protección y sanción.
b) Igualdad y no discriminación. Se garantizan la atención y protección integral a todas las mujeres sin ningún tipo de discriminación, y eliminando las barreras que impidan el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones.
c) Las políticas públicas. Las políticas públicas incluirán medidas que tomen en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres, en particular de las mujeres en situación de violencia.
d) Participación ciudadana. La sociedad tiene el derecho a participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de la presente Ley, directamente o a través de las organizaciones comunitarias, sociales y de la sociedad civil, en general.
e) Asignación y disponibilidad de recursos económicos. El Estado garantiza los recursos suficientes y necesarios para la aplicación efectiva de la presente Ley.
f) Fortalecimiento institucional. Se crean y amplían los mecanismos, normas y políticas de prevención, atención, protección y sanción de hechos de violencia hacia la mujer, incluidos los mecanismos nacionales, departamentales y municipales de adelanto de la mujer o de promoción de sus derechos.
g) Empoderamiento. Se promoverá la independencia de la mujer en situación de violencia respecto a la toma de decisiones y restablecimiento de su dignidad.
h) Tutela efectiva y acceso a la justicia. Se garantizarán las condiciones necesarias para que la mujer en situación de violencia pueda acudir a los servicios de atención y acceso a la justicia, recibiendo una respuesta efectiva y oportuna.
i) Especialización del personal. El Estado dispondrá las medidas necesarias para contar con servidores/as públicos/as con los conocimientos necesarios para garantizar a la mujer en situación de violencia un trato respetuoso, digno y eficaz, en todas las instituciones responsables de la atención, protección y sanción.
j) Atención específica. Asegurar una atención de acuerdo con las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o de riesgo frente a la violencia, a fin de garantizar su seguridad y la reparación y/o restitución de sus derechos.
k) Transparencia y Publicidad. Se garantizarán la transparencia y publicidad de todas las actuaciones, planes, programas y proyectos del Estado y sus actores en materia de prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, garantizando el pleno y permanente conocimiento de la sociedad, previa autorización establecida en el Artículo 11.
l) Servicios competentes. El Estado debe garantizar que los funcionarios públicos que presten servicios en los órganos de atención, investigación y sanción de los hechos de violencia contra las mujeres cumplan con sus deberes y obligaciones y respondan eficazmente a las funciones asignadas en la presente Ley.

Artículo 8°.- Planificación y Presupuestos. Las instituciones públicas con responsabilidades asignadas en la presente Ley, deberán incluir en sus presupuestos los programas específicos destinados a hacer frente a sus obligaciones en el marco de la presente Ley.
La Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación, debe asignar los recursos presupuestarios necesarios a instituciones, entidades y órganos encargados de la aplicación de la presente Ley.

Artículo 9°.- Confidencialidad. Se garantiza el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece. Salvo en caso de niñas y adolescentes, donde se necesita autorización expresa de los padres o tutores.

CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADES ESTATALES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA

Artículo 10.- Políticas. El Estado implementará políticas, estrategias y acciones prioritarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, a través de los distintos organismos y entidades del Estado.

Artículo 11.- Órgano Rector. El Ministerio de la Mujer es el órgano rector encargado del diseño, seguimiento, evaluación de las políticas públicas y estrategias de carácter sectorial e intersectorial para efectivizar las disposiciones de la presente Ley, para ello coordinará acciones con todas las instancias públicas y contará con los recursos necesarios y suficientes del Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley le impone.

Artículo 12.- Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, en el marco de sus competencias y atribuciones es responsable de:
a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer que contemple programas articulados interinstitucionales para transformar patrones socioculturales que naturalizan y perpetúan la violencia hacia las mujeres, así como el fortalecimiento de los servicios de atención integral y las medidas de reparación para ellas y sus dependientes.
b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente Ley, en particular el fortalecimiento de servicios, la capacitación al funcionariado público y la adopción de protocolos por parte de las distintas instituciones públicas involucradas a nivel nacional, departamental y municipal, incluyendo la participación de redes de mujeres y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, organizaciones de derechos humanos, universidades, sindicatos, empresas y otras de la sociedad.
c) Constituir una Mesa Interinstitucional integrada por instituciones públicas y representantes de organizaciones y redes de la sociedad civil, que tendrá por función asesorar al órgano rector y recomendar estrategias y acciones adecuadas para enfrentar la violencia.
d) Fortalecer los Servicios de Atención a la Mujer, los Centros Regionales de las Mujeres para ampliar su cobertura a nivel nacional, con el propósito de ofrecer atención integral a todas las mujeres en situación de violencia, debiendo incluir asistencia psicológica, legal y social.
e) Brindar apoyo a las gobernaciones en los procesos de creación y desarrollo de los albergues transitorios, a modo de lograr una cobertura a nivel nacional.
f) Desarrollar programas de empoderamiento de las mujeres que respeten la complejidad de la naturaleza social, política y cultural de la problemática, prohibiendo modelos que contemplen formas de mediación, conciliación o negociación.
g) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres.
h) Promover campañas de sensibilización, concienciación con el objetivo de modificar los patrones sociocultural es de conducta de hombres y mujeres, con miras a eliminar los prejuicios y las prácticas que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas, igualmente dirigir programas específicos contra la violencia hacia las mujeres.
i) Difundir la presente Ley tanto en las instituciones públicas como en la sociedad a través de medios escritos, audiovisuales y nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como sobre servicios de asistencia directa, públicos y privados, para mujeres en situación de violencia.
j) Desarrollar un sistema de indicadores que permita medir el avance en la implementación de la presente Ley, el desempeño de los servicios públicos.
k) Diseñar e implementar el Sistema Unificado y Concentrado de Registro que permita contar con datos y estadísticas que den cuenta de la realidad nacional en términos de violencia contra las mujeres.
l) Administrar el Fondo de Promoción de Políticas para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
m) Todas aquellas medidas que estime convenientes para lograr la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 13.- Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura es el órgano responsable de ejecutar las siguientes medidas en el ámbito de prevención y detección de la violencia:
a) Incorporar la perspectiva de igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la no discriminación, el respeto a los derechos humanos y la formación en la resolución pacífica de conflictos en la curricula educativa en todos los niveles, incluidas las escuelas superiores de formación docente y técnica, para contribuir a una cultura de respeto en el ámbito familiar, comunitario, escolar, laboral y social, como una práctica diaria.
b) Incluir en los planes de formación y actualización docente la detección precoz de la violencia contra las niñas y mujeres, así como mecanismos y protocolos para el abordaje de la problemática en general y principalmente dentro de las comunidades indígenas.
c) Establecer medidas para la escolarización inmediata de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia que hubiesen tenido que cambiar de residencia por esta causa o que por cualquier otra razón se encuentren en situación de riesgo.
d) Revisar y actualizar los libros de texto y materiales didácticos utilizados en el sistema educativo con la finalidad de fomentar la igualdad de derechos, oportunidades, trato y resultados de las mujeres con relación a los hombres, en general y principalmente en la educación indígena.
e) Establecer sistemas o programas de denuncias en el ámbito educativo, en todos sus niveles, considerando la relación jerárquica que pueda existir entre la víctima y las personas agresoras.
f) Instruir la obligación de los centros educativos de referir al Ministerio Público o la Policía Nacional los casos de violencia de los que tengan conocimiento o hubieren detectado.
g) Velar por que las mujeres indígenas tengan fácil acceso a las escuelas tanto en el ingreso como en la permanencia, garantizando la enseñanza en su lengua materna y bilingüismo, y atendiendo las necesidades especiales de las mujeres de comunidades indígenas monolingües.

Artículo 14.- Secretaría de Información y Comunicación. La Secretaría de Información y Comunicación es responsable de:
a) Establecer desde el Sistema Nacional de Comunicación la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concienciación dirigidas a la población en general y principalmente a las mujeres sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia y a la no discriminación.
b) Sensibilizar sobre la desnaturalización de la violencia hacia las mujeres, el uso no sexista de su imagen, su cosificación y el manejo adecuado de la información sobre hechos de violencia, a los medios masivos de comunicación, agencias de publicidad y anunciantes.
c) Adoptar en coordinación con las organizaciones representativas de los medios de comunicación y trabajadores y trabajadoras de la prensa, directrices para la difusión de información sobre hechos de violencia, así como de programas, mensajes y contenidos para contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus formas y garantizar el respeto a la dignidad de las mujeres.
d) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia hacia las mujeres y tratamiento informativo.

Artículo 15.- Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación. La Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación es responsable de realizar campañas permanentes de sensibilización y concienciación dirigidas a la población en general y principalmente a las mujeres sobre la violencia telemática y medidas de prevención.
Igualmente es función de esta Secretaría desarrollar e implementar protocolos de detección y prevención de las nuevas formas de violencia contra mujeres en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Artículo 16.- Secretaría de la Función Pública. Son obligaciones de la Secretaría de la Función Pública:
a) Establecer políticas específicas para implementar la presente ley en el sistema de administración pública, en especial respecto a la discriminación, el acoso sexual y laboral, la igualdad en el trabajo para hombres y mujeres, así como la implementación de las normas relativas a la responsabilidad del funcionariado público por actos u omisiones que signifiquen actos de violencia hacia las mujeres.
b) Sensibilizar y capacitar al personal de la administración pública desde una perspectiva de igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la no discriminación y los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia.

Artículo 17.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco de sus atribuciones y funciones deberá:
a) Establecer políticas para la recuperación de las mujeres trabajadoras en situación de violencia y la restitución de sus derechos laborales.
b) Establecer programas de capacitación técnica y productiva para mujeres en situación de violencia y de inserción laboral.
c) Elaborar y poner en práctica criterios para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción laboral.
d) Ejecutar programas para el empoderamiento social y económico de las mujeres incluido el acceso al crédito, la capacitación profesional y empresarial, así como la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
e) Desarrollar programas de sensibilización y capacitación a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos y oportunidades en el ámbito laboral.
f) Establecer mecanismos de vigilancia y sanción del Estado por el incumplimiento de los derechos laborales de la mujer, con prioridad de las que viven en situación de violencia.

Artículo 18.- Secretaría de Acción Social. La Secretaría de Acción Social, en el ejercicio de sus funciones, promoverá las políticas de protección, prevención y eliminación de todas formas de violencia contra la mujer en sus proyectos o programas de protección y promoción e inclusión económica, que apuntan principalmente al empoderamiento social y a la autonomía económica de las mujeres.

Artículo 19.- Secretaría de Emergencia Nacional. La Secretaría de Emergencia Nacional deberá considerar acciones que aseguren que tanto mujeres como hombres reciban por igual los beneficios de las medidas desarrolladas respecto a la gestión y reducción del riesgo.
En los casos en los que la población requiera el albergue en lugares especiales o campamentos, deberá coordinar con las instituciones pertinentes la atención especial a mujeres víctimas de violencia doméstica, a fin de que la misma situación no continúe.

Artículo 20.- Secretaría Nacional de la Vivienda y Hábitat. La Secretaría Nacional de la Vivienda y Hábitat deberá considerar a la mujer afectada a la presente Ley, con enfoque prioritario para el acceso a viviendas sociales y programas habitacionales, reconociendo las circunstancias y el contexto de desprotección y de vulnerabilidad en el que se encuentran.

Artículo 21.- Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia es responsable de:
a) Elaborar protocolos de atención para las niñas/os y adolescentes que viven en situación de violencia.
b) Elaborar protocolos de atención a niñas y adolescentes que hubiesen sufrido cualquier tipo de violencia, en especial violencia sexual, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
c) Coadyuvar en la capacitación del personal de los servicios de atención sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, la detección de violencia y las directrices para su atención.
d) Informar a las autoridades competentes sobre el conocimiento de hechos de violencia sobre niñas/os y adolescentes de acuerdo con las leyes respectivas.

Artículo 22.- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberá:
a) Diseñar y aplicar protocolos específicos de detección precoz y atención a las mujeres en situación de violencia, en todas las especialidades.
b) Organizar efectivamente la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, para los reportes al Sistema Único y Estandarizado de Registro.
c) Dotar de presupuesto suficiente al Programa Nacional de Prevención y Atención de la Violencia, dependiente de la Dirección de Género de la Dirección General de Programas de Salud u otras iniciativas.
d) Crear programas para la atención integral a mujeres en situación de violencia como de sus hijas e hijos.
e) Establecer un sistema de servicio de salud integral en las Casas de Acogida dependientes de las Gobernaciones, las que deberán implementar los lineamientos del programa nacional para la prevención y atención integral de la violencia.
f) Crear programas para la atención psicológica de la persona agresora, a fin de evitar la reincidencia.
g) Otorgar, en forma inmediata, la constancia médica y diagnóstico médico y/o psicológico a las víctimas de violencia que acudan al servicio de salud.
h) Sensibilizar y capacitar al personal de salud y monitorear la función desempeñada por los mismos en torno a los temas de violencia contra las mujeres.

Artículo 23.- Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es responsable de implementar las siguientes medidas:
a) Implementar políticas nacionales de derechos humanos contenidas en planes, que guarden relación con la prevención, protección y eliminación de la violencia hacia las mujeres.
b) Elaborar y aplicar medidas de acción para la prevención y protección de la violencia hacia las mujeres.
c) Implementar medidas y acciones que faciliten el acceso a la justicia y a la información de las mujeres.
d) Potenciar las acciones y medidas ejecutadas para garantizar la calidad de vida de las mujeres privadas de libertad.
e) Desarrollar y promocionar programas de reinserción social destinados a mujeres privadas de libertad.
f) Capacitar y empoderar a las mujeres privadas de libertad sobre sus derechos y los mecanismos con que se cuenta para hacer frente a actos de violencia perpetrados contra las mismas en el sistema penitenciario.
g) Establecer protocolos de tratamiento especializado para mujeres pertenecientes a grupos en condición de vulnerabilidad en la que se encuentran privadas de libertad. 
h) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad y sus hijos e hijas.
i) Fortalecer las dependencias institucionales que intervienen en la ejecución de acciones en favor de las mujeres.

Artículo 24.- Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente son responsables de:
a) Contar con mecanismos de información sobre los derechos y los recursos disponibles frente a los actos de violencia descriptos en la presente Ley.
b) Informar a la autoridad judicial o al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y Fiscalía, sobre hechos de violencia hacia niñas y adolescentes mujeres de los cuales tenga conocimiento de acuerdo con las leyes vigentes.
En ningún caso, las Consejerías podrán mediar o conciliar los hechos de violencia que lleguen a su conocimiento, debiendo remitir las actuaciones a los órganos pertinentes velando en todo momento por la integridad física de la mujer y sus dependientes.

Artículo 25.- Municipalidades. Los Gobiernos municipales a través de la intendencia y las juntas municipales y con el apoyo técnico del Ministerio de la Mujer crearán Servicios Integrales de Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencia, las que tendrán por funciones:
a) Realizar campañas de sensibilización, difusión y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concienciar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
b) Brindar asistencia y orientación psicológica y jurídica gratuita, a las mujeres en situación de violencia.
c) Habilitar una línea telefónica de información y orientación a mujeres en situación de violencia y coordinar con la Policía Nacional acciones en los casos que requieran auxilio inmediato.
d) Llevar un registro de casos para reportar información al Sistema Único y Estandarizado de Registro y adoptar un protocolo de atención.
e) Impulsar políticas municipales integrales de prevención de la violencia.
Artículo 26.- Gobernaciones. Las Gobernaciones son responsables de crear Casas de Acogida para mujeres en situación de violencia en sus respectivos departamentos, coordinando con enfoque interdisciplinario, los servicios de asistencia médica, psicológica, legal, laboral y social con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio del Trabajo u otras dependencias, según corresponda.

CAPÍTULO III
POLÍTICAS ESTATALES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Artículo 27.- Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer.
La Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer es coordinada por el Ministerio de la Mujer e integrada por una representación de cada una de las siguientes instituciones:
a) Ministerio de la Mujer;
b) Ministerio del Interior;
c) Ministerio de Hacienda;
d) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;
e) Ministerio de Educación y Cultura;
f) Ministerio de Justicia;
g) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
h) Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia;
i) Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social;
j) Secretaría de Acción Social;
k) Secretaría de Emergencia Nacional;
l) Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia de la República;
m) La Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación;
n) Ministerio Público;
ñ) Ministerio de la Defensa Pública;
o) Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad;
p) Poder Judicial;
q) Comisiones de Equidad de Género y de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Nacional; y,
r) Sociedad Civil, representantes de al menos 5 (cinco) organizaciones.
Constituida la Mesa Interinstitucional, debe elaborar y aprobar su reglamento interno.

Artículo 28.- Casas de Acogida. Créase el programa de Casas de Acogida, que deberá ser implementado y estará a cargo de las Gobernaciones Departamentales bajo la coordinación general, supervisión y apoyo técnico del Ministerio de la Mujer. Los servicios brindados por las Casas de Acogida deben realizarse en coordinación con las demás entidades públicas responsables, conforme la presente Ley y tienen como objetivo:
a) Proteger a la mujer y su grupo familiar afectado que se encuentre en riesgo y desprotección generada por situaciones de violencia, sea que lleguen por su propia cuenta o derivadas de instituciones públicas u organismos no gubernamentales.
b) Asegurar el apoyo inmediato, la integridad física, emocional y la atención psicosocial a la víctima y sus dependientes, si así lo requiera el caso.
c) Prestar asistencia interdisciplinaria psicológica, social, legal y, en su caso, médica, coordinando con las unidades policiales, fiscalía y juzgados correspondientes las medidas de protección que deban ser tomadas de manera inmediata.
c) Brindar información a la mujer víctima de violencia sobre los derechos que le asisten y acompañar y facilitar el acceso a capacitación laboral, empleo, vivienda, programas sociales y demás derechos establecidos en la presente Ley.
d) Ofrecer albergue transitorio a la mujer en situación de violencia y sus dependientes que se encuentran en riesgo cuando estas no puedan obtener un sustento económico, y mientras que se mantenga el estado de peligro.
e) Ofrecer capacitación laboral y académica a las mujeres en situación de violencia, sea en las instalaciones del centro de acogida o en otras instituciones.
f) Organizar en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil una bolsa de empleos del sector privado para ayudar a que las mujeres en situación de violencia accedan a un trabajo digno; y,
g) Todos los servicios que puedan cooperar en el restablecimiento de las mujeres en situación de violencia y su grupo familiar o dependiente.

Artículo 29.- Sistema Unificado y Estandarizado de Registro. El Ministerio de la Mujer creará el Sistema Unificado y Estandarizado de Registro de Violencia contra las Mujeres, en coordinación con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.
El Estado es responsable de la recopilación y sistematización de datos que incluyan toda información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y de formular, monitorear y evaluar las políticas públicas pertinentes.
El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Secretaría de la Función Pública reportarán información sobre todos los casos atendidos al Sistema Único y Estandarizado de Registro, con base en los criterios definidos con el Ministerio de la Mujer para cada institución y garantizaran mecanismos de acceso público a la información generada a la sociedad civil.

Artículo 30.- Informes del Sistema. Los informes producidos por el Sistema Único y Estandarizado de Registro deben contener:
a) Identificación y cantidad de mujeres denunciantes por edad, discapacidad, estado civil, procedencia territorial, lengua, etnia, escolaridad, profesión u ocupación, vínculo con la persona agresora, naturaleza de los hechos, y su cuantificación.
b) Cuantificación de las personas agresoras por procedencia territorial, edad, ocupación, origen étnico, estado civil, escolaridad, profesión u ocupación.
c) Datos de los hechos de violencia atendidos, incluyendo tipos de la violencia contra la mujer y conductas punibles.
d) Datos del proceso judicial que incluyan por lo menos la duración de las etapas procesales, las medidas cautelares y las de protección ordenadas, los requerimientos conclusivos y las sentencias.
e) Los recursos y origen de los presupuestos erogados para la atención de las mujeres víctimas de violencia.
El Ministerio de la Mujer publicará y difundirá por diversos medios y de forma anual las estadísticas de violencia contra las mujeres y el monitoreo de la implementación de esta ley, los cuales deben estar disponibles a solicitud de cualquier persona física o jurídica que así lo requiera.

Artículo 31.- Observatorio de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Ministerio de la Mujer creará el Observatorio de Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destinado al monitoreo e investigación sobre la violencia contra las mujeres, a los efectos de diseñar políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
El Observatorio tendrá los siguientes deberes:
a) Generar una red de información interinstitucional con todos los servicios de atención y protección a las mujeres en situación de violencia pública o privada;
b) Establecer relaciones con otros Observatorios y redes sobre violencia hacia las mujeres;
c) Realizar estudios e investigaciones sobre la violencia contra las mujeres en coordinación con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales; y,
d) Presentar informes periódicos al Ministerio de la Mujer.

Artículo 32.- Servicios Integrales de Prevención y Atención. El Estado, mediante la rectoría del Ministerio de la Mujer promoverá en las distintas jurisdicciones y niveles descentralizados la creación y/o fortalecimiento de los servicios integrales especializados de atención a la mujer en situación de violencia y a las personas que la ejercen.
El Sistema de Prevención y Atención está integrado por todos los servicios públicos dependientes del Poder Ejecutivo, Municipalidades y Gobiernos Departamentales, y coordinará acciones con los servicios de organizaciones no gubernamentales, universidades y otros que trabajen en la prevención de la violencia hacia las mujeres y ofrezcan servicios gratuitos.
Los servicios de prevención y atención integral son responsables de:
a) Difundir la presente Ley y los servicios integrales que brindan a las mujeres en situación de violencia.
b) Capacitar de manera permanente a su persona! para la aplicación de la presente Ley.
c) Adoptar las medidas necesarias en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos.
d) Elaborar y aplicar protocolos específicos para regular y uniformar su accionar evitando la revictimización, sin perjuicio de la adecuación de los protocolos de atención e intervención actualmente vigentes, así como el seguimiento y evaluación de su cumplimiento.
Todo servicio de atención deberá ser extensivo a las hijas e hijos de la mujer en situación de violencia y a otras personas dependientes en condiciones de riesgo.

Artículo 33.- Servicios Nacionales. El Ministerio de la Mujer ampliará la cobertura de los Servicios de Atención a la Mujer, de los Centros Regionales de la Mujer y coordinará con las Gobernaciones Departamentales la creación de las Casas de Acogida. Estos servicios deberán ofrecer atención integral e interdisciplinaria a la mujer en situación de violencia, la que incluirá asistencia médica, psicológica, legal, laboral y social, para lo que podrá suscribir acuerdos intergubernamentales con Municipalidades y Gobernaciones Departamentales.
El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social creará servicios de atención, orientación y referencia para trabajadoras en situación de violencia y coordinará con las Casas de Acogida la incorporación de mujeres a los programas de capacitación y empleo.
El Estado promoverá a organizaciones de la sociedad civil que brinden estos servicios.

Artículo 34.- Reeducación de la Persona Agresora. El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de la Mujer, establecerá mecanismos y servicios dirigidos a la reeducación de la persona agresora, que podrán ser utilizados en forma voluntaria o por orden del Juzgado interviniente, observando las siguientes premisas:
a) Contar con programas de intervención conductual y educación psicosocial para personas que hayan incurrido en hechos de violencia contra la mujer.
b) Coordinar entre los prestadores de servicios a personas agredidas y agresores, evitando el encuentro de la víctima y la persona agresora.
c) Crear programas y espacios para la ejecución de trabajo comunitario en caso de que sea ordenado por el Juzgado interviniente.
d) Proveer terapia psicológica para las personas agresoras que lo precisen, en los servicios sociales habilitados, sean estos de carácter público o privado.
e) Proveer información actualizada y periódica sobre el diagnóstico, el tratamiento, la reeducación y sus avances, al Juzgado Penal de Ejecución.

Artículo 35.- Medios de comunicación. Los medios de comunicación social deberán garantizar el respeto a la dignidad e intimidad de las mujeres en situación de violencia y sus hijos, hijas y dependientes en la difusión de informaciones relativas a los hechos de violencia.

CAPÍTULO IV
SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN A LA MUJER ANTE HECHOS DE VIOLENCIA

Artículo 36.- Poder Judicial. El Poder Judicial, a través del órgano correspondiente, incorporará la perspectiva de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en sus políticas internas y en la administración de justicia, para el conocimiento y juzgamiento de las causas que involucren hechos relacionados con la violencia hacia las mujeres.
Para la adecuada implementación de la presente Ley y el cumplimiento de sus fines, el Poder Judicial deberá:
a) Designar personal capacitado, eficiente y suficiente para cumplir las funciones relativas al conocimiento y juzgamiento de hechos de violencia.
b) Dotar de la infraestructura necesaria para la atención de la mujer en situación de violencia, acorde a los principios de celeridad, privacidad, oficiosidad, gratuidad y otros previstos en esta Ley.
c) Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso a la justicia a las mujeres en situación de violencia, una respuesta efectiva del sistema judicial y el respeto a sus derechos y garantías.
d) Fortalecer el marco procesal vigente, a través de acordadas y protocolos de atención para asegurar una protección integral a las mujeres víctima de violencia en las instancias jurisdiccionales.
e) Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos de capacitación en derechos humanos, derechos humanos de las mujeres, dirigidos a las/os funcionarias/os de la administración de justicia que intervengan en el tratamiento de los hechos que contempla esta ley. La sensibilización, capacitación y formación se coordinará con el Ministerio de la Mujer, pudiendo suscribir convenios con las áreas de estudios de la mujer en las universidades.
f) Crear una base de datos con información sobre todas las denuncias por hechos de violencia contra las mujeres ingresados en el sistema judicial y reportar los mismos al Sistema Unificado y Estandarizado de Registro.
g) Realizar estudios e investigaciones en la materia.

Artículo 37.- Juzgados de Paz. Los Juzgados de Paz, además de las facultades que les confiere la Ley, son competentes para: 

a) Recibir denuncias sobre hechos de violencia contra las mujeres y disponer medidas de protección para la preservación de la vida, la integridad de la mujer, sus bienes y derechos, establecidas en la presente Ley, aplicando el procedimiento previsto en la Ley N° 1600/00 “CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA” y en el caso de ser niñas y/o adolescentes mujeres actuar conforme las disposiciones de la Ley N° 4295/11 “QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL MALTRATO INFANTIL EN LA JURISDICCION ESPECIALIZADA”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 de esta Ley.
a) La substanciación y la resolución del procedimiento abreviado por hechos punibles de violencia hacia las mujeres conforme lo previsto en el Artículo 44 del Código Procesal Penal.
b) Remitir compulsas de las actuaciones a la Unidad Fiscal que corresponda, en la brevedad posible, a fin de que se inicie y prosiga el proceso penal que corresponda.
c) Remitir compulsas de las actuaciones a la Unidad Fiscal que corresponda, en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, a fin de que se inicie y prosiga el proceso penal que corresponda cuando de las actuaciones se desprenda la comisión de un hecho punible.

Artículo 38.- Ministerio de la Defensa Pública. El Ministerio de Defensa Pública deberá prestar asistencia jurídica y patrocinio legal a las mujeres en situación de violencia sin necesidad de realizar el beneficio de litigar sin gastos, debiendo llevar un registro de todos los casos de violencia y reportarlos al Sistema Unificado y Estandarizado de Registro.

Artículo 39.- Ministerio Público. A los fines de esta Ley y, sin perjuicio de sus demás obligaciones y facultades, el Ministerio Público debe:
a) Asignar los recursos necesarios e infraestructura adecuada para la investigación y persecución de los hechos punibles de violencia contra la mujer. Para ello deberá capacitar y especializar a su personal. Podrá crear Unidades Especializadas, sin perjuicio de que todas las Unidades Fiscales Penales estén obligadas a recibir denuncias y en su caso, persigan tales hechos.
b) Iniciar y proseguir la investigación, ejerciendo la acción penal a través de los/as agentes fiscales.
c) Capacitar a los/as agentes fiscales, asistentes fiscales y funcionariado, personal contratado y del servicio auxiliar en general, en materia de violencia hacia las mujeres.
d) Prever la designación de personal capacitado, eficiente y suficiente en todos los cargos en los cuales se cumplan funciones relacionadas con la investigación y persecución de los hechos punibles de violencia contra las mujeres.
e) Adoptar protocolos de atención e investigación de casos de violencia contra las mujeres que consideren circunstancias especiales para casos en los cuales la víctima se encuentre en situación de crisis, requiera atención médica inmediata o se trate de delitos sexuales, entre otros que requieren atención diferenciada.
f) Establecer los criterios de actuación y de persecución penal en hechos punibles de violencia contra las mujeres.
g) Crear una base de datos para el registro de las denuncias y estado de los procesos a efecto de reportar esta información al Sistema Unificado y Estandarizado de Registro.
h) Aplicar las sanciones administrativas disciplinarias pertinentes, sobre cuyo dictado tenga competencia, a agentes fiscales, asistentes fiscales, personas pertenecientes a su funcionariado, su personal contratado y del servicio auxiliar, en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en esta Ley, o de deficiente ejercicio de las facultades conferidas en ella.

Artículo 40.- Policía Nacional. 1. La Policía Nacional, en el marco de sus atribuciones deberá adoptar las siguientes medidas: 

a) Crear y fortalecer las Divisiones Especializadas para la atención de hechos punibles de violencia contra las mujeres, sin perjuicio que todo el personal policial, especializado o no, pueda intervenir en los casos de violencia contra las mujeres cuando fuere necesario.
b) Dotar de la infraestructura y recursos suficientes para la intervención policial en hechos de violencia hacia las mujeres en todo el país.
c) Prever mayor designación de personal capacitado, eficiente y suficiente en todos los cargos en los cuales se cumplan funciones relacionadas con la atención de los hechos de violencia contra las mujeres.
d) Difundir los protocolos de atención e investigación en coordinación con el Ministerio de la Mujer, a fin de brindar las respuestas adecuadas y evitar la revictimización de las mujeres en situación de violencia, atendiéndolas con diligencia.
e) Fortalecer todas las comisarias para la atención de hechos de violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos, a fin de garantizar el auxilio y socorro en los casos en los que requieran protección inmediata, para lo que contarán con el personal suficiente, los medios de transporte y líneas gratuitas. En los lugares donde no existan unidades policiales especializadas y cuando fuere necesaria la atención a las víctimas debe ser prestada por las autoridades policiales ordinarias.
f) Llevar un registro de denuncias y estadísticas desagregadas para el reporte al Sistema Único y Estandarizado de Registro.
2. Todos los funcionarios de la Policía Nacional y de las Unidades o Comisarías Especializadas para la atención de la violencia contra la mujer, deberán:
a) Recibir en forma inmediata las denuncias sobre hechos de violencia, garantizar la integridad física de la denunciante y sus dependientes y remitir el caso con todos los informes pertinentes al juzgado competente y al Ministerio Público. 
b) Presentar el informe oficial al Ministerio Público sobre las actuaciones de la denuncia dentro de las seis horas contadas desde el inicio de la intervención.
c) Informar sobre anteriores denuncias formuladas contra la misma persona agresora.
d) Proporcionar protección efectiva en el traslado de la mujer agredida y a la persona denunciante de la violencia.
e) Realizar el seguimiento a la situación de las mujeres que hubieren denunciado hechos de violencia, en especial cuando se hubieren dictado medidas de protección, mediante visitas domiciliarías u otras verificaciones adecuadas debiendo informar al Juez de Paz cuando se hayan tomado medidas de protección, conforme la Ley N° 1600/00 “CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA” y al Ministerio Público, en su caso.
f) Constatar la existencia de armas do cualquier tipo en el lugar de los hechos o en posesión de la persona agresora.
g) Efectuar detenciones en casos de flagrancia, pudiendo ingresar a recintos públicos o privados sin necesidad do orden judicial, de forma excepcional, cuando existan elementos fehacientes que hagan presumir la comisión de hechos punibles de violencia contra la vida o la integridad física de la mujer y sus hijos e hijas o adultos mayores a su cargo.

Artículo 41.- Sanciones. Los funcionarios públicos son pasibles de sanciones administrativas disciplinarias en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en esta Ley.

CAPÍTULO V
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 42.- Finalidad. Las medidas de protección tienen por finalidad detener los actos de violencia feminicida, física, psicológica o sexual y proteger a la mujer agredida y a los miembros de su entorno familiar como hijos, hijas o personas dependientes en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial.

Artículo 43.- Medidas de protección. Las medidas de protección, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 1600/00 “CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA" son las siguientes: 

a) Ordenar en los casos de violencia entre cónyuges, convivientes o parejas sentimentales aunque se traten de relaciones vigentes o finalizadas que la persona denunciada se mantenga a una distancia determinada mínima de la mujer en situación de violencia, sus hijos e hijas o de otras personas vinculadas a ella, así como su vivienda, o cualquier otro espacio donde acontezca la violencia. Cuando la persona denunciada y la victima trabajen o estudien en el mismo lugar, se ordenará esta medida adecuándola para garantizar la integridad de la mujer; sin que se vean afectados los derechos laborales de la misma.

b) Prohibir a la persona denunciada que, de manera directa o indirecta, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia o dependientes.

c) En caso de violencia contra niñas y adolescentes mujeres los Juzgados de Paz deberán tomar las medidas comprendidas en esta Ley o cualquiera de las medidas de protección urgentes previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia y remitir las actuaciones al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas.

d) Disponer la custodia policial en el lugar donde se encuentre la mujer agredida por el tiempo que se considere conveniente.

e) Disponer el inventario de los bienes de la comunidad conyugal o los comunes de la pareja, y de los bienes propios de la mujer en situación de violencia, de la sociedad comercial o cualquier otro bien que compartan la mujer y la persona denunciada.

f) Emitir una orden judicial de protección y auxilio a favor de la denunciante. La víctima portará copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera o dentro de su domicilio.

g) Adoptar cualquier otra medida que se considere necesaria.

El Juzgado Penal de Garantías o de Paz que tenga a su cargo resolver la solicitud de implementación de medidas de protección, comunicará a la autoridad policial competente más cercana la medida a ser implementada. 

La resolución que ordene medidas de protección, apercibirá a las partes que incurrirán en el hecho punible de desacato en caso de incumplimiento de una o varias de las medidas dictadas.

Artículo 44.- Prohibición de conciliación o mediación. Se prohíbe aplicar la conciliación, mediación o arbitraje o cualquier otro medio de resolución alternativa de conflictos de hechos de violencia hacia la mujer, antes y durante la tramitación del procedimiento de medidas de protección.

Artículo 45.- Medidas de seguimiento. Una vez dictada la resolución judicial que establezca medidas de protección, el juzgado competente podrá ordenar medidas tendientes a asegurar su cumplimiento, consistentes en: 

a) Requerir informe sucesivo de evaluación de riesgo y situación psicosocial de la mujer víctima de violencia.

b) Requerir informe sucesivo de evaluación psicosocial de la persona agresora.

c) Ordenar que la persona agresora se presente periódicamente ante el Juzgado, a fin de determinar el grado de ejecución de la medida de protección dispuesta.

d) Disponer que la persona agresora comunique al Juzgado cualquier cambio de domicilio personal y laboral.

e) Disponer que la persona agresora comunique al Juzgado cualquier cambio en su estado patrimonial o de ingresos económicos que afecte a la mujer víctima de violencia.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO PARA DENUNCIA DE HECHOS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Artículo 46.- Principios Procesales. a) Verosimilitud. Para el dictado de medidas cautelares y de protección personal, en caso de duda, se debe estar a lo manifestado por la victima de los hechos de violencia. 

a) Celeridad. Los procedimientos deben ser ágiles y oportunos, considerando la situación de las mujeres en situación de violencia y el riesgo al que se encuentran expuestas, debiendo decretarse las medidas de protección previstas en esta Ley u otras leyes vigentes de manera urgente.

b) Reserva. Las actuaciones relativas a hechos de violencia son reservadas. Solo pueden ser exhibidas u otorgarse testimonio o certificado de las mismas, a solicitud de parte legitimada o por orden de autoridad competente.

c) Deber de informar. Las autoridades, el funcionariado, el personal contratado, el servicio auxiliar en general de la función pública y los particulares que presten servicio público, intervinientes en procedimientos que involucren hechos de violencia, tienen la obligación de informar a la mujer en situación de violencia en el idioma, lenguaje o dialecto que comprenda, en forma accesible a su edad y madurez, los derechos que les asisten, los recursos disponibles, la forma de preservar las evidencias, el estado de los procedimientos judiciales en los que esté involucrada así como copia gratuita de los mismos, y la lista de servicios gubernamentales o no gubernamentales disponibles para su atención.

d) Debida diligencia. Las autoridades competentes deben actuar con probidad y agilidad para prevenir, investigar y enjuiciar los hechos de violencia contra las mujeres. La omisión de la debida diligencia acarrea la aplicación de sanciones. Las mujeres deberán ser atendidas por personas expertas y capacitadas en derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de las víctimas en lugares accesibles que garanticen la privacidad, seguridad y comodidad. Durante la declaración de la mujer, se deberá tener en cuenta su estado emocional y que su declaración sea tomada de manera individual. Durante el proceso, el Juzgado podrá designar un profesional de trabajo social que acompañe el cumplimiento de las medidas de protección y asista a la víctima.
Por ningún motivo, se podrá solicitar a la mujer en situación de violencia realizar actuaciones, citaciones, notificaciones u otras diligencias que sean responsabilidad de funcionarios del sistema de atención o del sistema de justicia, en especial si ellas implican cualquier tipo de contacto o comunicación con la persona agresora o sus familiares.

Artículo 47.- Presentación de la denuncia. La denuncia puede ser presentada ante la Policía Nacional o los Juzgados de Paz sin necesidad de contar con patrocinio o representación letrada, en forma oral o escrita, para la inmediata aplicación de medidas de protección. En ningún caso, se rechazará la recepción de la denuncia.

Artículo 48.- Procedimiento aplicable. El procedimiento para la adopción de medidas de protección ante el Juzgado de Paz será el establecido en la Ley N° 1600/00 "CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA”, así como los recursos aplicables. En caso de niños o adolescentes víctimas, se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 4295/11 “QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL MALTRATO INFANTIL EN LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA”, conforme a lo estipulado en el Artículo 41 de esta Ley.
Los Juzgados de Paz que reciban la denuncia aplicarán las medidas de protección de manera inmediata y las actuaciones, que se realicen en el marco de este procedimiento, están exentas de todo tributo, tasa, viático o cánon.

CAPÍTULO VII
HECHOS PUNIBLES DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Artículo 49.- Acción Penal Pública. Los hechos punibles tipificados en esta Ley son de Acción Penal Pública.

Artículo 50.- Feminicidio. El que matara a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, será castigado con pena privativa de libertad de diez a treinta años, cuando:
a) El autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo;
b) Exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
c) La muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra la víctima, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados o no;
d) La víctima se hubiere encontrado en una situación de subordinación o dependencia respecto del autor, o este se hubiere aprovechado de la situación de vulnerabilidad física o psíquica de la víctima para cometer el hecho;
e) Con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos punibles contra la autonomía sexual; o,
f) El hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o restablecer una relación de pareja permanente o casual.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 51.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia 1 (un) año después de su publicación salvo el Artículo 50 que se aplicará al día siguiente de su publicación.

Artículo 52.- Derogación de Disposiciones Contrarias. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que contradigan a las contenidas en la presente Ley.

Artículo 53.- Vigencia de la Ley N° 1600/00 “CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA” y Código Penal. La presente Ley no deroga ni modifica lo dispuesto en la Ley N° 1600/00 “CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA”, que mantiene su vigencia, así como los tipos penales establecidos en el Código Penal.

Artículo 54.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará está Ley a los 90 (noventa) días de su publicación.

Artículo 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, a seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitución Nacional.

Hugo Moreno Velázquez Moreno
Presidente
H. Cámara de Diputados
Roberto Ramón Acevedo Quevedo 
Presidente
H. Cámara de Senadores
José Domingo Adorno Mazacotte
Secretario Parlamentario
Oscar Rubén Salomón Fernández
Secretario Parlamentario

Asunción, 27 de diciembre de 2016

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de República
Horacio Manuel Cartes Jara

Ana María Baiardi Quesnel
Ministra de la Mujer


19 de enero de 2017

Ley N° 5757 del 7 de diciembre de 2016, Que modifica varios artículos de la Ley N° 222/93 "Orgánica de la Policía Nacional".

Acápite: Ley N° 5757 del 7 de diciembre de 2016, Que modifica varios artículos de la Ley N° 222/93 "Orgánica de la Policía Nacional". 

Fecha de Promulgación: Miércoles, 7 de Diciembre de 2016

Número de Ley: 5757/2016.

Publicado: 09/12/2016 Observación: Esta Ley deroga modifica los artículos 6°, 11, 13, 14, 18, 19, 25, 33, 34, 35, 47 ,51, 55, 58, 72, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 134, 140, 141, 142, 150, 152, 154, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 177, y los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, y 6° del Título XIV Disposiciones Transitorias y Finales de la Ley N° 222/93 "ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL". Igualmente, deroga la Ley N° 2147/03 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY N° 222/93 ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL, la Ley N° 4650/12 'QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 165 Y 171 Y AMPLÍA LA LEY N° 222/93 "ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL", y los Artículos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 14 del Título XIV de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 222/93 "ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL", así como todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.


LEY N° 5757


QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 222/93 “ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL”

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 6°, 11, 13, 14, 18, 19, 25, 33, 34, 35, 47 ,51, 55, 58, 72, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 134, 140, 141, 142, 150, 152, 154, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 177, y los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, y 6° del Título XIV Disposiciones Transitorias y Finales de la Ley N° 222/93 “ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL”, que quedan redactados de la siguiente manera:

Art. 6°.- Son funciones, obligaciones y atribuciones de la Policía Nacional.

1. Preservar el Orden Público legalmente establecido.

2. Proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades y de sus bienes.

3. Prevenir la comisión de hechos punibles y faltas mediante la organización técnica, la información y la vigilancia.

4. Investigar bajo dirección del Ministerio Público los hechos punibles cometidos en cualquier punto del territorio nacional, en las aguas públicas o el espacio aéreo.

5. Ejercer las facultades conferidas en el Código Procesal Penal, con sujeción a los principios básicos de actuación establecidos en la Constitución Nacional y las Leyes.

6. Solicitar la presentación de documentos de identificación personal cuando el caso lo requiera.

7. Mantener y organizar en todo el territorio nacional el servicio de identificación personal, archivo y registro de antecedentes y del domicilio de las personas.

8. Expedir Cédulas de Identidad, Pasaportes, Certificado de Antecedentes, de Vida, de Domicilio, de Residencia y otros documentos relacionados con sus funciones.

9. Mantener copia actualizada del registro del parque automotor proveída por la Dirección General de los Registros Públicos.

10. Ejercer la vigilancia y el control de las personas en la frontera nacional.

11. Organizar el registro de extranjeros y controlar la entrada y salida de estos, conforme a la Ley.

12. Proceder a la búsqueda de las personas desaparecidas, así como de las cosas pérdidas o sustraídas para restituirlas a sus legítimos propietarios.



13. Velar por las buenas costumbres, la moralidad pública y reprimir los juegos ilícitos y las actividades prohibidas, de acuerdo con las normas legales pertinentes.

14. Garantizar las reuniones en lugares públicos, preservando el orden y protegiendo los derechos de terceros.

15. Comunicar a la autoridad judicial el fallecimiento de personas sin parientes conocidos y adoptar las primeras medidas cautelares de sus bienes.

16. Cooperar y coordinar con el organismo responsable en el control y la prevención de la producción, comercialización, tráfico, consumo, uso y tenencia de drogas y estupefacientes, de acuerdo con los Tratados Internacionales y las Leyes vigentes en la materia.

17. Proteger las instalaciones de conducción y provisión de energía eléctrica, oleoductos, gasoductos, aguas corrientes, telefónicas y otros.

18. Prevenir y combatir los incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida, la seguridad y propiedad de las personas.

19. Prevenir y reprimir las actividades relacionadas con el tráfico ilegal de personas, especialmente de mujeres y niños, de acuerdo con las normas legales pertinentes.

20. Fiscalizar las actividades de los detectives particulares, empresas de vigilancias, serenos y de quienes ejerzan funciones afines.

21. Fiscalizar, con orden judicial, los registros de personas en hoteles, hospedajes y establecimientos afines.

22. Cooperar con los organismos responsables en el control de la asistencia de menores a salas de juegos de azar y espectáculos públicos para mayores.

23. Controlar conforme a la Ley el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas.

24. Dictar reglamentos y edictos para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con sus facultades regladas.

25. Reglamentar el uso de uniformes, armas, equipos y materiales de la Institución.

26. Realizar intercambios de información a nivel nacional e internacional y cooperar con instituciones similares en la prevención e investigación de la delincuencia.

27. Prestar auxilio a las personas e instituciones que legalmente lo requieran.

28. Coadyuvar en la realización de las tareas investigativas especializadas, solicitadas por el Poder Judicial o el Ministerio Público en el marco de la averiguación de hechos punibles.

29. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con las funciones que por la Constitución Nacional y por esta Ley se le asignan.

30. Coordinar con las Municipalidades y otras instituciones el control del tránsito en las vías terrestres habilitadas para la circulación pública.

31. En los casos de crímenes organizados, múltiples, complejos y/o transnacionales el personal especializado de la Policía Nacional podrá realizar procedimientos de entrega vigilada, operaciones encubiertas y empleo de informantes, con autorización judicial y bajo dirección del Ministerio Público en las condiciones establecidas en el Capítulo XII al XV de la Ley N° 1881/02 “QUE MODIFICA LA LEY N° 1340 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1988 "QUE REPRIME EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS Y OTROS DELITOS AFINES Y ESTABLECE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FARMACODEPENDIENTES”.

32. Dar cumplimiento a los mandatos judiciales y del Ministerio Público.

Art. 11.- El personal de la Policía Nacional en servicio activo, no podrá afiliarse a partido o movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad político partidaria. Se exceptuarán: la docencia, la investigación científica, las pericias, las actividades gremiales tales como: círculo de oficiales, círculos de suboficiales, asociaciones, cooperativas, comisiones vecinales, fundaciones, clubes y mutuales.

El Comandante y Subcomandante de la Policía Nacional y los miembros del Tribunal de Calificaciones no podrán ejercer las actividades de carácter gremial.

Art. 13.- El Estado Policial se pierde por las siguientes causas:

1. Por pérdida de la nacionalidad o ciudadanía.

2. Por condena de inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta por sentencia firme y ejecutoriada.

3. Por condena a una pena o medida dispuesta por la justicia ordinaria por sentencia firme y ejecutoriada.

4. Por sanción disciplinaria de baja.

Art. 14.- La pérdida del estado policial no implica la privación de los derechos adquiridos para los haberes de retiro, los derechos del retirado, ni la pensión que pueda corresponder a sus herederos, salvo que la causal sea la prevista en el numeral 3 o 4 del artículo anterior, caso en el cual el afectado no podrá acogerse a los beneficios de la jubilación, pudiendo únicamente retirar sus aportes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, de conformidad con las previsiones legales respectivas.

Art. 18.- En el Cuadro de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, se establecen las siguientes especialidades:

a) De Prevención y Seguridad.

b) De Investigación.

c) De Intendencia.

d) De Sanidad.

La Policía Nacional capacitará a su personal en otras especialidades que serán reglamentadas.



Art. 19.- Las condiciones para el ingreso al Cuadro Permanente de Oficiales son:

a) Ser de nacionalidad paraguaya.

b) Ser egresados de Instituciones Policiales de Enseñanza.

Excepcionalmente para la especialidad de Sanidad, podrán ingresar los egresados universitarios del área de salud, previa capacitación en el Centro de Capacitación del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL).

Art. 25.- Las condiciones para el ingreso al Cuadro Permanente de Suboficiales son:

a) Ser de nacionalidad paraguaya.

b) Ser egresado de Instituciones Policiales de Enseñanza. El Suboficial egresado está obligado a servir en la Institución por lo menos 3 (tres) años. La misma disposición rige para los egresados de la Escuela de Aprendices de la Banda de Músicos.

c) Haber aprobado la evaluación psicológica, de conformidad con los parámetros fijados objetivamente con antelación, cuyo resultado se adjuntará a su legajo personal.

Art. 33.- La clasificación jerárquica de Oficiales comprende:

1. Oficiales Superiores.

2. Oficiales Jefes.

3. Oficiales Subalternos.

Art. 34.- Los Comisarios Generales de la Policía Nacional conforman el Cuadro de Oficiales Superiores de la Institución.

Art. 35.- Los grados de Oficiales de la Policía Nacional comprenden:

a) Oficiales Superiores:

1. Comisario General Comandante.

2. Comisario General Director.

3. Comisario General Inspector.

b) Oficiales Jefes:

1. Comisario Principal.

2. Comisario.

3. Subcomisario.



c) Oficiales Subalternos:

1. Oficial Inspector.

2. Oficial Primero.

3. Oficial Segundo.

4. Oficial Ayudante.

Art. 47.- La incorporación, derechos y obligaciones del personal docente se regirán por lo establecido en la Ley de Educación Superior, esta Ley, la Ley del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL) y el Reglamento del Instituto pertinente. En cuanto al salario, será establecido conforme a las categorías de docente: de Pregrado, Grado y Postgrado, que estará previsto en el Presupuesto General de la Nación, dentro del rubro de la Policía Nacional. El docente será nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo, a pedido de la Dirección General del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), previo concurso de Méritos y Aptitudes.

Art. 51.- Revistan en Disponibilidad:

1. El Oficial o Suboficial sometido a proceso y sobre quien pesare orden de detención, prisión preventiva o condena; deberá guardar reclusión por razones de seguridad en dependencias de la Policía Nacional o en el lugar que disponga el órgano jurisdiccional interviniente.

2. Si la resolución recaída en la causa le fuere favorable el Oficial o Suboficial revistará nuevamente en actividad y recuperará su grado y antigüedad. Se entenderá como resolución favorable, aquella en la cual el Oficial o Suboficial sea beneficiado con sobreseimiento definitivo, dispuesto en el Artículo 359, numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal y la absolución en juicio, dispuesta en el Artículo 401 o 421, primer párrafo, segunda alternativa del Código Procesal Penal.

Art. 55.- Se podrá disponer de oficio al Retiro Absoluto cuando haya cumplido:

1. Oficiales

- Comisarios Generales y Principales 60 años

- Las demás graduaciones 50 años

2. Suboficiales

- Suboficial Superior, Principal y Mayor 60 años

- Las demás graduaciones: 50 años.

Art. 58.- Todo ascenso, inactividad, disponibilidad, retiro temporal, retiro absoluto o baja, se producirá por decreto del Poder Ejecutivo a propuesta del Comandante de la Policía Nacional.

Art. 72.- El Oficial que hubiere cumplido 30 (treinta) años de servicio y no haya ascendido a Comisario General Inspector, deberá acogerse a los beneficios del retiro.

El Comisario General Inspector que hubiere cumplido 32 (treinta y dos) años de servicio y no haya ascendido a Comisario General Director, deberá acogerse a los beneficios del retiro.

El Comisario General Director que hubiere cumplido 33 (treinta y tres) años de servicio y no haya sido nombrado Comandante o Subcomandante, deberá acogerse a los beneficios del retiro.

El Suboficial que hubiere cumplido 30 (treinta) años de servicio, deberá acogerse a los beneficios del retiro.

El personal policial al acogerse al beneficio de retiro, recibirá los honores correspondientes por los servicios prestados a la Patria.

Art. 105.- El Oficial o Suboficial postergado por el Tribunal de Calificaciones de Servicio en su ascenso, por no reunir los requisitos necesarios, podrá solicitar su ascenso una vez completados los requisitos exigidos.

Art. 107.- Para ser nombrado Oficial Ayudante de la Policía Nacional, se requiere haber egresado de la Academia Nacional de Policía. Para la especialidad de Sanidad, podrán ingresar los egresados universitarios del área de la salud, previa capacitación del Centro de Capacitación del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL).

Art. 108.- Para ser promovido a Oficial Segundo, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, realizar el curso básico de operaciones técnicas, y aprobar los exámenes de aptitud. Para la especialidad de Sanidad, se excluye el citado curso.

Art. 109.- Para ser promovido a Oficial Primero, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, tener el Título de Postgrado en Seguridad o Investigación e Inteligencia, como egresado de la Escuela de Especialización Profesional, a excepción de la especialidad de Sanidad, que deberá obtener una especialización en el área de la salud, debidamente reconocido por el Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL) y aprobar los exámenes de aptitud.

Art. 110.- Para ser promovido a Oficial Inspector, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, y aprobar los exámenes de aptitud.

Art. 111.- Para ser promovido a Subcomisario, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, y egresar de la Escuela de Administración y Asesoramiento Policial, a excepción de la especialidad de Sanidad que deberá presentar otra especialización en el área de la salud, debidamente reconocida por el Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL) y aprobar los exámenes de aptitud.

Art. 112.- Para ser promovido a Comisario, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, y tener el Título de Magíster en Administración y Asesoramiento Policial, a excepción de la especialidad de Sanidad que deberá presentar un título en Administración Hospitalaria, debidamente reconocido por el Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL) y aprobar los exámenes de aptitud.




Art. 113.- Para ser promovido a Comisario Principal, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, ser egresado de la Escuela de Estrategia Policial, ejercer el cargo correspondiente al grado y contar con el acuerdo del Senado.

Art. 114.- Para ser promovido a Comisario General Inspector, se requiere haber cumplido 4 (cuatro) años en el grado anterior, egresado de la Academia Nacional de Policía, tener el Título de Magíster en Ciencias Policiales expedido por Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), ejercer el cargo correspondiente al grado y contar con el acuerdo del Senado.

En la especialidad de Sanidad, se requiere ser egresado universitario-profesional médico, especialista en Administración Hospitalaria y Salud Pública y Magíster en Ciencias Policiales.

Art. 115.- Para ser promovido a Comisario General Director, se requiere haber cumplido 2 (dos) años en el grado anterior, ejercer el cargo correspondiente y contar con el acuerdo del Senado.

En la especialidad de Sanidad, se requiere ser egresado universitario-profesional médico, especialista en Administración Hospitalaria y Salud Pública y Magíster en Ciencias Policiales reconocido por el Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL).

Art. 116.- Para ser promovido a Comisario General Comandante, se requiere ostentar el grado de Comisario General Director, ejercer el cargo de Comandante de la Policía Nacional y contar con el acuerdo del Senado.

Art. 117.- El Cuadro de Comisarios Generales Inspectores estará conformado, proporcionalmente, por dos promociones de egresados de la Academia Nacional de Policía, incluyendo la de Sanidad.

Art. 134.- Las sanciones disciplinarias que se establecen son:

Para las faltas leves las siguientes:

- Apercibimiento por escrito.

- Multa equivalente al importe de 3 (tres) a 5 (cinco) días de salario mínimo legal.

Para las faltas graves las siguientes:

- Suspensión en el cargo sin goce de sueldo de hasta 30 (treinta) días.

- Baja.

Su aplicación será conforme al Reglamento Disciplinario.

Art. 140.- La sanción disciplinaria por faltas leves será aplicada, conforme a las facultades establecidas en el Reglamento Disciplinario.

Art. 141.- La sanción disciplinaria correspondiente a la suspensión sin goce de salario, será conforme al Reglamento Disciplinario y aplicada previo sumario administrativo.

Art. 142.- Los uniformes, distintivos, insignias del grado, placas de identificación policial y demás emblemas son usos privativos de la Institución y del personal de la Policía Nacional que constituyen símbolos de autoridad, y estarán establecidos, conforme a la resolución de la Comandancia de la Policía Nacional. Los distintos tipos y usos serán reglamentados.

Se prohíben su fabricación y venta a personas física o jurídicas que no hayan sido debidamente autorizadas por la Comandancia de la Policía Nacional, así como el uso por empresas públicas, privadas o personas ajenas a la Institución, como los que ofrezcan semejanza en el color o diseño con los usados por la Policía Nacional y que puedan inducir a confusión con ellos.

El uniforme deberá ser proveído y/o supervisado en la entrega por la Dirección de Logística y Abastecimiento, a través del Departamento de Intendencia.

Art. 150.- El Comando es el máximo organismo de las Fuerzas Policiales, responsable de la dirección, planeamiento, coordinación, control, administración y empleo de los recursos presupuestarios, humanos y bienes asignados a la Policía Nacional; se ejerce a través del Comandante y el Subcomandante de la Policía Nacional.

Art. 152.- Son requisitos para ser Comandante de la Policía Nacional:

a) Ser de nacionalidad paraguaya;

b) Egresado de la Academia Nacional de Policía en la especialidad de Prevención y Seguridad o Investigaciones.

c) Egresado de la Escuela de Estrategia Policial, con el Título de Magíster en Ciencias Policiales.

d) Ser Comisario General Director en actividad.

Art. 154.- Integran la Comandancia de la Policía Nacional:

- El Consejo de Comisarios Generales.

- Los Tribunales de Calificaciones de Servicio.

- Departamento de Enlace con el Congreso Nacional.

- Departamento de Asuntos Internacionales y Agregadurías Policiales.

- Departamento de Relaciones Públicas.

- Departamento Ceremonial y Protocolo.

- Departamento Jurídico.

- Departamento de Derechos Humanos.

- Departamento de Auditoría Interna.

- El Gabinete.


Las Jefaturas de los Departamentos serán ejercidas por Comisarios Principales de Prevención y Seguridad o Investigaciones, egresados de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales, expedido por Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL). La organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamentos.

Art. 156.- Los Tribunales de Calificaciones de Servicio son organismos competentes para expedirse sobre los méritos, aptitudes, distinciones, citaciones, ascensos, retiros, baja y reincorporaciones. Sus resoluciones son irrecurribles.

Los componen:

1. Los Tribunales de Calificaciones de Servicio para Oficiales constituidos por:

a) El Tribunal Superior: que tiene a su cargo entender en cuestiones de su competencia referidas a Oficiales desde el grado de Comisario. Es presidido por el Comandante de la Policía Nacional y lo componen 7 (siete) Comisarios Generales Directores y 12 (doce) Comisarios Generales Inspectores, todos en actividad, nombrados por el Comandante de la Policía Nacional.

b) El Tribunal Ordinario: que tiene a su cargo entender en cuestiones de su competencia referidas a Oficiales hasta el grado de Subcomisario. Es presidido por el Comandante de la Policía Nacional y lo componen 8 (ocho) Comisarios Generales en actividad, nombrados por el Comandante de la Policía Nacional.

El Tribunal de Calificaciones de Servicio para Suboficiales: tiene a su cargo entender las cuestiones de su competencia referida a Suboficiales. Es presidido por el Subcomandante de la Policía Nacional o su representante, quien convocará para integrarlo como miembros a los jefes de dependencias que considere pertinentes.

Art. 158.- El Gabinete del Comandante lo conforman:

- Ayudantía General.

- Secretaría Privada.

- Asesores.

Las Jefaturas de los Departamentos serán ejercidas por Comisarios Principales de Prevención y Seguridad o Investigaciones, egresados de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales, expedido por el Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL). La Organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamentos.

Art. 161.- Integran la Subcomandancia de la Policía Nacional:

- Dirección de Planificación Estratégica.

- Dirección de Asuntos Internos.

- Departamento de Comunicaciones y Publicaciones.

- Departamento de Comisión de Estudios de Leyes y Reglamentos.



Las Direcciones serán ejercidas por Comisarios Generales Inspectores de Prevención y Seguridad o Investigaciones y los Departamentos por Oficiales Jefes de las mismas especialidades.

El Gabinete del Subcomandante lo integran:

- La Ayudantía.

- La Secretaría.

- Los Asesores.

Art. 162.- La Dirección de Planificación Estratégica es la dependencia responsable de diseñar y desarrollar programas y planes de seguridad, conforme a las estadísticas, así como del fortalecimiento estructural de la Institución y su relacionamiento con otras Instituciones, para el cumplimiento de su misión constitucional. Su organización y funcionamiento serán reglamentados.

La integran:

- Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo.

- Unidad de Inteligencia Sensible (SIU).

- Departamento de Estadística.

- Departamento Centro de Documentación e Informaciones.

Art. 163.- La Dirección de Asuntos Internos es la responsable de investigar al personal policial, cuyas conductas en ocasión del cumplimiento de sus funciones o fuera de ella, atentan contra la Ley y los reglamentos institucionales; así como solicitar la aplicación de las medidas administrativas disciplinarias, y a tal efecto, ejerce la acción en el sumario instruido. Asimismo, deberá poner a conocimiento del Ministerio Público, los hechos que llegan a su conocimiento que podrían constituir hechos punibles.

Para el cumplimiento de su cometido, podrá tomar testimonio de las personas y solicitar informes a las dependencias policiales, a las instituciones públicas o privadas.

Será ejercida por un Comisario General Inspector con Título de Abogado.

La integran:

- Departamento de Investigación Interna.

- Fiscalías de Sumarios.

Su organización y funcionamiento serán conforme al Reglamento Disciplinario.

Art. 164.- El Departamento de Comunicaciones es la responsable de transmitir las informaciones relacionadas al desenvolvimiento institucional, definiendo los respectivos protocolos de socialización interna y externa.



El Departamento de Publicaciones es el organismo encargado de la producción de material bibliográfico de apoyo a la gestión policial, para cuyo efecto coordinará actividades con los estamentos institucionales pertinentes.

Art. 165.- El Departamento de Comisión de Estudios de Leyes y Reglamentos es el organismo que se encarga de la revisión, actualización de los reglamentos que regulan el funcionamiento institucional y del estudio de Leyes, decretos, ordenanzas y otras disposiciones legales que se relacionan con la función policial. Su organización y funcionamiento se regirán por reglamento. La Jefatura del Departamento de Comisión de Estudios de Leyes y Reglamentos será ejercida por un Oficial Jefe de la Especialidad de Prevención y Seguridad o Investigaciones, con Título de Abogado.

Art. 166.- Son Direcciones Generales:

- La Dirección General de Talento Humano.

- La Dirección General de Prevención y Seguridad.

- La Dirección General de Investigación Criminal.

- La Dirección General de Inteligencia Policial.

- La Dirección General del Instituto Superior de Educación Policial.

- La Dirección General de Justicia Policial.

- La Dirección General de Administración y Finanzas.

- La Dirección General de Sanidad Policial.

Las Direcciones Generales de Talento Humano, Prevención y Seguridad, Investigación Criminal; Inteligencia y del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), serán ejercidas por Comisarios Generales Directores de la especialidad de Prevención y Seguridad o de Investigaciones.

La Dirección General de Justicia Policial será ejercida por un Comisario General Director de la especialidad de Prevención y Seguridad o Investigaciones con Título de Abogado.

La Dirección General de Administración y Finanzas será ejercida por un Comisario General Director de la especialidad de Intendencia.

La Dirección General de Sanidad Policial será ejercida por un Comisario General Director de Sanidad.

Art. 167.- La Dirección General de Talento Humano es la dependencia responsable sobre la política de incorporación, administración y destino del personal; de diseñar las políticas para el bienestar del personal y su familia, en materia de vivienda, recreación, asistencia social, estabilidad y condiciones adecuadas de trabajo.

La integran:

- Dirección de Gestión del Personal.

- Dirección de Bienestar Policial.

Las Direcciones serán ejercidas por un Comisario General Inspector de la especialidad de Prevención y Seguridad o de Investigaciones.

La Dirección de Gestión del Personal es la encargada de organizar, coordinar, seleccionar, evaluar, administrar y capacitar los recursos humanos de la Institución.

La integran:

- Departamento de Selección y Admisión.

- Departamento de Evaluación de Desempeño y Ascenso.

- Departamento de Capacitación y Desarrollo.

- Departamento de Administración de Personal.

- Departamento de Legajos.

Las Jefaturas de las secciones serán ejercidas por Oficiales Jefes, y su organización y funcionamiento serán reglamentados.

La Dirección de Bienestar Policial es la encargada de la búsqueda permanente de protección al personal policial y su familia, en lo referente a la vivienda, recreación, ayuda social, y otros, relativos al bienestar de los mismos.

La integran:

- Departamento de Vivienda.

- Departamento de Asistencia Jurídica.

- Departamento de Acción Social y Asuntos Familiares.

- Departamento de Capellanía Católica y Evangélica.

Las Jefaturas de los Departamentos serán ejercidas por Oficiales Jefes, egresados de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales expedido por Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), y su organización y funcionamiento serán reglamentados.

Art. 168.- La Dirección General de Prevención y Seguridad es la responsable de organizar, planificar y ejecutar la misión de la Policía Nacional en el ámbito de la prevención y seguridad ciudadana, conforme a la Constitución Nacional y, a las Leyes.

La integran:

- La Dirección del Centro de Seguridad y Emergencias.

- Las Direcciones de Policía de Asunción. Las Direcciones de Policía Departamentales integran: Dirección de Policía de Concepción, Dirección de Policía de San Pedro, Dirección de Policía de Cordillera, Dirección de Policía de Guairá, Dirección de Policía de Caaguazú, Dirección de Policía de Caazapá, Dirección de Policía de Itapúa, Dirección de Policía de Misiones, Dirección de Policía de Paraguarí, Dirección de Policía de Alto Paraná, Dirección de Policía del Departamento Central, Dirección de Policía de Ñeembucú, Dirección de Policía de Amambay, Dirección de Policía de Canindeyú, Dirección de Policía de Presidente Hayes, Dirección de Policía de Alto Paraguay y Dirección de Policía de Boquerón.


- La Dirección de Apoyo Táctico a la que se adscriben el Departamento de Planificación y Operaciones; la Subunidad de Administración y Finanzas, y Gabinete.

- Las Direcciones serán ejercidas por Comisarios Generales Inspectores de la especialidad de Prevención y Seguridad. Y las demás dependencias por Oficiales Jefes. La organización y funcionamiento de las mismas se regirán por reglamento.

La Dirección del Centro de Seguridad y Emergencias: es la responsable de planificar, organizar, controlar y evaluar la atención inmediata y eficaz de las solicitudes de emergencias que se reciben en la Policía Nacional, y orientan a cada uno de los componentes operativos del sistema.

La integran:

- Departamento del Sistema 911.

- Departamentos de Bomberos.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

La Jefatura del Departamento del Sistema 911 será ejercida por un Comisario Principal de Prevención y Seguridad, egresado de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales, expedido por Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL) y las demás dependencias por Oficiales Jefes de su Especialidad.

Art. 169.- Las Direcciones de Policía de Asunción y Departamentales serán ejercidas por Comisarios Generales Inspectores egresados de la Escuela de Estrategia Policial, con título de Magíster en Ciencias Policiales, expedido por el Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), de la especialidad de Prevención y Seguridad y son los responsables de planificar, organizar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y obligaciones que competen a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, desarrollar la inteligencia y coordinar la investigación de los hechos punibles.

Representan al Comando Institucional en el espacio territorial de su competencia y jurisdicción, con facultades de efectuar coordinación con otros organismos públicos o privados que por sus actividades se vinculan al ejercicio de la función policial.

Se organizan en:

- Departamento de Seguridad Ciudadana.

- Departamento de Inteligencia.

- Departamento Táctico.

- Departamento de Seguridad de Eventos Deportivos y Especiales.

- Departamento de Seguridad Turística.


- Departamento de Seguridad Centros Educativos.

- Departamento de Seguridad de Tránsito.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Departamento de Logística.

- Gabinete.

El Departamento de Seguridad Ciudadana se organiza en Comisarías, Subcomisarías, Puestos Policiales y Destacamentos, será ejercido por un Comisario Principal egresado de la Escuela de Estrategia Policial, con título de Magíster en Ciencias Policiales, en la especialidad de Prevención y Seguridad. Las Jefaturas de los demás Departamentos serán ejercidas por Oficiales Jefes de su especialidad. La organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamentos.

Art. 170.- La Dirección de Apoyo Táctico es el organismo encargado de apoyar las operaciones tácticas de las dependencias de la Policía Nacional, cuando la situación lo requiera.

La integran:

- Agrupación Especializada.

- Agrupación de Seguridad.

- Agrupación de Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).

- Agrupación Motorizada.

- Agrupación Montada.

- Agrupación de Protección Ecológica y Rural (APER).

- Agrupación Aérea Policial.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

Las Jefaturas de las Agrupaciones serán ejercidas por Comisarios Principales de la especialidad de Prevención y Seguridad, egresados de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales. La organización y funcionamiento de las mismas se regirán por reglamentos.

Art. 171.- La Dirección General de Investigación Criminal es el organismo responsable del cumplimiento de la misión institucional en el área de la investigación de los hechos punibles, así como de la organización del servicio técnico – científico de la Institución, conforme a la Constitución Nacional y a las Leyes.

La integran:
- La Dirección de Investigación de Hechos Punibles.

- La Dirección de Hechos Punibles Económicos y Financieros.

- La Dirección Científica y Técnica.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

Las Direcciones serán ejercidas por Comisarios Generales Inspectores de la Especialidad de Investigaciones.

La Dirección de Investigación de Hechos Punibles es la responsable de planificar, organizar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las funciones investigativas de sus diferentes dependencias componentes.

La componen:

- Departamento Antisecuestro de Personas.

- Departamento de Investigación de Homicidios.

- Departamento de Investigaciones Departamentales.

- Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros.

- Departamento Antinarcóticos.

- Departamento de Investigación de Trata de Personas.

- Departamento de Control de Desarmadores de Vehículos.

- Departamento de Lucha Contra el Abigeato.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

Los Departamentos de Investigaciones Departamentales son dependencias conformadas por diferentes especialidades del área de investigación, que desempeñan sus funciones operativas en la jurisdicción territorial de las respectivas. Direcciones de Policía de Asunción y Departamentales, en coordinación con estas. Las Jefaturas de estos Departamentos serán ejercidas por Comisarios Principales de la especialidad de Investigaciones, egresados de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales. La organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamento.

La Dirección Científica y Técnica es la encargada de planificar y ejecutar el apoyo técnico - científico, a las funciones preventivas e investigativas de la Policía Nacional.

La componen:

- Departamento de Identificaciones.

- Departamento de INTERPOL.

- Departamento Judicial.



- Departamento de Criminalística.

- Departamento de Informática.

- Departamento de Registros Extranjeros.

- Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales.

- Departamento de Portación de Armas de Fuego.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

Las Jefaturas de estos Departamentos serán ejercidas por Comisarios Principales de la especialidad de Investigaciones, egresados de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales.

La organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamentos.

La Dirección de los Hechos Punibles Económicos y Financieros es la responsable de planificar, organizar y supervisar el cumplimiento de las funciones investigativas de sus diferentes dependencias componentes.

La integran:

- Departamento Especializado Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

- Departamento Especializado Contra la Violación de los Derechos Intelectuales.

- Departamento Especializado en la Investigación del Cybercrímen y los Hechos Punibles Informáticos.

- Departamento Especializado Contra los Hechos Punibles Financieros.

- Departamento Especializado Contra los Hechos Punibles Económicos.

- Departamento Especializado Contra la Falsificación de Documentos y Abuso de Documentos de Identidad.

- Departamento Especializado en el Control de la Seguridad Bancaria y de Empresas Privadas.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

Las Jefaturas de estos Departamentos serán ejercidas por Comisarios Principales de la especialidad de Investigaciones, egresados de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales. La organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamentos.


Art. 172.- La Dirección General de Inteligencia Policial: es una dependencia especializada en reunir y procesar informaciones que permitan conocer la situación, actividades e intenciones de las organizaciones que puedan constituir amenaza contra la seguridad interna de la Nación, convertidas en inteligencia y proporcionar al Comando Institucional para la toma de decisiones.

La integran:

- Departamento de Producción de Informaciones.

- Departamento de Análisis.

- Departamento de Contra Inteligencia.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

El Departamento de Producción de Informaciones será ejercido por un Comisario Principal de Prevención y Seguridad o Investigaciones, egresado de la Escuela de Estrategia Policial (ISEPOL), con el título de Magíster en Ciencias Policiales y las demás dependencias por Oficiales Jefes. Su organización y funcionamiento serán reglamentados.

Art. 173.- La Dirección General del Instituto Superior de Educación Policial: es el organismo encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los planes y programas para la formación, especialización y perfeccionamiento profesional, técnico, científico y cultural del personal policial, como Institución de Educación Superior reconocida por la Ley N° 2946/06 “QUE RECONOCE AL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN POLICIAL (ISEPOL), COMO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR”.

Se organiza de la siguiente manera:

- Consejo Asesor Superior.

- Dirección de Postgrado.

- Dirección de Grado.

- Dirección de Pregrado.

- Secretaría General.

- Asesoría Técnica Pedagógica.

- Departamento de Cultura y Becas.

- Departamento de Estudio, Evaluación y Acreditación.

- Centro de Investigación.

- Centro de Recursos Didácticos.

- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

La Dirección de Postgrado y Capacitación. La conforman las siguientes Unidades Académicas:

- Escuela de Estrategia Policial.

- Escuela de Administración y Asesoramiento Policial.

- Escuela de Especialización Profesional.

- Centro de Capacitaciones.

La Dirección de Grado. La conforman las siguientes Unidades Académicas:

- Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz”.

- Instituto de Criminalística.

- Escuela de Educación Física.

- Escuela de Pilotos y Mecánicos.

- Instituto de Idiomas.

La Dirección de Pregrado. La conforman las siguientes Unidades Académicas:

- Colegio de Policía “Sgto. Aydte. José Merlo Saravia”.

- Escuela de Capacitación para Suboficiales.

- Escuela de Estudios Musicales y Banda de Músicos “José Asunción Flores”.

Las Direcciones de Postgrado, Grado y Pregrado serán ejercidas por Comisarios Generales Inspectores de Prevención y Seguridad o Investigaciones.

Las Jefaturas serán ejercidas por un Comisario Principal de Prevención y Seguridad o Investigaciones, egresado de la Escuela de Estrategia Policial, con el título de Magíster en Ciencias Policiales. Y las Unidades Académicas serán ejercidas por Oficiales Jefes de las mismas especialidades.

La Dirección General del Instituto Superior de Educación Superior Policial (ISEPOL), podrá crear o suprimir Unidades Académicas, de acuerdo con las necesidades del servicio y conforme a las disposiciones legales vigentes. Su organización y funcionamiento serán reglamentados.

Art. 174.- La Dirección General de Justicia Policial es el organismo que representa al Comando Institucional, en la aplicación de las Leyes y de los reglamentos que regulan las faltas disciplinarias a los deberes policiales; así como el responsable de velar que los miembros de la Policía Nacional actúen conforme a la Ley y a los reglamentos, en el cumplimiento de sus funciones.

La integran:

- Tribunales de Apelación.

- Juzgados de Sumarios.

- Fiscalías.


- Subunidad de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

La organización y funcionamiento serán conforme al reglamento.

Art. 175.- La Dirección General de Administración y Finanzas es la responsable de la planificación, organización, dirección, ejecución y control general de todas las actividades relacionadas a la administración y uso de los recursos económicos y financieros; contrataciones de bienes materiales y servicio, de conformidad con lo asignado a la Policía Nacional en el Presupuesto General de la Nación.

La integran:

- Dirección de Logística y abastecimiento.

- Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones.

- Departamento de Contabilidad.

- Departamento de Patrimonio.

- Departamento de Presupuesto.

- Departamento de Rendición de Cuentas.

- Subunidades de Administración y Finanzas.

- Gabinete.

Las Jefaturas de los Departamentos serán ejercidas por Comisarios Principales de la especialidad de Intendencia. La organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamentos.

La Dirección de Logística y Abastecimiento es la responsable de planificar, organizar, ejecutar y supervisar los servicios de apoyo de su competencia. Controla la calidad, así como la provisión en tiempo y forma de los insumos recibidos.

La integran:

- Departamento de Intendencia.

- Departamento de Mantenimientos y Reparaciones.

- Departamento de Talleres y Obras.

- Departamento de Construcciones.

- Departamento de Armas y Municiones.

- Departamento Agropecuario.

- Gabinete.


La Dirección será ejercida por un Comisario General Inspector de la especialidad de Intendencia. Las Jefaturas de los Departamentos serán ejercidas por Comisarios Principales de la especialidad de Intendencia. La organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamentos.

Art. 176.- La Dirección General de Sanidad Policial es el organismo encargado de la planificación, organización, funcionamiento y supervisión de la política de la asistencia a la salud del personal policial y su familia con derecho a pensión en todo el territorio nacional.

La integran:

- La Dirección del Hospital Central de Policía “Doctor Rigoberto Caballero”.

- Hospitales Regionales.

- Centros asistenciales.

- Departamento de Planeación Estratégica.

- Departamento de Suministro.

- Departamento de Servicio Médico, Externo y Servicio Tercerizado.

- Departamento de Asistencia Social.

- Departamento de Junta de Reconocimiento Médico Policial.

- Unidad Operativa de Contrataciones.

- Gabinete.

La Dirección del Hospital Central de Policía “Doctor Rigoberto Caballero", será ejercida por un Comisario General Inspector de Sanidad con título de médico y es el responsable de la supervisión general del servicio a la salud policial.

Los demás Hospitales y Centros Asistenciales serán ejercidos por Oficiales Jefes de Sanidad, con postgrado en Administración Hospitalaria y/o Salud Pública, y los Departamentos por Oficiales Jefes de la Especialidad de Sanidad. La organización y funcionamiento de las dependencias se regirán por reglamentos.

Art. 177.- Serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo:

- El Comandante de la Policía Nacional.

- El Subcomandante de la Policía Nacional.

- El Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Dirección Administrativa.

- El Director General de la Dirección General de Justicia Policial y Miembros.

- Los Integrantes del Departamento de Asistencia Jurídica.


- Los Asesores Jurídicos.

- Los Profesores de los Institutos Policiales de Enseñanza.

- Los Alumnos de los Institutos de Formación Policial.

TÍTULO XIV
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1°.- Los Oficiales que se encuentran en período de ascenso a la vigencia de la presente Ley, serán promovidos al grado inmediato superior, por única vez, de conformidad con los requisitos legales establecidos con anterioridad.

Los siguientes ascensos se conferirán, de acuerdo con los requisitos y con el tiempo total de servicio contemplado en esta Ley.

Entiéndase por tiempo total de servicio, la siguiente escala:

4 años de servicio: para Oficial Segundo.

8 años de servicio: para Oficial Primero.

12 años de servicio: para Oficial Inspector.

16 años de servicio: para Subcomisario.

20 años de servicio: para Comisario.

24 años de servicio: para Comisario Principal.

28 años de servicio: para Comisario General Inspector.

Art. 2°.- Los Comisarios Generales permanecerán en el grado que ostentan al momento de la vigencia de esta Ley, hasta completar el tiempo total de servicio para el ascenso al grado inmediato superior o su pase a retiro.

Art. 3°.- Los Oficiales y Suboficiales, quienes se desempeñan en el área y dependencia que cumplan funciones investigativas, podrán optar por la especialidad de Investigaciones, previa capacitación y aprobación de los exámenes a ser realizados en el Instituto de Criminalística y dictamen del Tribunal de Calificaciones de Servicio.

Art. 4°.- Autorízase a la Policía Nacional a percibir aranceles, como recursos propios, en concepto de expedición de cédula de identidad, pasaporte, antecedentes policiales, antecedentes para extranjeros, certificado de Interpol, pericias criminalísticas, certificado de vida y residencia, carné de portación de armas, certificados y demás trámites académicos, y otros, de conformidad con la reglamentación a ser dictada.

Art. 6°.- El Suboficial y/o funcionario, que por ostentar título académico universitario, pasaron al cuadro de Oficiales, se les debe sumar el tiempo total de servicio cumplido en ambas categorías e incorporarlos al grado jerárquico correspondiente de Oficial, de acuerdo con el tiempo de servicio cumplido, por única vez.

Solo a los efectos de percibir correctamente el salario, que en legítimo derecho le corresponde, en cumplimiento de la Ley N° 4493/11 “QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE LA ESCALA DEL SUELDO BÁSICO MENSUAL Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS PÚBLICAS”, que establece una escala de salario conforme al grado y año de servicio prestado. Los mismos podrán llegar solo hasta Comisario Principal con excepción de la especialidad de sanidad, quienes se regirán por los artículos de esta Ley.

Artículo 2°.- Derógase la Ley N° 2147/03 “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY N° 222/93 ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL, la Ley N° 4650/12 'QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 165 Y 171 Y AMPLÍA LA LEY N° 222/93 "ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL", y los Artículos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 14 del Título XIV de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 222/93 "ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL", así como todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veintidós días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de Diputados, a dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral 2) de la Constitución Nacional.

Hugo Adalberto Velázquez Moreno               Roberto Ramón Acevedo Quevedo
            Presidente                                                            Presidente
            H. Cámara de Diputados                                     H. Cámara de Senadores


Del Pilar Eva Medina de Paredes                  Oscar Rubén Salomón Fernández
Secretaria Parlamentaria                                     Secretario Parlamentario
Asunción, de de 2016

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Horacio Manuel Cartes Jara


Miguel Tadeo Rojas Meza

Ministro del Interior

Buscador

Cargando...

Seguir por correo!

Lo más nuevo

Siguenos en Facebook

Siguenos en Twitter

Leyes 2012/2015

Archivo

Más Vistos.

Contacta con Nosotros!

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

BUSCADOR...

Escritos de Derecho